En esta exhaustiva investigación a 40 años del golpe, María Eugenia Ludueña y Luciana Bertoia se adentran en el proceso de desclasificación de los archivos del Vaticano y de Estados Unidos comenzado años atrás, en las diferencias al interior de los organismos, en lo logrado y en las cuentas pendientes. Después de doce años en que los derechos humanos fueron ejes centrales de las políticas públicas, los organismos afrontan un nuevo rol. ¿Cuán versátiles podrán ser las organizaciones frente a esta nueva coyuntura política?



En un cotillón a metros de avenida Cabildo, una señora mayor, de rostro angelical, se quejaba de lo caro que estaba todo. Julia Coria, otra clienta de 39 años, compraba velitas para una torta y se sumó:

 

-Mire que va a subir todavía más.

 

-No importa. Si tengo que pagar, pago contenta. Siento que pago la libertad de mi marido.

 

Julia no entendió. La vendedora tampoco:

 

-¿Cómo? ¿La libertad de su marido?

 

-Mi marido estuvo en Quilmes en la época de la subversión. Tan bien trabajó que le pidieron que se quedara. Y ahora esta gente lo puso preso ¿a vos te parece? Ochenta y cinco años y lo tengo preso en mi casa.

 

-Qué suerte que tiene — le dijo Julia sonriente. A mi papá lo mataron a los 22 y a mi mamá a los 26.

 

Vendedora y clienta pusieron caras de horror.

 

-¿¡Cómo querida!?

 

-Son desaparecidos. A mí me secuestraron con ellos cuando tenía dos meses. Qué privilegio el de su marido, pasar por un juicio, estar preso en su casa.

 

-¡Ay, querida! Yo rezo por todos, eh- dijo la señora y se acercó a Julia para abrazarla. Pero ni odio ni rencor, ni venganza -dijo y la besó en la mejilla.

 

-Claro. Ni odio ni rencor ni venganza. Justicia, que es lo que mejor nos hace a todos -dijo Julia.

 

Mientras volvía a su casa, Julia -socióloga, investigadora en temas de enseñanza de la historia reciente- recordaba el editorial de La Nación al día siguiente del balotaje. “No más venganza”, había titulado el diario. En su Facebook, Julia hilvanó ambos eventos y escribió: “Estos discursos volvieron a ser legítimos. Nos toca estar atentos, en todas partes, en las escuelas. Y en los juicios, claro”.

 

A 40 años del Golpe, la reconfiguración del escenario político tras la victoria electoral de Mauricio Macri trajo nuevos interrogantes e incertidumbres para los organismos de derechos humanos. El presidente esquivó definiciones en este terreno durante su campaña, pero ya había hecho pública su propia concepción el 8 de diciembre del 2014.

 

-Ahora los derechos humanos no son sueños compartidos ni los curros que han inventado. Con nosotros todos esos curros se acabaron- dijo Mauricio Macri en una entrevista también publicada por el diario La Nación.

 

Este 24 de marzo, el presidente de la mayor potencia extranjera disputa con su sola presencia el mensaje central de la conmemoración. Los organismos pidieron que la visita no afectara la movilización y redoblaron la apuesta: solicitaron también la desclasificación de los archivos de inteligencia y de defensa a la embajada de Estados Unidos. El 17 de marzo el gobierno de aquel país anunció que estaba dispuesto a liberar los documentos aún sin desclasificar, después de que se abriera parte de los archivos del Departamento de Estado en 2002. Fue una victoria de los organismos y tuvo bonus track. El 19 la iglesia anunció que seguiría adelante con la desclasificación de archivos del Vaticano.

 

Después de tres mandatos presidenciales en los cuales las políticas de derechos humanos fueron ejes centrales del gobierno, los organismos afrontan ahora un nuevo rol. ¿Cuán versátiles podrán ser frente a esta nueva configuración? ¿Cuánta capacidad de influencia pueden tener para que un gobierno que no hizo de los derechos humanos un eje de su agenda impulse las demandas pendientes como políticas de Estado? A 40 años del Golpe, ¿en qué tramo del camino estamos? ¿en qué van a derivar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia?

 

En ningún libro. Los archivos de la Iglesia

 

A sus 84 años, menuda y enérgica, Angela “Lita” Paolín de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,  conmemora 40 años de reclamos a la Iglesia. Tres días después de que su hijo Miguel Ángel -estudiante de Arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP)- fuera secuestrado el 29 de mayo de 1976 Lita llamó a su primo, el contraalmirante Ángel Martín, para que la ayudara a buscarlo. Lo declaró ante el tribunal que juzgó los crímenes en la ESMA, porque a Miguel Ángel lo vieron allí. “Hice la denuncia en la comisaría 19 y en el Departamento de Policía. Antes pasé por la iglesia italiana y el párroco me acompañó. Hablamos con el capellán del Departamento que me dijo: ‘Señora, no se haga problema, seguro se fue con una chica’”.

 

Recomendada por su primo, Lita fue a ver a Monseñor Emilio Grasselli.

 

–Grasselli recibía las denuncias que pasábamos de boca en boca. Íbamos a la capilla Stella Maris.

 

En esa iglesia junto al Comando en Jefe de la Armada, Grasselli le pidió datos. Un mes después, la llamó. “Cuando volví, me preguntó:  ‘¿En qué libro estará su hijo, en el de los vivos o en el de los muertos? Le diría que no lo busque más”, le dijo. Un año después, el 24 de abril de 1977, Lita vio el secuestro de su hija Adriana en Caballito. Los dos están desaparecidos.

 

La trastienda del encuentro con el Papa Francisco

 

Lita se acercó a la Iglesia en Buenos Aires, en Puebla, en Roma. En abril de 2015, viajó junto a la periodista Dora Salas al Vaticano y participaron de una audiencia con el Papa Francisco.

 

-Querría pedirle la apertura total de los archivos. Sé muy bien que están. En 1979 vi mi ficha en el edificio de Paz y Justicia de Roma, donde se recibían las denuncias que mandábamos de Argentina al Vaticano- le rogó.

 

En mayo de 1979, Lita estaba exilada en Roma y fue a denunciar el secuestro de Thelma Jara de Cabezas, madre y dirigente de Familiares. La recibió un abogado. Le preguntó quienes eran sus familiares desaparecidos. “Dos hijos y un sobrino”, respondió Lita. “Un secretario volvió con una ficha dura, donde estaba mi denuncia de la desaparición de mis hijos, con nombres y fechas”. Eso le hizo pensar que en el Vaticano, estaban al tanto de todo lo que hacían los allegados de los detenidos. En aquellos años, la Iglesia era el eslabón crucial del peregrinar de familiares. “Cuando los organismos empezamos a funcionar, era ley mandar la denuncia al Vaticano y a Amnesty. Lo mejor era enviar la denuncia en mano con alguien”, recuerda Lita.

 

En la audiencia con el Papa Francisco en 2015, él le respondió que estaban trabajando en eso.Hasta el día de hoy, esos documentos pueden ser accesibles si se inicia un trámite a partir de una causa o en relación a pruebas. “Le pedí al Papa la apertura total, que sea público, para servir a cada uno o a que se sepa de las actuaciones de la iglesia como cúpula”.

 

A esa altura, el Papa sostenía de los brazos a Lita y ella a él. “¿Cuándo vamos a tener la autocrítica de jerarquía eclesiástica argentina por su comportamiento durante la dictadura?”, le preguntó ella. Francisco le respondió: “Hace mes y medio hablé esto con Laterza”. Lita no se animó a preguntarle quién era Laterza y siguió: “le voy a decir algo que a usted le va a gustar: agradezco a Dios cada día el no haber perdido la fe”. El Papa la besó en la mejilla: “Rece por mí”.

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La prueba somos nosotros ¿Cómo es el proceso de desclasificar archivos?

 

Al día siguiente, en un homenaje en la embajada argentina en Roma, Lita y Dora Salas supieron por el embajador de entonces, Eduardo Valdés, que Laterza era un monseñor, responsable de las relaciones con América Latina. Valdés articuló una reunión. Laterza era joven, les pareció serio y frío. Estaba con un abogado. Le hablaron de los archivos y lo primero que les dijo fue: “Es muy complicado porque hay muchas cartas manuscritas”. Era el medio que usaban al no obtener respuesta. Mandar cartas una y otra vez, recuerda Lita.

 

Laterza les explicó que las estaban digitalizando. “Estaban prácticamente en la última etapa de trabajo”, dice Lita. Los archivos del Vaticano se pueden desclasificar 50 años después; ellos lo estaban haciendo 10 años antes y querían tenerlos listos a fines del 2016.

 

-Demasiado tarde monseñor, somos todos grandes, los militares se mueren pero nosotros también- dijo Lita-. ¿Y qué pasa con la autocrítica?

 

-Eso es más difícil. No hay prueba- respondió Laterza.

 

-La prueba somos nosotros. Nosotros que escuchábamos lo que nos decía la Iglesia.

 

Las pruebas están guardadas en la memoria de Lita, de familiares, de Abuelas y de organismos. De las cinco mujeres que en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, en febrero de 1979, fueron recibidas por Pío Laghi, el nuncio apostólico fallecido en 2009. Las recibió por el pedido de Marta Bettini. Marta provenía de una familia religiosa y tradicional de La Plata, arrasada por el terrorismo de Estado. Su hermano Marcelo había sido asesinado, su padre Antonio, su marido Jorge Alberto Daniel Devoto y su abuela María Mercedes Hourquebie estaban muertos y desaparecidos.

 

-Hace tres años que no sabemos nada de nuestros hijos.

 

-Es mucho tiempo y, si están muy torturados, los militares no los van a dejar en libertad, contestó con tono metálico el nuncio apostólico.

 

Las tres salieron llorando. “Ni un militar nos hubiera contestado con tanta rudeza y crueldad”, pensó Lita. Cuando le contó a Laterza, el hombre la tomó de la mano y así la mantuvo, apretada durante la hora y media de reunión. Después, Lita fue a ver a Carlos Malfa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Le contó algo que no se puede quitar de la cabeza.

 

En 1995, el poeta Juan Gelman publicó una carta a su nieta o nieto, que rondaba los 19 años. Había denunciado en el Vaticano el secuestro de su hijo Marcelo y de María Claudia, la nuera embarazada. “Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978″. Dos años más tarde pudo abrazarse con Macarena, su nieta.

 

Lita conoció a Cavalli en su exilio en Roma. En 1979,  junto a Marta Bettini y a otras madres, le habían pedido una entrevista a Juan Pablo II.

 

-Lamento decirles que el Papa no va a poder recibirlas–les respondió Cavalli.

 

Un pedido

 

Lita volvió a escuchar sobre Carlos Malfa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina el sábado 19 de marzo de 2016, cuando confirmó que estaban trabajando para desclasificar los archivos. Se alegró y esperó el mensaje de la Conferencia Episcopal por los 40 años del golpe. Un texto breve, que decía por primera vez las cosas por su nombre: hablaba de terrorismo de Estado, mencionaba a los bebés robados. Acariciaba la idea de justicia y en la línea siguiente la de reconciliación, una palabra que para los organismos fue sinónimo de impunidad. Terminaba con un pedido de misericordia. ¿Para quién? A 40 años del golpe de Estado, la Iglesia no hacía la autocrítica que Lita esperaba.

 

El texto era un texto en tensión, explica la socióloga María Soledad Catoggio. En un escrito, las disputas que subsisten al interior de la institución más vieja del mundo se hacían evidentes. Los organismos de derechos humanos -como les había sucedido en dictadura- recibían señales más esperanzadoras desde afuera que dentro del país.

 

Para Catoggio, desde la llegada de Bergoglio al Vaticano en marzo de 2013 algo cambió. En Roma y en Buenos Aires. Cuando estaba en la catedral, Bergoglio era un cura más ligado a las tres “t”: tierra, techo y trabajo. Su llegada dejó atrás las dudas por un pasado que lo vinculaba al secuestro de dos jesuitas y que también lo había llevado a oficiar de testigo en el juicio por el plan sistemático de robo de niños.

 

El viaje de Estela al Vaticano

 

Estela Barnes de Carlotto había conocido a Bergoglio en Buenos Aires. Una amiga en común, Clelia Luro de Podestá, le decía a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo que debían encontrarse, que él era bueno.

 

Tras la asunción de Francisco en el Vaticano, la presidenta de Abuelas viajó a Roma. Señora, nos conocimos en la Catedral”, le dijo él. Ella se reía y decía para adentro. “Claro, pero no me saludaste”. Los modales de porteño bonachón la hicieron entrar en confianza.

 

Estela volvió al Vaticano en 2014 con su nieto, Ignacio, sus hijos y varios de sus nietos. Bergoglio la abrazó con ternura. Estela sabe: no debe perder tiempo. Le habló de los archivos, de las investigaciones judiciales, de la posibilidad de encontrar a los nietos.

 

A fines de octubre de ese año, Estela y Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas, fueron a ver al presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe. Necesitaban que apelara a los feligreses, había que buscar a los chicos.

 

-¿Sabe qué sería lindo? Qué usted pudiera grabar este mensaje–le dijo Estela.

 

Grabaron un spot. “La fe mueve hacia la verdad”. Un poco acartonado, con Estela a un lado y Rosa al otro, Arancedo exhortó  “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, (para) que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. Por primera vez, el máximo representante de la jerarquía católica argentina asumió un pedido histórico de Abuelas y de los organismos.

 

Las Abuelas saben que la iglesia puede ayudar en la búsqueda con los certificados de bautismo. Algunos padrinos sacaron a los bebés de los centros clandestinos. ¿Puede haber cartas de curas o de monjas pidiendo indicaciones a sus superiores sobre qué hacer con embarazadas  o con recién nacidos?¿Pueden encontrarse comunicaciones del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) y más registros de adopciones irregulares?

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“Todos los familiares terminábamos en la Iglesia”

 

Lucas Mac Guire es el hijo de Santiago Mac Guire, un cura tercermundista que dejó los hábitos y formó su familia. Santiago había ido a buscar a Lucas en bicicleta a la escuela el día que lo secuestraron, en el centro de Rosario. Aquel 18 de abril de 1978, los vecinos llevaron al niño a su casa. La madre de Lucas, Maria Carey, agarró a los cuatro hijos y se fue con ellos al Obispado. “Todos los familiares de detenidos desaparecidos terminábamos en la iglesia. Ibas a tribunales, a la comisaría y no te daban bola.  Ibas a ver a algún cura o militar y terminabas en el Arzobispado”, recuerda Lucas. Su mamá se metió de prepo con cuatro chicos, y así logró que la atendiera el obispo y un diácono, Yacuinto.  Lucas recuerda los ojos fríos de los curas, el llanto de su madre y la respuesta de uno de los clérigos:

 

-Seguro que lo secuestraron sus compañeros-

 

Santiago fue puesto a disposición del PEN, pasó por varias cárceles y fue liberado. Falleció en 2001. Desde noviembre de 2013 , la familia de Lucas es querellante en un juicio contra la cúpula del ll Cuerpo de Ejército reafirmando los dichos de su padre ante la CONADEP en 1984: que estuvo detenido y fue torturado en un predio de la Iglesia Católica en Funes, Santa Fe, conocido como “Ceferino Namuncurá”. Estos hechos fueron denunciados por Horacio Verbitsky en Página/12.

 

“Creo que los archivos del Vaticano podrían revelar lo que sabía la Iglesia. A mí me dirán que agradezca que mi papá salió, que la Iglesia lo salvó. Pero si hizo esto, es porque estaba metida hasta el cuello. Sigo esperando la autocrítica”, dice Lucas, integrante de la Asociación Miguel Bru.

 

La verdad está en otra parte

 

Buscar los archivos es un reclamo histórico y constante de los organismos. Secuestros, desapariciones, detenciones ilegales, empujaron a desesperados hombres y mujeres a las calles. Las Madres y las Abuelas se empezaron a organizar en 1977. Familiares había surgido antes. En vísperas de la dictadura, se había creado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que reunía a dirigentes de varios colores políticos y en la que tenía una pata importante el Partido Comunista (PC) en 1979, antes de la llegada de la delegación de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de padres se abrió de la APDH y empezó la conformación del CELS. Había que reunir documentación para cuando terminara la dictadura. Emilio Mignone y Augusto Conte Mc Donnell, dos de los fundadores, sabían que la estrategia represiva se basaba en un paralelismo global, con una esfera clandestina y una burocrática: todo quedaba asentado en el expediente o en registros estatales.

 

El 23 de febrero, integrantes de organismos de derechos humanos llegaron a la residencia de Olivos para reunirse por primera vez con el presidente. Muchos de quienes estaban sentados junto a él habían pedido no votar por Cambiemos en la segunda vuelta. Para ellos, representaba una ruptura en las políticas de derechos.

 

Los organismos sacaron un documento, muy parecido al que un mes atrás habían entregado al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Casa Rosada. Le dijeron a Macri: les preocupaba que la presencia de Obama el 24 de marzo y que el flamante protocolo anti-protesta les impidiera marchar como todos los años.

 

También le dijeron que le pidiera a Obama los archivos sobre la represión. El ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos tomaron nota. Cuatro de los cinco organismos que habían participado de la reunión -Abuelas, Madres- Línea Fundadora, Familiares y el CELS- hicieron el planteo en la embajada; el pedido lo llevó en mano Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, y se lo entregó a Kevin Sullivan, el segundo de Noah Mamet en la sede diplomática estadounidense. Sullivan le dio a entender que la petición ya estaba en curso.

 

El anuncio de que la petición prosperaba llegó el 17 de marzo de boca de Susan Rice, asesora de Obama. Dijo que Estados Unidos iba a desclasificar documentos de inteligencia y militares que podrían servir al pedido de los organismos. El macrismo festejó la noticia. La emisaria de Obama remarcó en su discurso que esto se derivaba de un pedido del gobierno argentino. Abuelas y el CELS salieron a los medios a recordar que era una solicitud que llevaba décadas.

 

“Los archivos servirán al proceso de verdad. Debemos analizarlos para ver cuánto contribuirán al proceso de justicia”, dice Valeria Barbuto, directora de Memoria  Abierta.   “Es parte del reclamo por acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos”. Todavía se sabe poco acerca de cómo la decisión se tornará operativa.

 

La primera ola de desclasificación de Estados Unidos

 

Casi al final de su mandato, Carlos Menem se reunió con representantes de Abuelas de Plaza de Mayo. Ellas pidieron por la apertura de archivos del Estado nacional.

 

-¿Por qué no piden los de Estados Unidos?- les dijo Menem.

 

La idea no era mala aunque viniera de un presidente que había indultado a los asesinos y propuesto tirar abajo la ESMA para crear un parque de la reconciliación. Con un saliente Bill Clinton, Estados Unidos estaba liberando documentos de la represión en Chile, Guatemala y El Salvador.

 

Carlotto y Rosa Roisinblit se reunieron en Estados Unidos con los asesores de la entonces primera dama Hillary Clinton. En agosto de 2000, Madeleine Albright, secretaria de Estado de Clinton, visitó Argentina. Se reunió con Carlotto, con Carmen Lapacó y con Verbitsky. Prometió ayudar.

 

La liberación de archivos estaba lista para enero de 2001, cuenta Carlos Osorio, uno de los expertos de la universidad George Washington que se dedican al National Security Archive. Pero se postergó por dos razones: los atentados del 11 de septiembre y la crisis en Argentina. La entrega se materializó el 20 de agosto de 2002 en una ceremonia en la cancillería, con el ministro de Justicia de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, y el entonces canciller, Carlos Ruckauf.

 

Los organismos recibieron cajas con alrededor de 4700 documentos del Departamento de Estado. No había ni informes de la CIA ni de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (IDA en inglés), como sí lo habían hecho en Chile, Guatemala y El Salvador.

 

Según explica Osorio, la entrega de los documentos sucedió porque el Departamento de Justicia empezó a recibir requerimientos de información por parte de jueces argentinos y del magistrado español Baltasar Garzón. El reclamo sobre los archivos se mantuvo, cuenta desde Washington Cecilia Nahón, ex embajadora ante los Estados Unidos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En 2008, la ex-presidenta pidió la colaboración de Maurice Hinchey, quien había impulsado la desclasificación para el caso chileno. La Cámara baja apoyó el pedido argentino pero cuatro años más tarde los senadores desestimaron el reclamo. Allí se reactivaron las conversaciones con el gobierno. “Nunca se habían dejado de lado”, aclara Nahón. En 2012, Carlotto volvió a viajar para encontrarse con funcionarios y congresistas.

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En el marco de una conmemoración del 24 de marzo de 2014, un grupo de nietos -entre ellos Leonardo Fossati, Macarena Gelman- la nieta del poeta- y Lorena Battistiol- también viajaron a Estados Unidos para refrescar el pedido.

 

“El tema de los archivos estuvo siempre en el tope de la agenda bilateral en los últimos años, especialmente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”, remarca la ex-embajadora.

 

Tex Harris trabajó en la embajada estadounidense durante la última dictadura. Recomendó a los organismos que incluyeran en su pedido de desclasificación los cables que remitía a Washington el agregado jurídico del FBI en la embajada. “Él tenía contacto con la comunidad de inteligencia local”, cuenta Osorio. Para Barbuto, eso podría ser una puerta a conocer en mayor profundidad los vínculos entre el Batallón 601 o las áreas de inteligencia de las fuerzas.

 

Según cuenta Osorio, en los 4,700 cables desclasificados en 2002, sólo en un par de docenas se hacía una mención directa al destino de las víctimas. Por ejemplo, uno hablaba de un grupo de trabajadores de la ceramista Lozadur que en 1978 fueron llevado a Campo de Mayo.

 

“Seguramente va haber información importante”, se entusiasma Carlos “Charly” Pisoni, uno de los referentes de la agrupación HIJOS. “Los archivos de Estados Unidos tienen nombres y apellidos que acá no tenemos. Con la desclasificación de Clinton, pudimos identificar a Julio Cirino, responsable de seguridad en fundación Pensar (el think tank macrista) ex integrante del Batallón 601. En 2013 fue condenado a perpetua y ahora está en Marcos Paz”.

 

“Los documentos sirven para acompañar los testimonios,” repite Osorio. Sabe que la segunda oleada de desclasificación no es obsequio a un gobierno. Es el fruto de un pedido incesante de quienes revisan una y otra vez un documento para ver si en alguno de sus pliegos hay una pista que los acerque un poco más a la verdad.

 

Sin documentos: el proyecto de olvido

 

La verdad sigue siendo, 40 años después, un tesoro. Desde la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) — o aún antes — sobrevivientes y familiares contaron. “En los  años ‘80, el testimonio era urgente, salía de sus bocas a borbotones. Los sobrevivientes de los centros clandestinos querían identificar a sus compañeros de cautiverio y nombrar a los responsables de los crímenes.  En tercer lugar, contaban su padecimiento y, a veces, tenían pudor de relatar las torturas que habían sufrido en su propio cuerpo”, explica Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), creada en los pasillos de la Conadep, dedicó sus primeros años a responder la pregunta angustiada de las víctimas “¿Por qué sobrevivimos?”. La respuesta: “Para dar testimonio”.

 

Desde que Daniel Rafecas está al frente del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 , hace casi doce años, ha tenido en sus manos numerosas causas por delitos de lesa humanidad. Cuando fue designado, en octubre de 2004, la Corte Suprema seguía encerrada en su laberinto y aun no había emitido el histórico fallo Simón (2005), que inició la reapertura de causas tras casi 20 años de vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

 

En el juzgado de Rafecas declararon más de 2500 personas, entre ellas, víctimas y condenados. Jorge Rafael Videla estuvo ahí. El magistrado le dijo que estaba ahí como responsable del plan de exterminio.

 

El “destino final” sigue siendo un misterio. “Seguimos sin avanzar en ese punto: los traslados”, dice Rafecas. En la causa del primer cuerpo, sólo aparecieron restos en pocos casos. El 90 por ciento de las víctimas permanece en condición de desaparecida. Por eso resultó tan grave el aparente error de Obama en su alocusión junto a Mauricio Macri en la Casa Rosada de ayer: “Mañana visitaré las tumbas de la dictadura“, se escuchó a la traductora oficial. En realidad el presidente utilizó la palabra “memorial”, que significa “monumento”; si bien no hubo una rectificación, se puede escuchar la versión en inglés en la web.

 

Rafecas dice que la gran deuda de jueces y fiscales es saber cómo se perpetraban los asesinatos. “La Justicia ha logrado reconstruir y probar allanamientos, detenciones ilegales y torturas. Y la espina dorsal de todo lo que se ha probado, han sido las voces de los testigos”, asegura. La segunda desaparición de uno de ellos en pleno juicio, Julio López, puso en evidencia -entre tantas cosas- su rol crucial.

 

Los victimarios hablaron poco sobre su accionar. A mediados de los ‘90, el marino Adolfo Scilingo abordó al periodista Horacio Verbitsky en el subte. Le dijo que había estado en la ESMA. El hoy presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le dijo que lo lamentaba. No había sido una víctima, había acompañado a las víctimas en el último eslabón del exterminio. A Scilingo (condenado en 2005 en España) no le pesaban los muertos. Quería bloquear el ascenso de otros compañeros de armas.

 

Habló también el sargento Víctor Ibáñez. Dijo que los vuelos de la muerte no sólo ocurrían en la ESMA. Él podía dar fe de lo sucedido  en  Campo de Mayo. “Yo no soy como los otros represores”, se jactó en una entrevista con Redacción Rosario, Eduardo “Tucu” Costanzo en 2011. Reclamaba un trato distinto: en 1992 había dado una entrevista a la revista Gente contando qué habían hecho con Raquel Negro, cuyo cuerpo vio en el baúl de un Peugeot 504 después de que diera a luz a sus mellizos en el Hospital Militar de Paraná en 1978. Sabrina recuperó su identidad. Sigue buscando a su hermano.

 

La jueza María Roqueta integró el tribunal que en 2012 condenó a Videla por la práctica sistemática de apropiación y robo de niñas y niños. “No son monstruos, son personas. El peligro es la aplicación del derecho penal de autor. Buscamos ofrecerles la mejor calidad de justicia”, dice la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6. “En los últimos años se ha producido el dictado de sentencias con todas las garantías procesales de fondo y forma”.

 

Roqueta y Rafecas comparten, también, preocupaciones sobre los pendientes.  

 

Hay etapas que no pueden ser elevadas a juicio por falta de elementos probatorios. En los últimos años aparecieron archivos en Defensa, o documentación que acercó Cancillería.

 

¿Corren peligro los juicios? “No. No soy apocalíptica. Están dentro del colectivo jurídico, social y político de toda la Argentina”, dice Roqueta. En la misma sintonía, Rafecas expresa: “Seguimos deteniendo, allanando y procesando, igual que el año pasado”. Abogados de causas de derechos humanos que tramitan en provincia, en cambio, notan una diferencia. El Estado venía impulsando las querellas con una fuerza que hoy perdió un poco de su impulso. Y se preguntan si se animarán a pedir la prisión domiciliaria de los represores, después de las declaraciones de funcionarios como Avruj, que expresó que los mayores de 70 deberían cumplir prisión en su casa.  “¿Esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?”, le preguntó el periodista de, otra vez, La Nación. “Yo creo que es del Gobierno”, respondió.

 

Contra el proyecto de olvido

 

Desde la reapertura de los juicios hubo más de 660 condenados. “Todavía tenemos pocas sentencias firmes. No llegamos al 20 por ciento”, dice el fiscal Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Había un proyecto de olvido que no empieza con las leyes sino con el propio genocidio “.

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Hace una semana, en la comisaría 5ta. de La Plata Leonardo Fosatti decía: “Todavía nos falta la verdad. Saber qué pasó con nuestros viejos”. En esa cocina pequeña, de mesada angosta y azulejos con flores, su madre lo parió atada mientras la torturaban. Los detalles se los contó Adriana Calvo, compañera de cautiverio y una de las fundadoras de la AEDD, después de que Fosatti recuperara su identidad en 2005. La conmemoración se hizo en la parte trasera de la comisaría, declarado sitio de memoria. Aunque no tiene ni luz ni baños puede albergar un proyecto ambicioso: escanear el edificio y digitalizar los archivos en 3d para un recorrido virtual.

 

En la parte delantera del predio sigue la misma comisaría donde nacieron y fueron apropiados Fosatti y Ana Libertad Baratti de la Cuadra, y desaparecieron tantos. Del acto participaron organizaciones y militantes. Pero esta vez algo había cambiado en el paisaje: por primera vez en años, no había entre los oradores funcionarios provinciales ni nacionales. Alguien comentó por lo bajo: “No se les puede garantizar que no los vayan a putear”.

 

Memorias en disputa

 

La Doctora en Ciencias Sociales de UNSAM Paula Canelo, también leyó el editorial que inquietó a Julia Coria. Como investigadora, Canelo sabe cómo es el juego: “La Nación abre la puerta”, dice. Al día siguiente del ballotaje, Macri desayunó con un texto que le decía que terminara con la “venganza”. Asumió la presidencia el 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos humanos. Pero en su jura no hubo una palabra sobre la verdad o a la justicia por el terrorismo de Estado.

 

En aquellos días, Paula leía cada nota y buscaba pistas. Difícil encontrarlas. Tras la asunción, Taty Almeida y otros militantes de derechos humanos desafiaron el sol impiadoso en la calle Perón para apoyar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Macri había pedido su renuncia antes de desembarcar en la Casa Rosada. Pero para los organismos, es la garante del proceso de verdad y justicia. Se lo repitieron al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al secretario de DDHH Claudio Avruj en la primera reunión que tuvieron en la ex-ESMA.

 

Al predio donde funcionaba el centro clandestino más emblemático de la última dictadura llegaron el 14 de enero integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). El centro se creó en 2006, cuando se reabrieron los juicios. Militares y familiares se organizaron para pedir “memoria completa”, juicio y castigo para los “crímenes de la guerrilla”.

 

En 2007 pasaron a retiro al joven militar Juan Lucioni, custodio presidencial y asiduo asistente a esas marchas. El padre de Juan y de Ana — uno de los cuadros más activos por entonces —  fue asesinado en 1975. En 2007, la mujer llegó al despacho de Rafecas con un reclamo: quería que investigara la muerte de su padre y que citara a integrantes de Montoneros. El pedido no prosperó.

 

Juan Lucioni subió el perfil a fines del año pasado cuando el intendente de Cambiemos Diego Valenzuela lo puso a cargo del área de seguridad en Tres de Febrero. Se lo acusó de nombrar a un apologista del terrorismo de Estado. “No lo es”, dijo Valenzuela. “En esta nueva Argentina, su dolor tenía lugar”.

 

A Victoria Villarruel, la líder del Celtyv, por primera vez la recibió un secretario de Estado. En la ex-ESMA, le habló a Avruj de una charla organizada en 2015 en el instituto Hannah Arendt que dirige Elisa Carrió, una de las socias fundadoras de la coalición gobernante.

 

La visita molestó a las organizaciones de derechos humanos. Un día después de la reunión, Avruj dijo en confianza a unos militantes que le parecía que había sido un error. Y declaró a los medios que escucharía a todos aquellos que sientan que sus derechos están siendo violados. Pero no tolerará la “apología del terrorismo de Estado”.

 

“Hay definiciones que se han explicitado desde el gobierno que no son menores”, dice Verónica Torras, licenciada en Filosofía, doctoranda en derechos humanos y consultora del CELS. “Diría que respecto del núcleo decisivo de la política de memoria, verdad y justicia, ha habido una decisión del macrismo de no innovar. Esto implica: seguir adelante con los juicios, mantener y federalizar las políticas de reparación, sostener los sitios de memoria, continuar la búsqueda de niñas y niños apropiados”, agrega.

 

Según Torras, esta continuidad en la política no expresa necesariamente acuerdo respecto de los fundamentos. “Pero pone en evidencia la fortaleza de la lucha de los organismos que mantuvieron este tema en la agenda pública, soportaron fracasos y dilaciones, y obtuvieron logros. A veces con el acompañamiento de los gobiernos y la sociedad, y otras a contrapelo” .

 

El gobierno se enfrenta en la Casa Rosada a un camino difícil de desandar sin pagar un alto costo;  y lo transita con contradicciones. Y con un discurso que incorpora elementos al rompecabezas de la memoria. “Se han habilitado desde el gobierno discusiones vinculadas a lo que se denomina ‘verdad completa’, y existió en algunos casos una discursividad ambigua, apelando por ejemplo al uso del término terrorismo sin más complementos”, dice Torras. Por otro lado, hubo señales preocupantes como el desmantelamiento de áreas que cumplían funciones de soporte al proceso de justicia, y las cuestiones políticas más generales, que en muchos casos entran en contradicción con el discurso de defensa de los derechos humanos que se explicita, comenta.

 

Los dichos de Darío Lopérfido sobre la cantidad de desaparecidos abrieron otro frente. 

 

“Nos insultó feo”, se quejó Estela de Carlotto. Madres, Abuelas, HIJOS pidieron su renuncia al jefe de gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta los recibió amablemente. Quizás entienda lo que se siente: su padre estuvo unos días desaparecido. Pero no le pidió la renuncia a Lopérfido, casado con Esmeralda Mitre, la heredera de La Nación.

 

En los últimos meses aparecieron con más fuerza actores y personajes paradigmáticos como Cecilia Pando, señala Canelo. “Siempre tuvieron espacios donde expresarse, pero que un secretario de Estado tome como propia la voz de una asociación, es una de las principales puertas para que estas memorias alternativas puedan entrar”, dice. Las memorias están en disputa.

 

Una marcha distinta

 

Hasta el 10 de diciembre, Carlos Pisoni fue subsecretario de Promoción de los DDHH del Ministerio de Justicia. En un contexto donde se disputa el rol del Estado en torno a temas cruciales, la visita de Obama para los 40 años del Golpe, sonó para él y muchos a una provocación más. “Más que por Obama, por lo que representa para la Argentina el 24 de marzo. Está en los archivos desclasificados, el llamado Plan Cóndor y cómo capacitaron a los genocidas en escuelas de las Américas. No nos parece casual sino causal”, dice.

 

Durante la marcha de hoy, Obama irá a Bariloche después de participar en un acto en el Parque de la Memoria, al que los organismos decidieron no ir.

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El presidente les garantizó que este 24 también van a poder manifestarse. ¿Cuál será la foto que quedará en la memoria del 40 aniversario? La marcha a los 20 años del Golpe, en 1996, se instaló entre las históricas: las plazas de todo el país estallaron. Desde el 2003 para acá, las convocatorias han sido más numerosas.

 

En la del 2004, Néstor Kirchner hizo el acto en la ESMA. El historiador Federico Lorenz dice que una forma de verlo es que “él bajó los cuadros y devolvió el predio”; otra es entender que supo interpretar una construcción laboriosa que venía de antes y, sí, le dio un impulso decisivo”. Hoy puede estar Obama de visita. Pero según él, en el largo plazo, esta visita solo será significativa si las fuerzas progresistas y el movimiento de DDHH reflexionan sobre los cambios de contexto y actúan en consecuencia. “Soy optimista. Hace cuarenta años los organismos eran un grupo minoritario, estigmatizado y perseguido”.

 

Desde principios de año, Pisoni participó de reuniones para una sola movilización a Plaza de Mayo. ¿Por qué 40 años después no se pudo encolumnar a todos los organismos el 24 de marzo bajo las mismas consignas? “Nos unifica estar en contra de las políticas de este gobierno en materia de derechos humanos, pero tenemos una visión distinta de lo que fueron los últimos 12 años”, dice y relativiza el peso de la fractura. “Que cada uno pueda decir lo que quiera sin que eso signifique callar o bajar banderas, es más sano que forzar una unidad”.

 

Durante años, la escritora Raquel Robles — una de las fundadoras de HIJOS — participó del laborioso armado de discursos: en ronda, cada uno opinaba qué decir. Las contradicciones se discutían horas. ella dirige la revista La Granada y hoy no milita orgánicamente. El próximo mes hará 40 años que vio por última vez a sus padres,  Flora Pasatir y Gastón Roble: se los llevaron delante de ella, de cinco años, y de su hermano menor.

 

Perpleja con la idea de dos marchas, dice que le parece un error pensar la historia “antes de K y después de K”. Fue testigo de la división de la marcha hace 10 años. “En resistencia hay más acuerdos que en período de construcción. Hasta ahora, nadie envió consignas disruptivas, ni dijo de hacer un homenaje a Néstor y a Cristina, ni que son unos hijos de puta”, cuenta. Está convencida de que no es el estilo del pensar lo que nos separa, es el ser. “Y uno de los mayores daños del terrorismo de Estado es éste: no estar con el otro por lo que dice sino por lo que es. “No voy a la marcha porque sos trosko o porque en el 2003…Ni el Código Penal es tan duro. Las penas caducan. Pasaron 10 años”.

 

Robles repasa el flyer de Memoria, Verdad y Justicia. No le ve nada que pueda irritar al espacio de organismos históricos. Lee la otra convocatoria. “Sin derechos no hay democracia” y se pregunta ¿quién no puede estar de acuerdo con eso? Esboza tres consignas para hoy: repudio a la dictadura estuvo mal. Que vayan todos presos. Basta de despidos.

 

¿Empezar de nuevo?

 

Victoria Basualdo, una de las historiadoras cuyos trabajos pioneros pusieron el foco sobre la responsabilidad de las empresas en la represión, remarca que a 40 años del último golpe de Estado hay que volver a poner el foco sobre las conquistas que durante estas décadas tuvo el movimiento de derechos humanos.

 

En los ‘80 fueron los esfuerzos por el juicio y castigo. A fines de esa década y en los ‘90 por el fin de la impunidad. Cuando se clausuró la posibilidad de enjuiciar a los criminales en el país, las denuncias se llevaron a juzgados del exterior. Hubo juicios por la verdad — sin capacidad punitiva por parte del Estado — pero que sirvieron para rescatar las voces silenciadas de sectores que no habían testimoniado ni ante la Conadep ni en los juicios en los años 80.

 

“Naturalizamos los enormes logros y la versatilidad que tuvo nuestro movimiento de derechos humanos”, dice Basualdo.

 

“Se trata de un movimiento complejo, con distintas corrientes ideológicas y con distintas visiones frente a la vinculación con el Estado, pero que en su conjunto ha hecho una contribución enorme”, explica la investigadora del Conicet.

 

“Tiene una vinculación muy estrecha con movimientos sociales, un impacto público muy importante, avanzó sobre el poder económico y las políticas represivas, que son temas vedados en otros países de América Latina, ha logrado que estos temas tengan una enorme legitimación ante la sociedad e imponer una agenda complejas sin esconder que existen diferencias políticas.”

 

Para la investigadora, la apuesta en esta nueva etapa pasa por revitalizar los lazos de unidad. No es la única que piensa eso y este año desde la academia se plantearon esfuerzos para que los grupos que marchan cada 24 de marzo lo hagan bajo consignas únicas, construidas sin dejar de lado la diversidad del movimiento de derechos humanos.

 

En los últimos años hubo diferencias en torno a la relación con el kirchnerismo y a la visibilidad de temas como la designación de César Milani al frente del ejército. En 2015, los dos espacios que organizan las marchas a Plaza de Mayo se refirieron al entonces jefe del Ejército, unos le reclamaron a la justicia y otros al gobierno. Fue un gesto que mostró que más allá de simpatías políticas, hay una trayectoria de lucha que los hermana.

 

“Volvemos a la época de denunciar y pedir”, dice Lita y, de pronto, esa alegría por la memoria se torna incertidumbre. Le tiembla la voz; la sensación de volver a empezar. Pero arenga: “Denunciar y pedir. Sin venganza, como siempre, con fuerza. Esperemos que la salud nos acompañe. No hay dos marchas: hay formas diferentes de redactar un documento. Puede haber diferencia en subir y bajar al palco, pero este 24 de marzo va a ser una marcha única”.   Lita, y muchos otros, los familiares, los más jóvenes, los veteranos, los militantes y quienes van solos, o en familia a marchar cada 24 de marzo, celebran que la memoria se discuta, se meta en los colegios, en los bares y se refuerce, año a año, en cada plaza del país.   

 

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