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Un policía se pasea por la Avenida 9 de Julio con el pecho inflado: lleva un chaleco de transporte táctico repleto de cartuchos antitumulto a la vista de todas y todos. Los muestra con la misma soltura de quien lleva una lapicera o un pañuelo que sobresale del bolsillo de su saco. Los cartuchos son verdes y están cargados con algunos de las 15 millones de municiones de goma anti-disturbio que compró el Ministerio de Seguridad de la Nación con la excusa de la llegada del G20. Son las nueve de la mañana del viernes 30 de noviembre y la marcha que va a repudiar el encuentro está convocada para dentro de seis horas en la esquina de la 9 de Julio y San Juan. Esta tarde, al menos, no disparará los cartuchos que ostenta. La marcha terminará con algunos detenidos pero sin la represión estatal a la protesta social que se repite con cierto automatismo en los últimos años.
“Yo me compré la mascarita”, dice Lola, activista feminista, junto a las carpas montadas frente al Congreso para la denominada Cumbre de los Pueblos un día antes de la movilización del 30N. Ella hace referencia a las máscaras antigases que se usan para repeler los tóxicos que largan las fuerzas de seguridad cuando intentan dispersar una manifestación. No fue necesario que Lola se la calce. Hubo dos mil proyectiles de gases lacrimógenos a estrenar que no fueron disparados. Al menos ocho camiones hidrantes salieron a pasear por las calles del centro porteño.
“Los grupos de choque van a ir atrás de la marcha”, se escuchaba decir en las reuniones de cuidados que tuvieron las organizaciones en la previa. Tampoco pasó. Algunos manifestantes apenas quemaron algún que otro muñeco de Donald Trump y carteles con imágenes de la bandera de Estados Unidos. La protesta terminó sin represión ni ardió en el infierno que mostraron las acciones contra el G20 el año pasado en Hamburgo.
Sin embargo, el operativo de seguridad más grande de la historia de la democracia argentina deja un mensaje tácito: los mandatarios se van, pero las balas y el armamento quedan.
Dos millones de cartuchos de bala 9 milímetros versus 10 mil personas movilizadas. Casi una valla de contención por participante de la marcha contra el G20. 4900 precintos plásticos de seguridad que no fueron usados con la decena de detenidos. 9100 chalecos policiales repartidos entre los 22 mil efectivos de las fuerzas de seguridad para una demostración de despliegue de seguridad casi perfomática. El saldo de la movilización que se extendió en caravana a lo largo y ancho de una decena de cuadras en una ciudad totalmente sitiada es el material bélico comprado por el Ministerio de Seguridad que quedará aquí cuando termine el G20.
“Fue la excusa perfecta para militarizar el país”, dice la politóloga alemana Bettina Müller, integrante de Red ATTAC en Argentina, parte del movimiento de resistencia global y una de las organizaciones que forman la Confluencia No Al G20. “Estamos preocupadas. Diciembre recién empieza”, advierte. Bettina, que tiene 30 años y hace cuatro que vive en el país, elaboró una posible hipótesis sobre la represión esperada que estuvo ausente. “Hoy nos dejaron marchar. No les convenía porque estaban todos los medios acá. En un mes ya nadie mira a la Argentina”, dice.
La protesta se hizo en la otra punta de la ciudad, lejos de la cumbre y con la asfixia que significaba un feriado decretado: la falta de transporte público como los subtes y los trenes que permitieran llegar al centro porteño.
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Antes de comenzar la movilización, en una estación de servicio en la esquina de Humberto Primo y Lima almuerzan militantes y policías en la antesala de la danza que los encontrará sobre el asfalto y bajo el sol en minutos. La señora que atiende el minimarket les niega las llaves del baño a ambas facciones. “Está clausurado”, miente para que no colapsen el lugar. Tampoco suelta la clave del wi-fi. Todxs aprovechan la promo: tarta o sandwich de miga con lata de gaseosa.
Desde las 14 las columnas de FIT, PTS, Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), La Poderosa, Patria Grande, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Frente Popular Darío Santillán, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Partido Comunista Revolucionario (PCR), CTA Capital, Seamos Libres, Somos, Movimiento Evita, Libres del Sur y Barrios de pie, entre otras organizaciones se fueron acomodando a lo largo de la 9 de Julio, a la altura de San Juan.
Si bien en espacios como en la columna de la Confluencia fuera el G20-FMI la convocatoria feminista resaltaba, el desborde expresado a lo largo de este año no apareció en esta movilización. Hubo pañuelos verdes reclamando aborto legal, seguro y gratuito en casi todas las columnas, pero faltaron pibas y también el glitter. Una chica pintó en una pared: “Menos G20. Más Punto G”. Tampoco hubo voluntades inorgánicas como ocurrió en las movilizaciones contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Ni había peatones ajenos al acontecimiento callejero como ocurrió en las manifestaciones de comienzo de noviembre contra el presupuesto 2019. Los denominados “infiltrados” también estuvieron ausentes esta vez. No hay lógicas represivas lineales en este gobierno: fuerzas de seguridad, prensa, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos conocen la coreografía de la calle.
-Más fría que el corazón de Macri - ofrece Coca Cola un vendedor ambulante. Otro de los actores que conocen el guión.
Los primeros dos arrestos fueron contra dirigentes del PTS por tener 25 handies de comunicación. Los trasladaron a la comisaría 52 de Villa Lugano. Los liberaron a la madrugada del sábado con una causa en su contra por “por averiguación de ilícito” que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio. Uno de ellos era el apoderado nacional del partido, Guillermo Pistonesi. Otros tres detenidos fueron detectados por la División Prevención del Delito de la Policía de la Ciudad en la calle Santiago del Estero. También sobre la calle Lima e Independencia las fuerzas de seguridad detuvieron a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad. El parte policial mencionaba “elementos contundentes” e “inflamables”. Al lado de ellos, sentados en el piso y rodeados de un centenar de policías, se veían limones y un martillo.
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La marcha no fue una celebración. Estuvo desprovista del carnaval de la resistencia que suele ser el tono de las manifestaciones made in Argentina. El festejo estuvo concentrado en el Festival que cerró la Cumbre de los Pueblos el jueves a la noche: allí hubo cumbia, baile y pogo antiglobalización mientras en el escenario agitaban las Kumbia Queers y Sudor Marika.
El viernes la protesta fue multitudinaria pero no una explosión masiva, si se tiene en cuenta la tradición de ocupación callejera local. Tampoco tuvo el tono de revuelta popular. El trabajo de las organizaciones de todo el año para la convocatoria tuvieron que ir a contrapelo de una ciudad en la que regía una especie de Estado de sitio de hecho y un mensaje mediático persecutorio. Para hacer lecturas cuantitativas el acento debe estar, otra vez, en el desmedido operativo: los esfuerzos transnacionales para disciplinar espacios de lucha global son cada vez más grandes. Frente a ello, la pedagogía de la insistencia ante la realidad de “otro mundo posible” resiste.
El recorrido avanzó a paso firme y por momentos fatigoso, quizás con el peso del fin de año. La caravana se movió bajo la mirada de la Eva Perón que posa en el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social. La fuerza del peronismo como sector político estuvo casi ausente en este episodio de la movilización antiglobalización. Con Cristina Fernández de Kirchner desde El Calafate, las bases de la militancia no escracharon al G20 de Mauricio Macri, anfitrión en esta acción. “La decisión que se bajó fue no movilizar”, se escuchaba ante la pregunta de por qué no estaban con fuerza las organizaciones kirchneristas. Sin embargo, el diputado de Unidad Ciudadana y líder sindical Hugo Yasky, por ejemplo, estuvo en la marcha.
Los nombres propios de figuras políticas presentes pueden enumerarse casi de memoria: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Norita Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Romina del Pla, Néstor Pitrola, María del Carmen Verdú, Hugo Godoy, Claudio Lozano y Alejandro Bodart. Juan Grabois también dijo presente.
Norita leyó el documento y al final dijo: “cuanto más grande y unitaria sea nuestra movilización, venciendo la campaña del miedo y las trabas que nos impone el gobierno de Macri, mejor estaremos para enfrentar la política de ajuste, entrega y represión que nos impone el acuerdo Macri-FMI y las políticas que intenta profundizar el G20”.
La socióloga brasileña Graciela Rodriguez, de la Red de Género y Comercio, participa de la Cumbre de los Pueblos desde su espacio inaugural: en 1998, cuando en Santiago de Chile se empezó a tejer la articulación contra el ALCA que logró una conquista histórica en 2005, en Mar del Plata. Todavía el G20 no existía pero los líderes mundiales confluían en otros espacios de transnacionalización de sus intereses y proyectos. Para Rodríguez, en esta oportunidad, hubo una “perspectiva electoral” que limitó a determinados espacios políticos en su participación en la marcha. “Buscan volver a estar en esos espacios, algunos buscan todavía la posibilidad de cambiarlos”, señala. Para Rodríguez también influyó el miedo y las amenazas alrededor de la manifestación y el dispositivo de seguridad. “En Argentina estamos acostumbradas a manifestaciones masivas. Esta vez había francotiradores en los techos”, señaló. Ella, que participa de estos espacios internacionales desde un momento inicial, fue testigo de grandes despliegues de seguridad, pero nunca había visto uno tan grande.
El recorrido fue el primer eje de discusión con el gobierno. La primera reunión del viernes 23 de noviembre la convocó el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman. Después vinieron dos encuentros más. Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Serpaj, actuó como mediador entre el gobierno y las organizaciones de la Confluencia. El gobierno quería que las organizaciones marchen por Avenida Independencia y no por la tradicional Avenida de Mayo. Después discutieron sobre las calles de repliegue y desconcentración. Si bien habían prometido dos, únicamente Solís quedó como vía de escape.
“Hubo una clara estrategia de militarizar la ciudad para generar miedo”, dice Flora Partenio, integrante del Foro Feminista contra el G20 y de la Cátedra libre Virginia Bolten. “Es muy claro el doble objetivo que tiene el G20: por un lado disciplinar a los movimientos sociales; y por el otro, militarizar la ciudad deja costos. Los servicios de seguridad de los demás países se van cuando se retire el último pero todo lo que se compró queda acá y es grave. Es para seguir criminalizando la protesta social”, dice.
El 10 de diciembre de 2017 se reunieron en Argentina 164 miembros y miembras de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El gobierno también había comprado armamento. Tres días después fue la primera jornada de represión de las protestas contra la reforma previsional.
El viernes recién cuando la multitud dobló por Avenida de Mayo el ritmo monótono cambió. Algún tipo de mística se activó en esa pasarela que es la calle que une el Congreso de la Nación con la Plaza de la Casa Rosada.
-¿Qué significa lo que cantan? -preguntó un rubio y prolijo cronista inglés.
-¡Que se vayan todos! -le contestó otra colega.
Uno de los cantitos que pueden ser clásicos o vintage o demostrar la vigencia de un deseo que se reactualiza.
Durante todo el recorrido las fuerzas de seguridad estuvieron agazapadas detrás de los vallados herméticos. La vigilancia sofocante se hizo sentir hasta que las columnas desembocaron a la plaza de los Dos Congresos y Norita Cortiñas leyó el documento. A las seis de la tarde muchos grupos ya estaban desconcentrando. La marcha terminó pacífica a pesar de la expectativa que había, también, en la desconcentración: las “cacerías” a manifestantes son una práctica que el gobierno inauguró el 8 de marzo de 2017, con el primer paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y que luego se repitió en otras protestas por la desaparición de Santiago Maldonado o la sanción de la reforma previsional, por ejemplo. Esta noche, cuando los mandatarios del G20 se vayan, sólo quedarán las balas.
