En medio de la Puerta del Sol aparecen pequeños altares improvisados que los acampantes armaron para despedir a Maricarmen. Velas encendidas, dibujos de niños, ilustraciones más elaboradas, flores y objetos dejados por quienes pasan se acumulan alrededor de carteles escritos a mano. A diferencia de otros días, hoy no hay cantos ni música en la plaza. Maricarmen murió ayer por la tarde. Trece días después de que comenzara la acampada en plena Puerta del Sol. Dieciséis días después de que la echaran de su casa. En medio del silencio, una mujer canosa pasa por al lado de uno de los altares y grita:
—¡Viva Franco!
La gente la mira con incomodidad, pero nadie le responde. Ella grita más fuerte:
—¡Viva Franco!
Mientras, otra señora se preocupa por mantener encendidas las velas que se van apagando por el viento, como si esa fuera su tarea.
La España desahuciada también es la España de los nostálgicos del franquismo. También es la España de Pedro Sanchez, debilitado, adelantando las elecciones, la España donde acecha Vox y donde hoy multitudes se movilizan por el derecho a la vivienda. Acá, en esta España revuelta, Maricarmen se convirtió en una suerte de símbolo de lucha en todo el país. La mujer de 87 años expulsada de su vivienda conmovió a miles de personas, especialmente a los jóvenes, que reconocieron en ella su propia incertidumbre. Alrededor de su historia se fue articulando una red de organización y solidaridad que sigue creciendo.
La Puerta del Sol ocupa unos doce mil metros cuadrados, casi dos canchas de fútbol, y está llena de acampantes. Según el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que impulsa la concentración, la cantidad de carpas instaladas superó las previsiones iniciales, y la noticia de la muerte de Maricarmen sigue convocando cada vez a más personas. La empatía que despertó estuvo a la altura de la situación que le tocó vivir.
Maricarmen era una mujer de 87 años con movilidad reducida que la justicia y los dueños intentaron desalojar en varias ocasiones. En el cuarto intento, lo consiguieron. La policía antidisturbios la sacó en silla de ruedas. Luego la subieron a una camilla, y la trasladaron en una ambulancia del Samur -el SAME español- al hospital Gregorio Marañón, donde quedó internada con un cuadro de agotamiento severo, con ansiedad y estrés. Permaneció hospitalizada desde el 23 de septiembre hasta el día de su muerte, el miércoles 7 de octubre. Para ejecutar el desalojo de una persona mayor con movilidad reducida, se consideró necesario desplegar un enorme operativo policial, con efectivos antidisturbios que llevaban consigo cascos y palos.
La mujer llevaba 71 años viviendo en esa misma casa. Desde la adolescencia había construido su vida en un solo lugar, algo que hoy parece atípico. El presente se parece más a tener que saltar de un alquiler a otro y convivir con la inestabilidad como si fueran parte natural de la vida. Su historia también ponía en juego el derecho a construir una vida en un lugar propio, sin tener que vivir con el miedo a perderlo.
Mientras se encontraba hospitalizada, la movilización de la Puerta del Sol consiguió lo que parecía imposible: que Maricarmen pudiera volver a su casa. Luego de días de presión social, la empresa propietaria aceptó firmar un nuevo contrato de alquiler, en condiciones similares a las que había tenido durante décadas. Pero el acuerdo llegó tarde.
Mientras tanto, la problemática de los desalojos afecta a decenas de miles de españoles. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2024 y 2025 se produjeron entre 38.000 a 40.000 desalojos de inquilinos. Si se suman los primeros meses de 2026, la cifra alcanza los 42.000.
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Dino tiene 27 años, trabaja en la industria audiovisual y cuenta que está asumiendo tareas de vigilancia durante el acampe.
—Hago itinerancia por fuera, por las noches. Mucha gente quiere venir a molestar—, explica. Se ocupa de controlar quién se acerca a la concentración. —Hay nacionalistas que vienen a molestar. El otro día, un chico se puso a patear las tiendas. También vienen aquí, y nos despiertan por la madrugada gritando: ‘¡A comprar casa!’, ‘¡A trabajar!’. La policía también hace lo suyo: se pone con la sirena a tope delante nuestro. Se nota que es a propósito.
Adrián tiene 26 años, es guionista y director, y lleva varios días acampando:
—En estos días de acampada nos dimos cuenta de que incluso gente que no puede estar aquí con nosotros, por su situación particular o por lo que sea, se acerca a darnos su apoyo. Nos traen comida, cosas para limpiar. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que el problema es mucho más grave de lo que pensábamos. Lo de Maricarmen ha sido un detonante”.
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El conflicto de la vivienda de Maricarmen había empezado años antes, cuando la casa donde vivía pasó a manos de Urbagestión, una empresa inmobiliaria popularmente conocida como “fondo buitre”. Su modus operandi responde a una lógica de extrema especulación: luego de adquirir propiedades, buscan maximizar su ganancia intentando terminar con los alquileres antiguos para recuperar las viviendas y así aumentar significativamente las rentas.
Para entender lo ocurrido con Maricarmen hay que remontarse a la historia de su padre: en 1956 firmó el contrato de alquiler que pasó a su esposa tras su muerte. Pero ella no figuraba en el contrato original por las restricciones legales franquistas: una mujer no podía aparecer como co-firmante. Cuando su madre murió, en 2005, Maricarmen heredó el derecho a continuar con el alquiler. En 2018 Urbagestión cuestionó la validez de esa segunda subrogación, lo que inició el proceso judicial para recuperar la vivienda e iniciar el desalojo.
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, pero la empresa llegó a exigirle 2.650 euros: más de cinco veces lo que venía pagando.
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El caso de Maricarmen permite trazar un paralelismo con Argentina, donde la desregulación de los alquileres lleva décadas y se profundizó durante el gobierno de Milei a partir de la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023. Según los datos del INDEC recopilados en un informe de la Subsecretaría de Atención a Inquilinos de La Plata, en 2025 los alquileres vigentes en Gran Buenos Aires aumentaron un 70,8%, más del doble que la inflación general, que fue del 31,5%.
La Ley de Alquileres argentina había sido duramente cuestionada por los sectores inmobiliarios y económicos. Establecía un plazo mínimo de tres años para los contratos, limitaba los depósitos de garantía al equivalente de un mes de alquiler y regulaba las actualizaciones mediante índices oficiales. Su derogación dejó esas condiciones libradas al mercado, en una relación de fuerzas locamente asimétrica.
En Argentina, el movimiento de inquilinos ha atravesado una fase de intensa politización y resistencia territorial, marcada por el contrapunto entre los intentos de regulación estatal y la posterior desregulación del mercado inmobiliario. Uno de los alcances del DNU 70/2023 de emergencia nacional de Javier Miliei fue la derogación de la normativa vigente en materia de alquileres. A partir de allí se introdujo la libertad contractual absoluta, la corta duración de los contratos y la habilitación de pagos en moneda extranjera. Desde entonces se han multiplicado los ruidazos, colchonazos de protesta frente al Congreso de la Nación, festivales y asambleas permanentes, donde denunciaron el fuerte impacto del costo de la vivienda sobre los salarios, la proliferación de aumentos mensuales o trimestrales atados a la inflación y el riesgo de desalojos informales.
Las organizaciones de inquilinos ya anunciaron públicamente que se sumarán a la marcha federal del próximo 15 de octubre hacia el Congreso, donde continuarán con sus reclamos.
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En uno de los accesos a la Puerta del Sol, donde desembocan las calles Arenal y Preciados, una fila de personas espera su turno para dejar un mensaje en un mural montado sobre una lona tensada. Sobre una caja dada vuelta, que hace las veces de mesa, hay fibras y un cartel que invita a participar: “Deja aquí tu mensaje de amor. Por favor, no violencia, no faltas de respeto, no propaganda ni publicidad”.
Si la vivienda es un negocio, ¿mi vida es la moneda de cambio?
Madrid despierta, te roban la vivienda.
Que mudarse sea una elección y no una necesidad.
Los desahucios son como borrar los recuerdos.
Manuel, profesor de 28 años y parte del acampe, reclama una respuesta más contundente por parte del Gobierno:
—Los parches ya no alcanzan y hace falta que se atrevan un poco más— cuenta—El gobierno es muy cobarde. No sabemos para quién está legislando, pero para los jóvenes no. No nos parece suficiente. Se nos va el sueldo en alquilar unos cuartuchos realmente vergonzosos. Toda la situación de Maricarmen fue el detonante de un malestar social que venía tensándose y estalló. Y acá estamos. Nos plantamos.
La acampada consiguió que la crisis de la vivienda entrara de lleno en la agenda política española y generó una visibilización del conflicto a nivel internacional. En respuesta a la movilización, el gobierno aprobó dos decretos con medidas que servirían para frenar los desalojos, prorrogar contratos de alquiler y limitar algo de la especulación inmobiliaria. Pero el Congreso –por iniciativa de Vox y el PP– los rechazó y, aunque el Ejecutivo volvió a aprobar uno de ellos con modificaciones, su futuro sigue abierto. A la espera de las elecciones –adelantadas– que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. La movilización también logró ampliar el reclamo: los principales sindicatos convocaron una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre. En la Puerta del Sol, mientras tanto, las carpas siguen en pie. El movimiento que empezó con el desalojo de Maricarmen continúa, y la juventud está atenta, esperando respuestas.