Brasil y sus dos maridos

Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña la filosofía, sobre todo cuando se trata de las elecciones en la principal potencia de América del Sur. La atención estuvo concentrada en el duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Pero ayer, 4 de octubre, Brasil votó también gobernadores, senadores y diputados federales. Y lo hizo en un país atravesado por el fantasma del 8 de enero de 2023, con Jair Bolsonaro en prisión, con un  protagonismo inédito del Supremo Tribunal Federal (STF) y en medio de una disputa geopolítica que coloca al país en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China.

Brasil no solo eligió entre Lula y el bolsonarismo. Eligió quién custodiará al tribunal que condenó a los golpistas, a qué precio se negociará cada votación en el Congreso y en qué estados empezará a armarse la sucesión de 2030. Este resultado deja una arquitectura de poder más compleja que un nombre, y cuyos efectos no terminan en las fronteras nacionales. Porque lo que está en juego tampoco es sólo quién gobernará Brasil, sino desde qué lugar Brasil se relacionará con el mundo. 

Ese riesgo tiene una dimensión regional. Brasil no es un país más de América Latina: por su tamaño económico, demográfico, territorial y diplomático, sus decisiones modifican el equilibrio del continente. Una mayor subordinación a la agenda de Washington no afectaría sólo su soberanía comercial, tecnológica o internacional; también achicaría el margen de los demás países latinoamericanos para negociar colectivamente con las grandes potencias.

A primera vista, esta elección le deja al oficialismo un escenario más adverso de lo que sugerían las encuestas. Aunque los sondeos previos mostraban una disputa ajustada, el conteo de votos produjo un rápido cambio de percepción: Flávio Bolsonaro comenzó liderando, incluso pareció posible que la elección presidencial pudiera resolverse en primera vuelta. La ventaja se redujo a medida que avanzó el escrutinio. Finalmente Flávio terminó primero con 47,04% de los votos válidos, frente a 45,15% de Lula: una diferencia de apenas 1,89 puntos pero suficiente para colocar al candidato del PL en una posición política inesperadamente fuerte de cara al balotaje. Ese resultado estuvo acompañado por un avance significativo de la derecha y del campo bolsonarista en los estados. De las 20 disputas por los gobiernos estaduales que quedaron definidas en primera vuelta, el PL obtuvo cinco, mientras candidatos aliados del bolsonarismo se impusieron también en estados estratégicos como São Paulo y Minas Gerais.

Según la última medición de Datafolha, en primera vuelta Bolsonaro sumó cinco puntos sobre lo previsto, y los demás candidatos de la derecha cedieron tres. Fuente: elaboración propia con datos de Datafolha (3/10/2026, 4.006 entrevistas, margen de error de ±2 puntos) y del TSE vía G1 (99,91% de las secciones apuradas).

¿Por qué São Paulo representa una de las principales derrotas del campo de Lula? Tarcísio de Freitas fue reelegido con 62,8% de los votos, frente a Fernando Haddad que apenas logró el 36,2%. Las candidaturas al Senado asociadas al oficialismo, Simone Tebet y Marina Silva, quedaron fuera de la disputa, con 19,23% y 18,12% respectivamente, y las bancas fueron conquistadas por Guilherme Derrite, con 30,59%, y André do Prado, con 29,28%, ambos integrantes del campo político que acompañó a Tarcísio y a Flávio Bolsonaro. La derrota es significativa porque afecta simultáneamente a figuras centrales del gobierno Lula -Haddad, Tebet y Marina- y porque se produce en el principal colegio electoral del país. El resultado obliga a recalibrar las estrategias para la segunda vuelta, reorganizar alianzas y estrategias territoriales frente a un adversario que llega al 25 de octubre con una ventaja estrecha, pero con un mapa estadual a su favor.

Lula vs. Flávio Bolsonaro: el mapa nacional de la primera vuelta. El Nordeste votó a Lula; casi todo el resto del país, a Flávio. La geografía del voto es la misma de 2022, pero con la balanza corrida unos puntos a la derecha. Fuente: Adaptado de G1 con datos proporcionados por el TSE

Leer estas elecciones como una revancha de las de 2022 es perder lo esencial. Hace cuatro años se enfrentaron dos proyectos políticos dentro de un andamiaje institucional que, aunque tensionado, todavía funcionaba como árbitro. Hoy, el árbitro mismo está en disputa. Si el domingo tuvo un antecedente, no fue 2022 sino 2018, cuando la derecha llegó a la primera vuelta subestimada por las encuestas y el PT quedó a la defensiva, después del impeachment de Dilma Rousseff. En 2018 el rechazo apuntaba directamente al PT y a Lula; en 2026 apunta a las instituciones republicanas que mantuvieron el orden democratico después del 8 de enero.

Porque ese 8 de enero fue un punto de inflexión. La invasión y depredación de las sedes de los tres poderes produjo algo que la política brasileña no había experimentado en su historia: el procesamiento judicial de una tentativa de ruptura institucional que involucró a civiles, miembros de las fuerzas de seguridad, militares de alta patente y al propio expresidente. En septiembre de 2025, el STF condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, junto con los otros siete integrantes del núcleo central de la trama. En noviembre siguieron las condenas de ocho militares de alto rango con penas de hasta 24 años. Por primera vez en la historia de Brasil, altos mandos militares fueron condenados penalmente por participar de una tentativa de ruptura del orden democrático. Bolsonaro dejó de ser únicamente el líder derrotado en las urnas en 2022. Hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria. Desde allí, anoche vio a su hijo llegar primero.

Lo que está en juego no es sólo quién gobernará Brasil, sino desde qué lugar América Latina se relacionará con el mundo. 

Desde entonces, los límites entre poderes, el papel de la Justicia y el destino jurídico del bolsonarismo pasaron a formar parte de la propia competencia política. Alexandre de Moraes ocupó un lugar central en ese proceso: como presidente del Tribunal Superior Electoral durante las elecciones de 2022 y luego como ministro del STF, quedó asociado tanto a la defensa de la autoridad electoral como al enjuiciamiento de los acusados. Esa centralidad produjo, a su vez, una disputa sobre la legitimidad de quienes ejercen la autoridad judicial y de la propia institución. Para una parte del sistema político, el Supremo representa la defensa de las instituciones; para el bolsonarismo, se convirtió en símbolo de persecución política. La tensión entre poderes volvió a quedar expuesta este año con la llamada Ley de Dosimetría. El Congreso rechazó el veto de Lula, aprobando cambios que podían beneficiar a los condenados por la tentativa de golpe; en mayo, Moraes suspendió su aplicación hasta que el pleno de la Corte se pronuncie. El Senado que salió de las urnas el domingo tendrá mucho que decir sobre cómo termina esa historia.

A esta disputa se sumó el escándalo del Banco Master, que abrió un frente inesperado para el propio STF. La investigación sobre el banquero Daniel Vorcaro involucró a actores políticos y judiciales y alcanzó directamente a Moraes, cuya esposa, Viviane Barci de Moraes, tenía un contrato de R$131 millones con el banco (US$ 25,5 millones). Más allá de la determinación de eventuales responsabilidades, la sucesión de revelaciones afectó la imagen del STF en un momento sensible: la Corte había adquirido una centralidad inédita en la defensa del orden democrático, y Moraes se había convertido en una de las principales figuras de esa respuesta institucional.

El bolsonarismo incorporó las denuncias a su estrategia electoral, aunque el escándalo también lo alcanzaba. En mayo, The Intercept Brasil divulgó audios en los que el propio Flávio Bolsonaro le pedía dinero a Vorcaro para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre su padre; Flávio negó irregularidades y una encuesta de Quaest mostró que dos de cada tres electores creían que había hecho mal. Aun así, su campaña utilizó el caso para intensificar los ataques contra Moraes y el STF, y llegó a evaluar el uso de imágenes que vinculan al ministro con Vorcaro para asociarlo públicamente con Lula. Cuestionamientos todavía sujetos a investigación fueron incorporados así a una narrativa más amplia sobre falta de imparcialidad, conflictos de intereses y supuestos abusos del Supremo. El efecto fue más amplio que el cuestionamiento a determinados ministros: erosionó la legitimidad del STF como árbitro del conflicto político, al tiempo que permitía al bolsonarismo vincular el descrédito de la Corte con el campo de Lula. El resultado del domingo sugiere que esa narrativa encontró público, y que el costo de los audios fue menor que el daño al Supremo.

Para una parte del sistema político, el Supremo representa la defensa de las instituciones; para el bolsonarismo, se convirtió en símbolo de persecución política.

La diferencia fundamental entre 2022 y 2026 está, por eso, en el terreno de la disputa. En 2022, el cuestionamiento se concentró en el resultado electoral y en su aceptación; en 2026, la propia autoridad de quienes deben garantizar las reglas del juego democrático pasó a ser parte central de la contienda.

Nada de eso ocurrió en un país en crisis. Los precios de los alimentos bajaron y Brasil volvió a salir del mapa del hambre de la FAO, el desempleo cayó a los niveles más bajos de la serie histórica, la inflación se mantuvo bajo control, el ingreso de las familias creció y la tasa de homicidios siguió descendiendo. Sin embargo, mientras los indicadores económicos mejoraron, la percepción social no. Lula y el PT no lograron convertir esas transformaciones en las condiciones de vida en una sensación de mejora, y menos en capital político. La elección de primera vuelta lo confirmó de la manera más dura, y agregó un dato: uno de cada cinco electores no fue a votar, la abstención más alta en 28 años, y todo indica que faltó más gente en los segmentos donde el PT suele ganar. La explicación hay que buscarla fuera del bolsillo: en la identidad, en la seguridad, en la religión y en la desconfianza hacia las instituciones.

A este escenario se le suma una transformación en la composición y movilización del electorado. Según el Censo de 2022, la población católica se redujo del 65% al 56,7% entre 2010 y 2022, mientras los evangélicos aumentaron del 21,6% al 26,9%. En 2022, cerca de siete de cada diez evangélicos votaron por Bolsonaro. En 2026 la religión adquirió mayor centralidad electoral: el último Datafolha registró 50% de apoyo a Lula entre los católicos y 52% a Flávio Bolsonaro entre los evangélicos.

La religión se convirtió además en uno de los ejes centrales de la recta final de la campaña. Flávio Bolsonaro acusó a integrantes de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) de difundir la versión de que reemplazaría a Nuestra Señora Aparecida como patrona de Brasil por Jesucristo. La acusación tenía una fuerte carga simbólica: Nuestra Señora Aparecida ocupa un lugar central en el catolicismo brasileño, mientras las iglesias evangélicas rechazan el culto a la Virgen. La CNBB negó haber participado de la difusión y cuestionó el uso político de la controversia. La religión se convirtió en un terreno explícito de disputa política y simbólica.

El mapa electoral de los estados suele leerse como un calco del presidencial. Un estudio del NEPOL/UFJF y del Politik/Univasf, que siguió las 27 elecciones estaduales, mostró que no lo es: en 11 de los 27 estados, la referencia presidencial pesó sin llegar a ordenar la disputa, y candidaturas de base estadual compitieron de igual a igual con las alineadas con Lula o con Flávio.

La asimetría entre los dos campos era, sin embargo, notable. Lula unificaba el suyo: el PT y sus aliados, y en varios estados también gobernadores del MDB y del PSD se ordenaron alrededor de su candidatura casi sin disputas internas. La derecha, en cambio, carecía de una fuerza centrípeta. Allí donde fue competitiva, no siempre lo fue bajo el sello del PL: en Bahia, Ceará, Piauí y Pernambuco se articuló a partir de liderazgos y redes territoriales propias, y en otros cinco estados la contienda central fue una interna entre facciones conservadoras. Sin Jair Bolsonaro en la boleta, Flávio heredó el capital electoral de su padre, pero no su capacidad para disciplinar al campo. Este domingo mostró que la disciplina llegó por otra vía, no desde arriba sino desde abajo: fue el electorado el que concentró su voto en el candidato con más chances y vació a los demás.

Estos resultados adversos para el oficialismo no suceden en un país en crisis. Aunque los indicadores económicos mejoraron, no se traducen en capital político.

Las urnas confirmaron la hipótesis del estudio: veinte gobernaciones se definieron en primera vuelta y siete van a balotaje. El PT retuvo sus bastiones del Nordeste -Bahia, Ceará y Piauí, donde Rafael Fonteles superó el 70%. Pero fuera del Nordeste el PT perdió casi todo. En São Paulo, Tarcísio de Freitas fue reelecto con 62,65% sobre Fernando Haddad; en Minas Gerais, Cleitinho Azevedo derrotó con 55% a Patrus Ananias, uno de los fundadores del PT en el estado; en Paraná, el exjuez Sergio Moro, quien tuvo un papel central en los procesos de la Operación Lava Jato y, en particular, en el proceso que condenó a Lula, fue elegido con el 50,10% de los votos; y el PL se quedó además con Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia y Roraima. 

La mayor sorpresa fue Rio de Janeiro. Douglas Ruas, un diputado estadual de 37 años, expolicía civil, exsecretario del gobernador Cláudio Castro y apadrinado por Flávio, obtuvo 49,27% y dejó a 6,5 puntos a Eduardo Paes, cuatro veces intendente de la capital y favorito indiscutido hasta el domingo. Ruas puede incluso ganar sin balotaje si la Justicia Electoral anula los votos de Anthony Garotinho, cuya candidatura está bajo revisión. En los otros seis balotajes el PT disputa dos, el Distrito Federal y Rio Grande do Norte, y la derecha parte adelante en casi todos.

Esto importa porque los gobernadores no son solo administradores locales. Controlan recursos, redes políticas y una de las áreas más sensibles de la agenda nacional, la seguridad pública. Y serán actores centrales de la reorganización que empieza ahora: Tarcísio, reelecto con 63% en el estado más poblado del país, es desde el domingo el nombre más fuerte de la derecha para 2030, gane o pierda Flávio.

El domingo, Milei fue uno de los primeros mandatarios en festejar públicamente el resultado.

En el Senado se encuentran las escalas nacional y estadual. Los senadores son elegidos en los estados, pero ejercen atribuciones decisivas sobre instituciones nacionales, entre ellas aprobar las designaciones de ministros del STF y juzgar, en los procesos de impeachment, al Presidente y a los integrantes de la Corte. La importancia de esa llave quedó expuesta en abril, cuando el Senado rechazó por 42 votos contra 34 la nominación de Jorge Messias, candidato de Lula para una vacante en el Supremo. Fue la primera vez desde 1894 que el Senado rechazó una nominación presidencial al STF. La Corte funciona hoy con diez ministros y, si esa vacante no se cubre antes de fin de año, el próximo gobierno podría llegar a designar hasta cuatro integrantes, contando las jubilaciones obligatorias a los 75 años que vencen en el período. Cada designación deberá pasar por el Senado que salió de las urnas el domingo.

Y ese Senado es donde el movimiento fue más nítido. El PL eligió 19 de las 54 bancas en juego y tendrá 27 de las 81 en 2027, un tercio de la Casa y la mayor bancada; el PT eligió seis y tendrá nueve. Sumando a los partidos del centro-derecha, la derecha reúne 51 senadores: diez más de los que hacen falta para abrir un impeachment contra un ministro del Supremo y dos más de los necesarios para aprobar una enmienda constitucional. Para condenar a un ministro necesitará tres votos del centro; el Movimiento Democrático Brasileño tiene ocho. Los nombres dicen tanto como los números. Michelle Bolsonaro y Bia Kicis ganaron las dos bancas del Distrito Federal y se suman a Damares Alves; Carlos Bolsonaro y Carol de Toni desplazaron en Santa Catarina al veterano Esperidião Amin; Deltan Dallagnol, el exfiscal del Lava Jato, volvió a la política por Paraná. Del otro lado cayeron figuras históricas: Gleisi Hoffmann, expresidenta del PT, terminó cuarta en Paraná con 13%; Marina Silva y Simone Tebet, dos exministras de Lula, perdieron en São Paulo frente a dos candidatos de la derecha. El PT conservó las bancas de Pernambuco y Bahia.

Composición prevista para 2027: 54 senadores electos el 4 de octubre más 27 con mandato hasta 2031. La derecha y la centroderecha reúnen 51 bancas; el PL, solo, 27.  Fuente: elaboración propia con datos del TSE vía G1 y de la Agencia Senado. Afiliaciones a octubre de 2026. 

El último terreno es la Cámara de Diputados. En un sistema multipartidario y fragmentado, ningún presidente gobierna sin negociar con el Congreso, pero esa negociación se desarrolla hoy en condiciones inéditas. El crecimiento de las enmiendas parlamentarias aumentó la capacidad de los partidos y sus liderazgos para intervenir en la distribución de recursos presupuestarios. En 2026, las enmiendas autorizadas sumaron R$ 49,9 mil millones (US$ 9,6 mil millones), cerca del 19,5% del gasto primario discrecional, prácticamente una quinta parte de los recursos sobre los que existe mayor margen de decisión presupuestaria. El dato es relevante porque desplaza hacia el Legislativo una capacidad distributiva que históricamente estuvo concentrada en el Ejecutivo. Por eso el resultado de la elección legislativa es determinante para las condiciones de negociación y gobernabilidad del próximo presidente, sea quien sea.

La Cámara sigue en recuento y la distribución de bancas, con la posición del Centrão, se conocerá en los próximos días. Pero el tono ya está dado. El influencer Lucas Pavanato (PL-SP) y Nikolas Ferreira (PL-MG) superaron los 3 millones de votos cada uno, algo inédito en la historia de la Cámara. La izquierda tuvo su propio récord: Erika Hilton (PSOL-SP), diputada negra y trans, se convirtió con casi 1,6 millones de votos en la mujer más votada de la historia para la Cámara. A su lado aparecieron nombres nuevos como Ana Elisa (PT-MG), estudiante universitaria negra de 21 años, entre los diez diputados más votados del país, y Jones Manoel (PSOL), historiador y comunicador comunista, obtuvo casi 250 mil votos en Pernambuco y se convierte en el primer diputado federal del partido en el Nordeste. Entre los 50 más votados del país, 14 son del PL, y entre el PSOL y el PT suman 12. En conjunto, la izquierda perdió espacio, y el PT perdió más que la izquierda.

Nada de esto está todavía definido. Una primera vuelta tan inesperada abre un período de reordenamiento político —adhesiones, deserciones, negociaciones de bancada y gobernadores tomando posición— que el balotaje va a acelerar y que la toma de posesión, en enero, terminará de cerrar. La gobernabilidad de quien gane el 25 de octubre dependerá, en buena medida, de cómo el nuevo gobierno logre articularse en el Congreso. Para uno de los dos candidatos, ese será el problema; para el otro, la herencia.

La contienda presidencial se desplegó sobre un tablero geopolítico convulso, atravesado por una política estadounidense más intervencionista en la región, la avanzada global de las ultraderechas y una disputa cada vez más agresiva por el control de recursos estratégicos, mercados clave y soberanía tecnológica. 

La presión de Washington sobre Brasil comenzó en 2025, cuando la administración Trump impuso aranceles adicionales que llevaron al 50% la carga sobre productos brasileños como la carne y el café, y sancionó a Alexandre de Moraes mediante la Ley Magnitsky, que congela los bienes del sancionado en Estados Unidos y prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con él, incluidos los bancos y las tarjetas de crédito. Las sanciones fueron levantadas en diciembre, tras un breve deshielo entre Lula y Trump, pero el conflicto no se cerró. Este año cambió de naturaleza. La investigación abierta en 2025 puso bajo la lupa el comercio digital y los pagos electrónicos, la propiedad intelectual, el acceso estadounidense al mercado de etanol y la deforestación, y en julio concluyó con un nuevo arancel adicional del 25% sobre más productos, como maquinaria agrícola y acero.

La disputa dejó así de ser exclusivamente comercial. Washington cuestionó las órdenes de los tribunales brasileños que obligaron a X, Rumble, Meta y Google a retirar contenidos y suspender cuentas de aliados del bolsonarismo. Cuestionó también la suspensión de X en todo el país, en 2024, por desacatarlas, y al fallo del Supremo de 2025 que hizo responsables  a las plataformas por lo que publican sus usuarios. Para Trump, era "censura" contra empresas y ciudadanos estadounidenses; para Brasilia, decisiones soberanas de su Justicia. Washington puso además bajo escrutinio al sistema Pix, cuya gratuidad y adopción masiva desplazaron a las tarjetas de crédito de empresas estadounidenses.

Brasil llegó a las urnas en un escenario marcado por una reconfiguración de las alianzas de seguridad en torno a Washington. La cuestión de fondo es el margen de autonomía regional.

La dimensión política de esa presión también fue explícita. En julio, Brasil rechazó la entrada de dos funcionarios del Departamento de Estado que pretendían evaluar cuestiones vinculadas con la integridad electoral; según funcionarios brasileños citados por Reuters, la delegación tenía previsto reunirse con Flávio Bolsonaro, aunque Washington sostuvo que la misión trataba sobre democracia y derechos humanos. A dos días de las elecciones, Estados Unidos suspendió temporalmente sus servicios consulares en Brasil alegando motivos de seguridad. Un día después, Trump declaró que seguía el proceso electoral brasileño "muy de cerca" y que se trataba de una elección "muy importante". No hizo falta más: el domingo a la noche, su candidato preferido era el primero.

Brasil llegó a las urnas en un escenario regional marcado por el avance de gobiernos de derecha y ultraderecha, y por una creciente reconfiguración de las alianzas de seguridad en torno a Washington. La cuestión de fondo es el margen de autonomía regional. Brasil es, junto con México, uno de los pocos países latinoamericanos con escala suficiente para sostener una política exterior relativamente autónoma frente a Washington y Beijing. Lula vincula esa autonomía con el multilateralismo, los BRICS y la construcción de un mundo multipolar. La política de Trump, en cambio, busca ampliar la influencia estadounidense en el hemisferio. Lo que el domingo quedó más cerca es la segunda.

Para la Argentina, esta definición tiene consecuencias directas. Brasil no es solamente su principal socio regional, sino un mercado decisivo para su estructura productiva y un componente clave de las cadenas industriales del Mercosur, con la industria automotriz en el centro de la relación bilateral. Del lado brasileño, Argentina seguía siendo en agosto el tercer destino de sus exportaciones. Por eso, el deterioro de la relación implica más que un conflicto diplomático entre gobiernos: introduce incertidumbre en una relación económica altamente interdependiente.

La crisis alcanzó en agosto un punto inédito: ambos países quedaron sin embajadores y las relaciones fueron rebajadas al nivel de encargados de negocios, en lo que especialistas y medios brasileños calificaron como la mayor crisis bilateral en cuatro décadas. El deterioro estuvo directamente asociado a la confrontación entre Lula y Javier Milei, que dejó de ser retórica cuando el presidente argentino respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro durante su campaña y atacó reiteradamente a Lula. Pero reducir la crisis a la animosidad entre ambos presidentes ocultaría su dimensión estratégica: el vínculo Brasil-Argentina constituye uno de los pilares del Mercosur y una pieza central para negociar conjuntamente frente a actores externos.

Para una Argentina que busca ampliar su margen de negociación internacional mientras enfrenta restricciones económicas y una relación particularmente estrecha con Washington bajo Milei, el rumbo que adopte Brasil puede modificar sustancialmente su espacio de maniobra. Milei fue el domingo uno de los primeros en festejar. Si el 25 de octubre se confirma lo que el 4 insinuó, tendrá en Brasilia un aliado y no un adversario, pero la Argentina tendrá un vecino alineado con el mismo centro de poder del que ella ya depende, y un Mercosur con dos socios mirando hacia el norte y ninguno hacia el otro.

La segunda vuelta del 25 de octubre no empieza de cero y esta vez tampoco empieza empatada. Flávio llega primero y con una estadística que lo favorece: desde 1989 nadie remontó una primera vuelta perdida. Lula llega con la economía, con el Nordeste y con la experiencia de haber perdido tres elecciones antes de ganar la primera. También llega sabiendo que esta vez no le alcanza con los suyos.

Lo que viene en estas tres semanas es un reordenamiento. Los votos de Cury, Santos y Caiado suman siete puntos y son mayoritariamente de derecha, pero eso no garantiza que vayan en bloque a Flávio. Los gobernadores recién electos del centro van a decidir de qué lado se paran pensando menos en el balotaje que en el gobierno que viene, y lo mismo hará el Centrão en la Cámara, que ya calcula cuánto vale su apoyo. Queda además una pregunta que ninguna encuesta midió bien. Uno de cada cinco electores no fue a votar el domingo. Si el perfil del ausente es el de siempre, más pobre, con menos escuela y más nordestino, ahí hay una reserva para Lula. Si cambió, ahí está su techo.

Las dos campañas tienen tareas distintas. Lula necesita hacer en veinte días lo que no consiguió en un año de buenos indicadores, que la mejora material se vuelva razón de voto, y volver a plantear la elección como la ve su campo: una disputa entre la democracia que juzgó el 8 de enero y quienes quieren deshacer ese juicio. Flávio necesita mostrar que es algo más que el hijo de un preso. Tiene que hablarle al elector de centro que lo votó por descarte sin perder a los suyos, y sostener la ambigüedad sobre la amnistía a su padre y sobre el Supremo durante tres semanas más. En 2022 la derecha salió de la primera vuelta convencida de que ya había ganado. No le sirvió.

La segunda vuelta será, entonces, bastante más que una nueva elección presidencial. Es la disputa final por una arquitectura de poder que empezó a definirse el domingo y que no termina en Brasil. En una región donde las ultraderechas ya gobiernan la mayoría de los países grandes y donde Washington volvió a intervenir sin disimulo, el 25 de octubre se decide si queda en Sudamérica un gobierno con escala suficiente para sostener la autonomía frente a las potencias y, al mismo tiempo, las reglas de la democracia que el 8 de enero quiso romper. De eso trataremos en la próxima nota, cuando el mapa esté completo.