Al atardecer del lunes 26 de octubre, los vecinos de Anillaco vieron algo que no habían visto nunca: un grupo de soldados con uniformes camuflados y armas de guerra irrumpieron en el pueblo, se parapetaron en las esquinas de las casas y entre las coberturas de vegetación; al mismo tiempo, un helicóptero sobrevoló la zona urbana a muy baja altura para aterrizar entre ráfagas de viento y el estruendo rítmico de los rotores. Los vecinos miraron desorientados el simulacro de ataque y toma de posiciones tácticas del que nadie había dado aviso. Algunos registraron la escena con sus celulares y postearon videos que circularon en redes sociales durante la semana pasada, que luego fueron recogidos por medios locales pero que poco ruido hicieron en los medios nacionales. Eso fue lo que se vio del ejercicio militar Pegaso 6. Casi nadie vio todo lo demás. Durante siete días, entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, cientos de uniformados de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba desarrollaron operaciones activas en un régimen continuo de veinticuatro horas, abarcando distintas fases de infiltración, marchas tácticas, lanzamientos de paracaidistas y maniobras de simulación de combate en sectores de montaña y en zonas pobladas del norte riojano y el sur de Catamarca. Estuvieron apoyados por logística aérea y terrestre que comprendió un avión C-130 Hércules, helicópteros, y convoyes de vehículos de transporte y exploración terrestre.
Los ejercicios a campo abierto y lejos de zonas pobladas no generaron impacto público, pero sí abrieron un nuevo frente de conflicto entre el gobierno nacional y la provincia de La Rioja a causa de esta “fase urbana” de entrenamiento castrense.
¿Qué significan estos ejercicios militares y sorpresivos en zonas pobladas? ¿Qué están planeando las Fuerzas Armadas que comanda Javier Milei? ¿Cómo se enmarcan estos movimientos en los intentos de reformar la Ley de Seguridad Interior y las resignificaciones que el gobierno busca imponer en torno a la elusiva figura jurídica del terrorismo, sus formas y alcances?
Existen dos versiones de lo que ocurrió por estas horas.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Ángel Zárate, informó que el Ejército mandó notas genéricas a áreas del gobierno, a los municipios y a la Policía, avisando que iba a haber entrenamiento en la zona. Pero esas notas no precisaban dónde ni qué tipo de actividad iban a desarrollar. Mucho menos advertían que habría maniobras en zonas urbanas, dentro de barrios habitados. Zárate habló de “un exceso” (desafortunada calificación que rememora la caracterización en grados de intensidad de la represión ilegal durante la dictadura). Dijo que la práctica no tuvo autorización provincial para hacerse de esa manera y anunció que iban a elevar una queja formal. También avisó que en el futuro la Provincia va a exigir información precisa y su aval para llevar a cabo ejercicios militares semejantes en su jurisdicción.
Un vocero de las fuerzas armadas oscureció más tratando de aclarar el tema en los medios de comunicación provinciales. El sargento Guillermo Álvarez, de Prensa del III Cuerpo, dijo que el ejercicio era parte de la planificación anual del Comando Conjunto, y los pedidos de autorización se habrían enviado en noviembre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Seguridad provincial. Lo describió como un simulacro de combate urbano ante una hipotética invasión enemiga, con el objetivo de recuperar la localidad protegiendo a la población civil.
Esa información oficial indica que la respuesta de los vecinos “fue positiva” y que el año próximo habrá más ejercicios de este tipo en La Rioja. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, dijo que los ejercicios fueron “formas veladas de amedrentamiento”.
Las dos versiones —la del gobierno provincial y la de las fuerzas armadas— reconocen que hubo aviso. Un comunicado oficial al que tuvo acceso Anfibia lo confirma. El 28 de septiembre, el comandante de la IV Brigada Aerotransportada, coronel Juan Carlos Cordini, le envió una nota al gobernador Ricardo Quintela con el cronograma de Pegaso 6. Anillaco figura mencionado allí varias veces: ejercicios el domingo y el lunes, un aerodesembarco en el aeródromo, una mesa de incorporación de soldados voluntarios y un desfile de despedida. Lo que la nota no dice es qué se iba a hacer. No hay una palabra sobre combate en zonas habitadas, ni sobre tropas armadas entre las casas, ni sobre la hipótesis de “invasión enemiga” que otro vocero esgrimió después. El objeto declarado de la nota fue “informar”, no solicitar. Un aviso que cumple con la forma pero recae en la opacidad por diseño.
El gobierno provincial puede haber recibido esa nota y no haberle dado relevancia. Para intendentes y gobernadores, la presencia del Ejército y sus maniobras implican consumo, comercio; poco importa si fuera para entrenamiento contrainsurgente o para liberar al mundo del hambre. La diferencia está en el detalle: qué se informó, cuándo, con qué precisión y si “avisar” equivale a “obtener autorización”. Una conversación implicaría que a uno que habla le interese si del otro lado hay una escucha atenta. En todo caso, desde el punto de vista institucional, no se trata de una mera cuestión de formas y de cortesía, sino de asegurarse de que vecinos y, sobre todo, las autoridades políticas y los funcionarios judiciales locales están o no informados de que habrá maniobras militares en su jurisdicción.
La separación entre defensa y seguridad
La Argentina construyó una distinción jurídica tajante entre defensa nacional y seguridad interior. La Ley de Defensa (1988) asigna a las Fuerzas Armadas las agresiones de origen externo. La Ley de Seguridad Interior (1992) deja el orden interno a las policías y fuerzas federales. Estos son los pilares de la arquitectura jurídica en las que deben operar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Dentro del país pueden —y pasa a ser su obligación eventualmente— aportar apoyo logístico a pedido de un Comité de Crisis o, en casos extremos, como el estado de sitio. Varios países de la región y de Europa tienen arreglos parecidos, aunque los andinos son un caso aparte de continuum entre una esfera y la otra por su experiencia con insurgencias y narcotráfico.
El ejercicio de La Rioja no parece ser ilegal. La doctrina argentina sí contempla prepararse para combatir a una fuerza extranjera dentro del territorio nacional, y la versión oficial (recuperar una localidad ocupada por un invasor) encaja en esa lógica. Por lo poco que muestran los videos filtrados, se trató sobre todo de entrenamiento de desplazamiento táctico en espacio público.
El problema es que la frontera entre un uso y otro es ambigua. En la práctica, las técnicas de combate urbano en una localidad habitada (patrullar calles, controlar a la población, distinguir combatientes de civiles) se parecen mucho a las de los manuales de contrainsurgencia urbana. La diferencia entre “recuperar un pueblo ocupado por un ejército extranjero” y “operar en un pueblo contra un enemigo interno” está en la hipótesis declarada, no en lo que hacen los soldados en la calle. Por eso importa si las hipótesis que organizan el ejercicio son públicas y quién las formula.
Este episodio ocurre además en un contexto específico, que hay que saber leer. El Poder Ejecutivo presentó en agosto de 2024 un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, que aún no logró aprobar, pero con el que insiste. En diciembre de 2024 modificó el decreto reglamentario de la Ley de Defensa y amplió potencialmente el margen de acción de las Fuerzas Armadas en competencia con las facultades de los auxiliares de justicia. La ampliación del rol militar interno es una agenda explícita del gobierno nacional, y avanza más por decreto que por ley.
De todas formas, estas grandilocuencias punitivistas siguen siendo refugio de narrativas más emparentadas a la vieja propaganda que a reestructuraciones orgánicas y jurídicas radicales.
Por eso toda interpretación del cortocircuito riojano debe ser parte de un análisis realista: las FF.AA. no tienen medios, no cobran viáticos, tienen sueldos de miseria, y los militares están haciendo Uber para llegar a fin de mes. Cuidado con caer en la trampa en la que adora caer el progresismo: la de tomar al relato provocador de las fuerzas reaccionarias como si en efecto describiera transformaciones y capacidades reales de intervención del instrumento militar.
Si el gobierno quisiera forzar los límites de la Constitución Nacional y las leyes, podría hacerlo, como lo hace en la sensible área de Inteligencia o con las fuerzas de seguridad y policiales federales. Pero para ello necesita contar con la connivencia de funcionarios militares; y aquí no parece ser el caso, incluso a pesar de las sobreactuaciones infantiles que protagoniza el ministro de Defensa, Carlos Presti. Los militares aprendieron, más que los policías, que tarde o temprano serán chivos expiatorios de los mismos que los mandan al frente. Y que, en general, los que terminan presos por entusiasmarse en procedimientos reñidos con la legalidad, son ellos mismos, no sus mandantes.
Una hipótesis de lectura sobre Pegaso 6
Lo que sigue son cinco conjeturas. No hay información pública hasta ahora que permita confirmar ninguna, y conviene leerlas así.
1. ¿Descuido o búsqueda de impacto? Si hubo un objetivo deliberado en la producción de escándalo, el ejercicio militar pudo haber incluido medir el efecto sorpresa: cómo reacciona una población, o un sistema político doméstico, ante un despliegue sin aviso. En caso de no haber sido una maniobra deliberada, el episodio revelaría una planificación que no consideró el impacto potencial sobre los civiles. En cualquiera de los dos escenarios, lo que queda expuesto es la aplicación de doctrinas de empleo que no fueron hechas públicas.
2. Un mensaje trasandino. La provincia de La Rioja limita con Chile. Un ejercicio de “recuperación de localidad ante invasión” puede leerse en clave de disuasión regional, en perspectiva de los roces recientes por el apoyo logístico chileno a Malvinas y los entredichos por el canal de Magallanes. También podría ser un recurso de amedrentamiento a potenciales agentes chilenos en la población. Espías de esos que no existen pero que los hay, los hay. Aunque Anillaco esté a unos 200 km en línea recta de la frontera, con el cordón del Famatina en medio. Si hubo intención de enviar una señal, operó más en el plano simbólico que en el geográfico. Y si no la hubo, igual existe el riesgo de que se lea así del otro lado de la cordillera. Hasta aquí, los principales medios chilenos no parecen haberle dado mayor importancia.
3. Ensayar apoyo a la seguridad interior. Si el objetivo era medir reacciones, el ejercicio podría encajar en la doctrina legal que da por posible la intervención militar en entornos urbanos internos, como apoyo a las fuerzas de seguridad. Lo llamativo es que las fuerzas de seguridad no participaron de Pegaso 6. Eso deja abierta tanto una lectura de que se trató de un ejercicio puramente militar mal comunicado, al no tener más información para asegurar o descartar completamente la otra hipótesis más inquietante: una intencionalidad no declarada.
4. Una señal hacia el gobierno riojano. La relación del gobierno provincial con el gobierno central es abiertamente conflictiva. Además, Anillaco tiene una carga simbólica: es el pueblo natal de Carlos Menem. Un despliegue armado sin coordinación con la provincia puede leerse como una amenaza velada. Es la hipótesis más especulativa y la más difícil de sostener sin evidencia. Pero el desaire institucional existe más allá de la intención.
5. La normalización de la zona gris. Esta es quizás la lectura más sólida, porque no depende de adivinar intenciones. Cada episodio de este tipo que pasa sin consecuencias —y evidencia de cómo usa la fuerza y el poder punitivo del Estado un gobierno orgullosamente reaccionario— amplía un poco la frontera de lo aceptable. Ese es el sello de Patricia Bullrich, su escuela y su proyección. En tiempos de paz las FF.AA. se tienen que entrenar para la guerra. Pero lo que antes estaba claramente fuera del marco jurídico pasa a un espacio ambiguo y, con el tiempo, se vuelve tolerable para la opinión pública. El dato del vocero sobre la respuesta “sumamente positiva” de los vecinos y el anuncio de más ejercicios apuntan en esa dirección. Lo que se desgasta potencialmente en ese proceso no son solo derechos ciudadanos. También se erosiona la lógica republicana: el control civil y federal sobre el instrumento militar, y el principio de que su empleo se decide por ley y con información pública, no por hechos consumados.
El pasado reciente y el futuro inmediato
Hay un antecedente que puede ligarse a este episodio y ocurrió en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri y la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, supervisaron in situ el avance y despliegue de quinientos soldados argentinos hacia la frontera con Bolivia en un operativo que fue presentado formalmente como un refuerzo para la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. El despliegue se ejecutó apenas tres semanas después de que el gobierno aprobara tres decretos clave de la reforma militar: el Decreto 683/2018, que modificó la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas ante amenazas no estatales (como el terrorismo o narcotráfico internacional),; el Decreto 684/2018, que adecuó las estructuras del Estado Mayor Conjunto y el esquema operativo para desplegar tropas en la vigilancia fronteriza (Operación Integración Norte); y el Decreto 703/2018, que aprobó una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) que redefinía la actuación militar, incorporando el patrullaje del del ciberespacio.
En 2018, la Asamblea Popular de la Puna denunció que esa militarización de la región respondía a un acuerdo de cooperación firmado en 2016 con la Guardia Nacional de Georgia (parte del Ejército de los Estados Unidos) para desplegar presencia armada y control diplomático en zonas ricas en recursos naturales clave como el litio.
Dos años después, el presidente Alberto Fernández anuló por decreto la reforma militar de Macri y restableció la doctrina del Decreto 727 firmado en 2006 por Néstor Kirchner, volviendo a restringir la actuación de las Fuerzas Armadas de forma estricta ante agresiones extranjeras. Como si fuera un partido de tenis que se juega en silencio, a fines de diciembre de 2024, Javier Milei volvió a derogar el decreto reglamentario reinstaurado en 2020 y firmó una nueva normativa, que abrió la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen ante agresiones no estatales y asuman la protección de infraestructuras y objetivos de valor estratégico en el país.
Milei no se limitó a firmar decretos y tambíen habilitó ejercicios militares que generaron preguntas y polémicas, como la Operación Daga Atlántica, que se realizó entre abril y junio de este año en el Atlántico Sur, con 400 efectivos del Estado Mayor Conjunto y componentes del Comando Sur de Estados Unidos.
En julio, el canciller argentino Pablo Quirno tuvo una participación protagónica en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, que encabezó el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington. La cumbre reunió a representantes de más de 60 países para coordinar acciones globales frente a las amenazas como el terrorismo de extrema izquierda y el islamismo. El encuentro se centró en fortalecer el intercambio transnacional de inteligencia, y la prevención de ataques Quirno fue el único representante extranjero que expuso durante el almuerzo oficial, donde ratificó el alineamiento estratégico del país con la agenda de la administración norteamericana y el compromiso en la cooperación de inteligencia y seguridad. La cumbre tendrá un segundo capítulo este mes en Alemania.
El ejercicio Pegaso 6 en la zona poblada de Anillaco no puede leerse como un acontecimiento aislado, sino en el hilo de las reformas militares que impulsan los gobiernos de derecha desde tiempos de Macri y donde las relaciones internacionales marcan una agenda política y militar clara, que va corriendo los límites de lo pensable y de lo posible.