El domingo, en las urnas, se enfrentan los dos bloques históricos que han mandado la vida de los venezolanos. Como nunca todos los terrenos están en disputa. Uno de los más polémicos es el de las compras de los productos básicos: uno pone en él su inteligencia en el desabastecimiento, el otro en abastecer. Marco Teruggi cuenta el complejo entramado de intereses que entran en juego detrás de las largas filas diarias para comprar alimentos.



Fotos: Prensa Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

 

El Valle, barrio popular de Caracas, edificios de los años 80 y cerros con casas sobre casas como racimos. Día lunes, cinco de la tarde, la Mesa de Seguridad y Soberanía Alimentaria está reunida. Son doscientas personas, la mayoría representantes de Consejos Comunales, casi todas mujeres. Están también la responsable del Partido Socialista Unido de Venezuela de esa zona, Carmen Blanco; dirigentes de Consejos Populares de Producción y Alimentación, de la Superintendencia de Precios Justos (Sundee), y del Instituto Nacional de Nutrición. Un tejido chavista, un debate que se viene repitiendo: los mercados comunales. Uno a uno, quienes los han llevado adelante el sábado anterior, cuentan su experiencia: el censo en la comunidad, la cantidad y la contraloría de los alimentos vendidos -un promedio de 3.2 toneladas- los debates dados con los vecinos, el saldo final. “Hacemos estas jornadas contra la guerra económica, para que la gente se beneficie, sepa por qué pasa, por qué se lleva la comida barrio adentro. Es un acto político”, dice una de las casi quince voceras que cuentan cómo desarrollaron el mercado.

 

Los mercados comunales comenzaron en el mes de agosto, impulsados por el presidente Nicolás Maduro. Se sumaron a los diferentes puntos de comercialización estatales: la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, Abastos Bicentenario, Mercalitos Comunales, Casas de Alimentación, Bodegas Patrióticas, y Mercal, la primera experiencia de distribución estatal, creada en el año 2003, ante el paro petrolero y el desabastecimiento producidos por el intento insurreccional de la oposición. Las estrategias se repiten. Las formas de resolución también, o casi: en 12 años los niveles organizativos son mayores. Ahora los protagonistas de la distribución de la comida, apoyados por el Estado, deben ser las comunidades.

 

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El objetivo es, explica Carmen, crear una red de distribución popular. Con contraloría social, venta planificada por consejos comunales y comunas, resolver lo que el presidente venezolano subrayó como un error: “No hemos avanzado lo que debimos haber avanzado este año en el gobierno y control de los sistemas distributivos a nivel nacional y en los circuitos regionales. Es un error, tenemos que asumirlo autocríticamente. Por eso a veces nosotros importamos un producto y sucede un hecho criminal: lo distribuye una empresa privada de esas que esconden las cosas. Es responsabilidad nuestra, tenemos que rectificarlo”. Por eso los mercados comunales ya son más de cinco mil cada sábado en el país.

 

Falta poco para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, la renovación de la Asamblea Nacional. La mayoría del parlamento unicameral ha estado en manos del chavismo desde el inicio de la revolución en 1999. Perderla no es una opción: cederle poder estatal a la oposición sería una puerta sobre el fuego. Todos recuerdan por ejemplo el golpe parlamentario en Paraguay contra Fernando Lugo en el 2012. Y saben que existe cansancio por las colas, la suba especulativa de precios, el acaparamiento de productos, la dinámica cotidiana impuesta a millones. No hay hambre sino desgaste.

 

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Resulta difícil encontrar la fecha exacta del inicio de este nuevo ciclo de guerra económica. La Mesa de Seguridad y Soberanía y Alimentación de El Valle, por ejemplo, comenzó a reunirse a mediados del 2012, cuando el plan de desabastecimiento daba sus primeros movimientos. La falta era entonces ocasional y sobre algunos rubros, siempre los más sensibles: arroz, azúcar, papel higiénico, leche, en algunos supermercados. Fue creciendo, en productos, cantidades, precios, a lo largo del 2013, 2014, con una agudización a partir enero del 2015. Las colas se hicieron entonces permanentes, y la costumbre, o algo parecido a la costumbre, se instaló. Conseguir comida a precio regulado o subsidiado comenzó a significar horas de espera, mirar el último número de la cédula para saber el día de compra, conversar con los vecinos para saber en qué bodegas conseguir alimentos, productos de limpieza, higiene. Así cada día.

 

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En ese tiempo se aprendió a distinguir entre las diferentes colas. Las inducidas -se difunde por redes que en determinado negocio se venderá tal producto y son agudizadas hasta el límite por establecimientos privados que solo dejan entrar a pocas personas, poniendo en venta los productos más necesarios recién a la tarde-; las casuales e inciertas -no se sabe qué habrá, pero igual se espera-; las de los barrios –donde la venta es organizada por el Gobierno- y después de las fiscalizaciones cuando aparecen productos escondidos. Salvo aquellas organizadas en las comunidades por el Gobierno o consejos comunales, todas comienzan cerca de las tres de la mañana. La espera es larga: seis, nueve, doce horas. El objetivo: conseguir a precio regulado algunos de los productos más buscados como pollo, harina, aceite, fideos, carne, pañales, toallas sanitarias. Una persona, generalmente mujeres, puede estar obligada a realizar treinta o más horas de cola por semana.

 

Existen responsables claros. Detrás de cada galpón abarrotado de lo que falta, de cada camión que se desvía hacia la frontera con Colombia, de cada remarcación ilegal de precio, se encuentra un ajedrez organizado desde lo más alto hasta lo más bajo. Los menos peligrosos son los más visibles: los revendedores -llamados bachaqueros- financiados con bolsas de productos para ser vendidas a 4 o 5 veces más de lo que deberían costar, infiltrados en las colas. Sucede en muchas partes, como en el centro comercial de El Valle, cuenta Carmen. Ahí el acuerdo es entre revendedores, dueños y cuerpos de seguridad.

 

Ellos son los agentes de calle, el cuerpo a cuerpo, abastecidos por quienes manejan el poder de la desestabilización. Empresas Polar por ejemplo, propiedad de la familia Mendoza, de quien fue revelada recientemente su tratativa con el Fondo Monetario Internacional para financiar la desestabilización -entre 50 y 60 millones de dólares- y lo que, esperan seguirá si logran un “golpe”. Su monopolio de la alimentación posee centenares de galpones clandestinos -denunciados por los trabajadores que llevaron este año una huelga de varios meses- y una red de distribución nacional con camiones azules que cambian de color en el camino, no llegan donde deberían, aunque los papeles digan lo contrario. Polar, como los demás, niegan la guerra. Nosotros solo producimos, dicen. La arquitectura es compleja. Involucra a los altos empresarios venezolanos y sus agrupamientos, como la Asociación Nacional de Supermercados y Abastos, y la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, agrupados en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. También a las multinacionales instaladas en el país, como Colgate Palmolive, denunciada recientemente, también por los trabajadores. Y a los Estados Unidos, únicos en haber asumido públicamente su ataque en marzo de este año, a través del decreto ley -declarando la emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria representada por Venezuela- firmado por el presidente Barack Obama.

 

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El juego de posiciones es incesante. Los dos bloques históricos se encuentran enfrentados: uno pone su inteligencia en el desabastecimiento, el otro en abastecer. Se trata de modelos nítidamente diferentes. Con zonas donde existe complicidad: no se puede golpear sobre la fuerza del Estado durante más de dos años consecutivos sin contar con un entramado que maneje poder financiero, internacional, logístico, así como sin acuerdos con sectores de la institucionalidad que permitan o sean parte directa de las maniobras. Cómo explicar sino la sentencia del presidente a dos años de haber establecido la Ley de Precios Justos: “La Ley se relajó, pulverizó, fue mal utilizada”.

 

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El Valle, siete de la mañana, día sábado. Las calles son angostas, casi verticales a veces, atravesadas por cables, motos, música. Hacia abajo se ven los edificios: desde esos techos disparó el ejército sobre la gente de los cerros el 27 de febrero de 1989, cuando sucedió la revuelta popular conocida como Caracazo. Esos días de protesta dejaron un saldo de más de 3 mil muertos, y, dicen todos, marcó el inicio del ciclo de la revolución bolivariana. En el barrio lo recuerdan. Vienen de ahí, de ser cazados. Y más: de 16 años de chavismo en el gobierno, de resolución de deudas históricas, democracia participativa, un proceso político hecho de ellos, por ellos. Nadie está dispuesto a retroceder.

 

Frente a algunas casas particulares del barrio hay colas. En cada una de ellas más de doscientas personas esperan, abren sus paraguas ante el sol que ya pesa. En el interior los vecinos del consejo comunal arman bolsas con un pollo, dos paquetes de leche en polvo, uno de arroz, de azúcar, de harina, y una mantequilla. Total: 570 bolívares. Están a precio subsidiado -más económico que el regulado. En el privado solo un pollo, si se consigue, cuesta más de 1.000 bolívares, y una leche, revendida, más de 400. El sueldo mínimo, con el último aumento, es 9.649 más 6.750 de bono alimentación.

 

En cada mercado comunal el censo fue hecho en los días anteriores. Quienes esperan tienen su número, son conocidos por la comunidad. También se acerca gente venida de otros sectores de El Valle, de Caracas, avisados por mensajes y llamadas telefónicas. Hay angustia, como siempre, a pesar de que la venta sea organizada, en este caso, por los mismos vecinos de los consejos comunales. La guerra por la comida ha inoculado esa preocupación diaria, ese preguntar por la calle a cada persona que pase con una bolsa llena de productos -“¿dónde la compró?”- ese organizarse para ver dónde encontrar el precio justo. Casi todo -higiene, ropa, remedios, repuestos de vehículos, etc.- aumenta, es escondido, reaparece a precio liberado. Conseguir una bolsa con productos de la cesta básica a 570 bolívares es un alivio.

 

La disputa por aplicar el precio máximo de venta al público -reemplazo del pulverizado “precio justo”- es uno de los epicentros del tablero de posiciones. Bajar el cartón de huevos de sus 1.200 bolívares a los 420 regulados y lograr que se consigan -es decir que no sean escondidos- es una disputa con distribuidores y comerciantes, camión a camión, bodega a bodega. Para eso, la Sundee tiene cerca de 3 mil fiscales, apoyados por 11 mil inspectores del Partido Socialista Unido De Venezuela (PSUV). Los primeros pueden aplicar sanciones, los segundos no, son la inteligencia popular en el territorio. El despliegue es cotidiano: entrar a las tiendas, revisar facturas, precios, sobreprecios, multar, explicar el sistema de precios, que la especulación tiene consecuencias penales, proceder a la detención cuando se evalúa necesario.

 

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“Se trata de la transferencia del poder”, analiza Oliver Rivas, de la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Proyecta las líneas de los mercados comunales a todo el espectro de la disputa económica: los inspectores deberían poder sancionar. La consigna de su organización es: ante el chantaje económico de la burguesía, control comunal de la economía. Las experiencias de protagonismo popular han venido mostrando triunfos: producción en fábricas recuperadas, cosechas de alimentos en comunas campesinas, sistemas de abastecimiento impulsados por movimientos sociales, lo que sucede en El Valle, donde nuevamente, luego de pocas horas, los vecinos han comprado sus alimentos sin infiltración de redes de revendedores en las colas, ni corridas, ni disputas por la comida. Por eso la apuesta a construir las soluciones desde el protagonismo territorial, militante, para consolidar y ampliar los márgenes de poder popular, achicar la posibilidad de zonas de complicidad y corrupción.

 

La guerra económica nunca cesa. Es una de las aguas que más pueden arrastrar. Una, sí. Combinada con los ataques comunicacionales, geopolíticos, de calle, y con paramilitares ocupando territorios, produciendo mayores índices de violencia. Su fuerza reside en la capacidad de desgaste diario, en el impacto que producen 30 horas de cola por semana durante casi dos años. Se apoya sobre el tiempo, ese tiempo que golpea, que, enmarcado dentro de la estrategia de la caotización, es peligroso para la revolución. Lo saben quienes planifican el desabastecimiento, el aumento de precios, la angustia. Desconocen, allí su permanente debilidad desde el inicio el chavismo, la potencia que habita y es capaz de desplegar el pueblo venezolano. En esa pulseada de relojes y consciencia se juega gran parte de los resultados por venir.

 

Las elecciones del 6 de diciembre serán un nuevo momento de medición. Pasada esa fecha la Asamblea Nacional mantendrá su actual correlación de fuerzas legislativa, retrocederá de una mayoría calificada a una simple, o comenzará una nueva dinámica de agudización de las confrontaciones, ahora con escenario estatal. No sería extraño que en ese andar se denuncien fraudes, haya intentos de fuego, asesinatos a dirigentes de la revolución, como el diputado Robert Serra. No sería extraño tampoco que la revolución se haga más revolución.

 


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