Era el mediodía de un día de invierno de este año que se termina. La atención en los consultorios de la maternidad de San Fernando del Valle de Catamarca iba menguando. Pero en la sala de espera había quince mujeres. La psicóloga Alejandra Rossaroli y la ginecóloga Marina Villagra preguntaron en voz alta:
—¿Quiénes están por las ecografías para IVE?
Todas las mujeres de la sala se levantaron.
—Yo.
—Yo.
—Yo.
—Yo.
La psicóloga Rossaroli siente que nunca va a poder olvidarse de ese día. Tres años antes, cuando empezó a trabajar en ese hospital, sus pacientes llegaban encorvadas, con la mirada baja, y nombraban con vergüenza el motivo de su consulta. Pero ese día se levantaron todas.
La médica Cintia Altamirano Raminger, martes y jueves recorría postas rurales en el monte chaqueño. Tampoco se resiste a comparar el presente con lo que hoy suena a pasado lejano pero ocurrió en 2017.
—Le dije que tenía derecho a interrumpir su embarazo y abrió los ojos gigantes.
Altamirano Raminger atendía una guardia en el hospital de El Espinillo, en el Impenetrable chaqueño. La había ido a ver una chica que estaba embarazada y decidida a no seguir adelante con esa gestación. Pero que no había escuchado jamás hablar de la Interrupción Legal del Embarazo, la ILE, el aborto por causales que el Código Penal establecía –desde hacía más de un siglo– como excepciones a la penalización.
“Como no se garantizaba la ILE en ninguno de los once hospitales de la región sanitaria, ni siquiera en el de cabecera, en Juan José Castelli me comuniqué con las autoridades. Lo único que necesitaba era una caja de misoprostol. Yo venía acompañando ILE desde mi residencia, en 2005, para mí era algo natura. Insistí.”
Cintia Altamirano llamó a todo el mundo. Repetía lo mismo:
—Es un derecho, hay que garantizarlo.
Conseguió la medicación, y como la adolescente no se animaba a hacer la interrupción en el mismo lugar donde vivía, lograron hacerla en el hospital Perrando, en Resistencia. Desde esa consulta, Cintia no paró más.
Cuando hoy se pregunta en Chaco dónde está garantizado el derecho al aborto legal, libre y gratuito, consagrado por la ley 27.610, votada hace exactamente un año en el Senado, que despenalizó y legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la respuesta puede sorprender: “Castelli es el modelo a seguir”. En la puerta de entrada a una región de pobreza extrema y múltiples barreras de acceso a la salud como es el Impenetrable, en el hospital Bicentenario y dos centros barriales, el Curishí y el Vacunatorio, se atienden las personas del departamento de general Güemes que requieren un aborto.
La atención en tiempo y forma llegó a Castelli antes que a otros lugares menos aislados del país. Como sucede en sitios donde desde antes de la sanción de la ley había equipos de trabajadores de la salud y socorristas y otros activismos feministas que garantizaban el acceso a la ILE. Así baja la ley a los territorios, apoyándose en una red que consolidó una capacidad instalada de profesionales y militancias que empujaron la legalización como un proceso en el que la mano levantada de 131 diputados y diputadas y 38 senadoras y senadores es un hito. Y este aniversario, un punto en el camino. Que no es el de llegada.
La praxis feminista preexistente a la norma hoy moldea el flamante derecho adquirido y la política pública en acción: en el camino hacia la sanción de la ley, la red que actuaba por lo bajo comenzó a salir del clóset.
Altamirano Raminger vive hoy en la costa atlántica bonaerense. Se alegra de que le pregunten por “todo aquello que se logró”. Como vicedirectora de la región sanitaria V y médica generalista, recorrió durante dos años el Impenetrable de punta a punta. Con base en Castelli, donde vivía con su marido y su hija, iba y venía en ambulancia a Miraflores, Tres Isletas, El Sauzal, El Sauzalito, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Comandante Frías, Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya.
Según el Ministerio de Salud, son 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021. Es la primera cifra oficial sobre una práctica que hasta un año se calculaba con estimaciones.
Después de la experiencia con aquella chica de 15 años y de reunirse con el ministro de salud provincial “para blanquear el asunto”, sumó la ILE a la atención de la siempre postergada población del monte chaqueño y capacitó a las residencias de medicina general. Lxs residentes generalistas son quienes hoy garantizan el aborto en la región, más que los profesionales de ginecología, algo que también se observa en otros puntos del país.
A fines de 2018 la médica dejó Chaco con síntomas de estrés postraumático: “Estaba monte adentro todo el día. A mi marido y a mi hija los veía los domingos. Se me rompió la mente y el corazón, vi tantas muertes injustas… Sentí que aportaba un montón pero no era suficiente”. Sobre la base de esos esfuerzos, el aborto llega adonde antes era un tabú, y los saberes adquiridos ahora forman parte de protocolos, flujogramas y rutas de acción.
Además de Castelli, en Chaco se están haciendo IVE en el hospital 4 de junio de Roque Sáenz Peña y en el Perrando, de Resistencia. Es una decisión que han tomado distintos centros de salud en el país y por distintas razones: para que las personas gestantes sepan adónde ir y no reboten en mostradores y consultorios donde les dicen que no, porque hay solamente uno o dos profesionales que ofrecen la práctica o también para resguardar el misoprostol y las historias clínicas.
Los recaudos y las formas de desarmar o esquivar esos pequeños obstáculos cotidianos que pueden transformarse en barreras forman parte de la capacidad instalada y acumulada. Así como en San Juan desarmaban los DIU que llegaban a la provincia en los primeros tiempos de la ley de salud sexual y reproductiva (hace casi dos décadas), hace un par de años hubo noticias de historias clínicas que se perdían y después volvían a aparecer.
37 demandas
En Chaco también se hizo uno de los primeros intentos de frenar judicialmente la ley 27.610: en enero de 2021, una jueza de feria hizo lugar a la cautelar que suspendió por dos meses la aplicación, hasta que en marzo la medida fue revocada y el aborto tuvo plena vigencia en la provincia.
La embestida judicial fue constante en este primer año: hubo 37 demandas en diversas provincias, de las cuales 32 buscaron la declaración de inconstitucionalidad. Ninguna prosperó en marcar un antecedente que alertara sobre un posible retroceso. El Poder Judicial rechazó estas acciones que no pasan más allá de los primeros filtros, con excepción de dos casos.
Hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay dos causas pendientes sobre las cuales tendrá que pronunciarse en algún momento: una de Salta y otra de Córdoba. Detrás de la acción de Salta está la ex senadora nacional del partido Renovador Cristina Fiore Viñuales, que en 2018 protagonizó la oposición más fuerte al aborto en Senado. Hoy es diputada provincial y junto al ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra (que en la reforma constitucional de 1994 intentó incluir una cláusula que planteaba la “protección de la vida desde la concepción”) y el constitucionalista opositor al aborto Alberto Bianchi (doctor en Derecho y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires) pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
A la causa de Córdoba la empuja la organización de extracción católica Portal de Belén, una de las principales litigantes en contra de los derechos sexuales y reproductivos del país. Uno de sus logros: suspender por más de 7 años el acceso a la ILE en esa provincia.
La estrategia judicial de los grupos opositores (un conjunto de particulares, asociaciones civiles y hasta partidos políticos que parecen actuar en tándem por las similitudes entre los textos que presentan) no tuvo efectos legales pero sí colabora con el ruido y la desinformación, ante la falta de campañas oficiales masivas de información sobre el derecho.
Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Mujeres por Mujeres (MxM), y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) monitorean los litigios con un entrenamiento y conocimiento que también es preexistente al 30 de diciembre de 2020: antes de cumplirse un mes de su promulgación, ya se habían presentado más de 20 acciones judiciales cuestionando la constitucionalidad y pidiendo la suspensión.
El episodio que más preocupa a las organizaciones feministas y de derechos humanos y hasta al propio gobierno ocurrió en septiembre en Salta. Se trata del intento de criminalización de una profesional de la salud por garantizar una ILE. La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. La joven de 21 años había viajado más de 53 kilómetros hasta el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal. Un médico varón dentro del hospital vulneró la confidencialidad de la historia clínica de la mujer y dio a conocer a su familia que había pedido un aborto.
Entonces comenzó la persecución a la médica residente que la atendió: Miranda Ruiz pasó detenida siete horas y todavía tiene un proceso judicial por “aborto no consentido” que se encuentra en etapa de investigación a instancias de la fiscalía. Hay varios pedidos de sobreseimiento por parte de su defensa que aún no se resolvieron.
El caso de Chaco es la evidencia de que la judicialización no frenó la demanda porque con o sin ley, con o sin medidas cautelares las mujeres y personas gestantes siguen necesitando interrumpir sus embarazos. “A pesar de la cautelar”, dice la actual ministra de Salud Carolina Centeno, “hubo un crecimiento exponencial de la práctica: se hicieron 526 interrupciones desde la sanción de la ley en enero hasta octubre, el 92% son en el primer trimestre”. En 2019 se habían registrado 65 interrupciones legales y en 2020, 172.
A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, son 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021. Es la primera cifra oficial sobre una práctica que hasta un año se calculaba con estimaciones. El número no incluye los abortos en el sector privado, obras sociales y prepagas, o los autogestionados. En el primer semestre de 2021, 6.517 personas se contactaron a Socorristas en Red; 4.184 (el 74,5%) autogestionaron abortos en sus casas.
“Ha aumentado muchísimo la afluencia a los centros de salud; las personas se acercan al Perrando con derivación”, dice Centeno. Porque se animan a consultar y porque en ciertos centros no ofrecen la práctica pero orientan y derivan. Llegar al hospital capitalino derivada por un médico es diferente a viajar por cuenta propia o probar suerte.
Estas situaciones siguen ocurriendo en muchos puntos del país. Pero la demanda empuja los cambios. Esta tendencia al aumento de las consultas como expresión de la salida del clóset se refleja en los llamados a la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación: entre enero y el 30 de noviembre de 2021 recibió 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo. Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos (entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados).
La vorágine
Es difícil pensar un antes y un después de la ley: los cambios ya estaban en marcha desde la convicción y las voluntades personales de garantizar derechos.
“Consulta aborto legal. En este CESAC acompañamos interrupciones del embarazo”, dice hoy un cartel en el centro de la sala de espera del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 47 de la Villa 31-31 Bis, de Retiro. Antes de la sanción de la ley, las profesionales de la salud pegaban cartelería que después aparecía en el suelo. Se inventaron una contraseña compartida entre administrativas, seguridad, limpieza y el resto del personal para las pacientes que necesitaban abortar. Se activaba el “Código Verde”, que también devino en grupo de Whatsapp. Hoy ya no es necesario hablar en códigos pero el chat continúa funcionando.
Hasta hace dos años sólo tres profesionales de la salud del Hospital Sub-Zonal Materno Infantil Eduardo Oller de San Francisco Solano, en el municipio de Quilmes, acompañaban interrupciones legales del embarazo. Compraban ellas mismas la medicación en la farmacia del barrio con plata de caja chica y las pacientes que necesitaban llegar a ellas tenían que sortear una serie de obstáculos y laberintos para arribar al lugar donde las atendían. Ahora reciben partidas de misoprostol del gobierno bonaerense, el Consultorio de Salud Sexual Integral y Diversidad está junto al resto de los consultorios externos y tiene un ecógrafo propio.
“A partir de la sanción de la ley, la disputa de sentido, estar de un lado o del otro, perdió potencia. Hoy lo que está en el centro es lo operativo y los servicios. La ley les permitió a los profesionales trabajar más tranquilos. También propició a mucha gente blanquear su posición. Hay muchos que no estaban de acuerdo en hacer la práctica pero sí con brindar el servicio a quien lo solicite”, explica Centeno.
Para ella es importante diferenciar al profesional objetor, que no realiza la práctica, de los que la combaten y obstaculizan: “La mayoría de los objetores tiene la capacidad de escuchar, derivar y acompañar. La objeción no es un problema en sí mismo, el problema es la violencia institucional. No todos los profesionales que garantizan la IVE son militantes pero tienen en claro que hay que cumplir la ley”.
Las feministas gobernando también forman parte de esa red preexistente que posibilita que se garantice el derecho a un año de la sanción. En la provincia de Buenos Aires, el cambio de gestión a fines de 2019 fue el inicio de un proceso que preparó el terreno para cuando se aprobara la ley. La creación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual y su articulación con las áreas de salud clave como la Dirección Provincial de Equidad en Género en Salud fueron claves para el cambio de paradigma. En el primer mes de gestión adhirieron al Protocolo nacional (una deuda pendiente del territorio más poblado del país) luego impulsaron la compra de misoprostol de producción pública y empezaron a generar instrumentos de registro para contar las ILE y también efectores de salud. Durante 2020 contaron 15.330 prácticas de aborto y 17.506 en lo que va de este año.
Hay obstáculos estructurales del sistema de salud que se presentan como barreras para el acceso a la IVE: desde la falta de profesionales, el trabajo en equipo e interdisciplinario, a la baja disponibilidad de ecógrafos.
Estos números les permiten perfilar quiénes y cómo abortan: el 90% de las bonaerenses que solicitan acceder a un aborto lo hacen dentro del primer trimestre de gestación, es decir antes de la semana 12. El 75% corresponden a tratamientos de tipo farmacológico con uso de misoprostol mientras que el 24% a procedimiento quirúrgicos.
Hoy cuentan con 496 efectores que atienden IVE/ILE. Antes del cambio de gobierno eran 196. La ley y la intervención expandieron recursos. En diciembre de 2019, 51 de los 135 municipios bonaerenses tenían al menos un establecimiento municipal de salud que garantizaba el acceso a ILE, el 38%. Para diciembre de 2021 son 125, el 93%.
De los diez municipios que aún quedan sin efectores municipales para garantizar el acceso, hay cinco que cuentan con uno provincial que sí lo garantiza. Solo cinco no registran ningún profesional, entre ellos San Miguel. El municipio con nombre de arcángel y estética institucional celeste es una isla antiderechos en un continente provincial que empuja por la ampliación. El Concejo Deliberante declaró en 2018 a San Miguel municipio “Provida”. Todavía, quienes necesitan interrumpir sus embarazos tienen que migrar a otros municipios.
Los nudos a desenredar
En junio de este año, una red de periodistas de catorce provincias a la que pertenecemos las autoras de esta nota se propuso hacer la foto de lo que estaba sucediendo tras los primeros seis meses de la ley. Un equipo de 49 trabajadorxs de prensa recorrió 146 departamentos, ciudades y pueblos de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Consultaron 478 profesionales de la salud; funcionarios y funcionarias; usuarias del sistema; directivos y personal administrativo de centros de salud, obras sociales y prepagas; farmacias y activistas.
La imagen, aunque cambiante día a día, ofrece algunas tendencias confirmadas por los múltiples informes de gobierno y ONGs publicados como balance estos días.
Los obstáculos, nudos que frenan la fluidez en el acceso, no siempre tienen que ver con posicionamientos en contra; en muchos casos son los estructurales del sistema. La falta de profesionales es un déficit histórico pero se profundiza en el caso de la IVE, en la que se necesita el trabajo en equipo e interdisciplinario.
En Chaco, en el Perrando, por ejemplo, son cuatro de 50 “los que garantizan”, como se suele definir positivamente a quienes hasta no hace mucho eran “las aborteras”. Hay menos tensiones, pero falta gente. Esto no sucede solo en el Chaco y tampoco por una sola razón.
Los traslados, por ejemplo, son otro gran nudo problemático: además de que hay que conseguirlos, se vulnera la privacidad de las personas. Otro: la falta de ecógrafos. Las mujeres terminan pagando por su cuenta, si pueden, un viaje de cien kilómetros o una ecografía en un lugar privado, porque el tiempo corre y el límite es la semana 14 de embarazo. O las mismas redes feministas que empujaron la ley son las que se ocupan de que se reúna la plata para el traslado.
Hay prácticas deliberadamente obstaculizadoras: dilatar turnos, mandar a llamar a la línea 0800 de Salud Sexual como respuesta a la consulta, poner mal –o no poner– la “edad gestacional” en el informe de una ecografía. O mostrar las imágenes –“mirá a tu bebé”– y los sonidos de la ecografía a mujeres que han explicitado que no lo desean.
Para quienes necesitan un aborto, la experiencia todavía es azarosa: depende si dieron con el consultorio indicado, si no se toparon con alguien en un mostrador que les dice “acá no se hacen”. Hay mucha primera consulta a las organizaciones feministas –los Facebook estallan de preguntas– y activistas. El estigma persiste y antes de que te traten mal, mejor averiguar adónde ir.
Es lo que pensó Ali, una porteña de 28 años: “Sabiendo que el aborto es legal y todo, no tenía información ni sabía qué hacer”. Llamó a su obra social explicitando que necesitaba un aborto y le dieron turno para tres semanas después. “Me pareció mucho”, dice Ali –el nombre es inventado, y el pedido de anonimato también es un indicador–. Entonces hizo dos cosas: pagar una ecografía y llamar a una compañera de trabajo del novio, activista feminista, que le recomendó ir a uno de los centros de salud y acción comunitaria que hay en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, donde los equipos hace rato que garantizaban la ILE –en plena discusión de la ley, en diciembre de 2020, hacían la gran mayoría de las alrededor de 8000 interrupciones legales anuales–.
“Mi temor era el que tengo siempre con el sistema de salud: no conseguir turno, que el médico tarde demasiado en verme. Otro miedo era a que me trataran mal. Pero en la salita el trato fue excelente y en una semana resolvieron todo. Me brindaron contención, hice la consulta postaborto y me dieron anticonceptivos”, cuenta. Se sabe en el nivel primario y de manera ambulatoria se resuelven la mayoría de los abortos. Un ejemplo: en 2016, los CESAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) realizaron 386 interrupciones versus 177 realizadas en hospitales. En 2017, 1563 contra 330. En 2018, 4176 versus 682. En 2019, 7052 versus 1336.
La ruta para el acceso todavía es un nudo problemático que se enreda aún más con la falta de información. No saber adónde ir, qué pedir, cómo es el procedimiento y qué derechos tienen es una constante en las usuarias. Este déficit marida con la falta de capacitación de profesionales. Ante la pregunta por la ausencia de campañas masivas en radio, televisión o cartelería en la vía pública sobre este derecho, las funcionarias del gobierno dicen que no se estimuló la demanda porque se estaba construyendo la oferta, pero que está en los planes para 2022.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que 904 profesionales del país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales. Sin embargo, todavía hay obstetras que hablan de legrados cuando no es necesario, jefes de servicio, directores de hospitales y responsables de salud municipales que han respondido que en sus áreas no se hacen abortos “porque no hay quirófanos”. Médicos y médicas que desconocen la práctica y/o no quieren meterse en quilombos son, posiblemente, más numerosos que aquellos que la niegan de forma militante. No es un dato duro, no surge de una encuesta rigurosa, pero es una realidad que se constata en el terreno.
“Éramos todos objetores”
Javier Ocanto tiene 53 años, es cirujano y subsecretario de Salud del municipio de Deán Funes, en el norte cordobés, una zona “más parecida al noroeste que a la pampa húmeda”, dice por las condiciones socioeconómicas y geográficas en una región de 160 mil habitantes en la que la mitad de las mujeres carece de obra social. Deán Funes tiene un hospital provincial y seis centros de salud: uno en cada punto extremo de la ciudad y dos céntricos. Ni siquiera el que hace un trabajo más especializado en salud sexual y que atiende a la población joven ofrece IVE. “Hasta hace poco éramos todos objetores”, resume Ocanto.
Pero algo cambió. Hace un par de meses, Ocanto le envió la ley 27.610 al personal de salud del municipio y organizó reuniones de capacitación para que la conocieran los médicos y médicas, la gente de enfermería, de administración y de maestranza: todas las personas con las que puede tener contacto una mujer que llega a un centro de salud a solicitar un aborto. En el mail de la convocatoria escribió en mayúsculas una frase que repite ahora, por videollamada, desde su oficina: “Aunque seamos objetores no debemos transformarnos en obstaculizadores. Ya es bastante difícil la situación de las mujeres”.
“Yo soy cirujano pero muchas veces, en estos lugares, donde te conocés con todo el mundo, la gente viene a verte por otras cuestiones. Me han venido a hablar mujeres que estaban embarazadas diciendo ‘no puedo tener a este chico’”, relata Ocanto. “Uno tiene una orientación y una visión puesta en cuidar el embarazo, no en interrumpirlo, pero también muchas veces he tenido enfrente personas con situaciones muy duras. Y uno no es quien para cuestionar. Fui aprendiendo, además, que cuando la persona toma la decisión no retrocede. La conversación llegaba a un punto en que no sabía qué decirle. Te sentías mal, sabías que la dejabas sola con sus miedos y angustias.”
A mitad de 2021 todo seguía más o menos igual en Deán Funes. La cuestión de la IVE “había quedado en el tintero” hasta que la periodista Lucía Mireti, del Canal 2 de la ciudad, le preguntó en qué punto estaba la atención del aborto. “Ella me dio el impulso para ponerme con el tema”, cuenta Ocanto. Y agrega: “ahora ya hay acá un profesional que me dijo que no tiene problemas en hacer la práctica”. Con discreción, no dice más. Ni qué profesional ni en qué centro de salud. Hasta ahora no se hizo ningún aborto legal en Deán Funes, pero la próxima mujer que lo pida podrá resolverlo sin ser derivada a la capital. Ocanto subraya varias veces: “Hay que poner más el foco en prevenir los embarazos no deseados, en evitar llegar a esta situación. Pero si se llega, hay que dar respuestas”.
— ¿En qué mejora que una persona pueda hacerse el aborto en su ciudad en lugar de viajar 127 kilómetros a Córdoba capital?
— Es menos penoso para ella.
— Pensé que iba a dar una respuesta de funcionario: mejora la prevención, la atención postaborto.
— Indudablemente está el beneficio del seguimiento postaborto y del asesoramiento anticonceptivo. Yo respondí poniéndome en el lugar de la mujer. No va a estar un día entero esperando que la trasladen. No va a estar tan a la deriva. Acá nos conocemos todos, que te estén paseando de un lado a otro es más exposición, es más traumático.
Ocanto dice que impulsar el diálogo y la capacitación sirvió: “Algunas personas pasaron de decir ‘si no se cuidó, ahora que se joda’ a tener un punto de vista más humano”.
La objeción, dice, es no hacer la práctica. Y nada más. “Están los motivos de conciencia, los religiosos, los morales. Pero también muchos dicen ser objetores sin informarse demasiado, porque es más fácil decir ‘soy objetor, no me jodan con esto’. No critico, cada uno decide sus prioridades y su compromiso con la profesión. Mi visión es que si uno no va a hacer el procedimiento, al menos no hay que mirar para otro lado. Hay que dejar de polarizar y enfocarse en la situación”.
En soledad
Claudia Carballo nunca se sintió estigmatizada. “No tuve ese problema de ser llamada ‘abortera’, tengo muy buena relación con todos mis colegas”, aclara. Pero hace casi diez años que trabaja sola cuando se trata de interrumpir un embarazo. Nació en Córdoba, es médica generalista desde hace 24 años y lleva 23 en Libertador General San Martín, en el centro del departamento de Ledesma, zona de explotación azucarera y de reserva de yungas. A cien kilómetros de la capital jujeña hace ILE desde que en 2012 la muerte de una chica por aborto inseguro le dejó una huella. Al año siguiente tuvo la oportunidad de capacitarse con colegas de Morón, en el conurbano bonaerense: ”Otro mundo, unos adelantados, apoyados por su municipio”.
“Después de aquello volví a Ledesma con todas las ganas de formar un equipo interdisciplinario para poder dar respuesta a estos casos. Mi desilusión fue grande porque nadie quiso acompañarme, había mucho miedo”, cuenta. Era la única desde Ledesma hasta Yuto que hacía interrupciones legales. “Fui transitando en soledad este camino hasta llegar a la ley y dando respuesta a quien podía y como podía”, cuenta en mensajes de whatsapp desde el centro de salud Santa Rosa, en el que hace base. En su región todavía no se han sumado profesionales para hacer IVE, pero para ella la situación cambió. Siguen los mensajes:
“Cambió mucho todo.”
“Trabajo en soledad.”
“Sigo igual en eso.”
“Pero estoy más tranquila”
“La consulta obviamente subió”.
“Un promedio de 4 o 5 IVE por semana”.
“Ahora mis colegas ginecólogos me derivan pacientes para IVE ya que ellos son objetores.”
“El sistema está aceptando”.
“Y sí… el número es el de mi teléfono personal y estoy 24 horas disponible”.
“Estoy superada”.
Un proceso
La sobrecarga es una constante. “La consulta se duplicó y tuvimos que organizarnos para dar respuesta”, dice Villagra, la ginecóloga en la maternidad provincial 25 de Mayo, en Catamarca. Es parte del equipo pionero: junto a la psicóloga Rossaroli y una asistente social atendían desde 2016 el “consultorio 9”, donde se ofrecía la ILE. En 2018, Villagra y Rossaroli fueron invitadas a presentar en público su trabajo en un evento organizado por el colectivo de periodistas feministas Eulalias, en el que compartieron mesa con la actriz Muriel Santa Ana. Era agosto, en junio se había dado media sanción a la legalización del aborto en Diputados y los números no daban en el Senado. Sin embargo, en medio de aquella salida del clóset para profesionales que prácticamente se sentían clandestinas haciendo un trabajo legal, no había clima de derrota. Era un paso. Alguién leyó en la sala del hotel Ancasti la frase final de una de las notas de la cobertura de Anfibia: “Estamos gritando lo que antes no se podía nombrar. De eso no hay vuelta atrás”. Y no había.
Villagra cuenta que en el consultorio ahora son cinco médicos y médicas, cuatro profesionales de psicología, una obstétrica y una trabajadora social: “Este año se atendieron alrededor de 1000 consultas por IVE y se realizaron 600 intervenciones. En 2019 hubo alrededor de 250 y en 2020, 350”.
El esfuerzo que desde hace años realizan socorristas y trajabadores de salud hoy son el puente para que el aborto llegue adonde antes era un tabú, y los saberes adquiridos ahora forman parte de protocolos, flujogramas y rutas de acción.
Hay también otros dos equipos que ofrecen la práctica en la capital de Catamarca, uno en la ciudad de Belén y uno más en Tinogasta. La demanda sigue siendo mayor que la oferta, pero hay cambios, dice, en los colegas que no se suman a hacer las interrupciones pero sí a la atención posaborto. Y “ha mejorado el trato en general” hacia las pacientes, que muchas veces son advertidas por médicas, amigas y toda clase de redes de apoyo sobre qué días y horarios mejor ni aventurarse por un servicio o una guardia donde se sabe que las van a tratar mal, como era vox populi, por ejemplo, con “la guardia de los jueves” del Perrando, en Chaco.
“Hoy podemos hablar en radio y televisión sobre el acceso al aborto sin que nos cuestionen”, agrega Villagra. La despenalización social va llegando despareja, se instaló en algunos lugares pero todavía es lejana en otros. La legalización del aborto es un proceso que empezó antes del 30 de diciembre de 2020 y no termina aquí.