Bajo la hipotésis de una "tercera guerra mundial", Perón creó un cuerpo de inteligencia que, con los años, fue sumando más y más poder. Hoy, muchos hablan de la Secretaría de Inteligencia como un mapa con zonas grises en la que agentes orgánicos e inorgánicos se mueven sin avisar demasiado. En este ensayo, el sociólogo Nicolás Damin reflexiona sobre la utilidad de los servicios e incluye en el debate a las agencias privadas que, con los espías, ayudan a alimentar las más diversas teorías conspirativas.



Jack Ryan, agente de la CIA de elegante saco y corbata, viaja a Moscú. Allí descubre que, más allá de las acusaciones contra los rusos, el ataque químico sobre Chechenia no lo habían hecho ellos. También revela que una red terrorista de origen filonazi intenta desatar una contienda nuclear entre las dos superpotencias. Ryan descifra una complicada trama de conspiraciones en la cual sólo los servicios de inteligencia pueden evitar el conflicto bélico. Para ello, hasta debe desoír las órdenes del presidente norteamericano, un político impulsivo, llevado por la presión, influido por los temores de la opinión pública y desconocedor de “todos los datos del tablero”.

 

Este breve resumen de “La suma de todos los miedos”, película que adapta el libro del escritor Tom Clancy, es ilustrativo de las difundidas narrativas sobre cómo los espías se mueven, camuflados para que nadie los detecte, por detrás de los hechos históricos. Un género de ficción que recurre a casos verosímiles y que se sustenta sobre un núcleo de pequeñas conspiraciones que colisionan con otras conspiraciones para torcer el rumbo del mundo. En estos relatos, los protagonistas que no son parte de los “servicios” son sujetos pasivos de una trama en la que no pueden influir. Y, si pudieran, e intentaran cambiar el cauce de los hechos, siempre aparecería un agente para rectificar “el plan”. La política no existe.

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En estos días, a raíz del caso Nisman, algunas versiones oficiales y no oficiales, y ciertos relatos de políticos y periodistas reflotan este género hollywoodense. Al mismo tiempo, en las redes sociales y conversaciones cotidianas, pero también entre representantes políticos y funcionarios de distintos partidos, se discute sobre la utilidad o no de contar, en nuestro país, con organismos de inteligencia. Algunos pretenden abolirlos, otros creen que ningún país puede sobrevivir sin disponer de esta fuerza.

 

Entonces, independientemente de las ficciones y de todas las teorías conspirativas del mundo, ¿para qué sirven los servicios secretos? 

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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, y bajo la hipótesis de la inminente tercera, luego conocida como “Guerra Fría”, el presidente Juan Perón creó un cuerpo de inteligencia compuesto por civiles, porque los tradicionales espías dependían de las Fuerzas Armadas y, como durante casi todo el siglo XX, cada rama del árbol de la seguridad exterior e interior, respondía a su propio juego de intereses. En 1951, y tras un frustrado golpe de Estado por parte de un sector del Ejército, se le asignan más facultades para prevenir otro intento de quiebre del orden constitucional. O sea, para evitar una dictadura.

 

Luego, este cuerpo de inteligencia fue modificado por las autoridades de facto de 1955, bajo el nombre de SIE, orientado a perseguir a los miembros del gobierno justicialista. En 1973, y ante la inminente apertura democrática, el general Lanusse, también presidente de facto, los reorganiza en la SIDE, Servicios de Inteligencia de Estado, regulada con decretos y leyes “secretas”. Recién en 2001, con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, el cuerpo del texto de su regulación se hace público. Cuatro años después, se creó el Sistema de Inteligencia Nacional y se modificó su nombre a Secretaría de Inteligencia.

 

Acá, y en todo el mundo, el objetivo fundamental de este tipo de organismos es recabar información sobre temas “sensibles” para tomar decisiones clave con los mayores detalles y, si fuese posible, antes de que acontezcan los hechos.

 

Sin los datos que los servicios secretos recolectan, muchas planificaciones militares o indagaciones del sistema judicial, no lograrían su propósito. 

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En 2003, por ejemplo, La Comisión Provincial de la Memoria abrió al público el archivo del espionaje de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires que, entre agosto de 1956 y la reforma de la Policía Bonaerense en 1998, recolectó información sobre miles de ciudadanos. Con esos vitales archivos, pudimos realizar una investigación sobre cómo, a principio de los años sesenta, durante la aplicación de los procedimientos conocidos como Plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES), los diversos órganos de inteligencia se disputaban, entre ellos, y con reducido éxito, la infiltración en los nacientes grupos insurreccionales peronistas y comunistas. Esos archivos mostraban la evolución de las ideas sobre el rol de la dirección de inteligencia ante los cambiantes escenarios y los novedosos “adversarios”. También, sus internas con el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), registradas en los informes, dan cuenta de la falta de coordinación entre ellos y de la influencia de la Escuela de Contrainteligencia Francesa en sus acciones.

 

Así como la resistencia a los gobiernos autoritarios fue un aprendizaje para los grupos insurgentes, la capacitación de los espías para la “nueva guerra interna” implicó grandes esfuerzos de los aparatos de inteligencia para adaptarse a sus nuevas funciones de búsqueda de un “enemigo interior”.

 

La considerada “información sensible” que deben cosechar va cambiando constantemente. Y puede ir de temas como el robo de tecnología industrial, el sabotaje cibernético, ciertos conflictos religiosos-políticos, los intentos de un país de comenzar una guerra, hasta el envío de mayor capacidad bélica nuclear del Reino Unido al Atlántico Sur, sólo para mencionar algunos ejemplos.

 

Cuando el Estado decide desclasificarlos, cientistas sociales y cualquier ciudadano pueden acceder a los documentos que evidencian la forma de operar, las relaciones que establecen con otras dependencias gubernamentales, con los grupos políticos, con los sectores empresarios, clericales, sindicales y, fundamentalmente, con otras agencias internacionales.

 

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¿Qué porcentaje del presupuesto total de un país requieren? Aunque los números puedan resultar aburridos, es importante decirlo. En nuestro país, su financiamiento figura en el presupuesto nacional.  Para el año 2014 y en millones de pesos, contó con 1,874.4, sobre los 46,557.6 de los gastos sumados en Defensa (17,709.5), Seguridad Interior (23,282.6) y el Sistema Penal (3,691.1). Para el mismo ejercicio, la contabilidad del Estado asignaba 527,828.3 millones de pesos para Seguridad Social, de un total de todos los gastos previstos para toda la administración pública de 859,542.7. Inteligencia representaba una parte pequeña pero equivalente a los fondos anuales otorgados a la Universidad de Tucumán.

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Los espías, en todos los países, son empleados estatales: como el resto de los trabajadores del estado, dejan registros burocráticos. Muchas veces los destruyen, aunque no siempre: Julian Assange creó el portal Wikileaks para “filtrar” miles de documentos reservados norteamericanos, muchos de los cuales se refieren a nuestro país. Esos informes fueron compilados por el periodista Santiago O’Donnell, y muchos corresponden al caso de la investigación judicial por los atentados a la  AMIA y al fiscal Nisman. A fin del año pasado, el Congreso de los Estados Unidos demostró cómo su agencia de inteligencia exterior (CIA) torturó, durante los gobiernos de George Bush, a cientos de sospechosos de ser parte de Al Qaeda, sin pasar por un juicio. Esto generó un intenso debate del cual emergen algunas preguntas que pueden ser útiles para nuestra discusión: ¿Qué tipo de personas son reclutadas para estas tareas? ¿Pueden utilizar cualquier método para obtener la información que se les solicita? ¿En quiénes recae, en primera y última instancia, su control? ¿Cuál es el rol de las empresas multinacionales de servicios de seguridad, conformadas fundamentalmente, por ex agentes de inteligencia? ¿Qué hipótesis de conflicto están detrás de su funcionamiento?

 

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En Argentina, desde el retorno a la democracia representativa en 1983, el Presidente Dr. Raul Alfonsín y numerosos sectores sociales propusieron mayor transparencia en el accionar de los servicios y de las fuerzas armadas. En 1991, la Ley de Seguridad Interior, N° 24.059, creó la comisión parlamentaria bicameral de fiscalización. Durante el gobierno del Dr. Fernando de La Rúa se votó la actual legislación, que amplió las facultades del Congreso para revisar también los “fondos reservados” de la SI. El Dr. Néstor Kirchner, en su primer mandato, decretó ilegal al espionaje interno sobre movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos, una medida que fue apoyada por un consenso interpartidario. Las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad fueron modificadas para adecuarlas a los principios de la democracia y la nueva realidad mundial.

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Hace unos días, la presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner, permitió a la justicia desclasificar información relevante sobre el accionar de los mismos en torno a la causa AMIA y la denuncia del Fiscal Dr. Alberto Nisman.

 

Sin embargo, para conceptualizarlo en términos de Javier Auyero, persisten “zonas grises”. No nos alcanzaría con conocer los archivos y el funcionamiento actual de los servicios de inteligencia del Estado porque, algo que no suele tenerse en cuenta, ellos no son los únicos actores de esta novela de no ficción. Suele soslayarse y es necesario incluir en el análisis sobre “abolir o no los servicios de inteligencia nacionales” a las agencias privadas, nacionales e internacionales, que intentan incidir en nuestro país y escapan del control del Congreso. Si no se alcanza la “transparencia” sobre su accionar, como le pasaba el presidente del agente Jack Ryan, tendríamos la mitad de la película. Y siempre nos quedarían dudas y material para alimentar teorías conspirativas.

 

El sociólogo Howard Becker decía que las sociedades establecen reglas que definen situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones “correctas” de las “prohibidas”. Es posible que un denunciado por quebrar dichas reglas, por su accionar incorrecto y considerado infractor, no reconozca la legitimidad de quienes crearon la norma. La sociedad democrática y sus representantes deben fijar las reglas por las cuales se van a regir aquellos que realicen actividades de inteligencia, sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, aún si ellos discuten su legalidad para legislar sus prácticas. También es obligación de ella determinar los laberintos por donde va a habilitarlos transitar y a quienes les confiarán su preciada información.

 

 

Foto de apertura: equipo de espionaje exhibido en el Royal Canadian Mounted Police Museum.

 

Fotos: Museo de la Stasi de Berlín y Museo de la KGB en Moscú


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