Fotos: Télam
El año 2013 fue emblemático para Brasil: el “despertar de un gigante”, como muchos lo llamaron por las multitudinarias movilizaciones. El país vecino parecía rebelarse contra su “cordialidad” y abrir camino hacia una sociedad más participativa y demandante. Si bien en un primer momento estas movilizaciones se identificaban con reclamos por la reducción del valor del transporte público, con el pasar de los días las demandas se volvieron más difusas, hasta transformarse en un fuerte elemento de contestación y desestabilización de la estructura del mercado político-electoral vigente y de sus bases de financiamiento.
La ola de descontento tuvo como caldo de cultivo las denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción que involucraron a gran parte del sistema político brasileño, en especial el PT (Partidos de los Trabajadores), el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), el PP (Partido Progresista) y el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). El llamado Mensalao y la Operación Lava Jato destaparon una explosiva caja de Pandora: al deterioro de la economía que golpeó fuertemente el segundo mandato de Dilma Rousseff (2010 -2016) – con una drástica caída del producto interno bruto (-3.8%), alza del desempleo (11.6% en 2016) y de la inflación (10%) – se sumó una crisis de legitimidad de la política y un descreimiento del modelo consociativo de democracia representativa, hechos que abrieron espacio para la entrada en escena de actores con discursos disruptivos, conservadores y violentos.
Esta nueva coyuntura tuvo como resultado el empoderamiento de una figura que, a pesar de formar parte del establishment político, unía dos elementos hasta entonces desconectados en la política brasileña: un discurso económico ultra liberal y una prédica conservadora de valores. La conjugación de estos elementos representó la emergencia de un nuevo actor político: la ultraderecha radical. Así vimos llegar a la presidencia de Brasil en 2018 al ex diputado nacional por 26 años y militar retirado Jair Messias Bolsonaro.
Militarización y agenda conservadora
La elección de Bolsonaro impulsó la emergencia de dos aspectos clave que hoy son las variables principales para comprender la dimensión que adquieren las próximas elecciones brasileñas del 2 de octubre.
El primero de ellos se relaciona con el aumento exponencial de los sectores militares en la arena política y en puestos de la administración pública, algo inédito desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). Desde que asumió la presidencia, el ex militar Bolsonaro promovió la presencia de militares activos en sectores antes ocupados por civiles, pasando de 2765, al finalizar el gobierno de Michel Temer (2016-2018), a 6175, en 2021.
El aumento de los sectores militares en la arena política y en puestos de la administración pública es exponencial, cuentan con alta legitimidad.
A diferencia del caso argentino, en Brasil los militares gozan de un prestigio relativamente alto entre importantes sectores de la sociedad, como por ejemplo las clases altas y medias más conservadoras. En los últimos años, el discurso jerárquico de base militar representado por el “Orden y Progreso” también caló hondo en una sociedad golpeada por la violencia y empantanada en denuncias de corrupción. La opción por la intervención militar, en algunos casos, y su mayor presencia en la administración de sectores estratégicos, en otros, fueron vistas como algo deseable por fracciones cada vez más extendidas de la sociedad.
De acuerdo al Instituto Ranking Brasil, en junio de 2021, las Fuerzas Armadas y la Policía (Federal, Civil y Militar) se ubicaban en el tercer y cuarto puesto entre las instituciones públicas y civiles más confiables para las y los brasileños. La actuación (aunque muy discutible) de las Fuerzas Armadas en la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Haití, su intervención (polémica también) en la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro, en 2018, y su fuerte presencia en el Mundial de 2014 y posteriormente en las Olimpíadas de 2016, también ayudaron a la ampliación de su prestigio frente a la opinión pública.
Este contexto vio también resurgir la discusión sobre la flexibilización de la portación de armas a través de proyectos de Ley redactados por representantes aliados, como el Senador Eduardo Bolsonaro (PL, SP), hijo del presidente. A pesar de no haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, después de una intensa y mediática disputa, la presencia en los medios de comunicación de las discusiones sobre el tema no solamente ayudó a incentivar el mayor uso de armas de fuego, si no que generó un clima social más permisivo a actos vinculados al uso de la violencia. Un claro ejemplo es la aprobación en junio de 2022 del Proyecto de Ley – presentado también por Eduardo Bolsonaro - que autoriza propagandas vinculadas al uso de armas de fuego. De acuerdo con la propuesta, fabricantes de armas, comerciantes, clubes de tiro e instructores podrán hacer uso de vehículos de comunicación y redes sociales para difundir sus actividades.
El segundo aspecto central para analizar el desafío de las próximas elecciones presidenciales en Brasil remite a la emergencia de una agenda conservadora, políticamente iliberal, vinculada a valores y comportamientos. Bolsonaro personifica la emergencia de un nuevo actor político y social: la nueva derecha radical. Este actor surge amparado en el debilitamiento de la derecha liberal y la derecha tradicional brasileñas, vinculadas principalmente al PSDB del presidente Fernando Henrique Cardoso, que durante casi 20 años fue el principal rival del PT, y al PFL (Partido de la Frente Liberal, ahora Demócratas - DEM), principal heredero del ex ARENA (Alianza de Renovación Nacional - partido vinculado a la dictadura militar).
Ultraderecha a la brasileña
La derecha radical representada por el bolsonarismo tiene tres características: 1) orientación neoliberal en relación a la economía marcada por una postura radicalmente no intervencionista del estado en el mercado; 2) pautas conservadoras en relación a las desigualdades del ámbito social, como el apoyo a la injerencia del estado en las elecciones privadas de individuos y familias y en temas referentes a la orientación sexual, religiosa, cultural y educativa; 3) hostilidad hacia el sistema político y hacia la forma a través de la cual se practica la representación política en el país, buscando suprimir discursos y partidos políticos opositores.
La conjunción de estas características con una agenda conservadora sumada a la legitimidad de las fuerzas militares alerta acerca del surgimiento de elementos disruptivos que pongan en jaque los preceptos democráticos. Estos elementos pueden hallarse latentes en la sociedad y emerger como consecuencia de drásticos y decisivos cambios en el equilibrio de poder en la arena política.
En el caso de la nueva ultraderecha radical en Brasil, un análisis longitudinal de los cambios ocurridos en la arena política nos da pistas para indagar sobre las fuentes de su emergencia y su posible grado de arraigo en la sociedad brasileña. Según datos recabados en el Congreso Nacional para una investigación propia en curso, en la última década se observan cambios en el perfil ideológico de los representantes electos para el Congreso Nacional, con un aumento considerable de diputados y senadores vinculados a partidos a la derecha del espectro ideológico. En la Cámara Nacional de Diputados, entre 2010 y 2022, hubo una variación positiva del 94%: pasaron de 136 diputados vinculados a partidos de derecha, a 264 en 2022. Para el caso del Senado Federal, la variación fue del 75%, con un incremento de 12 a 21 senadores afiliados a partidos de derecha.
Otro dato que llama la atención es el aumento considerable de candidatos a cargos legislativos provenientes de las fuerzas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno (nacional, estados y municipios). Según datos del Tribunal Superior Electoral, de agosto de 2022, el número de candidatos para diputado estadual (provincial) provenientes de carreras militares y de la policía creció un 20%, de 2014 a 2018 y un 17%, de 2018 a 2022. En la disputa nacional, el avance de este sector es más contundente: 47%, de 2014 a 2018 y 73%, de 2018 a 2022.
La elección presidencial del 2 de octubre tiene un carácter refundacional.
Estas candidaturas, a su vez, se han concentrado en partidos a la derecha del espectro ideológico. En 2014, en las elecciones para diputado estadual (provincial), los candidatos provenientes de la policía y de las fuerzas militares se distribuyeron de la siguiente manera: 56% en partidos de derecha, 23% en partidos de centro y 21% en partidos de izquierda. En la actual elección estadual (provincial), las listas partidarias del sector se registraron en un 76% en partidos de derecha, en un 19% en partidos de centro y en un 5% en partidos de izquierda. En la elección para la Cámara de Diputados Nacional, la tendencia fue muy similar: entre 2014 y 2022, estos candidatos pasaron de representar el 58% de las candidaturas totales de los partidos de derecha, para constituirse en el 77%. A su vez, descendieron en los partidos de centro (del 24% al 17%) y de izquierda (del 18% al 6%) (Assis, Biroli y Gonçalves, 2022).
Los análisis acerca de la relación entre el poder político y los militares a lo largo de los 200 años de historia brasileña llegan a una “enfáticamente pesimista” conclusión: hay una relación inversa entre la relevancia política de los militares y la calidad de la democracia en Brasil. Al observar el panorama actual la elección presidencial del próximo 2 de octubre en Brasil tiene un carácter refundacional.
Los números de la última encuesta del IPEC arrojan un 48% de las intenciones de voto para el candidato Lula da Silva (PT) y un 31% para el candidato Bolsonaro (PL). En términos de votos válidos (sin contar el voto nulo o en blanco) los números serían los siguientes: 52% para Lula y 31% para Bolsonaro, con un margen de error del 2% para arriba o para abajo, lo que permitiría pensar en una victoria del candidato del PT en la primera vuelta.
Una elección en el concierto global
Si desde el ámbito de la geopolítica internacional asistimos al resurgimiento de una nueva guerra fría enmarcada por la disputa económica, pero también entre modelos de sociedad, la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, por un lado, y los Estados Unidos, por otro; también vemos la emergencia de fuertes liderazgos de extrema derecha radical en el corazón de Europa Occidental, como es el caso de Giogia Meloni en Italia, Marie Le Pen en Francia y Viktor Orban en Hungría. En Centroamérica los casos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, son una fuerte señal de alerta.
El emblemático caso del asalto al Capitolio, por seguidores del derrotado Donald Trump, en plena sesión conjunta del Congreso para confirmar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, sin embargo, puede ser un presagio para Brasil. En las últimas entrevistas, Bolsonaro levantó reiteradas sospechas sobre el desenlace final de la contienda y el pase de mando. Con diversas críticas al sistema de voto electrónico que rige en Brasil – sin ningún tipo de evidencia –poniendo en duda su transparencia y la validez de sus resultados, ha amenazado, no tan veladamente, con no entregar el cargo caso no considere los resultados legítimos. Este aspecto se suma a la multiplicación de casos de violencia – con ya tres asesinatos - contra votantes de Lula por seguidores de Bolsonaro en las últimas semanas.
La elección del 2 de octubre es determinante, no solo de los próximos 4 años en Brasil, sino para el futuro de la sociedad brasileña – y de la región - en el largo plazo. Representa un desafío para la garantía de supervivencia del modelo de democracia liberal y del estado de derecho vigente durante los últimos casi 50 años. Esta amenaza está presente y camina a pasos largos en muchas de las sociedades que son pilares históricos del liberalismo político y del sistema democrático como régimen de gobierno. En Brasil, el próximo domingo 2 de octubre, tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno.