Génesis
La expectativa es alta. Es 1996 y Gabriel García Márquez está por publicar el que será su último gran libro, Noticia de un secuestro. La editorial argentina piensa una tirada alta, acorde con su fama y éxito. Las librerías se aseguran los ejemplares necesarios para que ningún lector se quede sin el suyo. Los bestsellers son un bien escaso, sobre todo los que se sabe de antemano que lo serán, y para estos negocios de escaso margen resultan esenciales: esos superventas les permiten poner a disposición de sus lectores —los habituales, los ocasionales y los que aún no saben que lo serán pero encontrarán en ese mundo su camino a la lectura— una oferta amplia y diversa de libros de menor rotación.
Pero las librerías no son las únicas interesadas en el autor colombiano. Una gran cadena de supermercados también lo mira con interés. Ese libro puede atraer clientes, hacer que permanezcan más tiempo en el local, que compren fideos, mayonesa o papel higiénico. Para ellos, el libro no es muy distinto de esos productos: un bien comercial más. O, en realidad, no: saben que es algo más, y que por eso les sirve para vender otras cosas. Como las librerías, se garantizan una buena provisión de ejemplares, pero a una escala muy superior. Y ofrecerlo no basta: el señuelo es el precio, un 40 por ciento por debajo del sugerido por el sello. El supermercado está dispuesto a no ganar con la unidad libro, incluso a perder. Su negocio está en los quesos y las gaseosas.
Con premura, las librerías le piden a la editorial que frene la situación. Esta, priorizando a las librerías —las que ofrecen todo su catálogo, el título que vende mucho y el que vende poco—, le solicita al supermercado que no avance con el descuento o que devuelva los ejemplares. La cadena no hace ni una cosa ni la otra.
El supermercado está dispuesto a no ganar con la unidad libro, incluso a perder. Su negocio está en los quesos y las gaseosas.
Esta historia arranca ahí, cuando el sector librero entiende la necesidad de un trabajo político para sobrevivir a los jugadores externos que se sirven del libro para obtener grandes beneficios y, en el camino, destruyen el tejido librero, con todo lo que eso significa para la ampliación de la cultura, la formación de lectores, la circulación de nuevos autores y la venta de libros de rotación lenta. Tras un primer intento frustrado, en 2001 se sanciona la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que se promulga a inicios de 2002, en medio de la entrada y salida de presidentes de la Casa Rosada. Hoy, veinticinco años después, el gobierno se propone derogarla.
Un bien que no es una mercancía más
El primer caso formal conocido de mantenimiento del precio de reventa de libros surgió en Londres en 1829, cuando una coalición de editores, mayoristas y libreros estableció que los libros nuevos debían venderse al precio fijado por el editor, con descuentos máximos autorizados. No era una ley, sino un acuerdo privado cuya fuerza residía en la amenaza de retirar el suministro a quien vendiera por debajo de esos límites. Sus defensores sostenían que la competencia irrestricta en precios destruiría librerías, reduciría la variedad y favorecería a unos pocos grandes comerciantes. El sistema sobrevivió más de veinte años y es el antecedente más temprano de una idea que reaparecería en numerosos países: el libro, por sus características culturales y económicas, no debía quedar sometido únicamente a la competencia por precio.
Desde entonces se multiplicaron los países que adoptaron alguna variante de la regulación, ya sea por acuerdos validados por las autoridades o por leyes nacionales. Y no se trata de mercados periféricos, sino de países centrales, con fuerte tradición lectora, que valoran y promueven la cultura como parte de su identidad y su economía: Francia, Alemania, España, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur. El alcance de la regulación varía. Puede durar todo el tiempo que el título permanece en catálogo o un máximo de 18, 24 o 36 meses tras la publicación; comprender sólo los libros físicos o también los ebooks; abarcar todos los géneros o algunos. Los descuentos máximos oscilan entre el 5 por ciento y el 15 por ciento, y se habilitan en circunstancias especiales, como las ferias, o para ciertos compradores, como las bibliotecas. Y hay experiencias, como la francesa, que regulan incluso el comercio digital para evitar subsidios encubiertos.
El libro, por sus características culturales y económicas, no debía quedar sometido únicamente a la competencia por precio.
La idea de que el libro no puede reducirse a un bien mercantil más —de que su valor no se agota en su materialidad, sino que es también un vehículo de cultura, de identidad, de educación y de goce, y por lo tanto fundamental para una vida individual y colectiva más rica y plena— adquirió su marco formal más acabado en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Convención de 2005 de la UNESCO. Aunque esos documentos, a los que la Argentina adhirió, no refieren sólo al libro, sino a un conjunto más amplio de bienes y servicios culturales, ofrecen el encuadre que está en la base de las regulaciones de precio único. Porque si el libro es, al mismo tiempo, un bien económico y un bien cultural, tratarlo con la vara exclusiva del precio implica capturar sólo una de sus dimensiones y anular la otra.
Qué dice y hace la ley
La ley establece que quien determina el precio de venta al público es el editor o el importador. Cada título lleva un precio y todos los canales minoristas deben respetarlo, sean plataformas de comercio electrónico, estaciones de servicio, supermercados, cadenas o pequeñas librerías. La ley no anula la competencia, la desplaza del precio al servicio. Aunque todo se resuelva al final en una transacción, los canales difieren mucho en su naturaleza. Mientras el supermercado acota su oferta a unos pocos títulos de venta rápida, y la plataforma orienta las búsquedas con algoritmos que refuerzan lo que ya vende, las librerías, sobre todo las pequeñas y medianas, ofrecen un repertorio mucho más amplio, con más géneros (narrativa e infantiles, pero también ensayo, poesía, novela gráfica, arte), más autores y más editoriales. Al derogar la ley, el gobierno trata a las librerías como meros expendedores de libros, sin considerar su función cultural.
Qué ocurre cuando se liberaliza
Esto nos lleva a uno de los argumentos más caros del gobierno: que la derogación conduciría, gracias a una baja significativa de los precios, a un aumento de las ventas. Las experiencias internacionales demuestran lo contrario. Los países que cuentan con una regulación de esta clase venden considerablemente más que los que no la tienen. En su reciente estudio sobre el precio único en Europa, Rhys J. Williams (2024), de la Universidad de Cambridge, señala que ese incremento ronda el 16 por ciento. ¿Por qué? Porque las librerías, en especial las independientes y las pequeñas, hacen un esfuerzo mayor que el resto de los canales para vender: buscan acercar lectores, asesorarlos, ayudarlos a encontrar el libro adecuado, y rodean al libro de una experiencia que no se agota en la transacción. Venden más porque hacen más.
Un estudio del mercado alemán publicado en 2025 (Götz et al.) lo demuestra con una cifra contundente: el cierre de una sola librería física provoca una disminución de las ventas totales de libros impresos de unas 744 unidades al mes. Esas ventas no son absorbidas por otro canal, sencillamente se pierden. Se compra menos y se lee menos. Las librerías, los supermercados y el comercio electrónico son sustitutos imperfectos; no hay reemplazo de uno por otro, sino un desplazamiento que deja a un buen número de lectores afuera. Las librerías crean demanda. Cuanto más amplio y nutrido sea el tejido librero, mayores serán las ventas y más alta la tasa de lectura de una sociedad. Lo que se pierde cuando cierra la librería del barrio no es un comercio, es el lugar donde alguien iba a encontrar el libro que todavía no sabía que buscaba.
Hay un dato todavía más revelador que esa pérdida de ventas: el mismo estudio identifica una relación de complementariedad, no de sustitución. El cierre de la librería física deprime también, aunque ligeramente, las ventas online, porque la tienda funciona como sala de exposición que estimula compras posteriores. El comercio electrónico se beneficia de la librería que dice reemplazar.
Lo que se pierde cuando cierra la librería del barrio no es un comercio, es el lugar donde alguien iba a encontrar el libro que todavía no sabía que buscaba.
Podemos ir un poco más allá, con datos en la mano. Con la derogación, además de cambiar el volumen de ventas, se reconfigura qué se vende y quién lo vende. Y esa reconfiguración avanza en una dirección constante en todos los casos observados: desde la librería hacia el supermercado y la plataforma, y desde el catálogo amplio hacia el bestseller. Con la liberalización, en el Reino Unido la cuota de mercado de las librerías especializadas cayó del 19,9 por ciento en 1998 al 9,6 por ciento en 2007, mientras los supermercados y la venta en línea pasaban en conjunto del 4,3 por ciento al 31 por ciento. En Dinamarca, los puntos de venta físicos aumentaron un 25 por ciento, pero ese aumento provino de la entrada de unos 200 supermercados, mientras las librerías caían un 20 por ciento. Creció la góndola, no la librería. Y con ella se achicó la variedad, porque, como ya mencionamos, los supermercados y las estaciones de servicio se concentran en pocos títulos de alta rotación.
Francia, que cuenta con una ley desde 1981, sostiene más de 3000 librerías independientes. Reino Unido, con una población similar, alrededor de 1000. En Francia las librerías independientes realizan el 45 por ciento de las ventas, y su oferta está mucho menos concentrada: los diez títulos más vendidos representan el 2,5 por ciento del mercado, frente al 15,7 por ciento británico. La composición del comercio determina qué se ofrece: un mercado dominado por supermercados y plataformas rota unos pocos títulos masivos, mientras que una red de librerías sostiene la circulación del catálogo medio, el de los libros que se venden de manera moderada y sostenida. Reconfigurar el comercio es, también, reconfigurar la oferta disponible para el lector.
Las objeciones oficiales
Vamos ahora al corazón del argumento oficial: los precios. Según el gobierno, la regulación aumenta considerablemente el precio de los libros y atenta contra los consumidores —que aquí prefiero llamar lectores, aunque no siempre quien compra y quien lee sean la misma persona—. Ya vimos que con la regulación se venden más libros, no menos. Y también los precios desmienten la teoría, no suben al regular o, lo que es lo mismo, no bajan al desregular. En su estudio comparado, Williams señala que entre 2008 y 2019 estas políticas no tuvieron un efecto perceptible sobre los precios en los países europeos; los resultados apuntan incluso a una posible reducción, salvo en un caso con un aumento apenas superior al 1 por ciento. Y al ampliar el período a 1996-2020, tampoco aparece evidencia de que la regulación haya empujado una suba. Estos resultados contradicen las predicciones teóricas a las que el gobierno se aferra.
Ya vimos que con la regulación se venden más libros, no menos.
Un paréntesis griego: para defender la derogación, circularon en X fragmentos de un artículo académico sobre Grecia, presentado como prueba irrefutable de que la desregulación abarata los libros. El gráfico que comparten muestra que, tras la liberalización parcial de 2014 —algunos géneros siguieron protegidos—, los precios bajaron. Y es cierto: bajaron. Pero la caída había comenzado dos años antes, y en 2014 no se acelera, sino que continúa al mismo ritmo. También baja el precio de la ficción, que conservó la protección. Es decir, todos bajan, con o sin regulación. El propio estudio intenta distinguir el efecto de la reforma del de la crisis, pero no lo consigue. Analiza muy pocos años posteriores, y todo ocurre durante una depresión que hacía caer los precios y el consumo en toda la economía. El artículo muestra una coincidencia entre la liberalización y la baja, no una prueba de que la primera haya causado la segunda. Los tuits tampoco mencionan que, pocos años después, Grecia repuso la regulación en buena parte de los géneros.
¿Cartelización? La acusación que también se ha disparado en estos días contra la ley de precio único confunde dos mecanismos jurídicos distintos. Un cártel exige un acuerdo horizontal entre competidores para coordinar precios o repartirse el mercado, es cuando varias empresas se ponen de acuerdo entre sí. En un régimen de precio único, en cambio, las librerías no acuerdan nada, cada editorial o importador fija por separado el precio de los libros de su catálogo, y los puntos de venta deben respetarlo porque lo manda la ley. La jurisprudencia europea reconoció tempranamente esta diferencia. E incluso en Estados Unidos, donde no existe una ley federal equivalente para los libros, la Corte Suprema rechazó que toda restricción vertical sobre el precio de reventa sea necesariamente anticompetitiva, y dispuso examinarla por sus efectos concretos, la rule of reason. Entre ellos, la posibilidad de sostener mejores servicios y una competencia más intensa entre editoriales.
Una política sistémica
La regulación del precio de los libros tiene, además, una dimensión que excede las cantidades vendidas y las variaciones de precios, las únicas variables a las que el gobierno parece reducir el mercado. Al proponer la derogación, el oficialismo desconoce los modos virtuosos en que las librerías inciden sobre el conjunto del ecosistema editorial. Si comprendiera esa relación, tal vez entendería por qué las principales organizaciones de editoriales, librerías y autores salieron en conjunto, sin matices, a defender la continuidad de la ley. Y es que no hay política más sistémica que esta: no hay otra acción que, tocando un solo punto —el modo en que se fija el precio—, tenga un efecto tan positivo sobre todos los eslabones de la cadena.
Al proteger a las librerías que trabajan con una gama amplia de géneros, temas y autores, la ley sostiene también a las pequeñas editoriales que los publican, muchas altamente profesionalizadas, que en los últimos años llevaron la edición argentina a España, México, Colombia y Chile. Sin el resguardo de la ley y, por lo tanto, de las librerías, esos sellos tendrían muchas menos posibilidades de exhibir, recomendar y vender sus libros, consolidarse y proyectarse afuera. Son ellos, junto a un amplio conjunto de sellos autogestivos y cooperativos, los que dan voz a autores y autoras todavía desconocidos, que luego son traducidos y premiados en el exterior, o cuyas obras se adaptan al cine y a series. Publicar a alguien nuevo, acompañarlo cuando aún no tiene un nombre público, es un riesgo, una apuesta por la renovación y la calidad. La ley funciona así como el cimiento de una infraestructura del libro que, pese a años de políticas erráticas y sacudones económicos extremos, sigue siendo un modelo en la región.
Al proteger a las librerías que trabajan con una gama amplia de géneros, temas y autores, la ley sostiene también a las pequeñas editoriales que los publican, muchas altamente profesionalizadas, que en los últimos años llevaron la edición argentina a España, México, Colombia y Chile.
Qué está en juego hoy
En América Latina, sólo dos países cuentan con una ley similar: México y Argentina. Pero únicamente en el nuestro se cumple de manera efectiva. En varios más se discute desde hace años una norma análoga. En Uruguay existe un anteproyecto inspirado en la ley argentina. El contraste es evidente, Argentina tiene muchas más librerías por habitante que el resto de la región —al punto de que allí reside parte del atractivo internacional de la Ciudad de Buenos Aires—, y una red librera menos concentrada y más diversa. Mientras otros países buscan una norma así para fortalecer sus mercados y ampliar el acceso a la cultura, acá se nos propone retroceder varios casilleros.
Y se nos propone en el peor momento. Veinticinco años después de su sanción, el mercado del libro atraviesa una de sus crisis más severas, que está llevando al límite a librerías y editoriales. La razón es sencilla: quienes sostienen el mercado del libro en nuestro país son los sectores medios, hoy golpeados por una caída muy significativa de sus ingresos. Se compran menos libros, y no por la masificación del consumo digital —que merece otra discusión—, sino porque cuesta cada vez más pagar el alquiler, los servicios y las compras del supermercado.
Deberíamos estar discutiendo, en cambio, cómo complementar la ley y amplificar sus efectos, de qué manera consolidar y extender la red de librerías allí donde todavía es insuficiente, cómo hacer que los libros lleguen a todo el país, para quienes ya leen y para quienes aún no saben que la lectura puede ser un entretenimiento o volverse una forma de vida. En lugar de eso, se propone destruir una de las pocas herramientas que sostienen el acceso a la cultura. Y no es la única en la mira, el mismo proyecto avanza también sobre el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, el instrumento con el que el Estado promueve que los libros lleguen a donde el mercado no llega. Aquellas librerías que en 1996 advirtieron la catástrofe no defendían una renta. Defendían la trama que hace posible que un lector cualquiera, en cualquier barrio, encuentre algo más que los cinco títulos más vendidos. Esa trama se expandió y diversificó durante dos décadas y media. Puede deshacerse en pocos años, y con ella una forma de vivir los libros.