—Hagamos que sea el Estado 51. Y, en lugar de un presidente, elegiremos un gobernador.
Donald Trump pronunció esas palabras anoche, en el puerto de Corpus Christi, Texas. A sus espaldas, un petrolero cargado con un millón de barriles de crudo venezolano estaba amarrado al muelle. A su lado, sobre el escenario, Marco Rubio. Delante, un mitin de campaña republicano, a seis días de las elecciones de medio término.
Desde fines de 2024 Trump le había asignado ese mismo número a Canadá, y en febrero, había hecho otro reparto: Canadá, el 51; Groenlandia, el 52; Venezuela, el 53. Desde el secuestro de Nicolás Maduro en enero de este año, Venezuela —el ahora denominado Estado 51— vive bajo un neoprotectorado, y eso le quita al asunto el tono de broma y lo vuelve, sencillamente, posible y concreto también en otras latitudes del llamado “patio trasero”. Ahora, se trataría, lisa y llanamente, de una presumible anexión; tal como efectivamente lo hizo el presidente William McKinley—admirado por Trump—en 1898 con Hawái. En ese mapa, Argentina —¿ahora el Estado 52?— merece especial atención.
Mientras ocurría ese mitín, un avión de matrícula argentina llevaba más de un día esperando en la pista de Puerto Iguazú. Había llegado el lunes por la noche desde Aeroparque, con los trámites de migraciones y aduana ya solicitados, a nombre de una empresa, Baires Fly, que —según la reconstrucción periodísitca de Clarín— habría sido contratada por empresas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El martes a las 22.50, por el puente Tancredo Neves que une Foz do Iguaçu con Misiones, ingresó al país Flávio Bolsonaro, senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro—recientemente derrotado por Lula Da Silva en el balotaje por más de cuatro millones de votos—investigado en dos causas de lavado de dinero y con los pasaportes brasileños cancelados por orden del ministro Alexandre de Moraes, junto con su esposa y sus dos hijas, escoltado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Esa misma noche, Santiago Caputo, con autonomía en el manejo de la inteligencia argentina —la SIDE— pese a no ocupar ningún cargo público, viajó a Puerto Iguazú para dejar en claro que el gobierno de Milei estaba detrás del operativo. A su vez, otros dos organismos argentinos estuvieron involucrados: la Cancillería y el Ministerio de Seguridad. En la madrugada del miércoles, el avión despegó rumbo a Guayaquil, con Miami, Estados Unidos como destino final. Allí fue recibido como asilado político. Esta tarde, en un extenso comunicado, se autoproclamó esta tarde como “el verdadero Presidente electo de Brasil” y le agradeció a Javier Milei por “su coraje, sentido de la justicia y la legalidad”.
Esta secuencia confirma lo que anticipamos en un artículo anterior: que, pasadas las elecciones, el “complejo intervencionista” de Estados Unidos iba a continuar su avanzada; en este caso, tras el triunfo de Lula Da Silva, para deslegitimar a Brasil y al gobierno por múltiples canales, en el marco de una red transnacional reaccionaria que opera como una verdadera mafia global. En ella convergen operadores logísticos y armadores ideológicos, con un papel destacado del Departamento de Estado, pero también de una trama de proxys afines, como los que trabajan desde la Argentina. Por otro lado, mientras la red busca instalar la narrativa de fraude y persecución política, la propia fuga constituye un síntoma más de la subdelegación de la política exterior argentina: la cesión de decisiones y responsabilidades externas, ya ni siquiera directamente a Washington, sino a una red transnacional de poder.
Argentina y Brasil: uno de los más graves episodio de la historia bilateral
La fuga de Flávio Bolsonaro, con participación clave del gobierno argentino, debe inscribirse en una secuencia de acontecimientos recientes que vienen deteriorando la relación bilateral. La tensión comenzó antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada, cuando durante la campaña de 2023 calificó a Lula de “corrupto” y “comunista”, y continuó durante su presidencia. En 2024, Lula reclamó públicamente una disculpa y, tras el viaje de Milei a un encuentro de la ultraderecha en Brasil, llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.
En julio de este año, el conflicto escaló: después de que Milei insultara a Lula y al juez Alexandre de Moraes durante un acto en São Paulo en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, Itamaraty convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, y volvió a llamar a consultas a Julio Bitelli. Días después, Brasil decidió no restituir a su embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática al nivel de encargados de negocios. En octubre, el gobierno brasileño volvió a cuestionar las declaraciones de Milei, esta vez por insinuar fraude electoral e intervenir en el debate político brasileño. El contraste entre la postura agresiva de Milei y la posición brasileña resulta significativo: pese a las tensiones, en agosto de 2024 Brasil había aceptado hacerse cargo de la embajada argentina en Caracas, después de que el gobierno de Nicolás Maduro expulsara al personal diplomático argentino. Aquel gesto de cooperación es la antitesis de este papel que se atribuyó ahora la Argentina en una operación para facilitar la fuga de un dirigente brasileño con causas penales a pedido de Estados Unidos.
Estamos, creemos, ante el episodio más grave de la historia bilateral entre Argentina y Brasil: un auténtico casus belli diplomático de carácter injerencista. Aún se investiga cómo fue el trayecto que llevó a Flávio Bolsonaro desde Brasilia hasta Foz do Iguaçu en territorio brasileño. Sin embargo, el corazón del asunto es que una operación de esta naturaleza no habría sido posible sin la colaboración argentina y sin el trabajo de Marco Rubio y de la red transnacional reaccionaria, es decir: del “complejo intervencionista” en acción.
¿Por qué sostenemos que estamos ante un hecho de extrema gravedad? Sin duda, hubo otros momentos críticos en los que la rivalidad bilateral amenazó con deteriorar la relación estratégica entre ambos países: disputas geopolíticas, competencia por el liderazgo regional, conflictos por el aprovechamiento de los ríos compartidos y desconfianza en torno a los programas nucleares. Estas tensiones alcanzaron particular intensidad durante las dictaduras militares en ambos países. Sin embargo, en todos esos casos, las crisis pudieron encauzarse mediante negociaciones y el diálogo entre las más altas esferas políticas. Consideramos que lo que distingue es este episodio es que no se trata solo de una disputa entre gobiernos, sino del presunto aval de operaciones injerencistas desde territorio argentino que comprometen los intereses y la soberanía de Brasil, nuestro socio principal del MERCOSUR.
Argentina y Brasil: La salida de la oscuridad
Tal como documentan Rodrigo Mallea, Matias Spektor y Nicholas J. Wheeler en Los orígenes de la cooperación nuclear: una historia oral crítica entre Argentina y Brasil, durante las décadas de 1960 y 1970, Argentina y Brasil mantuvieron una rivalidad estratégica que se expresaba tanto en la competencia por el liderazgo sudamericano como en sus diferencias sobre el aprovechamiento de los ríos internacionales. La disputa por la construcción de la represa de Itaipú, impulsada por Brasil junto con Paraguay sobre el río Paraná, fue el punto más álgido de la rivalidad geopolítica entre ambos países durante la segunda mitad del siglo XX. Argentina cuestionaba que Brasil avanzara con una obra de semejante magnitud, situada a pocos kilómetros de su frontera, sin establecer previamente un mecanismo de consulta sobre el uso de las aguas internacionales.
La controversia se convirtió en una prolongada batalla jurídica y diplomática, que enfrentó a las cancillerías y a sectores militares de ambos países, y que dificultó durante años cualquier acercamiento en materia nuclear. El desacuerdo también se vinculaba con el proyecto argentino de Corpus, cuya compatibilidad con Itaipú exigía resolver las cotas de las respectivas represas. No obstante, la crisis se superó en 1979 con el Acuerdo Tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay: Buenos Aires aceptó la construcción de Itaipú y Brasil reconoció la legitimidad de las consultas previas argentinas.
En 1974, la explosión nuclear de la India y el acuerdo firmado al año siguiente entre Brasil y Alemania Occidental —que contemplaba la construcción de centrales y la transferencia de tecnología nuclear— intensificaron las inquietudes argentinas. Buenos Aires temía que Brasil obtuviera una ventaja tecnológica estratégica, mientras que Brasil observaba con recelo las capacidades nucleares argentinas. Los dos países buscaban desarrollar tecnologías sensibles, como el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible, en parte fuera de las salvaguardias internacionales, y mantenían bajo secreto sectores de sus programas. La presión estadounidense para restringir el acceso a tecnologías y materiales nucleares reforzó la percepción de que ambos estaban sometidos a un régimen internacional discriminatorio. Aunque hubo intentos de alcanzar acuerdos de cooperación desde 1967, las sospechas y las diferencias políticas frustraron varias iniciativas. No obstante, la solución de la disputa por Itaipú permitió finalmente firmar los primeros acuerdos bilaterales de cooperación nuclear en mayo de 1980.
Hasta aquí, Argentina es el único país de la región que no reconoció el triunfo de Lula. La consumación aún más dañina de la agresión sería que Milei terminara reconociendo a un gobierno paralelo instalado en Estados Unidos.
La guerra de Malvinas en 1982 también constituyó una coyuntura delicada para la relación bilateral. Cuando se inició el conflicto entre Argentina y el Reino Unido, la retórica belicista del dictador Leopoldo F. Galtieri despertó inquietud en sectores de la opinión pública brasileña. Existía en Brasil una corriente influyente hostil a la Argentina, que evocaba, entre otros antecedentes, el hundimiento de submarinos brasileños durante la Segunda Guerra Mundial en manos de submarinos alemanes. En aquellos tiempos, el diario O Globo llegó a sugerir que estos submarinos alemanes habían sido abastecidos en Buenos Aires. No obstante, Brasil terminó asumiendo un papel diplomático favorable a Buenos Aires: tras la ruptura de relaciones entre Argentina y el Reino Unido, representó los intereses argentinos en Londres.
En todos los episodios mencionados, la relación bilateral pudo reencauzarse, pese a la desconfianza mutua y al carácter autoritario y oscuro de los regímenes de la época. Sin embargo, hubo un episodio de mayor envergadura que incluso pudo haber abierto la puerta a una escalada bélica. El 18 de noviembre de 1983, la dictadura argentina anunció que había alcanzado el dominio de la tecnología de enriquecimiento de uranio mediante difusión gaseosa en la planta de Pilcaniyeu. La noticia tomó por sorpresa a Brasil, cuyos responsables nucleares desconocían los avances argentinos en esa tecnología, desarrollada en secreto incluso para buena parte de los propios funcionarios del país. El anuncio reavivó las dudas sobre las capacidades nucleares del vecino y amenazó con alimentar una carrera armamentista que podía conducir a ambos países hacia la fabricación de armas nucleares, en una dinámica comparable, aunque no idéntica, a la que ya enfrentaban India y Pakistán.
Sin embargo, la reacción brasileña fue cautelosa: sus diplomáticos evaluaron las capacidades reales de la instalación y concluyeron que difícilmente pudiera producir uranio enriquecido a gran escala. Tras asumir la presidencia en diciembre de ese año, Raúl Alfonsín impulsó un giro hacia la transparencia y la confianza mutua, invitando luego a su par brasileño, José Sarney, a conocer las instalaciones y proponiendo intercambios periódicos de información sobre las actividades nucleares argentinas.
¿Normalizar la perforación de soberanía?
Fue la democracia la que comenzó a desactivar las rivalidades heredadas y abrió el camino hacia una cultura de la amistad entre ambos países.. El acercamiento entre Raúl Alfonsín y José Sarney, en 1985, no eliminó de inmediato la desconfianza. El antecedente de Pilcaniyeu hacía especialmente sensibles los avances tecnológicos que un país no comunicaba previamente al otro, pero también mostraba la necesidad de cooperar y transparentar la relación para salir de la lógica de las sospechas mutuas. La importancia de aquel giro radicó en que la cooperación dejó de depender de contactos técnicos y diplomáticos dispersos y pasó a contar con el respaldo político de las más altas esferas de ambos gobiernos.
En los años siguientes, la confianza comenzó a institucionalizarse y cedió paso a un sistema de cooperación y control recíproco. Bajo las presidencias de Carlos Menem y Fernando Collor, Argentina y Brasil avanzaron hacia la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), establecida en 1991. Mediante inspecciones mutuas, el organismo buscó verificar que los materiales y las instalaciones nucleares se destinaran a fines pacíficos, reduciendo la dependencia de las declaraciones unilaterales sobre las intenciones de cada país. La ABACC simbolizó así una transformación histórica: una relación antes atravesada por la competencia y el secreto pasó a apoyarse en la verificación mutua, la coordinación política y la confianza institucionalizada.
Todo esto ocurrió incluso durante los años noventa, cuando la política exterior argentina se caracterizaba por un estrecho alineamiento con Estados Unidos. Ni siquiera entonces la relación con Brasil quedó subordinada por completo a todos los designios de una potencia externa: prevalecieron la cooperación y la construcción de confianza en el MERCOSUR, pese a las presiones externas que podían alimentar la división. Ese es el contraste que hace tan inquietante este episodio de la fuga. Mientras Argentina y Brasil necesitaron décadas para transformar la desconfianza en una arquitectura de cooperación, esta nueva operación de la Internacional Reaccionaria y del “complejo intervencionista” desde territorio argentino amenaza con desandar esa trayectoria de un solo golpe.
No se trata de una fricción diplomática más, sino de un hecho que pone en riesgo décadas de construcción política de confianza mutua. Esa confianza es una conquista política de ambas sociedades, la argentina y la brasileña. Precisamente por eso, no debemos normalizar lo que ocurre ni minimizar su gravedad: lo que se está perforando es la soberanía, el terreno mismo sobre el que se asienta la democracia. Hasta aquí, Argentina es el único país de la región que no reconoció el triunfo de Lula. La consumación aún más dañina de la agresión sería que Milei terminara reconociendo a un gobierno paralelo instalado en Estados Unidos. Si se llegase a reconocer al gobierno auto-proclamado de Bolsonaro —como un segundo Juan Guaidó sudamericano—sería lanzar una bomba nuclear a la relación bilateral.
Mientras tanto, los partidarios de La Libertad Avanza pueden festejar lo ocurrido como el nuevo acto de un gobierno que mira sólo a Estados Unidos como su sostén y su forma dependiente de inserción internacional. Sería inadmisible que el abanico de partidos democráticos de la Argentina se torne impávido frente a la gravedad de lo ocurrido. Más aún, el silencio del progresismo nacional bien puede ser leído en Brasil como el comienzo del abandono de una cultura de la amistad que se construyó por más de cuatro décadas. Lo que sucedió es una afrenta contra un país próximo y potente. Quizás acá se viva, como usualmente ha ocurrido en los últimos tres años, como una extravagancia más del mileísmo; en el país vecino será interpretado como la prepotencia de una élite que perdió su brújula en los asuntos regionales, continentales y mundiales.