El acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI tiene apartados que dicen proteger a los más vulnerables y darle perspectiva de género transversal al programa económico. ¿Es confiable ese enunciado? ¿Qué consecuencia social destila? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿Qué costo pagan niñxs, mujeres, jubiladxs, trabajadorxs? Lucia Cirmi Orbón analiza el documento que habla de ampliar la participación laboral femenina pero reduce el empleo público; que confía en el sector privado como fuente de trabajo pero boicotea emprendimientos productivos y promueve la flexibilización laboral.



Foto de portada: Presidencia. Fotos interior: G20.org, Analía Cid.

 

 

Fue uno de los reencuentros más comentados del día del amigo: en la mesa chica de la Quinta de Olivos, esa noche, la invitada de honor fue la jefa del FMI. La foto de Macri y Lagarde y tantas otras fotos que circularon durante el fin de semana les ponen caras a los protagonistas del nuevo pacto entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

 

El 8 de mayo de 2018 el gobierno argentino inició un proceso de retorno al tutelaje político y económico del FMI. Por eso ahora, con una parte del crédito ya desembolsado y conociendo las -esperables- condiciones restrictivas del acuerdo, esas imágenes tuvieron una connotación muy especial para gran parte de la sociedad. Ese álbum incluye también escenas de protesta social. 

 

El nuevo pacto augura “cuidar” a la población: incluye un apartado en el que habla de “protección para los más vulnerables” y otro sobre “apoyo a la equidad de género”. ¿Es confiable ese enunciado? ¿Puede convivir con el resto del acuerdo? ¿Cuál es la política social que propone, su techo y contradicciones?

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Tocar y mejorar el día a día de las personas debería ser el objetivo último de las políticas económicas oficiales, pero esto no siempre ocurre. Al contrario. La mayor parte del tiempo se habla de cómo tal o cual política mejorará la “macro”, el crecimiento, la producción. A quienes escuchan estos anuncios les toca imaginar cómo esos números y programas se van a traducir en cambios concretos en su vida personal en el corto, largo o larguísimo plazo. Esos vínculos no siempre son evidentes. A veces porque los mecanismos de impacto social que piensa la economía tradicional (sea ortodoxa o heterodoxa) no funcionan ni cubren ya todas las esferas de “la vida”. Otras veces, porque el objetivo de las políticas económicas aplicadas es exactamente lo contrario: para sostener determinado modelo económico hay que resignar la calidad de vida de la población.

 

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Toda política económica es una política social. Además, en este mundo heteronormado y patriarcal, toda política social tiene un impacto diferenciado en términos de género. Presentar las temáticas en capítulos específicos con propuestas aisladas -como se hace en el Standby-, es dividir falsamente el asunto.

 

¿Por qué para la economía feminista resulta ofensivo que se incluya la temática de género como apartado dislocado dentro de este acuerdo?

 

A nivel global, la economía feminista denuncia que los programas macroeconómicos neoliberales tienen un sesgo “productivista” –están demasiado centrados en el crecimiento de la producción- y un sesgo “deflacionario” –están demasiado centrados en reducir la inflación y el déficit por sobre cualquier otro objetivo-. Los programas como el que se ha acordado con el FMI no hacen más que profundizar la exclusión del mundo del cuidado de la esfera económica y desviar todavía más la atención de los siempre evadidos debates en torno a la reproducción social. ¿Este modelo económico garantiza una reproducción social posible, armoniosa y equitativa? ¿Se traducen nuestros cambios en el nivel de producción en una vida menos explotada en términos de tiempos?

 

Si el contexto es al ajuste, el escenario político no da lugar para estas preguntas. Mientras tanto, el costo de la reproducción social sigue a cargo de las mujeres.

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en todo el mundo las mujeres dedican en promedio 3 horas más que los varones a trabajos de cuidado no remunerado, una brecha similar a la que se registra a nivel argentino. 

 

La economía feminista aboga por la socialización de ese trabajo de cuidado y explica que para ello se necesita sí o sí de un Estado presente. La lógica del mercado no va a resolver ese tema porque el cuidado no funciona como otros bienes y servicios. ¿Puede una madre reclamar formalmente a sus hijxs que la cuiden como ella cuidó de ellos cuando eran pequeños, como si se tratara de un contrato? No necesariamente. ¿Se puede acaso ofrecer cuidado de calidad sin involucrarse humanamente en su provisión, minimizando costos y maximizando ganancias como con cualquier otro bien del mercado? Creemos que tampoco. El cuidado es difícil de cuantificar y calificar, y es prácticamente un bien público ya que tiene beneficios para toda la sociedad. Por eso, se necesita de un Estado que remunere el trabajo de cuidado, que asegure que esta necesidad esté cubierta en todas las clases sociales y que promueva desde las leyes un mejor balance de las responsabilidades hacia dentro de los hogares.

 

El ajuste que propone el acuerdo con el FMI va en la dirección inversa, ya que con el recorte de áreas y servicios del Estado aumentan las tareas a ser cubiertas con trabajo de cuidado en las casas. Si ya no hay cama en el hospital, al abuelo en casa lo va a cuidar mamá.

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Este apartado de género (celebrado como “perspectiva de género transversal” por algunos medios) en sí mismo también presenta muchos problemas. Mientras que los objetivos de una economía feminista transformadora son todo lo amplio que se mencionó en los párrafos de arriba, para el FMI el objetivo de una agenda de equidad de género es “aumentar la participación laboral femenina”. Este simplismo sólo lleva a la doble jornada.

 

- Gracias a ustedes, las feministas, ahora además de cuidar estamos todas forzadas a trabajar. Estoy más cansada que nunca-, me dijo una vez una amiga. 

 

Aumentar la participación laboral femenina sin distribuir ni remunerar o valorizar el cuidado no es un objetivo muy feminista. El objetivo es que exista, sin techos ni paredes de cristal, la posibilidad de elegir cuidar o trabajar y no estar en más o en menos riesgo social por tal elección.

 

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Luego son igual de problemáticos los mecanismos que el FMI propone para aumentar esa participación laboral femenina. Se presenta la diferencia en la participación laboral como un problema de “impuestos distorsivos”. Algo así como que, dado que en el impuesto a las ganancias se pude pagar menos si tu cónyuge no trabaja, las mujeres estarían decidiendo masivamente no trabajar para que sus parejas paguen menos impuestos. ¿Alguien escuchó alguna vez un caso así? Yo no. La inclusión de este punto suena a una problemática importada desde otro país, evidentemente uno con mayor formalidad en el empleo e impuestos personales más progresivos e incisivos.

 

Sí he escuchado a miles de mujeres decir que dejan de trabajar o trabajan menos porque no tienen con quién dejar a lxs peques o porque la cuenta entre el sueldo que reciben y lo que tiene que invertir cuidado les muestra que es mejor quedarse. En el acuerdo, el gobierno se compromete a “continuar” con la construcción de espacios de primera infancia, pero no se sabe cuál es la construcción que se continuaría si sus propios aliados señalan que de las 3000 salas a las que se comprometió sólo terminó 14.

 

En Argentina, la brecha en la participación laboral se incrementa en el momento de la maternidad. Los empleadores asocian a las mujeres con un mayor costo de licencia y ausencias en general por cuidar. Y aunque entre las condiciones del FMI se asevera la exigencia de equipar las licencias, el proyecto de equidad salarial que el Ejecutivo presentó dista de equiparar las responsabilidades en el cuidado y evita tener cualquier debate más profundo al respecto.

 

La frutilla de este postre de contradicciones la da el hecho de que el acuerdo se compromete a reducir el empleo en el sector público, y reduce el empleo público: allí donde la participación femenina está mucho más equilibrada (53% de mujeres en el sector público versus sólo 32% en el sector privado).

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Ni el memorándum que el gobierno presentó al FMI ni el reporte del staff que el organismo devolvió con sus recomendaciones incluyen entre sus proyecciones macroeconómicas algún número que refleje cómo quedará la pobreza o la desigualdad después de aplicar el programa que se acuerda. No se le animan.

 

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El FMI sí incluyó una proyección del desempleo. Afirma que en los próximos 6 años la tasa de desempleo rondará en promedio el 8.3%, un punto y medio más arriba que el promedio de los últimos años kirchneristas, donde según la gestión actual el principal problema era que no se generaba el suficiente empleo. Paradójicamente, semejante programa macroeconómico que se aplicará para “crear empleo” lo va a dejar por encima del valor que ellos* mismos criticaban. 

 

Aun así, en el contexto que se plantea, ¿es esta cifra de desempleo una cifra posible? Una de las principales propuestas del acuerdo para reducir el déficit fiscal es recortar el empleo público, es decir, aumentar el desempleo. Pero, además, la realidad muestra que la estrategia elegida para bajar la inflación y reducir el déficit externo se basa pura y exclusivamente en disminuir el poder de compra de las clases populares. Con una devaluación sin políticas de desacople, redujeron su capacidad de compra en general y en particular su capacidad de compra internacional, evadiendo así su habitual presión sobre las importaciones y la demanda de dólares. Si a eso se le suma la política de paritarias a la baja y el aumento de tarifas, está claro también que se elige “disminuir la inflación” a través de deprimir la demanda de consumo interna. En este escenario, ¿quién decidiría contratar nuevos empleadxs para producir?

 

El programa del acuerdo no puede reducir la desigualdad ni el desempleo porque justamente se basa en incrementarlos como único medio para calmar la brecha externa y apaciguar la inflación. No hay ninguna otra medida a lo largo y ancho de los documentos que promueva un cambio en la estructura productiva y/o de precios.

 

Habiendo autolimitado al Estado, el FMI reconoce que el funcionamiento de la economía y la creación de empleos van a depender de “la confianza de los inversores privados en el país”. En la reunión del G20 de este fin de semana se volvió a hablar de la flexibilización laboral como una forma de “dar esa confianza”. En síntesis: para los próximos años no se puede confiar en que el empleo vaya a ser la principal política social.

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El capítulo del acuerdo sobre “los más vulnerables” es una vuelta a la política social focalizada. Es una vuelta muy solapada y suavizada. No puede ser de otra forma ya que las políticas de transferencias condicionadas -PTC- de corte universalista que se aplicaron en el último tiempo (como la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y el Progresar) fueron demasiado exitosas como para exigir un vuelco de 180 grados en poco tiempo. La OIT estaba hasta hace muy poco tiempo recomendándolas al resto de los países, justamente basándose en la experiencia latinoamericana. Sin embargo, la línea fina de la redacción del acuerdo da indicios para hacer sonar las alertas.

 

Primero, lo evidente. Si dijimos que la estrategia macroeconómica consiste lisa y llanamente en el ajuste social, entonces la importancia que les otorguen a los más vulnerables jamás contrarrestará ese ajuste inicial. Aquí hay un cambio muy importante, ya que estas políticas sociales fueron concebidas originalmente como políticas económicas: además de acercar derechos traccionaban la economía de los barrios y se daban en un contexto de mejoras en el mercado de trabajo. Ahora se presentan como lo opuesto, como un bálsamo.

 

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El documento vuelve a traer algunas palabras que no son gratis ni gratas para el debate de políticas sociales. Se habla de mejorar la selección de los programas a través de estrategias “mean-tested”, es decir que aquellxs que quieran recibirlos realmente prueben que son pobres. Si bien las políticas sociales antes mencionadas tuvieron siempre cortes de ingreso, no había en ellas una búsqueda exhaustiva para que quienes accedan sean efectivamente pobres (de hecho, lo cortes de ingreso solo operaban sobre los ingresos formales). La evidencia empírica ha demostrado que el “probar ser pobre” no sólo es estigmatizante, sino que crea incentivos negativos (a falsear situaciones sociales que no lo son) y puede terminar siendo aún más costoso para el Estado que una política universal, si se considera el despliegue que debe realizar para comprobar tales situaciones.

 

Pero además trae a colación un debate histórico, socialmente peligroso, que es tan viejo como el capitalismo: ¿quién merece y quién no la política social? En ese discurso, lxs niñxs han ganado la batalla (por eso se los menciona en el documento como únicos beneficiarios legítimos). Pero ¿qué hay de quienes son las principales responsables de cuidar por ellxs? La lógica productivista aplicada a las políticas sociales también peligra a las mujeres.

 

Aunque los puntos señalados parezcan menores, van construyendo lentamente un cambio que, acompañado del discurso meritócrata y continuado por el “propinas y changas”, puede echarnos atrás en las conquistas que se habían dado en tales debates.

 

Para muestra basta examinar la lógica de los anuncios “sociales” bonaerenses de la semana pasada. Mientras que uno de los principales cambios que se había registrado con la Asignación Universal por Hijo era la vuelta a comer en casa, ahora los comedores vuelven a ser sujetos urgentes de ayuda y la ayuda… es en especie, restringida a la compra de alimentos y bienes de primera necesidad. Pasamos así del Estado de “derechos”, que necesita de un modelo productivo y distributivo diversificado, a un Estado de “beneficencia y caridad” más acorde a la desigualdad que promueve y necesita este modelo económico por el que erróneamente la Argentina vuelve a apostar. 

 

*El uso de la o en esta palabra es para evidencia que este programa económico fue decidido por una mayoría de varones.

 

 

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