Mientras el presidente estaba de viaje, un grupo de policías bolivianos, acompañados por sus esposas, se amotinaron para reclamar mejores salarios. Durante seis días tomaron edificios públicos, quemaron archivos y marcharon por las calles de La Paz y otros ocho departamentos. Al mismo tiempo que el presidente paraguayo Lugo era destituido en un trámite exprés, un motín incendiario puso en jaque al gobierno de Evo Morales.



El viernes 22 de junio cientos de policías de los rangos bajos de La Paz, Bolivia, acompañados por sus esposas, entraron al edificio de la Dirección General de Investigación Policial (DIGIP), a una cuadra de la Casa de Gobierno, tomaron computadoras y cajas con archivos, los llevaron a la Plaza del Obispo y les prendieron fuego. Miles de documentos –digitales y de papel- con sanciones a suboficiales y agentes, pruebas, contrapruebas, argumentos de fiscales, alegatos de la defensa, procesos, sentencias y apelaciones ardieron bajo el sol paceño. Sin matar civiles, sin heridos graves, pero ocupando edificios y quemando expedientes, un grupo de policías que reclamaba mejores salarios arrinconó al gobierno de Evo Morales en la misma semana que en Paraguay destituían en un trámite legislativo exprés al presidente Fernando Lugo.

 

La quema de archivos del tribunal de control policial ocurrió el primer día del motín. Las más enfurecidas parecían las mujeres de los amotinados: gritaban que en esos cajones de las oficinas del organismo que hace el control interno -una especie de policía de la policía- sólo figuraban las sanciones a los subalternos, a los oficiales rasos, mientras que los jefes actúan impunemente sin que nadie los castigue.

 

En minutos, los policías amotinados ocuparon todo el edificio. En un depósito encontraron cajas con latas de cerveza Paceña. En Bolivia hay un paso del alcohol a la indignación. Y los “clases” ya lo habían dado:
-¡Vergas! ¡Vergas! –gritaban.

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Desde los balcones del primer piso arrojaron las cajas de cartón con las latas de cerveza precintadas en plástico; por cada caja que caía al suelo desde los balcones que estaban diez metros más arriba, había veinte pares de manos dispuestas a desgarrarlas, a aferrar las latas y a rebotarlas contra las paredes blancas y los cristales rotos de su antiguo Tribunal de Control.

 

Rotas, las ventanas parecían volverse todavía más brillantes por la espuma, que chorreaba de las latas de cerveza estrujadas hasta la explosión.

 

En la plazuela pegada al edificio, los policías y sus mujeres seguían tirando a las fogatas más computadoras y carpetas con expedientes. Un oficial de bajo rango mostraba una caja de cerveza a los periodistas y fotógrafos:

-¿Cómo esos borrachos nos van a juzgar, carajo?

 

CERCA DEL PALACIO, LEJOS DE EVO

 

Los ojos de los policías amotinados asomaban por las viseras de los pasamontañas. Usaban unas máscaras negras que tapan sólo la mitad de la cara y exponen la otra al aire. También llevaban gorras que en letras mayúsculas blancas, brillantes, se leía UTOP: Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Los oficiales de rango más bajo, los clases, tienen que comprar esos y otros equipamiento de asalto con su propio salario, que hasta el miércoles 27 de junio era de 1200 bolivianos, unos 175 dólares. Esa madrugada, pasadas las 4 AM, el Gobierno logró firmar un acuerdo con los policías: les otorgó un aumento de 100 bolivianos –14 dólares con 30 centavos– y así puso fin a un motín incendiario de seis días que incluyó la quema de los expedientes con sanciones, la toma del edificio de la UTOP y marchas por las calles de La Paz y ciudades de ocho de los nueve departamentos del país.

 

Sólo cien metros en diagonal separan al Palacio de Gobierno del tinglado de la UTOP, en la calle Junín. La inclinación de la calle hace que los policías lo vean a la altura de los ojos, como si estuvieran parapetados para atacarlo. Paradójicamente, la Unidad de la calle Junín está destinada a controlar (y reprimir) las recurrentes marchas de protesta que atraviesan la ciudad de La Paz y son atraídas, como un imán, hacía la Plaza Murillo.

 

Cuando se inició el motín, la Cancillería del ministro aymara David Choquehuanca, en la esquina de la plaza, estaba cerrada, sin protección policial, guardada desde dentro por tropas militares que desde la calle no se dejaban ver ni oír. Del canciller no había noticias. El presidente Juan Evo Morales Ayma estaba en Brasil, en la conferencia de la ONU Río+20, hablando contra la economía verde, perfilado sobre el fondo de la Bahía de Guanabara; todas las televisiones del país sin mar reiteraban estas imágenes de la indignación con escenografía atlántica. “Los países del norte se enriquecen en medio de una orgía depredadora y nos obligan a los países del sur a ser sus guardabosques pobres”, decía Evo.

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Si no hubiera estado fuera del país, en sus funciones de guardián sudamericano, esa mañana el presidente habría estado en el Palacio Quemado -destruido en 1830, reconstruido en 1845, incendiado en 1875. La puerta de Palacio, habría estado custodiada por el batallón de los Colorados de la Patria, con sus uniformes ceremoniales, encarnados, brillantes, antiguos, gastados. Ahí afuera habría estado, también, menos decorativo, más eficaz, el Servicio Secreto con sus walkie-talkies. Pero esa mañana de viernes el Palacio estaba cerrado por completo –una imagen más única que rara en La Paz. Como en la Cancillería, dentro estaban alertas –o se sabía que estaban, a través de las ventanas transparentes, de las hendiduras de las hojas de las puertas-, otra vez los militares, odiados por los policías. 

 

La marcha ordenada de los amotinados pasó frente a La Catedral, que también tenía sus grandes puertas cerradas. Ya habían llegado al lado del Palacio Quemado. Avanzaron en L, gritaron consignas contra el gobierno, contra el partido de gobierno, contra el jefe de gobierno. Los policías combinaban prácticas aprendidas en la institución con viejas y eficaces formas de las protestas paceñas.

 

Cuando llegaron al frente del Palacio Quemado, a sus espaldas se erguía, perpendicular, el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Poder Legislativo no estaba menos callado que el Ejecutivo. Los legisladores habían desertado el recinto; sólo quedaban algunos funcionarios, más encerrados en sus puestos de trabajo que lo habitual.

 

Los “clases” no buscaban ni a los senadores ni a los diputados. Tampoco a Evo. Los amotinados querían tomar el edificio donde se guardan sus legajos, sus fojas de servicio. Y hacer una fogata con ellos.

 

ACULLICANDO

 

Los pasamontañas no podían ocultar el bolo de coca en las mejillas prominentes de los policías. Dicen que si se forma en la mejilla izquierda trae buena suerte; acá muchos lo tenían también en la derecha.

 

A diferencia de las imágenes que al día siguiente adornarían las tapas de los periódicos paceños y bolivianos, la quema no fue un instante decisivo sino que llevó tiempo y demandó unas energías que no se gastaron al primer uso. En medio de la plazuela Obispo Bosque, la hoguera fue creciendo. Los gritos e insultos perdían volumen frente a los ruidos de vidrios quebrados y papeles achicharrados por las llamas; de golpe, la plazuela parecía enorme, más grande que la Plaza Murillo desierta que habíamos dejado cien metros atrás.

 

Sin resistencia aparente, el edificio del Tribunal Disciplinario se entregó al fuego y a una violencia cada vez más deliberada, cada vez menos atemorizada, de los rangos bajos de la policía. Desde afuera, desde la plazuela, desde el atrio de la iglesia, a través de las ventanas, se veían las llamas que avanzaban sobre las oficinas.

En la plazuela, la hoguera crecía. Apostados en el techo, algunos policías contemplaban la escena y el escenario.

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Conminados a aplacar las llamas aparecieron los carros con bombas de agua; nadie imaginaba que tres días después, el lunes por la mañana, los bomberos ya se habrían unido al motín. Cuando buscaban apuntar sus mangueras, los policías ya habían hecho antes puntería con sus lanzagranadas. Los bomberos olieron el gas y se alejaron.

 

La combustión documental siguió hasta consumarse. Sólo más tarde, cuando las piras de papel ya eran de carbón, volvieron y el agua apagó un fuego que ya no estaba custodiado.

 

4,5 BOLIVIANOS DE PREDIARIO

 

No días, sino meses antes de esta escena, Diego Morales, 31 años, alumno de la Universidad de El Alto, anunciaba a su profesor en un seminario organizado por un programa de Naciones Unidas:

 

-Los rangos están emputados.

 

-Fundamente esa su apreciación –le decía, rutinario, su profesor.

 

Diego Morales, 31 años, clase, aymara de segunda generación, hijo de padres migrantes llegados del campo a la capital aymara del mundo, El Alto, fundamentaba. A los que entramos con más idealismo, a reprimir nos mandan. Campesinos, indígenas, mineros, maestros, médicos, COB, todos la cara de los UTOP conocen. La Plaza Murillo guardamos, cercamos. Plata hay, no para nosotros es. En el COA, en la FELCN hay dinero. El prediario nuestro, 4,5 bolivianos es, más tienen los presos, el doble tienen. Y más ganan los milicos. ¿Y qué hacen los milicos en Bolivia? Ni siquiera vigilan las fronteras. El uniforme no nos dan. Ni las armas. Hay que comprarlas a plazos o en la Feria 16 de julio, acá en El Alto, en el mercado negro.

 

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EL ORDEN DE LA FAMILIA

 

En el principio fueron las mujeres. Semanas antes del viernes de la quema del Tribunal Disciplinario, con algo de tedio, los ciudadanos paceños empezaron a ver, en algunas trancaderas, en espacios que había que llenar en la televisión, imágenes que fueron tomando un perfil propio, reconocibles por repetidas. Eran las esposas de los policías que se habían declarado en huelga. La líder era –es- Guadalupe Cárdenas.

 

Las demandas de las huelguistas se unían a un coro de demandas salariales cuya justicia misma las volvía más susurrantes, más inaudibles, a los oídos de ciudadanos y funcionarios.

 

Demasiado pronto se iban a hacer escuchar. Sólo faltaba un paso: a diferencia de las enfermeras o los maestros, sus maridos tenían armas.

 

Las armas llegaron a las manos casi sin transiciones. Y lo que empezó en La Paz, despertaba un eco en los otros ocho departamentos:

 

-¡Esto no es acuartelamiento! ¡Esto es motín!

 

Sin diferencias entre Oriente y Occidente, el grito se repitía en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro.

 

Guadalupe Cárdenas miraba a la cámara y a los periodistas, mostraba una llave que llevaba colgada del cuello:

-Ésta es la llave del cuartel. Sirve para que el que entra, no salga. Pero mejor que salgan todos. 

 

NO TENEMOS MIEDO

 

En el motín, toda vigilia es vigilia de armas. Todo descanso es una preparación para la acción. Y en cada acción siempre hay un blanco castigado, siempre hay un enemigo interno. Lo que veíamos en La Paz se repetía, como calcado, en las imágenes que la televisión traía de Trinidad.

 

Al ojo desnudo, el grupo que protestaba parecía homogéneo. Bastaba con no alejarse, bastaba con quedar mudo, el rato suficiente, al lado de estos hombres y mujeres, para ver cómo de golpe las filas se rompían. Alguien  comenzaba a recibir golpes: “¡es un infiltrado!”, gritaban. Otra vez, la escena la veíamos a unos metros o calcada en las pantallas. Generalmente, el presunto infiltrado recibía los golpes con pasividad, sin quejarse, cubriéndose el rostro con las manos, como admitiendo sin defensa la acusación.

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La Inteligencia, temían los amotinados, estaba en todas partes.

 

-¿Por qué temen que los graben? Si alguien está haciendo lo correcto, no tiene por qué temer ser filmado– dirá después el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Los amotinados habían denunciado que los filmaban con cámaras en la punta de lapiceros.

 

El gobierno nunca declaró haber sido advertido de antemano de la violencia y del motín. Si cuando seguíamos a los amotinados que avanzaban desde la Plaza Murillo hacía el Tribunal de Disciplina hubiéramos torcido hacia la derecha, por la calle Bolívar, habríamos encontrado a periodistas entrando a una conferencia de prensa, casi en secreto, por la entrada lateral del Palacio Quemado, donde el ministro de gobierno Carlos Romero anunciaba el acuerdo alcanzado entre el gran capital y los mineros cooperativistas para explotar las vetas y la mina de Colquiri.

 

TODOS LOS FUEGOS EL FUEGO

 

En la calle, cuando pasaban los amotinados, mujeres de pollera y oficinistas de traje sastre aplaudían, universitarios y estudiantes de secundaria gritaban a favor de los policías y en contra del Proceso de Cambio.

 

Los amotinados seguían amotinados. No soltaban las armas y a lo que veíamos in situ se le sumaban las mismas imágenes que, con un vértigo mecánico, la televisión multiplicaba por ocho. Hasta con el recurso que parece de un crimen copy-cat, veíamos arder los archivos en Oruro. Edgar Ramos, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía (ANSCLAPOL), y Guadalupe Cárdenas, eran contactados por el gobierno.

Una negociación empezó el sábado 23; la vigilia se volvía guardia; nadie soltaba las armas; en el frío, todos acullicaban: las bocas estaban llenas de hojas de coca.

 

Dos días atrás fue el Año Nuevo aymara: es el momento que Evo Morales prefiere para los buenos anuncios. Al salir de la reunión, de madrugada, ante los ojos de todos, Guadalupe Cárdenas prendió fuego al acuerdo que acababa de firmar. Todos los amotinados aprobaron, como si fuera lo que estaban esperando.

 

EL INFIERNO TAN TEMIDO

 

Después de la quema pública del acuerdo, por televisión, el presidente Evo Morales habló de Golpe, de Derecha, de Conspiración, de Complot policial para asesinar al ministro Carlos Romero. El día anterior, en Paraguay, el Congreso había tumbado en cuestión de horas día al presidente Fernando Lugo, tras condenarlo en un juicio político exprés por la masacre de once campesinos y seis policías en la lejana Curuguaty.

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El motín continuaba sin pausa. En La Paz, durante el fin de semana de San Juan en el que se encienden fogatas ornamentales y se comen hot dogs, faltó la protección policial. Era difícil encontrar a paceños o paceñas atemorizadas por la situación. Según sabríamos el lunes, el crimen no había aumentado ese fin de semana que vivimos solos. El domingo, ASOBAN, la Asociación de los Bancos Bolivianos, anunció que el lunes se las arreglaría y abriría sus puertas.

 

La radio y la televisión estatales habían transmitido todo el fin de semana en cadena. Los locutores oficiales multiplicaban la convocatoria por micrófono abierto para que los sectores sociales expresaran libremente su apoyo irrestricto al Proceso de Cambio y a la Democracia. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) llamó a un ampliado y se declaró en emergencia; los campesinos se ofrecieron para venir a poner orden en las ciudades.
 

EL SEÑOR DEL GRAN PODER

 

Cuando la violencia de los amotinados había dejado atrás el clímax del fuego en el Tribunal Disciplinario, llegó el anuncio de las primeras muertes policiales. Pero, por una paradoja acaso muy boliviana, esto ocurrió en un escenario por entero distinto y a kilómetros del lugar de reunión de los amotinados.

 

El resto de la ciudad de La Paz se opone a la Zona Sur como si se tratara de dos ciudades separadas por la clase, el dinero y la raza. En la Zona Sur está la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) y fue desde allí de donde llegó, esa tarde de viernes, mientras los paceños de la Zona Sur miraban con distracción cómo Alemania derrotaba a Grecia 4-2 en los cuartos de final de la Eurocopa, la noticia del derrumbe de un balcón del edificio nuevo de la institución, que causó primero dos muertos, después tres, y cuarenta y seis heridos.

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El Gobierno pudo desplegar espectaculares cuidados para que se proporcionara la mejor atención médica y para atender a los familiares de muertos y heridos. Entre los amotinados, el derrumbe de ANAPOL despertaba otro eco: el de la designación de Víctor Maldonado como jefe máximo de la fuerza. Para los policías, en especial para los de los rangos más bajos, la elección para este cargo de un militar que había evitado pasar por las aulas de esa institución que se derrumbaba, había sido un signo del peor augurio.

 

Durante las marchas de la protesta uno de los gritos que más se escuchaba era:

 

-¡Que renuncie el tira, carajo!

 

Ahora volvían a escucharse con más fuerza, aun ahí, en plena Zona Sur.

 

OCTUBRE EN JUNIO

 

Los Andes han cambiado, repiten las agencias de noticias, y hoy en Perú y en Bolivia, las ganancias del contrabando minero superan a las del narcotráfico. El líder cocalero Evo Morales, reelecto presidente, enfrenta temas y problemas que no existían en el horizonte de los tiempos de su militancia social.

 

Sin entrar al Palacio Quemado, entre los gritos que oímos en la puerta, no faltó el que le recordaba al Presidente cómo había llegado al poder. En febrero del 2003 el presidente era Gonzalo Sánchez de Lozada (hoy Goni, que fue el mayor enemigo de Evo Morales, vive exiliado en Estados Unidos). Los policías se habían amotinado. Goni decidió convocar a los militares a resguardar la Plaza Murillo. Las dos principales autoridades de las dos instituciones, la Policía y el Ejército, confluyeron en el mismo espacio. Cuando se alistaban a parlamentar, llegaron, como por sorpresa, las fuerzas de radio patrulla. Fue el sonido de sus sirenas el que gatilló el fuego cruzado entre las dos facciones. Fue en la misma Plaza Murillo, frente al mismo Palacio de Gobierno, que ahora en junio de 2012 los policías amotinados encontraban cerrado, pero adonde entreveían tropas alertas y con las armas en la mano.

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Esto ocurría en un mes de febrero. La Inteligencia de entonces no le permitió anticipar a Goni la insurrección popular que en octubre de ese 2003 iba a arrasar con él, con su gobierno, y, al fin con la República de Bolivia.
El martes 26, Evo Morales convocó a los sectores llegados a La Paz a festejar el aniversario de la CSUTB. Era un acto de Restauración, como fue llamado; era en la Plaza de la Revolución, llamada Gualberto Villarroel, por el presidente colgado en la Plaza Murillo.  El primer presidente indio de Bolivia habló en el Monumento al MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido de Sánchez de Lozada.  Había campesinos vestidos de campesinos para llegar a la ciudad, había comunarios; había, también, muchos empleados públicos de la urbe paceña.  Un empleado público potosino que trabaja en Vicepresidencia dijo que su entusiasmo es obligatorio: su deber era ir al acto y  también decir, a los medios, que no fue obligado a ir.

 

En otro escenario más llano, que no está sobre una elevación, como la Plaza Villarroel, los “clases” estaban esperando. Si bajábamos por la gran avenida Germán Busch, que recuerda al dictador que se suicidó en 1939, volvíamos al centro de los acontecimientos. Los amotinados parecían más callados que impacientes. Sus representantes negociaban.  Al amanecer del miércoles 27,  se firmó el acuerdo: un aumento de 100 bolivianos (unos 14 dólares) al salario y la suspensión (el gobierno Morales aborrece de la las derogaciones) de la ley disciplinaria del cuerpo. 

 

No sólo los “clases” aguardaban el acuerdo. En las afueras de La Paz, la IX Marcha Indígena, que desde hace 60 días camina hacia la sede de gobierno desde el Oriente boliviano, esperaban la firma como una señal para bajar a la ciudad, al “hoyo”.  Los marchistas repudian una carretera que el presidente boliviano quiere construir, con financiación brasileña, a través de la reserva natural del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure).


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