Con la idea de “pleno empleo” en crisis, ¿cómo categorizar hoy a aquellos trabajadores precarizados, informales o subempleados? ¿Y qué respuestas, universales y focalizadas, debe dar el Estado? Un proyecto de ley busca institucionalizar la economía popular creando un nuevo sistema de protección para los trabajadores que ya no encuadran en el paradigma fordista. Un análisis de la iniciativa parlamentaria y de las estrategias de los movimientos sociales frente al deterioro social.

Las transformaciones en el mundo del trabajo no son pasajeras ni sólo de Argentina, más bien asumen un carácter estructural: el sistema capitalista ya no requiere para su acumulación el pleno empleo como en la etapa fordista. En este sentido, la crisis de 2009 cumplió un rol central: visibilizar que había un sector de la población que no tenía ni tendría trabajo. Como consecuencia, se consolidó una iniciativa que algunas organizaciones ya venían implementando, vinculada a la economía social y la conformación de cooperativas para la producción alternativa.

 

El ajuste económico aplicado por el gobierno de Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre agravó la situación social. Como respuesta, muchas organizaciones del campo popular estén promoviendo la Campaña “Ley de Emergencia Social Ya! + Dignidad + Más trabajo” a partir de una estrategia bifronte. Por un lado, la representación parlamentaria del Movimiento Evita  nucleada en Diputados Evita y el Peronismo para la Victoria presentaron el proyecto de ley (3612-16) “Ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular”. Uno de sus puntos centrales es la declaración de la emergencia social, cuya justificación se asienta sobre tres motivos: recesión económica, caída del consumo doméstico y retracción del Estado respecto del fomento del empleo. Pero lo hacen de un modo novedoso: piden la institucionalización de la economía popular, como modo de crear un sistema de protección social que abarque a aquellos trabajadores desocupados, con trabajos precarios o informales. La segunda estrategia es que ese pedido se apoya en una extensa campaña nacional en los territorios a partir, por ejemplo, de la instalación de ollas populares. Se trata de una ida y vuelta entre el espacio institucional y las calles y los territorios en pos de construir nuevas legitimidades frente a estos nuevos problemas.

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La emergencia social

 

El proyecto contiene un articulado de tres capítulos, más uno de financiamiento, en los cuales se requiere en primer lugar que el Programa Ingreso Social con Trabajo creado por la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 3.182/2009 pase a denominarse “Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo” y que en el marco de ese mismo ministerio se creen un millón de nuevos puestos de trabajo. Segundo, la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para definir en un plazo de hasta 180 días un Salario Social Complementario (SSC) definido de acuerdo a un índice de canasta popular. El Consejo, que debe recomendar políticas públicas vinculadas con el campo de economía popular, estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social y hasta tres en nombre de todas las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.

 

Tercero, se propone la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita de este Ministerio, en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular que quieran recibir el SSC. Por último, se solicita la declaración de la Emergencia Social en el territorio nacional por el término de un año por la cual se incrementarían un 15% mensual la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social financiado por el presupuesto general de la administración nacional.

 

Una de las cuestiones novedosas es que este proyecto de ley está siendo discutido por actores extra-legislativos como organizaciones de la economía popular y recientemente por académicos y especialistas en políticas públicas. Estos últimos participaron de un debate el 4 de octubre a partir del cual era posible hacer observaciones y sugerencias a la iniciativa. Aunque todos acordaban con la declaración de la emergencia social, se plasmaron diferencias respecto de la magnitud de la emergencia, de sus causas y, principalmente, cuánto de ganado había en la última década.

 

En los fundamentos del proyecto, la declaración de la emergencia es justificada en tres cuestiones. Primero, la situación recesiva que atraviesa la economía: hay 2 millones de argentinos más con problemas de empleo; es decir, que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las que podrían y desearían hacerlo. Segundo, la reducción del consumo doméstico que ha puesto en problemas a los pequeños emprendimientos sociales y productivos. Tercero, la retracción del Estado respecto del fomento del empleo por el cual se han disminuido programas sociales. Estas tres variables, sumadas al proceso inflacionario y retracción del poder adquisitivo, ponen en jaque a la clase trabajadora y en especial a la economía popular que, por sus características, cuentan con menos protección social y en consecuencia menos posibilidades de recuperar ingresos.

 

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Según datos del Barómetro de la Deuda Social elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzaba al 29% de la población ascendiendo al 34,5% en el primer trimestre de este año. El cálculo de la UCA es que entre diciembre de 2015 y abril de 2016 hay 1.400.000 más pobres y 400.000 más indigentes, esto es un total de 13 millones de pobres y 2,3 millones de indigentes. La diferencia con el período anterior según palabras de Agustín Salvia (director del Observatorio), en uno de los paneles realizados en el Congreso, es que no sólo está siendo afectada los segmentos de la población más vulnerable sino la clase trabajadora media, los pequeños comercios y lo trabajadores eventuales. Durante el debate, Salvia calculó que el 52% de la población tiene un trabajo propio de la economía informal, donde el 16% pertenece al sector público y el 32% al privado.

 

Si bien se reconoce una situación crítica anterior, lo cierto es que las políticas de ajuste de este año agudizaron significativamente y en poco tiempo las condiciones de vida de importantes sectores. Pero, además, un aporte que el proyecto retoma de las organizaciones de la economía popular, especialmente la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), es que las transformaciones en el mundo del trabajo no son ni pasajeras ni exclusivas de la Argentina, sino que se están produciendo a nivel mundial debido que la forma actual que adopta el sistema capitalista: no genera pleno empleo ni lo va a generar. Y la difusión de ideas como la productividad y el crecimiento no necesariamente van de la mano con la creación de empleo de calidad.

 

Esta situación requiere entonces no de planes provisorios, temporarios a corto plazo sino de la definición de políticas en el mediano plazo que garanticen, por un lado, un ingreso universal para la población y, por otro, que se haga mediante la creación de puestos de trabajo de economía popular. Una experiencia ya presente en los sectores populares, pero que el Estado puede potenciar.

 

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La disputa por la denominación

 

Es común leer o escuchar que el problema de la pobreza se resuelve con trabajo o educación, pero fueron las organizaciones con anclaje territorial quienes idearon un modo concreto de hacerlo. Y en ese modo también está en disputa la denominación de la población: pobres o trabajadores. Al respecto, el proyecto intenta hacer una transición de la denominación de pobres a la de trabajadores de la economía popular. De ahí su intento de poner en discusión la tradicional categorización sobre la población económicamente activa: empleo pleno de derechos, empleo precario, subempleo inestable y desempleo abierto. Para las organizaciones, estos tres últimos pertenecen a ese mundo de la economía popular, como aquella que tiene un patrón no siempre visible pero que los trabajadores se autogestionan.

 

Acerca de esa disputa por la denominación, haciendo una breve historización, en 2003 cuando asumieron Néstor Kirchner y Alicia Kirchner como presidente y ministra de Desarrollo Social respectivamente, la población beneficiaria de planes sociales fue dividida en dos: los empleables y los inempleables. Según la conceptualización que había elaborado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los primeros eran quienes por sus competencias y capacidades personales podían aprovechar oportunidades de educación y sus propias trayectorias laborales para conseguir un empleo decente. Esto dejaba a los inempleables en una situación compleja en tanto la sociedad seguía organizándose a partir de valores como la dignidad del trabajo. Asimismo, reforzaba la cuestión de la disposición subjetiva por lo que acentuaba una estigmatización negativa sobre aquellos que no tenían trabajo. Esa población empleable pasó a depender del Ministerio de Trabajo, mientras que los inempleables se quedaron en Desarrollo Social. Los gobiernos kirchneristas intentaron a partir de la noción de integralidad compensar esa carencia de trayectorias o educativas. Era una discusión que se asentaba sobre otra diferencia, aquella que se marca entre los integrados y los incluidos.

 

A lo largo de los años, fueron las organizaciones las que contribuyeron a poner en cuestión esa clasificación. La crisis de 2009 fue clave: dejó en claro que había un sector de la población que no tenía ni tendría trabajo. Fue en esta coyuntura, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó una iniciativa que había puesto en marcha el Movimiento Evita cuando Emilio Pérsico, secretario general, desempeñó el cargo de Subsecretario de Comercialización de la Economía Social en el MDS a principios de 2009: el Programa Inversión Social (PRIS), un programa innovador al tomar como centro a la economía social y la conformación de cooperativas para la producción alternativa. Este fue el programa base del Programa Ingreso Social con Trabajo.

 

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A partir de este proyecto, volvió a ponerse en debate esa clasificación. En una de las exposiciones en el Senado, el economista José Luis Coraggio se preguntó acerca de quién se iba a ocupar de tipificar quien entraba en la categoría de “trabajador de economía popular”, mientras que el politólogo Carlos Vilas mencionó que eso lo haría el Consejo de la Economía Popular, discusión que nos lleva al rol que las organizaciones pueden tener.

 

El rol de las organizaciones

 

Hay cierto consenso académico en que la relación entre los movimientos sociales y el gobierno cambió rotundamente respecto de experiencias anteriores. Si bien existen diferencias en torno a qué tipo de vínculo se entabló, se acuerda con que las organizaciones tuvieron más posibilidades de intervenir en la implementación de la política social. Sin embargo, las organizaciones -pese a toda su experiencia y conocimientos- no tuvieron la chance de decidir sobre el tipo de política social para los sectores bajo su representación.

 

La posibilidad de instituir un Consejo de la Economía Popular con la participación de tres organizaciones inscriptas en el Registro sería un elemento fundamental para que puedan tener la posibilidad de expandir esa increíble capacidad de inventiva que han demostrado tener en cada contexto que se requirió.

 

Desterrando la idea de que los movimientos sociales y sus organizaciones constituyen una anomalía o un problema, el proyecto de “Ley Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía Popular” hace explícito que aquellas son parte de la solución, que el conocimiento que adquirieron en los últimos años puede conformarse en una herramienta para otros sectores.

 

Vale considerar que aún es mayoritario el pensamiento por el cual se da por sentado que los beneficiarios de los planes sociales no trabajan o están en su casa descansando, cuando la realidad es que son trabajadores que tienen otra lógica, otro día laboral y ninguna protección. Por ello, la posibilidad de institucionalizar la economía popular es fundamental no sólo para crear ese sistema de protección social sino también para combatir la fuerte estigmatización que sufren los beneficiarios y que no hace otra cosa que reforzar la fuerte fractura social interclase que existe en la Argentina luego de los años ’90, como bien señaló Maristella Svampa durante el debate.

 

Por eso es importante la incorporación de la noción solidaria en el nombre del programa. Una palabra vaciada y tergiversada por el neoliberalismo, pero que era fundamental para cualquier sistema de protección social para pensar en el compromiso interclase e intergeneración que permitía la garantía de derechos. Siguiendo a Denis Merklen, ese corrimiento favoreció pensar que los ciudadanos ya no tenían derechos, sino que eran asistidos y le debían a la sociedad por ello.

 

Restaurar esa idea de solidario no es fácil pero es imprescindible para recomponer una lógica de producción de lo social que enfrente esa otra que indica la individualización de los destinos que rompe con los lazos sociales más mínimos.

 

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De la emergencia a la economía popular

 

Por estas razones, el proyecto supone un avance al institucionalizar la economía social en el sentido de ofrecer una rutinización y continuidad a este tipo de prácticas.

 

Hay tres observaciones que el proyecto necesita revisar. Por un lado, se prevé que sea el Ministerio de Desarrollo Social el cual cree el millón de puestos de trabajo pero que el Consejo de la Economía Popular funcione la cartera laboral. Es sabido todos los problemas de coordinación que suponen las articulaciones interministeriales y más en un gobierno donde por ahora la lógica parece seguir la neoliberal clásica: el de Trabajo se ocupa de desarticular el sistema de protección del trabajo con derechos y el de Desarrollo Social asiste a los que van quedando afuera con programas de transferencia condicionada de ingresos. Por ello, este punto no es menor y requiere de desarrollar una ingeniería de articulación interoganizacional.

 

Al respecto, lo ideal sería que fuera el ministerio de Trabajo quien se ocupara de esta discusión como parte de una estrategia que permita recomponer un sentido de unidad a la clase trabajadora.

 

Por otro lado, el proyecto intenta crear un sistema de protección que le saque a las organizaciones la responsabilidad exclusiva de sostener a los sectores excluidos en tiempos de crisis. Pero al mismo tiempo les da un lugar importante al hacerlas partes del Consejo, que sin dudas hay que clarificar y especificar cuál será. En este sentido, el Registro cobra un rol fundamental: es necesario saber quiénes son, cómo trabajan, cómo viven y cuánto ganan aquellos que trabajan en la economía social.

 

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Por último, el proyecto necesita del desarrollo de instrumentos específicos. Como se mencionó, por su intención podría pensarse como una política universal pero ya es hora de dejar de pensar que las políticas focalizadas son malas a priori. Lo son si son lo único que hay, pero es necesario combinar políticas universales, de garantía de derechos, con políticas focalizadas que intervengan en forma directa sobre algunas problemáticas y que garanticen la eficacia de los recursos y la acción estatal.

 

La #EmergenciaSocialYA se banca en la calle

 

Se mencionó que la Campaña “Ley de Emergencia Social Ya! + Dignidad + Más trabajo” tenía una estrategia bifronte de acción legislativa pero también de intervención en el espacio público.

 

Desde que asumió Macri y la crisis social se agudizó, se escucha una pregunta recurrente: ¿volvieron los piqueteros? Esta pregunta es de algún modo ahistórica, ya que tiende a borrar que en los años kirchneristas se modificaron cuestiones significativas de la cultura política, del espacio multiorganizacional, que implicó también un cambio en las subjetividades.

 

A principios del siglo XXI se discutía como construir poder desde abajo, con autonomía, por fuera y en paralelo al Estado. Se trataba de arrancar conquistas, que en términos prácticos eran planes sociales de transferencia condicionada o bolsones de comida. Durante el kirchnerismo la discusión cambió: el Estado no era el espacio a puntear sino aquel desde donde potenciar la intervención. Sin dudas, esto fue decisivo para la ampliación del campo de acción de las organizaciones. Este proyecto de ley es el mejor ejemplo de este cambio, pero eso no significa que las organizaciones se hayan retrotraído al espacio institucional, sino que el objetivo es la búsqueda de un ida y vuelta entre las instituciones y las calles y los territorios. No se trata tampoco de seguir una lógica de presión sobre el poder político, sino de construir nuevas legitimidades frente a problemas nuevos. Por eso no se puede dejar de lado la disputa en el espacio público.

 

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El 5 de octubre, una vez más, diversas organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán llevaron adelante una Jornada Nacional de Lucha instalando ollas populares para exigir la declaración de emergencia social y la implementación de un salario social complementario. La Jornada finalizó con una gran olla popular en la Plaza de los Dos Congresos para reafirmar que la lucha no termina allí, ni con un funcionario prometiendo bolsones de comida, sino con el reclamo para que el Estado institucionalice la respuesta que hace mucho tiempo los propios sectores populares encontraron al problema del empleo y la fragmentación de la clase.


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