No alcanzó. Nada alcanza.
Denunciar reiteradamente un intento de femicidio, vivir en alerta, militar en una organización feminista, aprender, participar de movilizaciones masivas en contra de la violencia machista, tener un botón antipánico, rodearse de amigas que saben, contarles todo a todos, hacer guardia en el juzgado sin ser recibida, irrumpir ante el juez para reclamarle protección. Nada alcanzó. El jueves 16 de marzo, cuando salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, María Isabel Speratti Aquino fue asesinada de cuatro disparos por su ex pareja, Gabriel Alejandro Núñez. Los chicos, de 13 y 17 años, vieron cómo su papá lograba, finalmente, matar a su mamá.
En el país del Ni Una Menos, la historia de este femicidio fue contada por su víctima en tiempo real y en primera persona. Cada agresión, cada denuncia, cada visita al juzgado, cada ninguneo, cada desatención fue relatada por María Isabel en audios de whatsapp que sus hermanas y sus amigas de la organización civil contra la violencia de género Shalom Bait recopilaron y difundieron. Es una historia que comenzó a escribirse en junio de 2021 e incluye como protagonistas ineludibles a, por lo menos, diez representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo que terminaron favoreciendo, por inacción, al femicida.
En junio de 2021, Gabriel Núñez ya había intentado matarla. Fue una noche, cuando todavía vivían juntos. Estaban acostados. Él le ofreció hacerle masajes y, cuando la tuvo en posición, le trabó el cuerpo con las piernas. Mientras, con un brazo la ahorcó y con el otro le tapó la boca. El hijo menor de la pareja, que en ese momento tenía 11 años, entró en la habitación.
—¡Andate de acá! —le gritó su papá.
El chico se quedó paralizado.
Cuando vio que el nene no se iba, Núñez aflojó el brazo. Entonces, la que empezó a gritar fue María Isabel.
—¡Llamen a la policía! ¡Me quiere matar! ¡Llamen a la policía!
El hijo mayor, que estaba en el living, reaccionó rápido: saltó la medianera hacia la casa del vecino y pidió ayuda. La Policía llegó minutos después: los agentes le explicaron que no se lo podían llevar preso porque ella todavía estaba viva y porque no lo habían encontrado in fraganti.
—Me vas a matar, Gabriel. ¡Me vas a matar!
–Pero por Dios, no te voy a matar. Te lo juro por mis hijos. No te voy a matar. Si quisiera, te puedo matar en cualquier momento.
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El ataque tuvo tres consecuencias: la separación, el estrés postraumático (que María Isabel trataba con un psiquiatra) y el inicio de una peregrinación judicial que rápidamente se comprobaría inútil. Ella hizo la denuncia y la causa quedó caratulada como lesiones leves (un delito que prevé una pena de un mes a tres años y que es excarcelable).
Después del hecho, Núñez fue ingresado en un neuropsiquiátrico y al mes recuperó la libertad.
En el relato de María Isabel, la Fiscalía 1 de Cañuelas juega un rol fundamental. Ni el fiscal Lisandro Damonte ni su sucesor, Roberto Javier Berlingieri, escucharon su pedido. En uno de sus audios cuenta que se lo dijo con claridad al juez de Garantías 8, Martín Rizzo: “No me siento representada por los fiscales”. Fue el 29 de junio de 2022.
María Isabel se enteró que la Secretaría de la Mujer de Cañuelas iba a organizar una charla sobre “Violencia de Género y Masculinidades”. “Imaginándome que iba a estar toda la crema y nata del Municipio, de la Policía, de la Justicia, retiré a mis hijos del colegio y me fui con ellos a la charla”, les contó en un audio a sus amigas.
Ahí estaba el juez Rizzo. Y ella pidió la palabra. Delante de todos, contó que en su juzgado no la recibían, que la Fiscalía no la representaba, que ella estaba en riesgo y que, como no tenía dinero para pagarse un abogado ni el juez ni los fiscales escuchaban su pedido para caratular el caso como intento de femicidio (que prevé una pena 10 a 15 años). Mientras hablaban de deconstrucción y de su lucha contra la violencia de género, los dejó desnudos.
Pero no alcanzó.
Unos meses más tarde, la jueza de paz Inés del Valle Rivarola les pidió a los hijos de María Isabel que le dieran una segunda oportunidad a Núñez. Mientras, en paralelo, se agudizaban las amenazas de la familia del todavía fallido femicida contra María Isabel. Varias veces estuvo a punto de presionar el botón antipánico.
A fines de diciembre de 2022, un año y medio después del intento de femicidio, finalmente el juzgado ordenó hacerle una pericia psicológica a Núñez. En esa evaluación, que María Isabel pudo fotografiar a hurtadillas para compartirla con sus amigas, la perito Ana Victoria Maimone le recomienda al juez que Núñez se acerque a una “institución socioeducativa para varones agresores” porque no muestra autocrítica y porque “en las argumentaciones que sostiene se observan ideas de tinte patriarcal”. Además, dice la perito, “dadas las características de su personalidad, es posible que en situaciones de tensión emocional o de estrés pueda cometer conductas poco reflexivas”. Menos de tres meses después, María Isabel estaría muerta.
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¿Qué hace falta para que el Estado vea y actúe contra la violencia de género? ¿Cuál es el resorte que todavía falta tocar para que un juez, con un potencial femicida en su radar, intervenga con eficiencia, permita vidas libres de violencias y logre que ese hombre no mate? Se incluyó el femicidio en el Código Penal en 2012, cientos de miles salimos a las calles desde 2015 cada 3 de junio para gritar “Ni Una Menos”, la Corte Suprema produce y difunde estadísticas detalladas sobre violencia de género, el Congreso aprobó una ley que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse con perspectiva de género. ¿Por qué nada alcanza? Las cifras de femicidios en la Argentina se mantienen estables desde 2017 con un promedio de 271,4 víctimas letales de violencia de género por año. Una cada 33 horas.
Ella hizo todo lo que el Estado y las organizaciones les dicen a las víctimas que tienen que hacer. Y no alcanzó.
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La mañana del 16 de marzo, María Isabel sacó el auto para llevar a los chicos a la escuela. Los dos todavía estaban adentro de su casa cuando llegó Núñez y cruzó su coche por atrás. Núñez se bajó del auto con un arma en la mano; el hijo mayor salió de la casa y lo vio; María Isabel se bajó del auto y le gritó a los chicos que huyan. El mayor entró, le avisó a su hermano y escaparon juntos saltando la misma medianera que los había salvado dos años antes.
Mientras corrían, sonaron los disparos. Cuatro tiros. El último, cuando ella ya estaba en el suelo, a la cabeza, para rematarla. Sus hijos vieron la escena escondidos en la casa de al lado. El charco de sangre. El silencio.
María Isabel murió en el hospital.
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Ahora los hijos de María Isabel tienen una restricción perimetral que impide que la familia del femicida se acerque a ellos. Paradójicamente, esa medida de protección fue firmada por la misma jueza que les pedía revincularse con Núñez. Esos adolescentes son dos sobrevivientes. Porque de casualidad no estaban en el auto con su mamá cuando apareció el femicida. Y porque tras el primer intento de asesinato ellos sí estaban alertas y sabían qué hacer.
A casi un mes del femicidio, no hay ningún pedido de juicio político ni contra los fiscales ni contra los jueces que la dejaron a la intemperie. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Por qué le cuesta tanto ver y actuar ante lo obvio? No existe una respuesta sencilla, pero hay algunas pistas para analizar. La resistencia y demora de la Corte Suprema de Justicia para aceptar la capacitación de la Ley Micaela, la gran cantidad de cargos vacantes, el hecho de que el 75% de los camaristas sean varones y la certeza de que prácticamente no habrá consecuencias en el Consejo de la Magistratura para quienes no escuchan a las víctimas son las múltiples puntas de una madeja difícil de desenredar.
—Qué difícil, chicas… qué difícil luchar tanto para tener justicia y no tenerla —les dijo María Isabel a sus amigas.
Qué difícil.