El oficialismo sostiene que, siempre, a más tecnología se consigue más progreso, y nunca contradicciones ni problemas. Natalia Zuazo hace el balance político del 2016, analiza el rol del Estado en cuanto a tecnología y a la influencia de la irrefrenable fuerza de las empresas multinacionales del rubro. ¿En qué se avanzó y en qué se dio marcha atrás?



El historiador inglés Eric Hobsbawn decía que el siglo XIX había sido largo: iniciado con la Revolución Francesa en 1789 y terminado con la Primera Guerra Mundial en 1914. 125 años donde Europa pasó del fin de la monarquía a los Estados capitalistas burgueses, con una gran guerra en el medio que estableció los ganadores del nuevo orden mundial. En cambio, decía, el siglo XX fue corto:  77 años desde 1914 hasta la caída del muro y el triunfo del capitalismo en 1991.

 

Sucede algo parecido con el 2016 tecnopolítico visto desde Argentina: al saludarlo desde el fin del camino, parece eterno. La forma en que el Gobierno macrista entiende el lugar del Estado en la iniciativa y el desarrollo de la tecnología y la ciencia explican gran parte de los cambios. El resto lo hace una fuerza mundial, que sigue creciendo y por ahora parece irrefrenable: la concentración de mercado –y por lo tanto de poder de decisión, marketing e influencia planetaria-  de las grandes empresas multinacionales de tecnología.

 

El año empezó a los pocos días de asumir el nuevo Gobierno de Cambiemos, cuando Mauricio Macri decretó la modificación en los organismos que regulan las telecomunicaciones en Argentina (y con la excusa de la convergencia concentró más el mercado)) Siguió con acercamientos a los grandes de la tecnología durante el verano. El invierno trajo la gran batalla: el intento de imponer el voto electrónico, un sistema rechazado en el mundo pero que el oficialismo argentino consideró moderno. Antes y después, el resto del año tuvo otras noticias donde la ciencia y la tecnología sufrieron, en especial, en conservar sus soberanías: los cambios en Conectar Igualdad, en Arsat y los recortes en el presupuesto del Conicet. Mientras tanto, en el mundo, las máquinas conectadas a la Red crearon pánico cuando comenzaron a atacar a la internet misma, la publicación de los Panamá Papers volvió a usar la transparencia contra la opacidad del poder, y el crecimiento de informaciones falsas y la posverdad nos alertaron sobre algo que se está saliendo de control en el mundo de las noticias, tanto como para cambiar una elección.

 

Aquí, el resumen 2016 de la tecnopolítica, desde algún lugar de Buenos Aires:

 

Enero de 2016: Davos y los dueños de internet

 

Luego de encargarse de la devaluación, el empleo público y los medios, el flamante Presidente emprendió en enero un viaje al centro del mundo financiero, es decir, del poder: el Foro Económico de Davos. La visita duró dos días, por lo que la agenda debía elegir estratégicamente a sus interlocutores para las reuniones privadas. Entre ellos, Macri eligió a los CEOs de las tres empresas tecnológicas más grandes del mundo: Sheryl Sandberg de Facebook, Eric Schmidt de Google y Satya Nadella de Microsoft. “Volvimos a hablar con el mundo”, escribía tras su viaje en el muro de la red social Mark Zuckerberg (el sexto hombre más rico del mundo y  dueño de una de las empresas que facturan en el mundo gracias a la concentración de la industria de la publicidad en su plataforma).

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Desde su inicio el Gobierno dejó en claro que responde a una fe: el tecno-optimismo, que sostiene que siempre a más tecnología se consigue más progreso, e incluso, la paz. Según esa fe, la tecnología, no produce problemas ni acarrea contradicciones. Y siempre es mejor aplicarla primero y medir sus resultados después: de no hacerlo, pierde el tren del futuro y se cae en el atraso. Dentro de este credo, el Estado tiene poco que hacer: son los emprendedores, a través de la innovación particular, los encargados de modernizar al país. Sin un gran capital inicial, en un garaje, con el modelo de Steve Jobs de Apple como ícono, el mito reza que su creatividad y flexibilidad les permiten superar los escollos de unos mercados o un Estado que ya quedaron viejos. (Lo que la fábula omite es que el papel del Estado siempre ha sido clave en el progreso de estas empresas, incluso en Estados Unidos y en el caso de Apple, que recibió financiación del gobierno en sus etapas iniciales y utilizó tecnología financiada por el sector público para crear productos inteligentes -internet, el GPS, la pantalla táctil, la activación por voz-).

 

Febrero 2016: Facebook y la tercerización del Estado

 

De regreso en la Argentina, Facebook pareció recibir beneficios rápidos tras la reunión de Davos. Presidencia anunció que el ministerio de Modernización lanzaría un plan piloto para implementar Facebook at Work (FAW) en la administración pública. Lanzada al mercado en enero de 2015, FAW es una plataforma de gestión para empresas que ayuda a empleados dentro de una compañía o a grupos de trabajo a conectarse y colaborar en sus tareas diarias (como lo hacen otros desarrollos similares como Asana, Slack o Yammer), y funciona intuitivamente para cualquier persona que tenga una cuenta en Facebook. Con 23 millones de usuarios en la Argentina, el producto podía ser de fácil adopción. Sin embargo, la novedad era que nuestro país iba a ser el primero en el planeta en adoptar la herramienta, ideada para el ámbito privado, para la gestión estatal.

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Confirmada la implementación del programa piloto desde el ministerio de Modernización, las voces se alzaron con preocupación y advertencia. La primera fue la decisión de elegir una herramienta tecnológica para el Estado sin licitación pública (a lo que el Gobierno respondió que como era un “regalo” de Facebook, no precisaba licitarlo). La segunda crítica es cómo se manejarán los datos y la privacidad de los datos del ámbito público (es decir, de todos nosotros) dentro de una herramienta de una corporación extranjera, con sus servidores almacenando información también en el exterior.

 

El proyecto de Facebook at Work quedó sin aplicarse. Sin embargo, al terminar 2016, se conoció una noticia similar: que otro Ministerio, esta vez del Interior, había decidido traspasar los datos de los ciudadanos a la nube de Microsoft Office 365, es decir, a servidores estadounidenses (los mismos que Edward Snowden había denunciado que son espiados con las agencias de inteligencia norteamericanas, y cooperan con ellas para eso). El problema se repite: si el Ministerio tenía sus propios servidores en el territorio argentino, ¿por qué tercerizarlos a los de un servicio en un país extranjero, con menor soberanía y capacidad de control?

 

Marzo de 2016: Uber y el mito de la economía colaborativa

 

El domingo 27 de abril, a la hora del almuerzo, Uber anunciaba que llegaba a la Argentina en su cuenta de Twitter: “¿Querés ser tu propio jefe manejando con Uber? Registrate en sociosar.com y conocé los detalles #UberArg”.  La empresa, que en siete años se había expandido en 66 países y 400 ciudades, desde sus oficinas en California, con sólo mil empleados, sumaba a Buenos Aires a su mapa de operaciones. Con su llegada se abrió una de las grandes polémicas del año, la misma que enfrenta en cada lugar del mundo: ¿el Estado debe dejar que la empresa opere en el marco del libre mercado, o le corresponde regular los conflictos que genere, en especial con trabajadores, sindicatos, el fisco y las normas locales? El mal prestigio de los taxistas locales y la fortaleza de sus gremios le dieron leña al fuego. Algunos usuarios reclamaron su poder de elección; otros, más cautos, se preguntaron: quién paga las cargas sociales, la jubilación, los posibles accidentes, los arreglos del auto.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno y la secretaría de Transporte enfrentaron con decisión el problema. Primero, le dijeron claramente a la multinacional que debía adecuarse al código de transporte y a las normas tributarias y laborales locales. Luego, decidió desarrollar su propia aplicación de transporte: BA Taxi, demostrando que no se trata de “tecnología sí versus tecnología no”, sino de quién controla, para qué y cómo se utilizan los beneficios de los avances tecnológicos. El próximo paso será que otra corporación, la del transporte, también adapte sus prácticas a los nuevos tiempos. Sino, perderá la oportunidad de asociarse al progreso, desde un lado positivo, con derechos también para los trabajadores y los pasajeros.

 

Abril: Panamá Papers y la opacidad del poder

 

En una revelación de documentos 46 más grande que la de WikiLeaks (2.6 terabites de datos y 11 millones de documentos) abril comenzó con otro caso donde la tecnología ayudó a revelar secretos, en este caso corporativos y de la firma de abogados Mossack Fonseca. La información llegó por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Trabajaron en conjunto el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y revelaron las propiedades, empresas, dinero y evasión tributaria oculta del poder internacional: presidentes (entre ellos Mauricio Macri, su familia y asesores cercanos), jefes de Estado, líderes políticos, personalidades de las financias, la farándula y el deporte.

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El caso recordó el modo en que Edward Snowden, en 2013, había sacudido la política mundial cuando reveló que el gobierno norteamericano, a través de la Agencia Nacional de Seguridad, espiaba a ciudadanos y líderes extranjeros, pero también a sus propios habitantes, a través del mega sistema de espionaje Prism (que realizaba 2.000 informes mensuales de vigilancia con la ayuda de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple).

Los Panamá Papers pusieron en el debate público una de las caras de la desigualdad mundial. Que el 1 por ciento del mundo concentre más de la mitad de la riqueza se debe a que ocultan sus ganancias y evitan pagar impuestos (es decir, trabajan para no trasladar algo de esas fortunas hacia sus sociedades). En el caso del periodismo, la revelación también recordó que los medios “tradicionales” ya son confiables por sí mismos, pero que un buen antídoto es unirse en un consorcio que genere los “pesos y contrapesos” necesarios para controlarse entre sí. Eso, por ejemplo, quedó demostrado cuando alguno de los periodistas locales no profundizaba sobre el caso de algún líder local, y otros investigadores con acceso a los mismos documentos alertaban al respecto. En definitiva, se trata de una demostración donde el acceso público a la información, si es compartido y controlado horizontalmente, promueve una mayor democracia.

 

Mayo de 2016: Conectar Igualdad y la educación privatizada

 

En el país de los emprendedores y la “meritocracia”, el Gobierno de Cambiemos empezó el año desmantelando al equipo central de Conectar Igualdad y retrasó la entrega a las futuras generaciones de su principal herramienta de progreso social: la computadora personal. Durante los primeros meses del año, se responsabilizó de la demora al recambio de la gestión en el ministerio de Educación, de quien dependía, junto con Anses. El programa que repartió 5 millones de computadoras a niños y jóvenes desde 2007  había sido reconocido por Naciones Unidas como uno de los planes más importantes de inclusión de jóvenes en el mundo.

 

En marzo, se despidió al equipo central del ministerio de Educación que, a través de 70 personas, coordinaba Conectar Igualdad a nivel nacional. También dejaron sin funciones a mil trabajadores del plan en las provincias, con lo cual se frenó la entrega de las seiscientas mil computadoras que ya estaban compradas (a once proveedores distintos a través de una licitación) desde 2015 para ser repartidas en el inicio del ciclo lectivo 2016. En paralelo, el ministro Esteban Bullrich transfirió la continuidad momentánea del plan a cada provincia: es decir, dejó que cada una tome la decisión de invertir o no en su seguimiento. Así retomó una política de descentralización no acompañada de recursos que ya se aplicó en la educación en la década del 90.

 

Sin embargo, desde el Gobierno, las autoridades de Educación desmienten el cierre del programa y aseguran que para 2017 se entregarán las 200 mil máquinas no entregadas en 2016 y las 500 mil correspondientes al nuevo año. Aseguran, además, que el Estado se demoró para comprarlas a un precio más barato: el próximo año, las compras se harán a cualquier proveedor, nacional o extranjero, y además contribuirá a reducir los costos la eliminación progresiva del arancel a la importación de electrónicos (que genera otro problema, el de la reducción de la mano de obra en las ensambladoras de Tierra del Fuego). Como complemento en los contenidos, se sumó “Infinito por descubrir”, un programa donde además de docentes trabajan ONGs y empresas privadas como Cisco, HP, Microsoft y Lego dando capacitaciones en contenidos de programación, robótica y creatividad. El ministro Bullrich, promete además un plan ambicioso para llevar conectividad del 90 de las escuelas públicas a fin de 2017, a través de Arsat y el ministerio de Comunicaciones. El primer año (el electoral) el costo de esa conexión la pagará por su Ministerio. Pero, a partir de 2018, Bullrich ya anunció que las provincias tendrán que hacerse cargo de la cuenta.

 

Junio de 2016: Reforma política y fraude electrónico

 

A cien años de la Ley Sáenz Peña, Cambiemos propuso una reforma electoral en la que el voto electrónico se convirtió en el elemento central de la discusión. Fue el tema tecnopolítico del año. Oficialismo y la oposición se pronunciaron en conjunto con una alerta: la votación con máquinas puede poner en riesgo el secreto, que es la base de la democracia moderna.

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La “rapidez, la transparencia y terminar con el clientelismo”: esos fueron los argumentos del oficialismo para defender el proyecto en el Congreso, que proponía la implementación de la boleta única electrónica (ya utilizada en la Ciudad de Buenos Aires y el Salta). Según Cambiemos, las elecciones hoy sufren un problema: los grandes partidos (en especial el Justicialismo) tienen una estructura partidaria más poderosa que el resto y, por lo tanto, tienen ventaja en una votación. De acuerdo con el PRO, utilizar máquinas para los comicios, provistas por el Estado, ubica a todos los partidos con las mismas posibilidades: al no depender de la impresión, distribución y control de las boletas, grandes y chicos contarían con las mismas posibilidades. También, afirman que los niveles de fiscalización y confianza en las elecciones son elevados. Respecto del clientelismo, frente a los diputados que analizaban el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, un experto informático mostró cómo, con un celular sencillo, se puede leer el voto emitido con el sistema electrónico que propone el oficialismo. Con ello, las máquinas no solo no evitan la compra o manipulación de los votos, sino que lo permiten. Con distintos medios, pero con el mismo resultado: saber quién votó a quién. Es decir, violar el secreto del voto.

 

Los programadores argentinos (de distintas procedencias ideológicas, pero todos unidos frente a la certeza de la inseguridad del sistema) fueron protagonistas del debate y presentaron, en cada convocatoria en Diputados y Senadores, evidencias de las fallas técnicas. El rechazo fue tan unánime que los departamentos de informática de las universidades nacionales y el Conicet emitieron una declaración conjunta.

 

A pesar de las advertencias, el Gobierno insistió con la modernidad de aplicar el voto electrónico, aunque una tecnología vieja como un mapamundi demuestre que ya no lo es. De 295 países, sólo 7 utilizan el voto electrónico: Bélgica, Estonia, Brasil, Venezuela, algunos estados de Estados Unidos, India y Filipinas. Hace algunos años, esta lista era más extensa, pero algunos países “desarrollados” como Alemania, Finlandia, Holanda y Australia, lo prohibieron. Por el contrario, hoy los primeros 20 países en el ranking de desarrollo humano del planeta votan con papel.

 

El activismo, los datos en su contra y la evidencia de sus vulnerabilidades, hicieron que la reforma política cayera en 2016. Sin embargo, el Gobierno insistió (y probablemente insista el próximo año) en su aprobación provincia por provincia, para luego llevar su implementación a nivel nacional.

 

Julio: Datos de Anses y el control público de la información

 

El 21 de julio, otro alerta llegó desde el Boletín Oficial: la Jefatura de Gabinete argentina, a cargo de Marcos Peña, firmaba un acuerdo con Anses para que el Gobierno pudiera utilizar su enorme y actualizada base de datos para “comunicarse mejor con los ciudadanos”. La intención era clara: hacerse de esos datos para “mantener a la población actualizada”, segmentando los mensajes por lugar de residencia, edad y otros parámetros. “No es lo mismo lo que tenemos que comunicar sobre el dengue a alguien que vive en Misiones que a alguien que está en la Patagonia”, explicaba Peña. La polémica fue inmediata, no sólo entre los opositores al Gobierno, sino también entre algunos adeptos, que a su vez expresaron su incomodidad de ser expuestos ante la administración estatal.

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Los días siguientes, la noticia reavivó un debate necesario: Ningún Estado puede funcionar sin información de sus ciudadanos y el manejo de esa información no puede ser el mismo que hace 40 años. La tecnología cambia y los datos son cada vez más y más precisos. Nos facilitan hacer trámites, sacar turnos, procesar la información. El punto es cómo se manejan esos datos, quién los maneja y, sobre todo, quién controla a aquellos que manipulan nuestros datos. En esto, Argentina solo es un país más de los que tienen que resolver ese punto. Con la posibilidad de obtener, procesar y manipular cada vez más información en tiempo real, se facilita la administración pública, pero también se genera un nuevo problema: cómo hacer eso respetando los derechos de las personas.

 

Septiembre: Arsat y la soberanía de los cielos

 

Arsat, la empresa estatal fundada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner para invertir en infraestructura de telecomunicaciones, construir y operar satélites, instalar una red propia de fibra óptica y servicios de almacenamiento de datos, también enfrentó en 2016 el avance del lobby extranjero para quedarse con parte de sus operaciones. El debate, una vez más, fue si la empresa continua siendo un activo estratégico del Estado o si, en cambio, su rol es el de atraer capital privado en forma de “inversiones” para el país.

 

Noviembre: La posverdad y otra culpa de internet

 

Las noticias falsas no son algo nuevo. Preceden a Facebook, a Twitter y a los miles de sitios que cada día intentan captar la atención en un mundo de concentración informativa y crisis del periodismo. Pero el año en que la posverdad fue declarada palabra del año por el diccionario Oxford internet, volvió a discutirse si la concentración de las empresas y plataformas que manejan la información no nos está transformando en caníbales de informaciones sólo porque nos gana la comodidad de confiar en quienes ya confiamos (o en nuestros propios prejuicios). Las  grandes revistas de tendencias del mundo como The Economist o Time se ocuparon del tema. Las fake news dejaron de ser una broma o un artilugio de los medios para conseguir más tráfico. Este año, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos comprobó que las mentiras pueden llegar a ocupar el lugar del poder real.

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En medio de un cambio en la forma en que se producen y consumen las noticias ya no hace falta comprarse una cadena de televisión para llegar al poder; dar noticias falsas es económico. Hoy, dominando la publicidad en las redes sociales y con presencia en la infraestructura informativa de las redes (donde los usuarios son consumidores, pero también productores de noticias), las operaciones resultan más sencillas.

 

Diciembre: Recortes a la ciencia y la tecnología

 

La alerta se había iniciado en octubre, con un documento elaborado por investigadores del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en el que advertían que el presupuesto 2017 para el área de Ciencia y Tecnología se reducía al 0.5 por ciento del PBI (respecto del 0.65 del 2016; cuando además había llegado al 0.75). Con esto, advertían que corrían riesgo programas con desarrollos plurianuales y la continuidad en el país de investigadores que podían iniciar una nueva “fuga de cerebros” hacia el exterior. En ese aviso, también advertían que era necesario que la comunidad científica se uniera, pero también discutiera cómo debía invertir el país sus recursos.

En diciembre, luego de la aprobación del presupuesto 2017, el directorio del Conicet decidió reducir en un 60 por ciento la incorporación de científicos, que aumentaba desde 2004. Frente a los 943 ingresos de 2016, para el 2017 se reducía el número a menos de 400. Los investigadores del Conicet se declararon de inmediato en estado de alerta y la movilización fue creciendo hasta que, cerca de la Navidad, se tomó la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se llamó a pasar la Nochebuena en ese edificio (y sus hermanos provinciales) bajo la consigna #NavidadEnCONICET. Mientras la convocatoria crecía, una oleada de críticas y ataques comenzó a circular en las redes para desacreditar el trabajo de los científicos. La posverdad también quería operar, esta vez para desacreditar una lucha de un sector de la sociedad.

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La movilización y la negociación colectiva llevaron a prorrogar las becas a los investigadores recomendados, buscar que postulantes recomendados que no fueron seleccionados se inserten en organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas privadas para tareas de investigación y desarrollo, entre otros puntos, además de retomar las negociaciones particulares a partir de febrero.

 

En medio del conflicto, contó un investigador, uno de los funcionarios del Gobierno le recomendó “convertirse en emprendedor”. Tal vez allí esté el dilema, la pregunta, o la lucha, para el balance del próximo año: ¿Tiene la ciencia y la tecnología algo que ver con la decisión del Estado? ¿O nos convencerán que el progreso y la modernidad son sólo fruto del “esfuerzo individual”, la meritocracia y el emprendedorismo?


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