Durante el cambio de gestión, en el discurso de Cambiemos estuvo ausente un escenario problemático. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay incluso dijo: “la situación económica no es crítica”. Sin embargo, a solo dos meses en el gobierno el estado de emergencia parece haberse instaurado en el entramado político y argumentativo de las políticas estatales: emergencia de seguridad, eléctrica, estadística y “cuasi emergencia” en la Corte Suprema. En este ensayo, el politólogo Alejandro Frenkel explica un modus operandi del capitalismo moderno que requiere de catástrofes para avanzar: la recesión produce un susto colectivo que hace posibles medidas políticas que antes eran inviables.



Fotos: Prensa Mauricio Macri 
Foto 2: Alejandro Kaminetzky

 

“Cuando las sociedades tienen grandes crisis, se salen con dos variantes: la anarquía o el autoritarismo. Y la Argentina lo hizo con el autoritarismo”.

 

La frase bien podría rastrearse en una larga lista de análisis críticos de la gestión kirchnerista que acaba de concluir. Sin embargo, estas palabras las usó el periodista Nelson Castro–atizonado defensor de las prácticas republicanas- para cerrar su editorial televisiva tras la primera semana de gobierno de Mauricio Macri.

 

Desde que Cambiemos comenzó su mandato el pasado 10 de diciembre, un significativo número de medidas y políticas fueron adoptadas apelando a un supuesto estado de emergencia, producto de una crisis heredada que el nuevo gobierno debía sortear. La devaluación del 30% de la moneda, la designación de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia vía decreto presidencial, la modificación de la denominada ley de medios o la reciente declaración de la emergencia en seguridad pública son algunas de las políticas desplegadas bajo la retórica de la excepcionalidad y la refundación.

 

Asimismo, muchas de estas medidas implican o una concentración de funciones que usualmente corresponden a otros poderes del Estado o un reforzamiento de atribuciones existentes en el Ejecutivo que, según sus críticos, rozan lo ilegal. Presidente fuerte, hiperpresidencialismo, democracia delegativa, neodecisionismo o neopresidencialismo son algunas de las etiquetas que en mayor o menor medida han caracterizado este tipo de ejercicio del poder en los sistemas presidenciales[i].

 

Lo cierto es que esta sucesión de medidas en las que se apela a la emergencia como marco situacional para la adopción de determinadas políticas no es algo aislado ni novedoso desde el retorno de la democracia.Desde Alfonsín, pasando por Menem, Duhalde y Néstor Kirchner, los escenarios de crisis y excepción respecto del gobierno anterior han servido como generadores de consenso para expandir las facultades del Poder Ejecutivo, para implementar medidas extraordinarias de corte refundador, o para ambas cosas. Como señala el politólogo Aníbal Pérez-Liñán en un certero análisis: “La denuncia del pasado es un instrumento poderoso porque libera a los presidentes de compromisos ideológicos y de acuerdos heredados, y les permite movilizar apoyo social en defensa de nuevas políticas y nuevas configuraciones de poder[ii].

 

Ahora bien, ¿qué pasa cuando el escenario de crisis profunda no existe; o, más bien, cuando la magnitud de la misma no resulta necesaria para generar un consenso arraigado en la sociedad para implementar medidas rupturistas?

 

Una particularidad puede servir como respuesta tentativa: el cambio de gestión del kirchnerismo al macrismo se dio en un contexto en el que, hasta la asunción del nuevo presidente, el escenario de crisis estuvo ausente del discurso de Cambiemos. Sumado a ello, hasta los últimos días del mandato de Cristina Fernández de Kirchner numerosos economistas, periodistas, politólogos, empresarios y sindicalistas –no necesariamente kirchneristas- coincidían que el país atravesaba una transición sin mayores sobresaltos. Incluso el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, llegaría a afirmar que “la situación económica no es crítica” y que “los argentinos pueden preparar sus vacaciones con tranquilidad”[iii].

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Sin embargo, con el correr de los días el discurso gubernamental iría mutando. El bagaje de la “pesada herencia recibida” pasaría a ser exacerbado y se desplegaría una retórica sobredimensionada de la emergenciacomo marco de legitimación para las medidas a adoptar.

 

Excepción, shock y consenso

 

El jurista alemán Carl Schmitt desarrolló en la década de 1920 el concepto de estado de excepción para definir una forma de autoridad estatal. Para Schmitt, la noción de la excepción se vincula directamente con la idea del poder soberano, debido a que es el propio soberano quien tiene la potestad de decidir sobre la condición de excepcionalidad y normalidad del orden político. En este sentido, cuando el soberano mejor manifiesta la esencia de la autoridad estatal es –justamente- cuando se pone más allá del derecho. Como si hubiera una sola puerta y él fuera el dueño de la única llave, el soberano está al mismo tiempo dentro y fuera de la ley[iv].

 

Giorgio Agamben, pensador de origen italiano, profundiza esta reflexión afirmando que el estado de excepción no está ni fuera ni dentro del sistema jurídico y que el problema de su definición se refiere a una zona de indeterminación entre política y derecho[v]. Para Agamben, uno de los posibles modos de acción del poder soberano en un estado de excepción es la atribución de facultades especiales que den como resultado una erosión de los límites entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

 

La socióloga Naomi Klein adoptó el concepto de “doctrina del shock” para definir un modus operandi del capitalismo moderno que requiere de catástrofes para avanzar. En términos operativos, la doctrina funciona de la siguiente forma: se produce un desastre -que puede ser un golpe de estado, un ataque terrorista, un colapso del mercado, una guerra o un tsunami-que lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo que, asimismo, funciona como la antesala para la implementación de drásticas medidas económicas[vi].

 

Klein edifica su argumento en base a los postulados de Milton Friedman, uno de los principales referentes de la escuela neoliberal. Friedman va a establecer que sólo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esas crisis tiene lugar están dadas las para desarrollar políticas alternativas a las existentes, haciendo que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable[vii]. En estas condiciones –es decir, a fuerza de shocks orientados a sembrar el pánico- es que se construye el consenso frente a cualquier proceso de reformas.

 

El mito de la eterna refundación

 

La llegada de Raúl Alfonsín al gobierno en 1983 trajo aparejado un clima de refundación democrática que se contraponía al autoritarismo de la dictadura militar. El país debía sentar nuevas bases, reconstruyendo el juego democrático y la fuerza institucional de los poderes republicanos. A pesar del marco rupturista que otorgaba la transición por colapso del régimen militar, para el líder radical la excepcionalidad consistía más bien en resistir la concentración de poderes especiales que en aprovechar las oportunidades que otorgaba el clima de emergencia: “En un país donde el ejercicio de facto o constitucional del poder estuvo tradicionalmente asociado con la tentación de preservar el orden mediante recursos autoritarios […] nuestro gobierno no sólo se distinguió por haber resistido esas tentaciones, sino también por haberlas resistido cuando ellas estaban en su momento histórico de mayor fuerza, de mayor apremio”[viii].

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El gobierno de Carlos Saúl Menem fue tal vez quien ejerció de manera más extrema la metodología de la excepcionalidad, haciendo de la crisis económica un disparador para la implementación del proceso de reformas de mercado y la adopción del modelo neoliberal. El caudillo riojano asumiría el gobierno anticipadamente, en un contexto de desmadre hiperinflacionario que llegaba al 5000% anual. “Caos”, “desorden”, “colapso” y “crisis” se convirtieron en palabras recurrentes en la retórica de la clase dirigente y, sobre todo, en el discurso de los medios de comunicación. Desde los últimos momentos del gobierno radical, la sociedad argentina comenzaría a sufrir una serie de shocks económicos, mediáticos y políticos que configuraron el escenario propicio para la construcción del consenso neoliberal. Casi emulando la máxima de Friedman, el economista Juan Alemann, ex secretario de hacienda de la dictadura militar, reflejaba con una honestidad casi brutal el resultado de los shocks hiperinflacionarios en la psiquis social: “En algún momento, una recesión de esta magnitud produce un susto colectivo de tal magnitud que hace posible políticamente medidas que antes no lo eran”[ix].

 

Sobre las cenizas del otrora célebre neoliberalismo, la crisis de 2001 también funcionaría como escenario de legitimación para el discurso de la refundación, en un contexto en el que la desocupación rondaba el 20%, la caída del PBI alcanzaba el 4,4%, la pobreza alcanzaba al 40% y la sociedad incriminaba a la clase dirigente con el “que se vayan todos”. En este marco, el gobierno provisional de Eduardo Duhalde sancionó en 2002 la Ley de Emergencia Económica –que abarcaba a las áreas social, económica, administrativa, financiera y cambiaria- y que delegaba al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias por el plazo de dos años[x]. Según el propio Duhalde, esta ley era “el primer instrumento de su gobierno para enfrentar el caos”[xi]. Los inicios de la gestión de Néstor Kirchner también estuvieron cargados de una retórica de excepción. El lema principal de la campaña presidencial del santacruceño fue “un país en serio”; y en su recordado primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003, el flamante presidente afirmaría: “Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal”. A lo largo de la década kirchnerista, la crisis de 2001 serviría de manera recurrente como alegoría del abismo neoliberal y el punto de no retorno sobre el que se configuraba el “modelo de desarrollo con inclusión social”.

 

Más allá de los distintos matices, una política estatal que expresa medularmente la persistencia de las ideas de refundación y excepcionalidad en la joven democracia argentina es la política exterior. Alfonsín denunciaría el aislamiento internacional y el alejamiento de los países del Tercer Mundo al que nos había llevado la dictadura; Menem llamaría a superar de una vez por todas los vínculos erráticos e insertarse de manera exitosa en el incipiente proceso de globalización; Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo, cuestionarían el alineamiento con las grandes potencias bajo un artificio primermundista y postularían a la integración latinoamericana como el círculo concéntrico inmediato. Ahora es el turno de Macri, a través de su proclama de “volver al mundo” quitándole el barniz ideológico a la política externa.

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De la herencia a la emergencia

 

La Argentina llegó a las elecciones nacionales de octubre de 2015 con una desocupación cercana al 6,6%, un tejido industrial considerablemente reconstruido, un nivel de conflictividad social relativamente bajo, y uno de los salarios reales más altos de la región. Como contracara, el país también arrastraba una serie de dificultades como la desaceleración de la economía, el default financiero, una inflación moderada pero persistente y un alto déficit fiscal.

 

Lo cierto es que más allá de las adversidades, a diferencia de otras épocas de la historia democrática se producía un cambio de gestión sin crisis económica y con un escenario político medianamente estable. De hecho, el partido político que resultó derrotado en las presidenciales quedaba como la principal fuerza en ambas cámaras del Congreso. Este escenario de estabilidad era remarcado por una variada gama de analistas y actores sociales. Como se dijo en la introducción, hasta el propio ministro de economía evitaba hablar de una crisis.

 

 

 

Unos meses antes de las elecciones, una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro revelaba que, incluso entre quienes prefieren un cambio de gobierno, predomina el apoyo al rol del Estado y a los juicios por violaciones a los derechos humanos, entre otras políticas[xii].

 

Por esta misma época se daría –luego del triunfo en el ballotage porteño de Horacio Rodríguez Larreta sobre el entonces opositor Martín Lousteau- el cambio de postura “pro estatista” de Mauricio Macri, al anunciar que su programa de gobierno contemplaba mantener las AFJP, YPF y Aerolíneas Argentinas bajo control estatal. Con este giro, el líder del PRO parecía revelar que no percibía que un diagnóstico de la refundación tuviera lugar en el imaginario de deseos de la sociedad argentina.

 

Luego del triunfo frente a Daniel Scioli en las presidenciales la retórica del gobierno macrista comenzaría a mutar y –al igual que en épocas anteriores- se pondría como centro de la argumentación política el peso de la “herencia recibida”. Unas semanas antes de asumir, Macri trataba de mitigar los costos de una eventual devaluación al afirmar que la depreciación de la moneda es “producto del proceso inflacionario que tiene este gobierno”[xiii]. El ministro de modernización, Andrés Ibarra, afirmaría luego que la reducción del personal estatal no son despidos, sino “un ordenamiento producto del sistema heredado”[xiv].

 

De esta forma, bajo el paraguas de los achaques al pasado aparecía, una vez más, el diagnóstico de la refundación. No obstante, lo particular es que en este caso la ausencia de un escenario de crisis generalizada ponía en tela de juicio el carácter de la excepcionalidad. Sobre este terreno aparentemente adverso, el gobierno ensayaría una suerte de sobreactuación de la emergencia, que sirviera como marco consensual tanto para la adopción de un paquete de medidas como para el fortalecimiento de la autoridad presidencial.

 

Tan solo unos días después de haber jurado como ministra de seguridad, Patricia Bullrich encabezaba una reunión del Consejo de Seguridad Interior en la que anunciaba la necesidad de decretar la emergencia nacional en materia de seguridad.

 

A ella le siguió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien anunció que el gobierno había resuelto decretar la emergencia energética hasta 2017, luego de la evaluación del estado de situación del área que, según dijo, “está al borde del colapso”[xv].

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Alfonso de Prat Gay haría lo propio al anunciar la reorganización del controvertido INDEC, declarando la emergencia estadística nacional por el plazo de un año, a fin de reorganizar la institución y comenzar a reconstruir el sistema de precios. La medida incluiría el anuncio de que no se iba a publicar – hasta nuevo aviso- el índice nacional de inflación.

 

Asimismo, cuando el gobierno de Cambiemos optó por nombrar a dos jueces en la Corte Suprema de la Nación mediante un decreto presidencial, la ex diputada y hoy titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificaría la medida en Twitter, argumentando que “la Corte tiene 3 miembros de 5. Está en cuasi-emergencia”. El nombramiento abriría un debate político y legal respecto de si el presidente contaba con las facultades constitucionales para tal medida o si constituía una atribución de poderes legislativos reservados únicamente al Congreso.

 

El 4 de enero, el gobierno decidía la creación de un Ente Nacional de Comunicaciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. La medida disponía la disolución de la Afca y la Aftic y modificaba aspectos centrales de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El marco justificativo del decreto establece, entre otros, que ley de medios “es una norma anticuada y distorsiva” y que la vía del DNU responde a “la crítica situación del sector configura una situación excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”[xvi].

 

Más acá en el tiempo, el gobierno nacional promulgaría el Decreto 228, declarando la Emergencia de Seguridad Pública “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”. Dicha medida, además de ser criticada por profundizar una concepción militarista del problema de las drogas, instaura de facto una “ley de derribo” y lleva hasta el límite de la indistinción entre defensa y seguridad.

***

A solo dos meses de Cambiemos en el gobierno el estado de emergencia parece haberse instaurado en el entramado político y argumentativo de las políticas estatales. Reales, sobreactuadas o directamente inventadas, algunos afirman que las crisis son una oportunidad. A menudo, aquellos encargados de resolverlas suelen apelar al sacrificio como tránsito hacia un futuro promisorio. El ministro de cultura, Pablo Avelluto, argumentaba los despidos en su cartera como “una decisión espantosa, pero al mismo tiempo necesaria”[xvii]. Casi una cuestión de fe.

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A Voltaire se le atribuye la frase “Si dios no existiera, habría que inventarlo”. La figura de dios –en el amplio sentido de la palabra- es para muchos creyentes una fuente de sentido para transitar los actos cotidianos pero, sobre todo, para soportar la adversidad de aquellos sucesos excepcionales. ¿Será que en el caso argentino las crisis han adquirido tal carácter divino que si no existen hay que inventarlas?

 

[i] Guillermo O’Donnell, Santiago Leiras y Mariana Llanos son algunos de los politólogos que desarrollaron estos conceptos para analizar el presidencialismo argentino.

[ii] PÉREZ LIÑÁN, Aníbal. Liderazgo presidencial y ciclos de poder en la Argentina democrática. Revista SAAP, 2013, vol. 7, no 2, p. 389-399.

[iii] CLARÍN. “Prat-Gay reconoce que hay ‘varias alternativas’ para aumentar las reservas”, 11 de diciembre de 2015.

[iv] SCHMITT, Carl. Teología política. Editora del Rey, 2006.

[v] AGAMBEN, Giorgio. Estado de excepción. Buenos Aires : Adriana Hidalgo editora, 2005.

[vi] KLEIN, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre.Buenos Aires: Paidós, 2008.

[vii] FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.

[viii] Mensaje presidencial del Dr. Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa. 1 de mayo de 1989.

[ix] LA NACIÓN. “En plena crisis económica”, 14 de mayo de 1989.

[x] Desde entonces la Ley de Emergencia Económica fue prorrogada año a año y en octubre pasado el Congreso decidió que seguirá vigente, al menos, hasta 2017.

[xi] DUHALDE, Eduardo Alberto. Memorias del incendio: los primeros 120 días de mi presidencia. Sudamericana, 2007.

[xii] PÁGINA 12. “Hasta los que piden cambio piden continuidad”, 23 de julio de 2015.

[xiii] INFOBAE. “Mauricio Macri:No creo que la devaluación sea la solución”, 17 de noviembre de 2015.

[xiv] LA NACIÓN. “El Gobierno confirmó más de 6 mil despidos y anunció la finalización de los convenios con universidades”, 3 de febrero de 2016.

[xv] AMBITO.COM. “Gobierno declara la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2017”, 15 de diciembre de 2015.

[xvi] TÉLAM. “Quedó oficializada la creación del Enacom y las modificaciones a las leyes de medios y Argentina Digital”, 4 de enero de 2016.

[xvii] PÁGINA 12. “Es espantoso, pero necesario”, 2 de febrero de 2016.


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