Mientras el Vaticano confirmaba, a comienzos de agosto, que León XIV visitará la Argentina en noviembre —la primera vez que un papa pisa el país en casi cuarenta años—, en la cárcel federal Unidad 34 de Campo de Mayo, un hombre de 88 años firmaba una carta pública en la que se quejaba de que la Justicia le había negado, una vez más, las salidas transitorias. La firmaba, como hace veinte años, con la misma abreviatura: “P”. Padre. Christian von Wernich sigue siendo, para la Iglesia Católica, sacerdote.
El 9 de octubre de 2007, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por su participación en 34 secuestros, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados cometidos durante la última dictadura. Al día siguiente, Martín de Elizalde, obispo de Nueve de Julio y superior eclesiástico de Von Wernich, anunció que “oportunamente” se resolvería su situación conforme al derecho canónico. Un mes después, el Episcopado anunció el inicio de un proceso para determinar las sanciones correspondientes. Desde entonces, no se conoce públicamente una resolución. Von Wernich continúa siendo sacerdote.
El 24 de marzo de este año se cumplieron 50 años del golpe militar en Argentina. Medio siglo. En ese tiempo, el país construyó una experiencia excepcional de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad —convirtiéndose en un referente internacional— y adquirió una conciencia social que también se manifestó masivamente en las calles cuando en 2017 se intentó aplicar el 2x1 a represores condenados por esos delitos.
La Iglesia, en cambio, tiene todavía pendiente revisar su propia actuación sobre esos crímenes. La inminente visita de León XIV a la Argentina vuelve a poner esa deuda en primer plano.
Stara Gradiška, 1942
Miroslav Filipović tenía 27 años cuando llegó a Stara Gradiška, un antiguo penal de mujeres reconvertido en campo de concentración, a orillas del río Sava, en la Croacia ocupada. Antes de eso, había sido capellán castrense de la Ustacha, el brazo armado del nuevo Estado croata aliado de Hitler, y fraile de la orden franciscana. Los presos y los guardias lo conocían por un apodo que se ganó dentro del propio campo: “Fra Sotona”. Hermano Satanás.
Antes de llegar a Stara Gradiška, Filipović había estado al mando de Jasenovac, el mayor campo de exterminio del régimen fascista croata, aliado de la Alemania nazi. No dirigía el exterminio solamente desde una oficina. Sobrevivientes de Jasenovac declararon haberlo visto participar personalmente en asesinatos dentro del campo. Años después, ante una comisión investigadora yugoslava, él mismo reconoció haber matado a un centenar de prisioneros y que entre veinte y treinta mil personas fueron asesinadas durante su período al mando de Jasenovac.
Una noche quedó registrada en los testimonios de sobrevivientes: el 29 de agosto de 1942, mientras Filipović estaba al mando de Jasenovac, varios miembros de la Ustacha organizaron una competencia para ver quién lograba asesinar a más prisioneros serbios antes del amanecer. El vencedor fue Petar Brzica, a quien se atribuye haber matado a 670 personas en una sola noche.
En abril de 1942, con la guerra todavía en curso y los campos en funcionamiento, Filipović fue suspendido a divinis: se le prohibió ejercer el ministerio sacerdotal por orden de monseñor Ramiro Marcone, legado papal en Zagreb.
La sanción canónica llegó antes que el juicio y la condena penal.
La Justicia llegó más tarde. Terminada la guerra, en 1946, Filipović fue juzgado en Belgrado por un tribunal yugoslavo. Según consta en las actas, reconoció su participación en los crímenes. El 29 de junio de 1946 fue ahorcado. Tenía 31 años.
Entre 2004 y 2013, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo del Vaticano encargado de estos procedimientos, estudió 3.420 casos creíbles de abusos sexuales a menores y separó de la condición clerical a 884 sacerdotes. Otros 2.572 expedientes terminaron en distintas sanciones.
Décadas después, en 2019, un tribunal eclesiástico de Lyon expulsó del estado clerical a Bernard Preynat por abusos sexuales contra menores. Durante el juicio penal, Preynat sostuvo que había reconocido ante el cardenal Philippe Barbarin sus agresiones años antes; en 2020 fue condenado por la Justicia francesa a cinco años de prisión.
En Argentina el recorrido fue distinto. ¿Qué hizo la Iglesia con los capellanes vinculados a la dictadura argentina?
La Plata, más de sesenta años después
Durante la dictadura argentina, Christian von Wernich no torturaba con sus propias manos. Entraba cuando la sesión ya estaba en marcha y se quedaba cerca, mirando la escena. Algunas veces les dirigía la palabra a los secuestrados. Les decía que tenían que hablar. Que colaboraran. Era capellán de la Policía Bonaerense, confesor de los jefes de la represión —Ramón Camps y Miguel Etchecolatz—, y su presencia en esos centros clandestinos no era la de alguien que acompañaba desde afuera: los sobrevivientes lo ubicaron dentro, en el momento mismo de la tortura.
En el juicio de 2007, Héctor Timerman contó cómo su padre, Jacobo, había reconocido a Von Wernich durante las sesiones de tortura. Jacobo estuvo secuestrado en Puesto Vasco y COTI Martínez, dos centros clandestinos de detención donde actuó el sacerdote. “Estaba vendado, pero a veces la venda se le caía porque saltaba por efecto de la electricidad”, declaró Héctor. Entonces podía ver a Von Wernich. “Se sentaba cerca de Ramón Camps, y hacía comentarios en voz alta del tipo ‘a estos hay que matarlos a todos’”. En su propio libro, Jacobo lo ubicó junto al gobernador Ibérico Saint Jean, al jefe de la Policía Camps y al director de Investigaciones Miguel Etchecolatz.
A principios de 1980 lo mandaron a Norberto de la Riestra, un pueblo del centro bonaerense, donde ofició misa y ejerció como profesor de inglés en el colegio secundario. Años después, en 1988, pidió ser trasladado a una diócesis más grande y terminó en Bragado.
Bragado, la sociedad que se levantó contra el cura
Su llegada a Bragado, en 1988, provocó una fuerte reacción de los vecinos. Hubo manifestaciones frente a la iglesia Santa Rosa de Lima, donde Von Wernich ejercía como párroco. Ese mismo año, el Concejo Deliberante lo declaró, por unanimidad, persona no grata. En marzo de 2026, al cumplirse cincuenta años del golpe militar, el Concejo aprobó incorporar al Archivo Histórico Municipal el expediente de aquella declaración, que reúne 425 fojas.
Las protestas estuvieron encabezadas por la madre de Cecilia Idiart, una de las integrantes del “Grupo de los Siete”, cuyos miembros habían permanecido secuestrados juntos en la Brigada de Investigaciones de La Plata. A sus familias, Von Wernich les había asegurado personalmente que los sacaría del país con vida a cambio de dinero, supuestamente para instalarlos en Brasil. Pero los siete fueron asesinados. Un vecino de Bragado recuerda que, durante los años en que Von Wernich estuvo al frente de la parroquia, algunas familias preferían prescindir del responso antes que entrar en la iglesia donde oficiaba el sacerdote.
El obispo de Nueve de Julio, Alejo Gilligan, quien había designado a Von Wernich párroco de Bragado, lo defendió ante las denuncias por su participación en la represión ilegal. Ocho años más tarde, Von Wernich fue apartado de la parroquia cuando se conoció su relación con una feligresa. Por ese entonces, el obispo ya era José Victorino Tommasi, quien autorizó su viaje a Chile en diciembre de 1996.
Con las leyes de impunidad todavía vigentes pero con nuevas vías judiciales que empezaban a abrirse, Von Wernich cruzó la cordillera con un nombre nuevo: Christian González. Durante siete años fue el cura de la única capilla católica de El Quisco, un balneario tranquilo de la Quinta Región. Ahí confesaba, bautizaba, casaba parejas, dirigía el catecismo. Nadie en el pueblo tenía motivos para sospechar del padre González. Lo destapó, a comienzos de 2003, un semanario chileno hoy discontinuado: “El cura torturador que se esconde en El Quisco”. La policía chilena lo detuvo por pedido de la Justicia argentina; en septiembre de ese año quedó habilitada su extradición.
El juicio empezó en julio de 2007, en La Plata, y terminó en octubre, con la condena a prisión perpetua. Antes del veredicto, pidió la palabra. No habló de las víctimas. Citó la Biblia varias veces y pidió “paz”, “reconciliación” y “perdón de los pecados”.
Von Wernich no fue el único sacerdote vinculado a la estructura represiva investigado por la Justicia. Aldo Omar Vara, capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, fue rastreado por delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo hasta su detención en Paraguay; murió en 2014, mientras cumplía arresto domiciliario, sin llegar a una sentencia. Luis Astolfi, capellán del Regimiento 7 de La Plata, también fue señalado en testimonios por su presencia en el circuito represivo de esa ciudad. Federico Gogala, capellán de Campo de Mayo, quedó vinculado a testimonios sobre la maternidad clandestina que funcionó allí. José Miguel Medina, vicario castrense sobre el final de la dictadura y luego obispo de Jujuy, fue mencionado en testimonios sobre su presencia en centros de detención y murió sin haber sido juzgado. Miguel Ángel Regueiro, capellán del Batallón de Ingenieros de San Nicolás, llegó a ser procesado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. Los casos tuvieron recorridos judiciales diferentes —investigaciones, procesamientos, muertes antes del juicio—, pero forman parte de una historia que excede ampliamente a un solo sacerdote.
Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense Adolfo Tortolo y capellán del Ejército durante el gobierno de facto, recibió durante esos años a familiares de desaparecidos en la capilla Stella Maris y confeccionó un fichero con información obtenida en esas entrevistas. Décadas después, la Justicia comenzó a investigar su actuación. La investigación buscaba determinar qué hacía con la información que obtenía de los familiares y con aquella que, según testimonios y la documentación reunida, recibía desde ámbitos militares. La causa, caratulada “Emilio Grasselli s/ averiguación de delito”, quedó registrada bajo el número 12.073/2013. En 2014 el fiscal Federico Delgado pidió que Graselli fuera citado a indagatoria por su posible participación en delitos de lesa humanidad, y en 2016 reiteró el pedido.
El Juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 10 de Comodoro Py, dispuso ampliar los testimonios, pero nunca llegó a citar a Grasselli a indagatoria, pese a que el sacerdote había declarado seis veces, entre 1984 y 2014, como testigo en investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Durante una de esas declaraciones, en mayo de 1999, ante la Cámara Federal de La Plata, reconoció que conservaba un archivo con 2500 fichas con datos de personas desaparecidas y de los familiares que acudían a consultarlo. La Cámara Federal de La Plata ordenó su secuestro.
La última aparición pública documentada de Grasselli había sido en agosto de 2014, cuando declaró como testigo ante la Justicia. Después se perdió su rastro y llegaron a circular versiones sobre su muerte. Pero esta investigación pudo establecer que luego de diez años, el 25 de octubre de 2024, Grasselli, entonces de 93 años, participó de un encuentro de sacerdotes mayores de la Arquidiócesis de Buenos Aires con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien había asumido quince meses antes.
García Cuerva, hoy una de las figuras centrales de la Iglesia argentina en la preparación de la visita de León XIV, recibió a los sacerdotes en uno de los salones del Arzobispado, en Avenida Rivadavia 415. El encuentro quedó registrado en una crónica y una fotografía grupal con el propio García Cuerva publicadas por la institución en su Boletín Eclesiástico. Grasselli figura expresamente en la lista de asistentes, con su edad entre paréntesis. Según la publicación, durante la reunión los sacerdotes compartieron experiencias de sus trayectorias y el arzobispo los invitó a transmitirlas a las nuevas generaciones.
En el caso de Von Wernich, la responsabilidad penal quedó establecida por una sentencia judicial. La respuesta de la Iglesia siguió otro camino. Le abrieron un expediente eclesiástico un mes después de la condena a perpetua, en 2007. El derecho canónico no fija un plazo para resolver este tipo de expedientes. El de Von Wernich lleva casi veinte años abierto, sin resolución.
Mucho antes, la propia Iglesia había fijado otro criterio frente a la tortura. El 2 de octubre de 1979, con la dictadura argentina en pleno funcionamiento, Juan Pablo II habló desde la Asamblea General de Naciones Unidas y reclamó que terminara para siempre en la vida de los Estados “cualquier tipo de tortura y de opresión, tanto física como moral, ejercida con cualquier sistema, en cualquier lugar”. Dijo que era todavía más doloroso cuando la tortura se ejercía “con el pretexto de seguridad interna”.
No nombró a la Argentina. Tampoco hacía falta. Lo que describía estaba ocurriendo ese mismo día en centros clandestinos donde Von Wernich estaba con la sotana puesta.
El 25 de mayo de este año, después de que la Justicia le negara una vez más las salidas transitorias, quien es conocido desde joven como “Queque” escribió una carta cuyo título cita a San Pablo: “Preso por el Señor”, para describir su encierro. Allí, se quejó de que la “familia diocesana” se había olvidado de él y no lo visitaba. Von Wernich está en la Unidad 34, conocida como una “cárcel VIP” por sus condiciones, muy diferentes de una prisión común. En la epístola, también buscó colocarse en una categoría que la Iglesia reserva para sus mártires: quienes fueron perseguidos o murieron por causa de la fe.
El 8 de junio de 2018, tras años de análisis del caso, la Congregación para las Causas de los Santos había promulgado el decreto que reconocía el martirio de Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, asesinados por el aparato represivo de la dictadura argentina en 1976. El papa Francisco aprobó específicamente el reconocimiento del martirio. Acta Apostolicae Sedis —el órgano oficial de publicación de los actos de la Santa Sede— dejó constancia de que los cardenales y obispos de la Congregación los reconocieron como mártires in odium fidei, por odio a la fe.
Cuatro meses después de su carta de mayo, Von Wernich volvió a invocar su condición sacerdotal. El 23 de septiembre le escribió al obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para pedirle que gestionara ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata un permiso que le permitiera trasladarse a la cárcel de Devoto durante la visita de León XIV. “Me dirijo a usted, como Padre y Pastor, con la profunda humildad y la confianza filial que me otorga mi condición de ser un sacerdote de su diócesis”, escribió. Y le pidió que interviniera “como mi obispo, mi padre espiritual y mi pastor”. Von Wernich cerró el pedido refiriéndose al “tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal”. La Justicia le rechazó el pedido, por lo que no podrá encontrarse con el Papa.
“Las mentiras también cuestan”
El 8 de noviembre, León XIV pisará suelo argentino por primera vez desde que asumió el papado. El 27 de diciembre de 2017, todavía como obispo de Chiclayo, tres días después de que el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski le firmara el indulto a Alberto Fujimori —condenado por la matanza de veinticinco personas—, Robert Prevost salió a cuestionarlo. Dijo que hubiera sido “más eficaz” que Fujimori pidiera personalmente perdón “por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado”. Y agregó: “hay que convocar a todos a un proceso de reflexión, de buscar sí la verdad, porque, lamentablemente, las mentiras también cuestan.”
Seis años después volvió a ponerse del lado de las víctimas, esta vez frente a un gobierno en marcha: cuando la represión del gobierno de Dina Boluarte contra las protestas de comienzos de 2023 dejó 49 civiles muertos en Perú, muchos por disparos a quemarropa en el cráneo y el pecho, Prevost tenía previsto dejar Chiclayo rumbo a Roma. Pero, en su lugar, pidió permiso al Vaticano para postergar el viaje y quedarse un tiempo más, empujando a la Conferencia Episcopal Peruana a denunciar sin matices las matanzas. “Las muertes en las protestas me causan mucha tristeza y dolor”, dijo entonces. “No era el momento de irme”.
Prevost es, además, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y fue vicario judicial de la arquidiócesis de Trujillo entre 1989 y 1998. El 4 de mayo de 2023, ya como prefecto del Dicasterio para los Obispos, habló con los medios vaticanos sobre la responsabilidad de los obispos frente a los abusos y el acompañamiento a las víctimas. “Aún queda mucho por aprender. Me refiero a la urgencia y a la responsabilidad de acompañar a las víctimas”. Y agregó: “En cualquier caso, el silencio no es una respuesta. El silencio no es la solución”.
En los próximos días, Prevost llegará a un país donde la Iglesia todavía debe resolver la situación canónica de sacerdotes vinculados a los crímenes de la última dictadura.
En el terreno judicial, Argentina no fue una excepción regional. Uruguay avanzó en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura y estableció por ley su imprescriptibilidad y la improcedencia de amnistías. Guatemala llegó a condenar a Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque esa sentencia luego fue anulada por razones procesales. En distintos países de la región, con recorridos y resultados diferentes, la discusión sobre los crímenes de las dictaduras terminó desplazándose hacia la responsabilidad penal, la verdad y la reparación. En nuestro país, esa discusión permite observar de manera especialmente clara qué ocurrió dentro de la Iglesia.
Von Wernich no es un caso aislado, pero sí el más visible. Fue condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios y, sin embargo, continúa siendo sacerdote. Después de su condena quedó otra pregunta: qué hizo —y qué no hizo— la Iglesia después de que los hechos fueron denunciados, investigados y juzgados.
El tiempo, mientras tanto, no espera. Mijalchyk murió en 2016, absuelto, todavía sacerdote. Grasselli nunca llegó a prestar declaración indagatoria ante la Justicia. En mayo próximo, Von Wernich cumplirá 89 años. Cada capellán que muere sin una definición eclesiástica reduce un poco más la posibilidad de que esa definición llegue.
Y mientras tanto, Von Wernich sigue firmando “P”. Padre. De la Iglesia Católica.