Las elecciones generales españolas del 23 de julio pueden leerse a muchos niveles. Pero el más relevante es que no se ha producido la previsible victoria por mayoría absoluta que otorgaban las encuestas al bloque formado por el conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha de VOX. Juntos sumaron 169 escaños, es decir, siete menos de los 176 necesarios para lograr esa mayoría. No obstante, la derecha tradicional ha aumentado considerablemente su voto (un 60% más y 47 diputados) y ha obtenido la victoria en gran parte de las circunscripciones electorales (provincias). Mientras, el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en autonomías como Cataluña y Extremadura. El bloque de izquierdas, por el contrario, formado el PSOE —liderado por el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez— y SUMAR —la fuerza heredera de Podemos y liderada por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz—, obtuvo 153 parlamentarios, muy lejos de la mayoría necesaria para la investidura, o la aprobación de proyectos legislativos fundamentales como los presupuestos generales del Estado. Por ello, dependerán de sus aliados parlamentarios de la anterior legislatura, los partidos de izquierda independentista catalana Republicana de Catalunya (ERC) y la vasca Bildu (EHB), para superar la posible mayoría parlamentaria de bloqueo (mayor número de votos en contra que a favor) ejercida por las derechas.
Como democracia parlamentaria, el presidente tiene que ser elegido por una mayoría de la cámara (176 diputados) o, en su defecto, una mayoría simple (más votos positivos que negativos). Todo ello pone en una posición clave a los partidos nacionalistas e independentistas de Cataluña, País Vasco y Galicia y, más significativamente, a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Catalunya y hoy líder de la derecha independentista Junts per Catalunya, que debería abstenerse en una posible investidura del actual presidente Sánchez para que este lograra ser reelecto. Según la derecha, esto significaría entregar el poder al líder de Junts y, en consecuencia, a quienes lo consideran prófugo de la justicia y culpable del referéndum por la independencia de 2017.
“No es un problema sólo de Junts”, dice Txema Guijarro, uno de los muñidores de los pactos parlamentarios de este Gobierno de coalición, hoy secretario general en el Congreso de Unidas Podemos y actual diputado de SUMAR. De esa manera evita apuntar a su papel clave en la investidura del Presidente del Gobierno, ya que según el parlamentario, si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer cualquier ley ahora “hay cuatro fuerzas (Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego) y cualquier acción de gobierno se puede bloquear”. El mismo diputado recuerda los problemas que tuvo el Gobierno de izquierdas para aprobar más de 101 leyes con una aritmética variable muy complicada que incluía a independentistas y nacionalistas y, en alguna ocasión, a los liberales del extinto Ciudadanos y del derechista PP. Es el caso de la votación por error a favor de la reforma laboral que permitió que Yolanda Díaz sacara una de sus leyes estrella. Así, el diputado Guijarro cree que “si la legislatura anterior ha sido un infierno, la próxima sería un infierno mayor”.
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Los escenarios que dejan estas elecciones generales no están claros y apuntan a dos posibilidades.
La primera es la reedición del Gobierno del bloque de izquierdas, apoyada en una mayoría de bloqueo mínima, esto es, a falta de una mayoría absoluta propia, necesitarían salir por mayoría simple con la abstención de otros partidos como Junts. La segunda se produciría si existiera una mayoría de bloqueo. Esto se podría producir si Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, intenta la investidura y no obtiene los números. O si Pedro Sánchez finalmente acude a una investidura con el voto en contra de Junts. En ambos casos el escenario estaría abocado a una repetición electoral, tal como sucedió en 2016 y 2019.
Estas elecciones tienen mucho de una historia que se repite. Pedro Sánchez recurrió en mayo pasado al adelanto electoral para evitar un cuestionamiento a su liderazgo tras la derrota en las municipales del 28 de mayo y evitar que fuera destituido en el partido como en 2015. Ese año, el surgimiento de Podemos y sus candidaturas municipalistas redujeron el voto del PSOE a sus mínimos históricos y obligó a Sánchez a apoyarse en los nuevos partidos emergentes: Ciudadanos y Podemos. Ante la imposibilidad de formar gobierno de a tres, y la posibilidad de incluir en la ecuación a los partidos independentistas vascos y catalanes, la ejecutiva del partido retiró a Sánchez de la secretaría general del partido. A pesar de ello, su táctica siempre fue la de controlar una mayoría parlamentaria digerible por el statu quo, algo que la inclusión de Pablo Iglesias y su equipo en el Gobierno no le permitía, y sí Ciudadanos, el partido liberal de origen catalán de Albert Rivera. Debido a su negativa a conformar Gobierno con Iglesias y partidos de la izquierda independentistas vasca y catalana, pudo salir adelante un Gobierno del conservador Mariano Rajoy (PP), que gobernó en minoría hasta 2018. La negativa de Sánchez de apoyarse en los partidos catalanes y vascos junto a Podemos forzó la repetición electoral en diciembre de 2019. Tras la debacle del partido liberal Ciudadanos, Sánchez y el PSOE no tuvieron otra alternativa a lo que Pablo Iglesias siempre propuso desde 2015: la alianza entre PSOE, Podemos y la izquierda independentista catalana y vasca. Lo que Iglesias ha definido como la opción “republicana” o el cuestionamiento a la unidad de España simbolizada por la figura del Rey en la Constitución.
La posibilidad de una vuelta al statu quo de la vieja monarquía bipartidista parece empujar a los dos principales partidos de la historia reciente de la democracia a soslayar la opción de consolidación de bloques parlamentarios sólidos. Miembros del Gobierno del PSOE comenzaron la campaña alentando a concentrar el voto en este partido como única alternativa al PP. En el mismo sentido, el Partido Popular, aupado por las victorias en 6 de las 10 autonomías gobernadas por los socialistas —cinco capitales de provincia por mayoría absoluta—, apuntaba a que en estas elecciones Vox tendría “el mismo final” que Podemos y Ciudadanos, como expresó el expresidente Mariano Rajoy en campaña, refiriéndose a la disolución de estos últimos.
Con el aire de restauración del bipartidismo estas elecciones han tenido, por tanto, la particularidad de ser un cuestionamiento del ciclo posterior a la crisis económica de 2008 que asoló la economía española y devaluó las condiciones de vida de una amplia capa de la población, y que fue el caldo de cultivo para las movilizaciones del 15 de marzo de 2011 con concentraciones masivas en las grandes ciudades españolas. Desde entonces varios politólogos como la ex presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, Belén Barreiro, o la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, preconizaron el auge de nuevas fuerzas políticas. Ese diagnóstico se materializó cuando en 2015 surge Podemos e inmediatamente después el partido de derecha liberal Ciudadanos. Desde entonces y hasta estas elecciones, los dos partidos han determinado la gobernabilidad a nivel nacional, regional y local. Hoy muchos analistas auguran el fin de ese ciclo. Primero, por la desaparición de Ciudadanos y el paso a segundo plano de Podemos (diluido en SUMAR y con cinco diputados tras estas elecciones). Segundo, por la ausencia de aquellas demandas de democratización total y de impugnación al bipartidismo. Tras el 23J, PSOE y PP concentran casi un 60% de los votos, tras más de cuatro elecciones por debajo del 50%.
En este nuevo ciclo post 15M, la ultraderecha representada por Vox ha tenido un papel predominante, así como también lo tuvieron los partidos independentistas catalanes. Tras el referéndum de independencia de septiembre de 2017 y la posterior declaración de independencia fallida el 1 de octubre, España se vio abocada a una situación de excepcionalidad democrática. La aplicación del artículo 155 suspendió las funciones de la Generalitat, y los autores del referéndum y la declaración de independencia fueron juzgados y condenados. Carles Puigdemont, junto a otros miembros de su Gobierno, salieron del país y recalaron en Bruselas y Suiza para conseguir un amparo internacional. No obstante, de aquellos sucesos queda la total unanimidad entre las fuerzas bipartidistas en la “ilegalidad” de este proceso de independencia y su carácter, por tanto, delictivo. El discurso que siempre enarbolaron fuerzas “españolistas” en Cataluña, como Ciudadanos, quedó descafeinado y sobrepasado por quienes condenaban aquellos hechos, y relegaban al independentismo a una posición ilegal. El partido de ultraderecha VOX representaba así la respuesta más contundente del electorado de derechas a la cuestión catalana. Desde entonces, la ultraderecha no ha dejado de crecer a la sombra de su condena al independentismo.
En consecuencia, el ciclo desde 2017 a 2023 ha estado marcado por la gran crisis del Partido Popular y la competencia con otras derechas (Ciudadanos y Vox) hasta su revitalización en estas elecciones. Primero, por la existencia de un conflicto en Cataluña que ponía en tela de juicio la Constitución por un lado (unidad de España) y el autogobierno en Cataluña (Generalitat suspendida en funciones) y ponía en cuestión la posición de fuerza del Partido Popular ante su electorado más radicalizado. Segundo, en 2018, por la condena al PP como parte de una trama criminal que se extendía por diversos puntos de la geografía, principalmente en Madrid y Valencia. En ese mismo año salen publicados los “papeles de Bárcenas” con la supuesta Caja B del Partido Popular, que secundaría la versión de la trama Gürtel de una caja opaca, gestionada por Bárcenas y financiada por medianas empresas como las de la Trama Gürtel y otras multinacionales de la construcción como OHL, SACYR o ACS, que supuestamente pudieron beneficiarse de contratos públicos gracias a esas donaciones, pero cuya correlación finalmente no pudo ser probada.
Todo este contexto de procesos judiciales sirvió como puesta en escena para la emergencia del PSOE de Pedro Sánchez, que vio entonces una bandera a la cual agarrarse para plantear una moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018, tras un año de hegemonía del proceso de independencia catalana en la esfera política y mediática del país. La polémica compra de un “chalet” por parte del líder de Podemos en el mes previo a la moción de censura debilitó la posición de esta formación, que finalmente apoyó un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez. Desde entonces, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la fuerza electoral de Podemos fue menguando significativamente en intención de voto. El Gobierno de Sánchez emerge, por tanto, en un contexto de debilidad de Podemos y de extrema debilidad del PP, y, por tanto, su fuerza electoral puede ser considerada vicaria de estos procesos y no autónoma. Tanto es así, que el PSOE no ha vuelto a conseguir el peso electoral previo a la asunción de Pedro Sánchez como secretario general en ninguna elección posterior, dependiendo siempre de las mayorías conformadas junto con Podemos y aliados de partidos de carácter regional.
El Gobierno de Sánchez ha sido, desde sus inicios, producto de una correlación de debilidades del PP y Podemos: el mejor resultado de Pedro Sánchez hasta ahora, con 122 diputados, se corresponde con las crisis de estos dos partidos. Y con el mismo contexto de esta correlación de debilidades emergió VOX, que centró su discurso en el desprestigio de la vieja derecha y de la izquierda que abandera Podemos. Su discurso contra los líderes del proceso de independencia catalán y contra las políticas abrazadas por Podemos han sido capitales en su crecimiento electoral.
A pesar de ello, Sánchez goza de fama de ser un superviviente y líder de una socialdemocracia en declive en Europa, tras tomar posesión de la presidencia rotatoria de la Unión Europea y ser ungido presidente de la Internacional socialista. La ausencia de una mayoría parlamentaria de las derechas tras este 23J parece frenar el proceso de derechización en Europa y vuelve a revitalizar a un Sánchez derrotado electoralmente, pero no políticamente. Todo ello podría marcar un nuevo rumbo para una adusta socialdemocracia europea que no ha dejado de menguar en la última década, pues Occidente se encuentra en la tesitura de decidir su rumbo entre las nuevas alianzas socialdemócratas y la nueva derecha trumpista aliada con la ultraderecha, que en España representan Ayuso y Feijóo junto a la ultraderecha de VOX, pero también los Tories en Reino Unido, Nueva Democracia en Grecia y la derecha Italiana articulada por Meloni.
Fotos: Télam
Texto escrito en colaboración con Esteban De Gori