Con motivo del centenario de la reforma universitaria, el doctor en Historia Juan Suriano analiza pasado, presente y futuro de la formación estudiantil. El impacto de los planteos de 1918, el rol de las dictaduras militares y los gobiernos democráticos, el caso de las universidades del conurbano, la ampliación de la población con acceso y las dificultades para alcanzar cifras de graduación acordes. Esta es una de las 20 notas para celebrar los 20 años del IDAES a través del pensamiento de sus investigadores sobre los temas calientes de la coyuntura.



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Fotos interior: archivo Unsam

 

Las conmemoraciones de los centenarios son ocasiones en las cuales la idea de “balance” recorre una multiplicidad de discursos emitidos desde diversos ámbitos (políticos, culturales y sociales) y se constituyen en una oportunidad única para pensar y reflexionar sobre pasado, presente y futuro. Es lo que ocurre con el centenario del emblemático movimiento estudiantil que en 1918 derivó en la Reforma Universitaria y trastocó profundamente los pilares de la educación superior en la Argentina. Celebrar el acontecimiento permite también debatir el estado actual de la universidad y los múltiples problemas que la atraviesan e interrogarse si los planteos reformistas de 1918 como la autonomía universitaria, la gratuidad, la extensión o el cogobierno siguen vigentes y si están acordes a las demandas actuales de la sociedad y del país. 

 

La reforma de 1918 cambió radicalmente la universidad porque permitió el ingreso de una primera generación de miles de jóvenes pertenecientes a hogares de sectores medios y populares, favoreciendo notablemente el ascenso social. El recorrido y el propio destino de la reforma fue sinuoso y atravesado por marchas y contramarchas producto de crisis recurrentes vinculadas a carencias presupuestarias y momentos de atraso científico, especialmente en aquellas coyunturas de dictadura en donde la reforma retrocedía hacia el peor de los oscurantismos y primaba una visión sumamente elitista de la educación.

 

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Cuando se inició el proceso reformista existían en el país sólo cuatro universidades – Córdoba (1613), Buenos Aires (1821), Litoral (1889) y La Plata (1889) – con 8.600 alumnos, a las que se agregaría la de Tucumán, creada en 1914 y nacionalizada en 1921. El crecimiento de la matrícula fue lento y pausado durante medio siglo. Recién en los gobiernos de facto entronizados entre 1966 y 1973 se crearon seis nuevas universidades en diversas provincias con el objeto de descentralizar las existentes y disgregar las grandes concentraciones estudiantiles a la vez que diluir las radicalizadas protestas de entonces.

 

El fuerte incremento de la matrícula llegó con las nuevas universidades y la incorporación de una significativa cantidad de mujeres. Hacia los años noventa, durante la gestión de Carlos Menem comenzó un proceso de masificación cuyo punto de inflexión se produjo en 1995: unas 50 universidades albergaban 750.000 alumnos. Uno de los hechos novedosos fue la creación de seis universidades públicas en el Gran Buenos Aires, entre ellas la de San Martín (Unsam).

 

En los últimos veinte años hubo un crecimiento explosivo con la creación de 19 nuevas universidades nacionales, nueve de ellas en el conurbano, dos en la ciudad de Buenos Aires y ocho en el interior del país. El proceso de masificación estudiantil ha sido realmente impactante ya que hacia 2014 la matrícula alcanzaba, sumadas 130 instituciones universitarias privadas y públicas, 2.000.000 de alumnos en el sistema universitario y 800.000 en Institutos Superiores de Formación Docente.

 

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En un momento en que el IDAES cumple veinte años me gustaría detenerme brevemente en el caso de las universidades del conurbano bonaerense de las que formamos parte. Estas instituciones representan un aporte importante del gran crecimiento aludido anteriormente y, más allá de las disímiles concepciones educativas que había detrás de su creación durante los gobiernos de Carlos Menem, de Néstor y Cristina Kirchner, debemos recordar que la aparición de las nuevas instituciones no siempre ha respondido a una política planificada desde el Ministerio de Educación, y en ocasiones se vinculaba más a demandas políticas y disputas territoriales de los intendentes que a un proyecto institucional claro. No obstante todas tenían en común la meta de acercar la universidad a los habitantes del conurbano y esto era un hecho destacado, a veces la creación de universidades en partidos colindantes y muy cercanas entre sí sugería un derroche de recursos que hubiera podido canalizarse con mayor eficiencia.

 

Los problemas aludidos y la multiplicación de universidades en el conurbano fueron objeto de duras críticas de sectores que consideraban inadecuadas estas políticas educativas. Muchas de estas críticas eran sinceras pero otras ocluían, y aún lo hacen, una concepción elitista de la educación destinadas a impugnar la afluencia a la universidad de sectores populares que nunca lo habían hecho. ¿Para qué dilapidar recursos en sectores sociales que, en su gran mayoría, no podrían transitar con éxito una carrera universitaria?

 

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Sin embargo, transcurridas ya más de dos décadas en la experiencia de las universidades del conurbano, si bien diferentes entre sí, se ha instalado un oferta educativa en zonas geográficas en donde antes no existía y simultáneamente esa oferta generó un círculo virtuoso al crear una nueva demanda que ha permitido el ingreso a la universidad de miles de estudiantes de primera generación pertenecientes a sectores sociales de menores ingresos que nunca antes habían accedido a la universidad. Se ha comprobado también que la cercanía territorial y la mayor oferta de horarios nocturnos contribuyó a ese proceso al permitir que numerosos jóvenes pueden trabajar y estudiar simultáneamente. Más allá de los resultados académicos de este proceso, es indudable que hoy el acceso a la universidad ha dejado de ser un privilegio y se ha convertido en un bien de vastos sectores de la sociedad.

 

Se trata sin duda de un hecho alentador aunque en numerosas ocasiones los estudiantes abandonan en algunos de los tramos de su carrera, ya sea por incompatibilidad con el trabajo, por problemas económicos o, mucho más grave, por carecer de niveles de comprensión adecuados para encarar esta etapa. Pero el hecho de poder cursar una carrera uno, dos o tres años no deja de ser un aporte a la hora de buscar empleo.

 

Esta cuestión nos remite a una de las grandes deudas del sistema educativo argentino: la deficiente preparación de la escuela media, un problema mucho más grave en los partidos del Gran Buenos Aires que en la Capital Federal. Más allá de todos los esfuerzos que puedan efectuar las universidades vía cursos de nivelación u otras iniciativas tendientes a mejorar la preparación de los estudiantes (varias han creado su propio colegio secundario) se torna imprescindible encarar el tema. Por supuesto estos problemas contribuyen a la baja tasa de graduación aunque no se trata de una peculiaridad de las universidades del conurbano sino de todo el sistema. Hoy la tasa de graduación se ubica en torno al 30 por ciento de los ingresos y es menor a la de los países de la región aunque la comparación es engañosa pues a diferencia de Chile, Brasil o Colombia en nuestro país el ingreso es irrestricto.

 

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Las universidades del conurbano arrastran estos mismos problemas cuya resolución es difícil y depende no sólo de la pertinencia de la política implementada por cada una de ellas, sino fundamentalmente, por una política educativa a nivel nacional que, en principio, contribuya a garantizar que en algún momento la educación superior se convierta en un bien público social, un derecho humano universal y una obligación del Estado como lo definiera en 2008 la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe realizada en Cartagena de Indias.

 

Claro que no se trata sólo de masificar y democratizar la universidad y lograr la graduación de los estudiantes, sino también de analizar la calidad académica y debatir en torno a los múltiples problemas estructurales que atraviesa la universidad pública derivados de cuestiones presupuestarias, estancamiento científico en algunas áreas, necesidad de renovación pedagógica o relativa adecuación a los cambios tecnológicos.

 

A cien años de la reforma universitaria, una cuestión prioritaria es debatir el sentido atribuido a la educación pública universitaria por el actual gobierno. Atravesamos un momento en el que se agravan los problemas presupuestarios destinados a financiar la investigación y la formación de recursos humanos y en el que se está profundizando la vieja concepción profesionalista tendiente a reducir el conocimiento a la utilidad inmediata vinculada a la demanda del mercado laboral, un eufemismo para denominar a las empresas. Estas formas de pensar la política universitaria privilegian las lógicas empresariales y mercantilistas por sobre el rol de las ciencias humanas y sociales, reduciendo el conocimiento y la investigación a valores escasamente compatibles con el espíritu del movimiento iniciado en Córdoba en 1918.

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