Ensayo

Milei: sin luna de miel


100 días y 8 noches

En sus primeros 100 días, el Gobierno enfrentó una negociación traumática de recursos con las provincias, manifestaciones masivas en las calles con respuestas represivas, dos fuertes derrotas parlamentarias, ataques con gobernadores y legisladores, múltiples despidos en el Estado, un llamado al diálogo para apaciguar los ánimos, un escándalo público por el aumento de sueldos a la conducción política y una interna a cielo abierto con su vicepresidenta. A Javier Milei, los 100 días lo atraviesan mientras resiste el avance hacia el rechazo del DNU 70/23 e intenta reinstalar el debate de la Ley Ómnibus caída en febrero. Matías Mowszet identifica 8 noches clave que determinaron el fin de la luna de miel y la profundización del conflicto y la incertidumbre.

La figura simbólica de los 100 días —tomada de la política estadounidense como el período en el que un nuevo Gobierno define las bases programáticas que lo van a regir por cuatro años— suele referir, en Argentina, al período conocido como la “luna de miel”. Un país con altos niveles de confrontación reconoce en esos días un momento en el que, más allá de la discusión ideológica tradicional, los esquemas de poder se le alinean a un presidente para facilitarle la gestión de Gobierno. Un proceso que suele estar acompañado por un alto nivel de imagen pública y por una alta legitimidad, producto de la inmediatez con la victoria electoral que lo ungió en ese lugar.

A Javier Milei, los 100 días lo atraviesan mientras resiste el avance hacia el rechazo del DNU 70/23 e intenta reinstalar el debate de la Ley Ómnibus caída en febrero.

La luna de miel —que a Alberto Fernández se le había extendido unos tres meses más por la pandemia— al presidente se le precipitó en menos de 70 días. Desde el triunfo del 19 de noviembre, el libertario se propuso avanzar rápidamente en reformas estructurales que sentaran las bases de su proyecto político. De hecho, a las dos normas que presentó como punto de apoyo para su plan las llamó “bases”.

La rapidez que proponía discursivamente, en contraposición con el “gradualismo” con el que señalaba a gestiones anteriores como la de Mauricio Macri, terminó plasmándose más en el ciclo de acontecimientos que marcan el devenir de un Gobierno que en la ejecución del plan: hoy está en riesgo de quedar en cero si el DNU es rechazado en la Cámara de Diputados. En 100 días, Milei pegó toda la vuelta de los eventos que una gestión de Gobierno puede atravesar en cuatro años. Asumió en minoría legislativa absoluta, pero con una amplia mayoría con disposición a colaborar y acompañarlo en algunas reformas, sobre todo en la Cámara de Diputados.

En este tiempo enfrentó una negociación traumática de recursos con las provincias, manifestaciones masivas en las calles con respuestas represivas, dos fuertes derrotas parlamentarias, intercambios de ataques con gobernadores y legisladores, despidos de un ministro, cuatro secretarios importantes y más de una decena de otros funcionarios, un llamado al diálogo para apaciguar los ánimos, un escándalo público por el aumento de sueldos a la conducción política y una interna a cielo abierto con su vicepresidenta.

Todo eso en 100 días. Faltan 1.361.

Hay ocho noches clave que permiten entender cómo se llegó a esta situación determinante para la ruptura anticipada de la luna de miel del Gobierno y la profundización del conflicto y la incertidumbre.

1. DNU: anuncio y movilización

El 20 de diciembre de 2023, la misma noche en la que, por cadena nacional y rodeado de sus ministros y de Federico Sturzenegger —el hombre sin cargo señalado como una suerte de cerebro detrás de la mayoría de las reformas propuestas—, Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. La movilización que se autoconvocó inmediatamente después de la finalización del mensaje presidencial, si bien estaba encapsulada en quiénes ya le habían votado en contra en las elecciones, mostraba que la pretendida desmovilización no era tal y que, aún en la desorganización dirigencial de las fuerzas opositoras, el Gobierno podía encontrar una reacción de base a cada una de sus medidas.

Horas antes, el Ministerio de Seguridad había inaugurado, con relativo éxito, su protocolo antipiquetes frente a una protesta de los movimientos sociales. Para la noche, el despliegue policial que se había visto a la tarde, simplemente, no estaba preparado.

La movilización espontánea con cacerolas, el carácter mayoritariamente clasemediero de sus asistentes y la velocidad de la reacción (menos de 10 días de Gobierno) encendieron las alarmas en Casa Rosada.

2. Ley Ómnibus: capítulo fiscal y fuego cruzado

El 26 de enero el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Si bien quiso bajarle el tono a la importancia que representaba ese capítulo en el espíritu de la Ley, apenas tres días antes había amenazado por X (ex Twitter) a los gobernadores con quitarles fondos si tocaban “algún punto económico” del proyecto.

La narrativa “a todo o nada” y la actitud aparentemente inflexible en la negociación fue la que provocó que frente a una acción normal de la rosca legislativa como la de ceder algún punto para sumar votos, el gobierno diera su primera gran muestra de debilidad. 

3. Ley Ómnibus: la caída

El 6 de febrero se votó en particular la Ley Ómnibus, previamente aprobada en general. En pleno debate, Martín Menem llamó a una reunión privada con los presidentes de los bloques dialoguistas porque el oficialismo venía de perder las votaciones en incisos clave de la delegación de facultades y se encaminaba a perder el artículo de las privatizaciones de empresas del Estado.

Ante la falta de acuerdo sobre cómo modificar esa lista de empresas, llegó a la sala de negociaciones la orden de Milei de dar de baja el proceso y devolver el proyecto a comisiones.

La caída de la discusión sumió al Gobierno en una fase de enfrentamiento directo con gobernadores y diputados.

4. Castigo y despidos

Tras el fracaso de la discusión legislativa, el 9 de febrero Milei anunció el despido de la entonces secretaria de Minería, Flavia Royón, y de Osvaldo Giordano, al frente de la ANSES. Si bien el Gobierno ya había echado al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, este doble despido tuvo implicancias más profundas. La medida era una represalia contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quién respondía Royón, y contra el cordobés Martín Llaryora, a quién respondía Giordano.

Con esa determinación el Gobierno dio un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de integrar un Gobierno nacional con voluntades provinciales aliadas y rompió lo que, en un principio, presentó como una coalición de Gobierno que le daría el volumen político que no podía exhibir de manera originaria por su baja representación en el Congreso, en las gobernaciones de las provincias y en las intendencias municipales a lo largo del país.

El reemplazo del amplio acuerdo con gobernadores dialoguistas por una entrega irrestricta a la dirigencia porteña del PRO, con quienes todavía no termina de sellar un acuerdo estable y duradero, desconoce el origen mismo de la victoria de Milei en las elecciones: el libertario ganó gracias al sorpresivo y contundente apoyo del interior.

5. El divorcio con los gobernadores

En esta misma línea es que el gran conflicto con las provincias desató la quinta noche, la del 23 de febrero, cuando todos los gobernadores menos el tucumano Osvaldo Jaldo repudiaron la decisión del presidente de retener un tercio de la coparticipación que le correspondía a Chubut por una deuda con un fondo fiduciario.

El ascenso de una figura del PRO, el gobernador Ignacio Torres, como uno de los principales frentes de oposición tensionó más aún la relación de Milei con Mauricio Macri, a quién responde el joven mandatario patagónico.

El desafío a Milei, del que participó hasta Jorge Macri, representó una importante afrenta de la unión de provincias argentinas contra el poder central. El libertario mutaba a una imagen de caudillo porteño que lucha por derrotar a las provincias que lo hicieron presidente.

Lo más grave fue la incertidumbre a la que sometió al país durante esos días. Torres amenazó con cortar la salida de petróleo de su provincia y el resto de la Patagonia anticipó medidas duras. Después, el conflicto se aflojó.

6. Aumentos para la casta

El 8 de marzo se filtró el aumento salarial al presidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno. Milei intentó desviar el debate responsabilizando a Cristina Fernández de Kirchner por un decreto del 2010 usado de referencia. El dato llamativo fue que la oposición dialoguista contuvo sus deseos de cargar una vez más contra la expresidenta y no dejó que Milei salga del foco de la agenda.

La aparición del decreto que determinaba dicho incremento —firmado por él mismo y por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei— obligó al mandatario a asumir la responsabilidad política y tomar medidas. La medida fue la de despedir al secretario de Trabajo, Omar Yasin, ubicado en la parte más baja de la cadena alimenticia gubernamental y, de hecho, muy lejos de tener participación en un aumento de puestos jerárquicos que depende, en todo caso, de la Secretaría Legal y Técnica.

La discusión sobre el presidente del “no hay plata” aumentándose el salario caló hondo porque, días antes, se había desatado un escándalo por el aumento de diputados y senadores que Milei se jactó de zanjar con una orden de retrotraer.

Esa noche se puso en crisis el carácter moralizante de la cruzada narrativa del Gobierno. Milei había acusado de “casta que vive del Estado” a opositores, artistas, actores, jubilados por moratoria, beneficiarios de planes sociales, sindicalistas y otros sujetos sociales de la Argentina mientras el que se había aumentado un sueldo del Estado había sido él.

7. El divorcio con Villarruel

La séptima noche fue la del 13 de marzo: la vicepresidenta Victoria Villarruel, en plena reunión con los presidentes de bloque que ella convocó para pedirles aplazar la sesión de revisión de DNU en el Senado, recibió en su celular el aviso de que la Oficina del Presidente le arrojaba un ataque indirecto en un comunicado oficial.

Ya había sido criticada durante todo ese día por cuentas libertarias en X por haber convocado a la sesión, algo que ella entendía que estaba obligada legalmente a hacer. Desde el círculo de Milei la acusaban de traidora y el nuevo mejor amigo del presidente, José Luis Espert, se animaba a deslizar en LN+ que la vicepresidenta podía estar “desestabilizando” al presidente.

El evento canónico de la interna entre presidente y vice, que afectó a seis de los nueve Gobiernos electos democráticamente desde el regreso de la democracia, tuvo su récord en este caso por la velocidad de su emergencia. La interna de fórmula presidencial más rápida en manifestarse había sido la de Cobos con Cristina en 2008, pero fue el 17 de julio con la votación de la resolución 125 en el Senado. El Gobierno ya llevaba 6 meses al frente del país.

8. DNU: caída en el Senado

El 14 de marzo el Senado rechazó el DNU. Fue la primera concreción de derrota total del Gobierno en el plano legislativo, ya que la caída de la Ley Ómnibus fue, en definitiva, una reacción del propio Gobierno ante la frustración por los incisos que no salían.

El rechazo —42 a 25, una diferencia abultada para la tradición de paridad que rige a la cámara más pequeña— y su giro a la Cámara de Diputados muestran que el Gobierno no posee una estrategia parlamentaria alternativa a la que ya le ha dado malos resultados: amenazar con escraches en redes y confiar que solo ese temor por parte de legisladores puede dar vuelta votos.

Para la discusión en la Cámara Baja, la oposición tiene garantizados 121 votos para el rechazo pero aún necesita sentar a otros 8 para lograr el quórum que habilite el tratamiento. El bloque de Unión por la Patria espera agazapado a tener una primera garantía de mayoría en la cámara para presentar el pedido de sesión. Un pedido que, si supera las 20 firmas (el bloque opositor tiene 99), obligará a Martín Menem a abrir el Congreso para sesionar.

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El presidente de la Nación llega a su día número 100 en un contexto de convivencia política deteriorada, con impotencia desde la agenda propia de reformas y con desafíos a afrontar los próximos meses de cara al llamado al diálogo en la que, probablemente, fue la noche más virtuosa del su gobierno.

Desde su visión ortodoxa, algunas cosas en el plano económico están saliendo bien. La inflación bajó a la mitad desde el salto de diciembre, aunque todavía sigue por arriba del número más alto del Gobierno de Alberto Fernández. También puede mostrar como positiva la valorización internacional de los bonos argentinos.

Una serie de datos macroeconómicos que tanto Milei como Caputo celebran en público pero contrastan con la economía familiar del día a día. El propio presidente reconoció en la última entrevista en LN+ algo que los sondeos venían mostrando de manera sistemática: que la mayor parte de la población está peor que el 10 de diciembre. E introdujo un número generoso con él mismo: 70%.

El Pacto de Mayo, que aparece como meta en un camino de normalización de la dinámica de relaciones partidarias, tiene dos condiciones impuestas por el propio Milei: la aprobación del DNU y de la Ley Bases.

La última gran cesión que hizo el presidente fue la oferta de un paquete de alivio fiscal a cambio del apoyo en estas dos normas. Una admisión que contradice la premisa “no hay plata” pero que busca ser la llave de un nuevo escenario de acuerdos.

Mientras Milei se encierra en la mesa chica compuesta por su hermana, Santiago Caputo, Nicolás Posse y Guillermo Francos —de la que solo este último sostiene la necesidad de avanzar hacia un perfil más dialoguista y reclama apoyo en su inclaudicable negociación con gobernadores y opositores moderados—, Mauricio Macri espera ser ungido presidente del PRO para negociar el ingreso de su partido a la coalición de Gobierno desde un lugar de mayor fortaleza, que dará paso a una conversación con mayores condicionamientos.

Pero ya sea hacia los gobernadores o hacia el PRO capitalino, el presidente entiende que necesita ampliarse para no quedar atascado en la frustración permanente de la impotencia.

Mientras Miguel Ángel Pichetto le dio al Gobierno una clase en la Cámara de Diputados durante el debate de la Ley Ómnibus (“La oposición se lleva los discursos y el oficialismo se lleva las leyes”), la lógica de estos 100 días ha sido la inversa. La oposición se llevó el bloqueo a las iniciativas gubernamentales y el oficialismo se quedó con el discurso de la impotencia: no nos dejan gobernar porque ellos son la casta.

Años de tradición política dicen que el día 101 de un Gobierno es cuando empieza el juego de verdad. Milei tiene ante sí dos caminos para el día 101: profundizar la idea de que puede avanzar clamando su legitimidad y su popularidad a través de la “calle online” o bajar al barro de la negociación de casta.