El 29 de julio Marlene leyó la noticia en su celular mientras viajaba en subte, como todos los días, para ir al terciario donde enseña francés a estudiantes de hotelería. Se paralizó. Inmediatamente empezó a perseguirse. Se preguntó si alguna vez la habrían escuchado conversando con su novio, renegando con los dos mangos que le pagan a los docentes o con la burocracia argentina. ¿Ahora podrían mandarla de vuelta a Francia después de 5 años en Buenos Aires? El decreto que acaba de publicar Milei que modifica por segunda vez durante su gobierno la Ley Nacional de Migraciones la enfrenta a esa posibilidad.
El decreto 681/2026 modifica la ley sin pasar por una sesión parlamentaria. Establece que ahora el Estado puede cancelar la residencia o expulsar extranjeros por motivo de “haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
Como justificación, afirma que el aumento de discursos de odio contra los argentinos pone en riesgo la convivencia y convierte esa falta de respeto en un motivo para revisar el derecho a permanecer en el país.
La pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo se definirá qué constituye un discurso de odio y qué garantías habrá para evitar interpelaciones arbitrarias?
Algunas paradojas
El Gobierno responde al supuesto problema del "racismo contra los argentinos", instalado en un intenso debate en redes sociales durante el Mundial de fútbol, del que participaron personajes como el actor estadounidense Samuel Jackson, quien afirmó que Argentina es el país más racista y su mensaje fue replicado por distintas figuras públicas internacionales. No entraremos en esa discusión, sino en lo que parece una salida rápida por parte de la Presidencia mediante una medida que introduce una diferenciación jurídica basada en el origen nacional.
El Gobierno justifica la reforma diciendo que protegerá a los argentinos frente a discursos discriminatorios. Pero la herramienta consiste justamente en diferenciar personas según su nacionalidad. Es decir: para combatir una discriminación se institucionaliza otra. No es solamente una contradicción política. Es una paradoja democrática.
La segunda paradoja es que el Gobierno denuncia discursos de odio mientras hace del discurso agresivo una forma de gobierno. Mediante insultos permanentes, la creación de enemigos internos, el menosprecio continuo hacia periodistas, científicos, docentes universitarios, artistas, y opositores políticos, durante su campaña — y más aún desde que asumió la presidencia —, no ha cesado en insultar a quien le parece oportuno en cada discurso y posteo en redes.
El Gobierno justifica la reforma diciendo que protegerá a los argentinos frente a discursos discriminatorios. Pero la herramienta consiste justamente en diferenciar personas según su nacionalidad.
Entonces ¿quién decide qué constituye odio cuando el propio Estado utiliza sistemáticamente una retórica de confrontación? ¿qué garantías existen de que el concepto "discurso de odio" no termine utilizándose en otras esferas como amedrentamiento?
El decreto probablemente tenga menos efecto por la cantidad de expulsiones que por el mensaje político que produce. Pero este efecto no es menor, la autocensura, el miedo, la incertidumbre y la sensación de una pertenencia continuamente condicionada, generando parálisis y malestar.
Este decreto, además, no se produce en el vacío, sino que refuerza un cambio en la mirada y gestión migratoria que inició con un decreto anterior, el DNU 366/2025, publicado el 29 de mayo de 2025, que modificó de manera amplia la Ley de Migraciones N.º 25.871. Fue la primera reforma integral del régimen migratorio desde la sanción de la ley de 2004 y se realizó sin pasar por el Congreso, algo que a esta altura ya parece habitual.
El DNU de 2025 amplió los supuestos por los cuales una persona puede ser inadmitida o expulsada, facilitó la expulsión de extranjeros con condenas penales, habilitó el cobro de prestaciones de salud a extranjeros que no sean residentes permanentes y también habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, e introdujo modificaciones en los criterios para acceder a la ciudadanía, incluyendo mecanismos vinculados a inversiones.
Esta reforma significó un cambio en la filosofía de la política migratoria argentina, cuya ley, promulgada en 2004, había sido reconocida internacionalmente por concebir la migración como un derecho humano y por garantizar el acceso a derechos básicos independientemente de la situación documental.
El DNU 366/2025 desplazó el eje hacia una lógica de control, seguridad y prevención del delito, acompañado de la creación de una policía migratoria que realiza controles en espacios de la Ciudad y el AMBA donde se concentran migrantes andinos, trabajadores, a los cuales se criminaliza por su color de piel y su clase social.
Es en ese contexto que el decreto sancionado hace unos días puede leerse como una segunda parte de esta reforma: si el DNU 366/2025 amplió las herramientas para controlar el ingreso, la residencia y la expulsión, la nueva modificación incorpora un criterio adicional con la posibilidad de evaluar la permanencia de una persona migrante también en función de expresiones consideradas ofensivas hacia "el pueblo argentino", su cultura o su identidad nacional. No sólo dejan de protegerse derechos sino que el merecimiento para habitar en el país depende de un mérito que se debe demostrar continuamente, ahora también en su discurso o su silencio.
No sólo dejan de protegerse derechos sino que el merecimiento para habitar en el país depende de un mérito que se debe demostrar continuamente, ahora también en su discurso o su silencio.
Una foto de los migrantes
Si el decreto se apoya en la idea de una amenaza creciente asociada a la migración, los datos dibujan un paisaje bastante diferente. El porcentaje de personas migrantes nacidas en el extranjero en la Argentina es del 4,2% de la población total en viviendas particulares, según los datos oficiales del INDEC de acuerdo al último censo realizado en 2022. Esto equivale a un total de 1.933.463 personas. Se trata del porcentaje más bajo del último siglo y una proporción casi igual a la del Censo de 2010 (4,4%).
El principal país de origen de esta población sigue siendo Paraguay, con el 27%, seguido por Bolivia con el 17,5% y Venezuela con el 8,4%, porcentaje que se incrementó sobre todo desde el censo de 2010 reemplazando a Perú en ese tercer puesto. Más del 73% de la población de origen migrante vive en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en un flujo históricamente vinculado al trabajo, el comercio y las redes familiares.
Tampoco la asociación entre migración y delito encuentra respaldo consistente en la evidencia disponible. A nivel nacional, las personas extranjeras representan alrededor del 6% de la población carcelaria, una proporción que se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años y que guarda relación con su peso dentro de la población residente. La percepción de una participación mucho mayor suele surgir de observar únicamente el sistema penitenciario federal, donde los extranjeros representan entre el 21 y el 23% de las personas detenidas. Esa diferencia, sin embargo, responde a que la justicia federal concentra la investigación de delitos transnacionales, como el narcotráfico o la trata de personas, en los que es más frecuente la participación de personas de distintas nacionalidades. Considerando el conjunto de la población migrante que vive en Argentina, las estadísticas muestran que menos del 0,3% se encuentra privada de su libertad, una proporción similar a la de la población nacida en el país. Los datos, en otras palabras, no sostienen la idea de que la migración constituya, en sí misma, un factor de criminalidad.
Sin embargo, la construcción del migrante como sujeto sospechoso ha demostrado ser una herramienta política persistente: aun cuando los datos la desmienten, la percepción de amenaza continúa siendo un recurso eficaz para justificar mayores controles y restricciones.
La contribución de la población migrante tampoco suele ocupar un lugar central en el debate público. Los migrantes participan activamente del mercado laboral, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura, el trabajo doméstico, el comercio, la industria textil y los servicios, donde muchas veces cubren tareas con alta demanda y baja cobertura. También consumen, pagan impuestos, alquilan viviendas, emprenden pequeños negocios y sostienen circuitos económicos que forman parte de la vida cotidiana de las ciudades argentinas. Lejos de constituir una carga excepcional para el Estado, distintos estudios muestran que su utilización de los sistemas de salud y educación responde, en términos generales, a patrones similares a los del resto de la población residente.
La construcción del migrante como sujeto sospechoso ha demostrado ser una herramienta política persistente.
Algo similar ocurrió con el debate sobre las universidades públicas. El Gobierno sostuvo que los estudiantes extranjeros "inundaban" las aulas e incluso llegó a afirmar que representaban el 39% de la matrícula de la Universidad de Buenos Aires. La propia UBA desmintió esa cifra: los estudiantes internacionales representan apenas el 2,5% del total de la matrícula y el 6,1% en la Facultad de Medicina, la unidad académica con mayor proporción de alumnos extranjeros.
El endurecimiento de la política migratoria impulsado en los últimos años no responde, entonces, a una transformación demográfica extraordinaria, sino a un cambio en la forma en que el Estado decide mirar la migración: menos como una cuestión de integración y más como un problema de seguridad y control.
Este cambio tampoco ocurre en el vacío, sino que replica la política que ha adoptado Trump en los Estados Unidos, tanto durante su campaña con un fuerte discurso anti inmigrante, como durante su mandato, donde la policía migratoria (ICE) adquirió una gran visibilidad por el incremento de redadas, detenciones y deportaciones, así como por las críticas de organizaciones de derechos humanos respecto del trato a las personas migrantes, las condiciones de detención y la separación de familias.
El discurso antiinmigrante también ha ganado fuerza en Europa, donde distintos sectores políticos presentan la migración como una "amenaza", una "estampida" o una "invasión". Esa narrativa encuentra un terreno fértil cada vez que ocurre un episodio de llegada masiva de personas, como el que vemos estos días en Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África que constituye, junto con Melilla, la única frontera terrestre entre la Unión Europea y Marruecos. Desde el jueves 30 de julio hasta el lunes 3 de agosto más de 50.000 personas ya habían cruzado o intentado cruzar hacia ese enclave en la mayor crisis migratoria de su historia reciente. La tragedia dejó decenas de personas muertas durante la travesía y, tras el operativo desplegado por las autoridades españolas, la gran mayoría de quienes ingresaron fueron devueltos a Marruecos. El episodio deja abiertas muchas preguntas sobre la instrumentalización de las personas migrantes en contextos de tensión internacional y el uso del miedo como estrategia política.
El discurso antiinmigrante también ha ganado fuerza en Europa, donde distintos sectores políticos presentan la migración como una "amenaza", una "estampida" o una "invasión".
Sin embargo, convertir un episodio extraordinario como el de Ceuta en la imagen paradigmática de la migración resulta problemático. La excepcionalidad de estas escenas, amplificadas por su enorme impacto visual y mediático, termina alimentando la idea de una frontera permanentemente desbordada y de una migración fuera de control. Esa representación contrasta con la realidad argentina: los flujos migratorios hacia el país son comparativamente reducidos, estables y se producen, en su inmensa mayoría, por vías regulares, muy lejos de las escenas de crisis humanitaria que suelen ocupar las portadas internacionales.
Milei y el camino de la erosión democrática
Si abrimos el foco al problema, saltan las alertas de las mediciones sobre erosión democrática frente a la estrategia de gobernar por decreto que el gobierno de Milei desplegó desde su primera semana en el poder. El índice de V-Dem que mide el estado de la democracia a nivel global, alertó que desde 2023 Argentina vive un periodo de retroceso democrático. En un análisis específico de caso, a través de la metodología de Marcadores de Erosión Democrática, Asuntos del Sur analizó el funcionamiento de la democracia en Argentina a partir de seis dimensiones: el contexto político, social y cultural nacional; la movilización y legitimación de un proyecto ideológico de cambio; la participación en redes antidemocráticas globales; la competitividad del sistema de partidos; las reformas orientadas a mantener y concentrar el poder; y las limitaciones a libertades civiles y políticas. El gobierno de Javier Milei erosiona la democracia en al menos 5 de las 6.
Las dimensiones de libertades civiles y políticas; movilización y legitimación del proyecto ideológico de cambio; y participación en redes antidemocráticas globales, se encuentran en el nivel más grave de deterioro, lo que indica una autocratización profunda cuyo impacto puede ser de largo plazo y requerir reconstrucción desde cero. Mientras que las dimensiones de contexto político, social y cultural y reformas para la concentración de poder registran un valor de alerta medio. La medida de condicionar la libertad de expresión de las personas migrantes no hace más que profundizar ese camino. Afecta específicamente a un segmento de la población, pero daña la democracia para todos.
No es la primera vez que el gobierno de Milei intenta silenciar las voces que le resultan incómodas. La separación del espectro político entre “buenos y malos” y el ruido de las redes sociales le han servido para intentar aleccionar a periodistas, artistas, colectivos de género y opositores políticos. Pero es la primera vez que el gobierno trata de institucionalizar el silencio.
No es la primera vez que el gobierno de Milei intenta silenciar las voces que le resultan incómodas.
Sin embargo, las medidas en contra de la población migrante rara vez despiertan el interés y la protesta de sectores más amplios de la sociedad. Por el contrario, los discursos que promueven la polarización en contra de ese sector calan hondo en el río revuelto de las emociones digitales que el gobierno bien sabe agitar.
Javier Milei ha avanzado sin oposición visible contra los derechos de los extranjeros y esa soledad se siente en las vidas migrantes.
Abdou, por ejemplo, vende pantalones deportivos sobre su manta en la calle Mitre desde hace 15 años, cuando llegó de Senegal. Aprendió a negociar con la policía en los numerosos operativos que en diferentes momentos intentaron “limpiar” a los manteros de Balvanera (Once para la mayoría de los porteños). Pero hace un mes, por primera vez llegó la policía migratoria a pedir documentos, él tiene su DNI gracias a un programa especial que se abrió en 2022 para regularizar a los migrantes senegaleses en la Argentina. Su amigo, Charlie, que llegó desde Perú hace tres años no tuvo la misma suerte, la policía lo llevó esposado y hoy tiene una orden de expulsión. Por primera vez Abdou tuvo miedo, muchos años vivió sin el DNI, pero nunca sintió ese peligro inminente, esa búsqueda que se parece tanto a una caza de brujas.
Evelina, que sólo tiene su cédula de identidad boliviana, llegó hace unos días al Centro de Salud de su barrio, en el Bajo Flores, con doce semanas de embarazo para solicitar un IVE. A la administrativa del CESAC le dio el número de DNI de una amiga argentina. La empleada dudó, le preguntó por su nombre, y la acusó de usurpación de identidad. Para su suerte, una trabajadora social que trabajaba en el lugar escuchó la discusión, y se acercó para interceder: le dijo que no se preocupara, que podía empadronarse con su célula boliviana y Evelina fue derivada con la obstétrica. Una amiga suya que fue a otro CESAC de la ciudad no tuvo la misma suerte de ser asesorada y debió irse sin ver a la médica.
Efectos
El decreto pretende combatir los discursos de odio habilitando una nueva forma de discriminación, esta vez dirigida a la población migrante. Tal vez no derive en expulsiones masivas, pero ese no parece ser su efecto más profundo. Lo que produce, antes que nada, es incertidumbre. Introduce la idea de que el derecho a permanecer ya no depende únicamente de cumplir la ley, sino también de la posibilidad de que las propias palabras sean interpretadas como una amenaza. El derecho a quedarse empieza, de algún modo, a depender también del derecho a hablar.
El decreto pretende combatir los discursos de odio habilitando una nueva forma de discriminación, esta vez dirigida a la población migrante. Tal vez no derive en expulsiones masivas, pero ese no parece ser su efecto más profundo.
Desde que leyó aquella noticia, Marlene ya no quiere hablar cuando está en el subte o en la calle, le da miedo que se le escape una palabra de más, mucho menos postear en redes sociales. Abdou, con quince años en la Argentina, revisa si tiene las llaves, el celular pero también su DNI antes de salir a la calle. El padre de Evelina cada vez habla más seguido con los vecinos del Bajo Flores, sus paisanos están preocupados, los grupos de whatsapp se han activado, se avisan de los operativos, y también de las respuestas de los abogados del CELS, de CAREF y otras organizaciones que tratan de darles mayores precisiones sobre los trámites de radicación, los papeles que deben juntar para llevar a la Dirección Nacional de Migraciones, y los plazos que se han extendido, otra paradoja de un gobierno que aumenta requisitos pero no el personal para atenderlos.
Las políticas públicas no sólo producen efectos administrativos; también producen emociones, silencios y formas de habitar un país. Un país que se describe como abierto a la migración y que se enoja profundamente cuando lo acusan de racista, pero que en su respuesta institucional sólo profundiza las desigualdades.