El historiador Ezequiel Adamovsky marchó ayer contra el 2x1 y analiza el recorrido de las luchas de los organismos de derechos humanos y de los defensores de la dictadura, los modelos económicos y empresarios que la apoyaron, en los 80, los 90, el 2001 y hoy. "Mucha gente que hoy ataca al movimiento de derechos humanos lo hace creyendo que golpea así el legado kirchnerista. Pero olvidan que esa lectura del pasado no fue un invento K", dice. Y advierte que el objetivo no fue conseguir la libertad de los genocidas, sino algo mucho más importante: generar un cambio radical en el modo en que nos relacionamos con el pasado.



FOTO DE PORTADA: DYN

 

En Flores, el subte reventaba de gente. Las puertas cerraron con dificultad. Avanzó algo y se detuvo. Un poco más y de nuevo, ahora en medio del túnel. Para matar el tiempo el vagón entero cantó “Como a los nazis les va a pasar…”. Pero el subte se negaba a arrancar. Una señora se impacientó: “¡Hay que hacer bochinche, si no no avanza!”, gritó, y empezó a golpear la ventana. Parecía confiada en que sus golpes iban a remover el problema que hubiera, aunque no supiese cuál era. Cuando otros empezaban a imitarla la formación por fin volvió a andar, lento. Casi nadie bajó en las estaciones intermedias, colmadas de otra gente esperando en vano poder subirse.

 

La gigantesca marcha contra el 2×1 acaba de sumar un hito más a la conmovedora tenacidad con la que la sociedad argentina ha defendido su derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Cada marcha tiene sus emociones dominantes. La de esta fue la indignación, claro, pero también la convocó el desasosiego, la sensación de estar una vez más a la intemperie frente a instituciones que nos agreden hasta las entrañas. Una foto, difundida en las redes sociales, sintetiza ese estado de ánimo y a la vez nos conecta con aquello que sentimos en riesgo. Es de 1978 y está tomada desde lo alto de la Casa Rosada. La cámara enfoca una Plaza de Mayo vacía. Llueve y es de noche. Casi al margen se alcanza a ver un puñadito de madres con sus pañuelos y algunos carteles. Solas de toda soledad.

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En ese frágil pilar nos apoyamos como sociedad para tratar de construir algo parecido a una democracia. Desde hace cuarenta años nos aferramos a él. Preferimos su fragilidad antes que la aparente solidez de las leyes, las instituciones, los partidos, el Estado. Porque sabemos, por haberlo comprobado tantas veces, que en última instancia no podemos contar con nada de eso: que las leyes se quiebran o reinterpretan a gusto, que las instituciones responden sólo a veces, que los partidos van para donde manda el viento. En fin, que lo único sólido que tenemos somos nosotros, nuestra fragilidad e intemperie, nuestros cuerpos amuchados mirando una Casa Rosada que no hay manera de sentir propia. Eso fue la marcha. Una vez más. Sólo que esta vez, en el momento más emotivo del acto, fueron cientos de miles de pañuelos los que acompañaron al puñadito de ancianas que miraban desde un extremo de la Plaza. Y el desasosiego se disipó. 

 

El “cambio cultural”

 

El 2×1 de hoy se suma a la larga lista de agravios a la memoria y al movimiento de Derechos Humanos que viene lanzando el macrismo. Pero es la primera medida que significa una reversión en la política de Estado respecto del castigo de los delitos de lesa humanidad. Es un punto bisagra y es la certeza de ese peligro lo que convocó a la multitud.

 

Hay una relación estrecha entre esos ataques y el “cambio cultural” que busca el PRO. A esta altura está claro que el macrismo no se siente a gusto con la manera litigiosa en que nuestra sociedad recuerda su pasado. Para entender por qué hay que quitarse las anteojeras embrutecedoras de “la grieta” y mirar un poco más atrás, hasta el 2001.

 

La memoria del pasado reciente fue uno de los pilares de sustento ideológico del kirchnerismo. Néstor Kirchner construyó su legitimidad apoyándose en el movimiento de derechos humanos y planteando una reivindicación de la “juventud maravillosa” que luchó por un mundo mejor en los años setenta. Las organizaciones de derechos humanos respondieron entusiastas y fueron un apoyo sólido hasta el final. En las políticas de la memoria del kirchnerismo, el terrorismo de Estado no había sido obra de militares paranoicos, sino el arma principal para imponer un proyecto de país acorde a las necesidades de los grandes empresarios locales y del sistema financiero internacional. Quedaba claro, desde esta mirada, que la dictadura no era un hecho encapsulado en 1976-1983, sino la expresión más violenta del predominio de grupos económicos que siguieron siendo actores centrales de la política nacional en años posteriores (y que seguían agazapados en la actualidad).

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Mucha gente que hoy ataca al movimiento de derechos humanos lo hace creyendo que golpea así el legado kirchnerista. Pero olvidan que esa lectura del pasado no fue un invento K. Por el contrario, estaba ya bien instalada antes de que Néstor Kirchner fuese una figura conocida. Su origen estuvo en los incansables esfuerzos del movimiento de derechos humanos y de la izquierda durante los años ochenta y noventa. Mientras que Alfonsín pretendió limitar la revisión del pasado con el corset de la “teoría de los dos demonios” y las leyes de impunidad y Menem olvidarlo del todo con una reconciliación forzada y la amnistía, el movimiento de derechos humanos y la izquierda siguieron insistiendo siempre con el tema de las complicidades civiles de la dictadura. También, sobre la necesidad de visibilizar que los desaparecidos no eran meras víctimas pasivas, sino que habían padecido como castigo por una militancia política determinada.

 

Hacia finales de los años noventa, a medida que avanzaba la crisis económica, la sociedad argentina volvió a lanzar preguntas angustiosas hacia su pasado. Mientras naufragaba la fantasía de ser un “país del Primer Mundo”, nuevamente se apeló a la historia para comprender las raíces de la situación presente. Así, se fue instalando la sospecha de que las injusticias del momento tenían una conexión íntima con las de las de los años setenta. Las evidencias aparecían con una claridad meridiana: los banqueros locales, los grupos exportadores, los grandes empresarios y el FMI, principales intereses sociales detrás de las políticas que condujeron a la explosión del 2001, eran los mismos que habían patrocinado la dictadura en 1976. En ambos contextos se habían enriquecido al instalar un modelo económico antipopular. De allí que se volviera inevitable trazar también la conexión entre la militancia de los años setenta que lo resistió, y la que lo resistía en el momento actual. La agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), que comenzó a organizarse a fines de 1994, fue la expresión más evidente de ese puente tendido hacia el pasado y un foco central de la reivindicación de la militancia setentista. Así, lo que hasta mediados de los años noventa había sido un discurso con poca circulación fuera de la izquierda, se fue abriendo camino masivamente, para volverse sentido común en 2001 y discurso de Estado con la llegada de Kirchner al poder.

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Evidentemente, esa memoria sobre el pasado reciente resulta inconveniente para el proyecto del macrismo. En primer lugar, porque construye una imagen muy negativa sobre los actores sociales y sobre el tipo de políticas en los que el PRO necesita apoyarse y cuyos intereses viene a promover. En segundo lugar, porque invita a imaginar una Argentina en la que había sido la militancia –y no los políticos, ni el Estado, ni mucho menos el mercado– la depositaria de la promesa de un futuro mejor. Y sólo en último lugar, porque otorga legitimidad al kirchnerismo como abanderado de los derechos humanos y como supuesto puente con la “generación perdida” de los años setenta.

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Y no es sólo una cuestión simbólica: la memoria así construida y preservada abrió una dinámica de examen del pasado que condujo no sólo a la reapertura de los procesos a los militares, sino también al comienzo de los juicios sobre las responsabilidades empresariales que, justamente en 2016, llevó a la primera condena. La red de complicidades de la gente de negocios con la dictadura fue tal, que la perspectiva de nuevos juicios abre un panorama impredecible. Por dar un solo ejemplo, la propia familia del primer ministro de hacienda de Macri, Alfonso Prat Gay, está siendo investigada. Por todo ello, para el macrismo se volvió fundamental deshacer ese modo de conectar presente y pasado, “dar vuelta la página” o, en otras palabras, producir un “cambio cultural” también en ese frente.

 

Disparen contra el movimiento de derechos humanos

 

Siguiendo la estrategia Durán Barba –nunca decir lo que se piensa hacer, nunca confrontar– el ataque a la memoria quedó hasta ahora más bien a cargo de figuras secundarias de Cambiemos y de sus intelectuales y periodistas afines. Son ellos los que se vienen ocupando del trabajo sucio de intervenir sobre la memoria colectiva y de destruir la legitimidad de la lucha por los derechos humanos. Lo han hecho tratando de ligar a los organismos con la corrupción del kirchnerismo e instalando la idea falsa de que los juicios por delitos de lesa humanidad se vienen llevando a cabo sin respetar las garantías y derechos básicos de los acusados y en procesos cuyo final se conoce de antemano. En meses pasados hemos visto también a periodistas e intelectuales reflotar el pedido de “memoria completa”, hasta hace poco impulsado solo por grupúsculos de ultraderecha. Se reeditaron asimismo viejos argumentos que buscan poner en pie de igualdad el terrorismo de Estado y los hechos de violencia que protagonizaron las organizaciones armadas en los años setenta.

 

En los días inmediatamente anteriores al 2×1 la campaña se redobló. La Iglesia católica llamó una vez más a la “reconciliación”, mientras que algunos intelectuales exigieron en los medios que olvidemos la fecha del 24 de marzo y la reemplacemos por alguna otra anterior o posterior.

 

Operación despegar y control de daños

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La reacción social contra el 2X1 fue enorme, incluso antes de la marcha. Llovieron declaraciones de repudio, locales e internacionales. Elencos de teatro a sus espectadores, docentes a sus alumnos, padres a sus hijos, hinchadas y equipos de fútbol a las cámaras: por todas partes los habitantes de este país salimos a interpelarnos unos a otros. El clamor desde abajo forzó a postergar las tradicionales rencillas entre organizaciones para lograr una marcha unificada en lugar de dos, como se anunció al principio.

 

Previendo las consecuencias electorales, todos los partidos buscaron reposicionarse. Incluso el gobierno simuló no haber tenido nada que ver con la decisión de la Corte (apoyada inmediatamente por Claudio Avruj, Secretario de DDHH de la Nación, y dos días después desconocida por él y por otros funcionarios, con Macri a última hora y de mala gana). El Congreso corrió a votar una ley de dudosa aplicabilidad que impide que el fallo beneficie a genocidas. Todos la apoyaron. Incluso el PRO, cuya bancada se había fotografiado el 24 de marzo pasado con carteles que enlodaban al movimiento de derechos humanos y que pocos días antes había bloqueado el repudio al 2×1 en la legislatura porteña. Hasta la propia Corte pretendió respirar aliviada por contar con esa nueva norma del Congreso, con la cual –según deslizaron a los diarios– nunca se habrían visto obligada a fallar de esa manera. La prensa colaboró con los intentos de control de daños difundiendo la información de que la Corte ya se había pronunciado a favor del 2X1 en 2013 sin que nadie se alarmara, algo completamente falso. Juristas ofrecieron complicados argumentos abogadiles para tratar de explicar que la decisión de la Corte, aunque opinable, tenía nobles intenciones y que en realidad no estaba actuando en sintonía con el Ejecutivo.

 

Futuros y certezas

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El fallo del 2×1 fue un globo de ensayo para cambiar la política de Estado respecto del castigo a los crímenes de la última dictadura. Fue un ejemplo más del estilo “Si pasa, pasa” que ya ha mostrado el gobierno en otras ocasiones. Por ahora parece que no pasó. Pero conviene no perder de vista que el punto principal para ellos no es conseguir la libertad de los genocidas, sino algo mucho más importante: producir un cambio radical en el modo en que nos relacionamos con el pasado. Sea cual fuere el futuro del 2×1, el macrismo seguramente persistirá en sus políticas de la memoria. Formalmente seguirá sosteniendo una visión condenatoria sobre la dictadura, aunque de manera “fría”. Su estrategia es la de la ritualización, despolitización y banalización de la memoria, antes que la de una reversión completa de sus contenidos. O dicho de otro modo, la de sostener una condena genérica a “la violencia” (así en singular, mezclando la represiva con la de las organizaciones políticas como si fuesen de igual naturaleza), pero lavada de contenidos específicos, especialmente de aquellos que apuntan a la relación que existe entre el terrorismo de Estado y los proyectos e intereses económicos que lo alentaron. La apuesta del PRO es, más que la de un ataque frontal, la de desacreditar a los organismos de derechos humanos y al conjunto de la militancia de los años setenta. Ponerlos en cuestión, ensuciarlos, hasta que pierdan el sitial de honor que tienen como pilares de la memoria colectiva. Borrar de nuestra retina esa foto conmovedora de mujeres solitarias, paradas bajo la lluvia, preguntando cómo puede ser que las injusticias más tremendas y la muerte nos vengan de las “fuerzas vivas” y de las propias instituciones del Estado.

 

La marcha de ayer nos recuerda que lo poquito que tenemos de justicia en este país lo debemos menos al trabajo solemne de los togados en sus tribunales que a los cuerpos vociferantes que se juntan en las calles para decir No.

 

No se equivocaba la señora del subte: acá avanzamos a fuerza de bochinche.

 

(Este texto retoma partes del libro El cambio y la impostura: la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO, de próxima aparición)


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