Esta investigación fue realizada con el apoyo del Pulitzer Center. Lee el primer capítulo acá.
Abril de 2026, Patagonia Argentina. El hijo James.
Cuando el vuelo LA896 de Latam Airlines se detiene en la pista de Río Gallegos la tarde del sábado 18 de abril de 2026, un inglés que viaja en primera clase levanta la vista de la tablet y ve pasar delante suyo veinte excombatientes de la Guerra de Malvinas. Desfilan hablando en voz alta, con una inocultable tonada correntina, y el inglés no puede disimular su mueca de desprecio. Se llama James Barrett Wallace, tiene 46 años y es el CEO de Fortuna Limited, una de las primeras compañías pesqueras radicadas en las Islas Malvinas, que opera allí desde 1987.
Cuatro butacas detrás de James, conversan dos peruanos jóvenes y robustos, de pelo y ojos negros, que seguirán viaje haciendo la conexión del vuelo a Lima. Iván y Alberto deberían estar a bordo del Falcon, uno de los cinco buques factoría que tiene la empresa de James, capturando, clasificando, eviscerando y empacando el calamar 18 horas por jornada y siete días a la semana por 1.200 dólares mensuales. Pero la faena se abortó para ellos antes de tiempo. Alberto —nacido en Piura, 24 años, con esposa y dos niños— tuvo un dolor de estómago tan agudo que pasó cuatro días sin comer, postrado en el camarote. Iván —20 años, soltero, del pueblito costero de Sechura— maniobraba la red en cubierta con tres compañeros cuando la tensión cortó una cadena y el grillete de hierro que aseguraba el aparejo le dio de lleno en el dedo meñique y el anular, que ahora lleva inmovilizados. El grillete pesa entre 30 y 50 kilos y en la jerga de alta mar se lo llama diablo: un nombre que ahora a Iván le parece apropiado.
Sentado a pocos metros de los pescadores, James no sabe qué les pasó, ni que su empresa los está repatriando.
Asociada con la compañía española Pescapuerta, Fortuna formó Petrel Fishing Company y hoy es la firma más poderosa del archipiélago. James Wallace —diplomado en negocios en la Universidad de Portsmouth, alto y fibroso, jugador de squash y de tenis, apasionado del rugby inglés— es acaso el segundo habitante más rico de las Malvinas detrás de Stuart, su padre, fundador de la empresa.
James tiene demasiadas responsabilidades para que los problemas de la tripulación sean parte de sus preocupaciones. Hace unos años, su padre empezó a delegarle la gestión en todas las firmas del grupo. Además de Fortuna, James preside el directorio de Consolidated Fisheries, una compañía que manejan entre cinco empresarios locales —cada uno tiene su propia pesquera—, y que es la única con permiso para pescar merluza negra en Malvinas. Sus tareas no terminan ahí: lidera una oficina comercial en Ámsterdam, Países Bajos, una empresa de fletamento de embarcaciones tripuladas y multipropósito en Gales, otra de importación y exportación en Cornwall, al sudoeste de Inglaterra, una de servicios financieros para los isleños y otra llamada Atlink Limited, servicios logísticos en el puerto flotante modular de Puerto Argentino. Por si fuera poco, Fortuna está a punto de comenzar a operar una licencia para pescar langosta en la lejana isla de Tristan da Cunha.
—¿Podemos hablar sobre Fortuna y sobre la industria pesquera en las islas?
James está en la sala de embarque del aeropuerto de las Malvinas, en la Base Militar de Mount Pleasant, un rato antes de subir al avión que lo llevará a Río Gallegos.
—¿Para qué diario o qué publicación? —quiere saber. Extiende una tarjeta con su mail y su celular.
Aunque nunca respondió mis mensajes pude seguir sus pasos. Esta es la historia de Fortuna.
Marzo de 1987, Islas Malvinas. Licencias del milagro.
La guerra terminó hace casi cinco años. Los precios internacionales de la lana se derrumban, las exportaciones apenas alcanzan para que la Falkland Islands Company (FIC) —propietaria del 43% de la tierra— y algunos estancieros del camp, en el interior de las islas, mantengan un puñado de privilegios. Trabajan con peones a los que ponen a vivir aislados, en un régimen de semiesclavitud: las casas en las que viven son del patrón, y cobran parte del salario en especie, con carne y turba.
Los jóvenes de familias que pueden pagar un viaje a Gran Bretaña, Canadá o Nueva Zelanda para que terminen la secundaria son muy pocos; y los que se van, difícilmente vuelven. A principios de 1980, la población estable de Malvinas tocó un piso histórico de 1.400 habitantes. A pesar de que el conflicto armado las ha revalorizado como enclave geopolítico —con nueva base militar incluida— y llave hacia la Antártida, para los contribuyentes londinenses siguen siendo dos islas muy costosas a miles de kilómetros de distancia.
Unos meses antes, el 29 de octubre de 1986, los reclamos insistentes de la aristocracia isleña dieron resultado: la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno británico anunció la creación de la Zona Provisoria de Conservación y Gestión (FICZ) de 150 millas náuticas, y el 1 de febrero de 1987 entró en vigencia. Esto significa que los isleños podrán empezar a cobrar a las flotas que pescan dentro de ese perímetro una especie de peaje. Y es mucho dinero.
Stuart Wallace tiene 32 años y ha vivido mucho. A los 18 pasó un semestre estudiando en Buenos Aires, a los 20 se embarcó en el buque John Biscoe del British Antarctic Survey (BAS) a Southampton, recorrió Europa, trabajó unos meses en Israel y regresó a los 21 a las islas. Al año siguiente, en 1977, asumió como el concejal más joven de la historia isleña con solo 22 años. A los 23 se casó con la argentina María Liliana Cárcamo. Lo poco que se sabe de ella es que llegó a las islas antes de la guerra, que su madre era empleada del gobierno colonial, y que en un breve diálogo telefónico con la revista argentina Viva, 22 años más tarde, dirá que desconfía de los argentinos. Tuvieron a Fiona, su hija mayor, y en 1980, cuando Stuart Wallace tenía 25 años, nació su hijo James. En febrero de 1981 integró como concejal isleño la comitiva británica que se reunió con diplomáticos militares argentinos en Nueva York para negociar la soberanía. Fue un fracaso. Al regreso, durante un debate en los estudios de la Falkland Islands Broadcasting Station del que participaron periodistas locales y el corresponsal de la BBC para Sudamérica, Stuart advirtió que había dos opciones: ceder la soberanía a Argentina con alguna garantía, o romper y dejar de negociar. Pero ante una repregunta, se animó a sugerir una tercera vía: independizarse del Reino Unido.
Tres semanas después del desembarco de los militares argentinos, durante la guerra de 1982, Wallace y su familia fueron arrestados junto a otros 10 isleños por “indeseables” y llevados en helicóptero a una estancia en Fox Bay. Pasaron 48 días en la casa de su administrador Richard Cockwell, y algunas horas en un refugio improvisado bajo el piso de la casa cuando aviones británicos bombardearon el lugar.
Ese trance también lo ha convertido en un hombre respetado dentro de su comunidad. Desde 1983 integra la junta directiva de la poderosa Corporación para el Desarrollo de las Islas Malvinas. Y ahora, 1987, acaba de renunciar a la empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless donde trabajó 12 años. Decidió cambiar de rubro porque tiene esperanza en el anuncio de la creación de la Zona de Exclusión. Por eso fundó una compañía pesquera junto a su amigo John Cheek, ingeniero y ex compañero en Cable & Wireless. La llamaron Fortuna.
Cuando Wallace dejó el Consejo Legislativo de las islas, en 1981, ocupó una banca su compañero Cheek. Por eso, cuando las primeras licencias pesqueras salen a licitación en enero de 1987, los ex empleados de Cable & Wireless pretenden hacer valer sus contactos. Pero no consiguen ninguna de las 328 que se ofertan. Una camarilla de funcionarios técnicos que deben asignar los permisos considera que el suculento business que ahora les ofrece el mar debe quedar en manos extranjeras, no en las de un puñado de isleños jóvenes e inexpertos.
Wallace no puede estar más en desacuerdo. Le resulta insólito que pretendan repetir el pecado original de tierra firme, cuando la Falkland Island Company, operada a control remoto desde Londres, administraba el suelo y la poca o mucha riqueza se iba derecho a Inglaterra. Ese modelo colonial, para él, explicaba el subdesarrollo en el que estaban metidos.
El golpe de suerte está por llegar desde afuera. En 1982, el tratado internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) aconsejó la creación de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y cambió las reglas del juego. Los países ribereños impusieron condiciones y muchos barcos extranjeros tuvieron que dejar los caladeros o buscar nuevas formas jurídicas, como gran parte de la flota gallega con las joint ventures isleñas. Uno de los primeros en hacerlo fue José Puerta Oviedo, el primer socio español de Fortuna.
Es un personaje en el que es importante detenerse. Puerta Oviedo era un tipo hábil y sin recursos, con un don especial para oler las oportunidades. No tenía ni una goleta cuando empezó a comprar y vender pescado fresco frente al puerto de Vigo en la década del cuarenta, para la empresa familiar que había fundado su madre. En 1957 compró usado su primer barco, el Río Minor, al que reparó con sus propias manos. Siguieron el Ramsés, el José Cesáreo, el Alcocero. El crecimiento fue imparable. En 1982, en medio de una convulsión política en Mauritania, Puerta Oviedo ideó la primera empresa mixta, buscando socios locales que tuvieran los permisos y necesitaran sus barcos, para poder seguir pescando en las costas africanas. Al año siguiente llegó con el Pescapuerta Tercero a Malvinas, donde aún no había regulación pesquera y la guerra estaba fresca: le había llegado el rumor de que había buques polacos que descargaban grandes cantidades de calamar en el puerto de Montevideo. En esa primera marea, Puerta comprobó la fertilidad del caladero. Inmediatamente mandó a construir dos naves más para triplicar el esfuerzo pesquero.
Cuando se impuso la Zona de Conservación, sus barcos ya eran parte del paisaje del archipiélago.
Cuando conocen a Puerta Oviedo, Wallace y Cheek apenas distinguen el bacalao del calamar, pero están ávidos por sus barcos y sus tripulaciones. Con algo de persuasión —que el periódico local llamará “intenso cabildeo sobre los representantes locales”—, en 1988 consiguen ocho licencias de pesca: el activo que necesitan para cerrar un trato con el gallego.
Pero los nóveles empresarios no se conforman fácil. Hacen negocios con otras compañías: la japonesa Nissui Fishing Co. y la taiwanesa Go-Rising. Al principio, como casi todos los isleños, se dedicarán al “corretaje”: poner las licencias y llevarse el dinero. Lo consideran un paso obligado para fondearse una meta más audaz: comprar sus propios buques.
—Tenemos un historial de que otras personas se apropian de nuestros recursos— recordará Wallace sobre los primeros pasos, entrevistado por Pengüin News—. Nuestra intención era convertirnos en una empresa pesquera de las Falklands Islands, y lo hemos logrado.
Wallace es discreto. O quizá, olvidadizo. Dos años después de aquella entrevista, realizada por el décimo aniversario de la fundación de Fortuna, el siglo XX se esfuma y él es, quizá, el hombre más rico del archipiélago. Además de las cinco nuevas licencias de pesca para calamar Illex por las que cobra un alquiler a empresas mayoritariamente asiáticas, del porcentaje del negocio con Pescapuerta en los cuatro arrastreros, se ha diversificado hacia los bienes raíces y el comercio. Abrió el pub Stanley Arms y tres sucursales de Kelper Stores en distintas zonas del pueblo. Compró el Hotel Globe y la antigua finca Louis Williams frente a la bahía, donde funcionan oficinas comerciales de su compañía. Construyó departamentos para ejecutivos y consultores del naciente boom petrolero. Está levantando más locales sobre la calle Philomel, y compró el terreno de un almacén que alquilará para una tienda de alfombras para autos. Hasta quiso adquirir, a fines de 1993 —mucho antes que el empresario argentino Eduardo Elsztain—, la propiedad de la Falkland Island Company cuando entró en proceso de reestructuración. Finalmente, la compañía británica desistió de la venta por la exploración petrolera que estaba a punto de comenzar en las islas, al mismo tiempo que algunos integrantes del Consejo Ejecutivo isleño se opusieron para evitar que se formara un monopolio.
Febrero de 2006, Patagonia Argentina. La ley del pirata.
El capitán Jaime Cortizo, un hombre querido en su pequeña —y ahora lejana— localidad de Bueu, Galicia, alcanza a distinguir entre la bruma del Atlántico Sur al Guardacostas Fique, cuando ya tiene prácticamente encima sus 67 metros de eslora. Son las seis de la mañana, y es habitual que en maniobras de este tipo la Prefectura Naval se acerque con las luces de navegación apagadas. Por primera vez desde que terminó la guerra, este 20 de febrero de 2006, la policía marítima argentina abordará una embarcación en la que flamea la bandera azul de las Falklands.
Escrito en letras blancas sobre el casco, puede leerse el nombre del barco: John Cheek. Hace ya diez años que el socio de Stuart Wallace murió de cáncer. Su viuda Jan lo reemplazó en la compañía, y lo primero que hizo fue comprar y rebautizar ese barco.
La empresa propietaria es una joint venture entre Pescapuerta y Fortuna llamada Petrel Trawling Ltd, que dirige la viuda de Cheek. Según los registros que hará públicos la Prefectura argentina, el barco bautizado como su difunto marido pescaba a 198,8 millas de la costa de Comodoro Rivadavia, dentro de la Zona Económica Argentina. Los seis prefectos que lo abordan encuentran en la bodega 100 toneladas de calamar y merluza. El barco quedará fondeado en el puerto patagónico, en arresto, durante 46 días.
Jan Cheek le dice a la prensa que la detención es “ilegal”. En abril, cuando el barco regresa a las islas tras el pago de una multa de 400.000 dólares, su socio Wallace se despacha contra Argentina:
—El margen que el capitán había calculado era adecuado con el nivel de precisión de la tecnología de posicionamiento disponible hoy en día —dice, apoyándose en datos satelitales del gobierno británico—. El problema es cómo los argentinos calculan su propio límite.
El contrapunto técnico es mucho más hondo que esas dos millas náuticas; nace de una falla de origen del modelo de gestión marítima global. La creación de zonas económicas exclusivas impulsadas por las Naciones Unidas en 1982 tiene un escollo insalvable en el Atlántico Sur: el archipiélago ocupado por Gran Bretaña está incrustado dentro de la plataforma continental argentina, que sostiene el reclamo por su soberanía. Por las tierras, las aguas que las bañan y la vida bajo su mar. Todo lo que se pesca en Malvinas se pesca sin permiso del Estado argentino: hace décadas que empresas de todo el mundo se hacen ricas allí.
Otros episodios menos visibles alimentan la escalada. Después de años de buena faena, se desplomaron las capturas de calamar: de las 103,375 toneladas de Illex argentinus del año 2003, solo se alcanzaron a extraer 1.709 en la temporada 2004, antes del cierre abrupto de la pesquería: un 1% del promedio histórico. El gobierno isleño lo atribuyó a una doble anomalía térmica —aguas muy frías en enero y muy cálidas en febrero— y a la sobrepesca en altamar, fuera de su alcance, sobre la milla 201 frente a la costa argentina.
Además de la caída del Illex, el calamar Loligo, una especie de calamar endémica de las islas, también se redujo a la mitad. La explicación oficial sostuvo que podía deberse a una emigración anticipada provocada por una prematura maduración sexual.
Para que el colapso no ahuyentara a las empresas, el gobierno reembolsó casi toda la tarifa de licencias ya cobradas, lo que significó un golpe muy duro al presupuesto anual del pequeño estado isleño, que depende casi en un 60% de la pesca. Al año siguiente, impulsó la sanción de una nueva Ordenanza de Conservación y Administración de Pesca. Creaba una Cuota Individual Transferible (ITQ) de 25 años para algunas especies, como el calamar Loligo y la merluza negra, que hasta ese momento debía renovarse anualmente. En los boletines de Fishery Statistics del gobierno colonial isleño quedó plasmado el motivo: “Crear un entorno económico más racional para el sector privado".
Los concejales más críticos levantaron la voz. La nueva ley significaba la mayor transferencia de riqueza pública al sector privado en la historia de las islas. Su redacción fue hermética, con intercambios confidenciales entre el gobierno británico y el fiscal general de las Islas David Lang, autor del proyecto. Y desató la furia en Buenos Aires: a pesar de la Resolución 31/49 de Naciones Unidas que instaba a “no innovar” en un territorio en disputa, estaban privatizando el mar por un cuarto de siglo.
El 22 de marzo de 2006, con el buque John Cheek arrestado hace un mes en Comodoro Rivadavia, el senador radical por Chubut, Norberto Massoni, presentará un proyecto de ley de un solo artículo con el objetivo de prohibir que dos empresas con vínculos societarios pesquen en ambos caladeros.
—En esta oportunidad la empresa involucrada fue Pescapuerta —expondrá Massoni durante su defensa del proyecto en el Congreso—, aunque es dable aclarar que no es el único caso. Existen otras empresas que no distinguen fronteras, ni principios, ni soberanía y obtuvieron licencias de ambos lados.
El senador Massoni defiende el proyecto en el Congreso:
—El caso John Cheek ha servido también para poner en evidencia el rol que juega la CAPIP, con sus actuales autoridades, frente a los intereses contrapuestos existentes entre la Argentina y las empresas españolas que son miembros de esta Cámara y que pescan con permisos argentinos y con licencias coloniales británicas simultáneamente.
El 28 de mayo de 2008, dos años y algunas modificaciones después, la ley 26.386 se aprobará en el Senado de la Nación. A partir de ese día, las empresas que extraigan los peces del mar argentino tendrán prohibido operar, directamente o a través de socios, en las Islas Malvinas. Pescapuerta Argentina SA y varias compañías españolas con activos en el archipiélago tendrán que decidir qué hacer.
Agosto de 2015, Patagonia Argentina. Una simulación desprolija.
Se escurre el invierno austral, en dos meses habrá elecciones presidenciales en Argentina, y la pesca en las aguas de las Malvinas ha desaparecido de la conversación pública. Ni la noticia de la violación de la ley 26.386 por parte de la empresa nacional Pesantar, que estuvo en los diarios durante algunos días del verano que pasó, traslada el tema a las agendas electorales. En siete años de vigencia, la regulación solo estuvo dos veces a punto de aplicarse. A punto.
La primera surgió el 22 de diciembre de 2014. El gerente de operaciones de Pesantar, Juan Benegas, recibió por error un mail que no estaba destinado a él, y lo escandalizó. Entonces se presentó en la subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación con una copia de ese correo, enviado por un directivo del grupo empresarial japonés Nissui, del que dependía su empresa Pesantar. Un párrafo decía: “No le digan nada a los colegas de Argentina de lo escrito más abajo, después de arribar a Falklands, el 7 de noviembre, recibimos la licencia y estamos pescando en Malvinas”. El mail iba dirigido a empresarios de la subsidiaria chilena Empdepes, a través de la cual Nissui había obtenido licencias en las islas.
Benegas se convirtió en el primer “arrepentido” de la pesca simultánea en los dos caladeros que prohibía la ley de pesca argentina. Su denuncia administrativa contra la multinacional nipona llegó a la prensa, y a Pesantar le quitaron provisoriamente sus permisos.
—Ninguna empresa que esté relacionada con alguien que esté pescando en el mar argentino sin autorización del Estado argentino podrá hacerlo —aseguró Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el 6 de enero de 2015—. Será sancionada con el retiro inmediato del permiso de pesca correspondiente.
Ese mismo 6 de enero, Nissui puso en marcha la venta urgente de Pesantar. Solo tres días después, el Grupo Newsan del empresario argentino Rubén Cherñajovsky cerró la operación a precio vil: con el caso en los medios y las licencias de pesca en riesgo, la empresa valía poco. Y cuando hizo su descargo en el expediente, Newsan argumentó que no tenía responsabilidad porque recién la adquiría.
En abril de 2016, el grupo japonés pagó una multa de 7.5 millones de pesos argentinos. El gobierno, que ya presidía Mauricio Macri, celebró con un comunicado: “Histórica sanción a empresa extranjera por pescar ilegalmente en Malvinas”. Y dio por cerrado el asunto. Pero los permisos de pesca siguieron en poder de Newsan.
La segunda vez que la ley estuvo a punto de aplicarse fue unos meses antes, como coletazo de la histórica quiebra de la compañía Pescanova en España, que contamos en la primera parte de esta investigación.
En 2015, con aquellos dos casos todavía frescos, Pescapuerta decide ponerse a resguardo. Está por ejecutar una maniobra con su filial argentina para diluir los nexos societarios: interrumpir las líneas que todavía trazan un triángulo perfecto entre la casa matriz en Vigo, los arrastreros de las Malvinas y los barcos y galpones de la Patagonia argentina.
El 19 de agosto, Lafuente Matos llega al Registro de Comercio de la Inspección General de Justicia de la ciudad de Rawson, en Chubut, para concretar la cesión de activos de Pescapuerta Argentina a una nueva empresa: Estrella Patagónica. El trámite modifica solamente el artículo 1 del estatuto social. “La denominación de la Sociedad Anónima es Estrella Patagónica SA y es continuidad jurídica por cambio de denominación social de Pescapuerta Argentina SA”, dice el asiento del boletín oficial firmado por la escribana Marlene Del Río.
El texto es inapelable: no hay venta, no hay cesión, solo un simple cambio de nombre.
A miles de kilómetros de esa repartición provincial y varios años después, una abogada especializada en sociedades, con empresas pesqueras en su cartera de clientes, me explicará desde Madrid el uso corporativo que suele dársele a este artificio. En general, una nueva máscara comercial sirve para proteger el negocio ante crisis económicas o deudores. En este caso, pudo haber otra razón: burlar la restricción de la ley federal pesquera. Aunque parezca evidente, dirá, en tribunales es difícil de probar:
—Probar una continuidad jurídica o una vinculación por fuera de la persona jurídica en tribunales ha sido históricamente muy complicado, porque justamente en eso se basa el principio mercantil de la persona jurídica —describirá la abogada—. Lo que se llama levantar el velo: ver quién está detrás de esa figura.
Estrella Patagónica, entonces, mantiene los empleados en tierra, los empleados en el agua, el control conjunto de tres barcos junto al Grupo Pescapuerta de Vigo y, claro, la dirección de la empresa argentina que retiene Lafuente Matos. El CEO acaba de llegar al mostrador a media mañana, con el sol de agosto entibiando la sala, y pide el libro societario para cambiarle el nombre y conservar la misma personería jurídica. La ruta del dinero seguirá fluyendo hacia Vigo. Una maniobra que —como dirá la abogada— luce evidente, frágil, pero alcanzará para borronear los vínculos entre partes y conservar los permisos de pesca en el caladero argentino.
Para obtenerlos, la ley local exige transparentar el origen de los capitales. En los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca de Argentina —que recibí en mi casilla de correos después de pedirlos a través de la ley de acceso a información pública—, Estrella Patagónica declara que su beneficiario real es Menkent S.L., una compañía de Vigo que posee el 94,98% de sus acciones. El resto se divide entre su CEO operativo, el gallego Buenaventura Lafuente Matos (con el 5%), y una fracción insignificante del 0,02% en manos de Arturo Alejandro Pera, un abogado argentino del estudio Marval O'Farrell Mairal.
Al escarbar en Menkent S.L., el velo parece cerrarse sobre un solo hombre: el abogado español José María Criado del Rey de Haz, quien figura como único accionista y administrador de la sociedad en los registros de la Subsecretaría de Pesca argentina. Criado del Rey es un abogado cercano a la familia Puerta que maneja su propio estudio jurídico en Vigo, y podría ser su testaferro. Criado del Rey es, además, único socio y administrador de Kentme Comercial Sociedad Limitada, una empresa creada el 29 de febrero de 2024, dedicada al transporte y logística en importación y exportación de productos pesqueros, que parece ser el anagrama de Menkent. Así, a los ojos del Estado argentino, la huella termina en Criado del Rey. Como en un juego de matrioskas rusas, Pescapuerta se esfumó del mapa.
Sin embargo, hay otros papeles que sugieren que Puerta Prado y Criado del Rey, dos presuntos extraños, se han sentado mucho tiempo a la misma mesa. Son los documentos del Boletín Mercantil de Pontevedra. Existen dos compañías en las que el abogado Criado del Rey y José Puerta Prado compartieron directorio: una es la firma Congelados y Derivados S.A., que Pescapuerta absorbió en 2014 luego de un proceso judicial problemático. Los registros mercantiles demuestran que en septiembre de 2012 los dos dirigían la empresa. La segunda es Polaris Ursae Minoris S.L., una empresa que pertenece íntegramente a Pescapuerta, cuyo directorio preside José Puerta, que Criado del Rey integró entre 2014 y 2023.
La evidencia concluyente son los barcos. En las fichas de una base de datos de información corporativa que recopila información de registros oficiales, actas constitutivas, manifiestos de aduanas y bases de datos judiciales en más de 200 países, figuran los registros de la gestión y propiedad de la flota pesquera de Estrella Patagónica en el sur argentino: delata que el traspaso de 2015 fue solo una puesta en escena. Pescapuerta, a secas, todavía sigue manejando el timón y las bodegas —y por lo tanto las ganancias— de tres barcos insignias que son propiedad de Estrella Patagónica: el Carolina P., el Anabella M. y el Mara I.
Esos mismos datos coinciden con los de otra empresa global de datos, análisis e inteligencia marítima, que también tuve delante mío (antes, una aclaración conceptual: es habitual que en la propiedad y la gestión de barcos de pesca convivan más de una empresa con distintos grados de participación): desde 2016 y sin cambios hasta la fecha, Estrella Patagónica aparece como la dueña registrada —“Registered Owner”— y la operadora comercial —“Commercial Operator”— de las tres embarcaciones, pero la española Pescapuerta S.A. figura como “Beneficial Owner”. Es decir, la benficiaria final.
En el total de ingresos de un grupo empresario con activos en los cinco continentes, es difícil determinar cuánto proviene de cada filial. Pero en la última década, el volumen de facturación del holding Pescapuerta no paró de crecer. En 2025 fueron 334 millones de euros: la quinta mayor pesquera de España. Además, es una de las compañías pesqueras con mayor margen de beneficios: en ese último balance consolidado de 2025, le quedaron casi 33 millones limpios después de deducir los gastos, por encima de las firmas más importantes del rubro, como Nueva Pescanova y Profand.
La información de varios registros es coincidente: la misma Pescapuerta que aparece como beneficiaria final de la actividad de barcos y fábricas de Estrella Patagónica en Argentina, participa de la Joint Venture con Fortuna para pescar el calamar en las Islas Malvinas.
Mayo de 2026, Galicia. La tragedia de los bienes comunes
La brisa cálida de la primavera en Galicia se empieza a notar. En la terraza de una cafetería de Bouzas, el barrio que supo ser refugio señorial de armadores y hoy es hub logístico y enclave cultural, se mezclan el trino de las gaviotas, el zumbido de frigoríficos industriales y el rumor del gentío en el Paseo Marítimo. Al doctor -le diremos así al hombre que se sienta conmigo en el café- todavía le quedan unas briznas rubias. Pasó cuarenta años entre el mar y el muelle, en los que hizo de todo: conoció las cubiertas de arrastreros, los galpones frigoríficos a 40 grados bajo cero, durmió en hoteles en los cinco continentes y tuvo reuniones en despachos alfombrados con ventanales al océano, mientras asesoraba empresas. No puede saberse mucho más sobre la vida del doctor, ni del par de encuentros que tendremos a orillas de las Rías Baixas. Él prefiere el anonimato. Nos alcanza aquí con saber que es un viejo lobo de mar que nos ayuda a entender:
—Hay muchos sistemas de pesca, ¿no? Todos tienen pros y contras, ninguno es perfecto. El de Malvinas es olímpico, está delimitado por períodos, algo totalmente estúpido.
Hay dos campañas de pesca anuales, explica. Antes de cada una se hacen exploraciones en un barco de investigación con científicos a bordo, y si la biomasa es correcta —biomasa: peso total de un conjunto de organismos vivos en un área y momentos determinados— se permite que otros buques pesquen. Pero si en medio de una marea notan que el calamar decrece pueden suspenderla. Y eso, dice, correcto en términos biológicos, para los empresarios es un estímulo a la carrera y al apuro.
—Vale. Durante el tiempo que lo permiten, la pesca es olímpica —dice el doctor—. Los 16 barcos de empresas mixtas que están ahí, pescan todo lo que pueden. Estos monstruos de nueva tecnología son capaces de procesar 150 toneladas en un día. Entonces, durante una semana pesca a tope y la siguiente bum, no hay más stock. ¿Vale?
El doctor hace una pausa para tomar el último trago de café.
—Y te dicen “ah, no importa, a mí me fue bien porque yo pillé esos bancos, trabajé a 150, el barco que estaba en la otra cuadrícula no pilló casi nada, que se joda”. Entonces, al final, el sistema de pesca olímpica sigue alentando la sobreexplotación del recurso.
La pesca en las aguas de Malvinas, además de ilegal, es salvaje.
Muchas de las cosas que dice el doctor pueden constatarse en los reportes oficiales que desde 2004 publica el gobierno de las Islas Malvinas. Si la serie histórica de capturas semestrales se dibujara como si fuera un electrocardiograma de hospital, veríamos picos de abundancia del calamar mezclados entre valles o hendiduras: el signo de la escasez.
A veces, esos vaivenes son abruptos: suben y bajan vertiginosamente de un año al otro, incluso entre campañas, del verano al invierno. Otras son pendientes leves, disminuciones graduales de calamar. Uno y otro caso, sin embargo, han obligado al Departamento de Pesca de las Islas Malvinas (FIFD) a maniobrar reactivamente, siguiendo el stock casi en tiempo real.
Respecto de la pesca olímpica, hay que hacer una distinción. En Malvinas, el calamar Loligo está bajo un sistema de Cuota Individual Transferible (ITQ) desde la ordenanza de 2005. Y no es técnicamente una cuota olímpica pura, como explicará José del Río, director del equipo de Pesquerías Lejanas del Instituto Español de Oceanografía:
—Una cuota olímpica es que la administración fija un número de toneladas totales para pescar y cuando se acaban se para. Entonces los barcos van a la carrera, están esperando al minuto que se abra la pesquería. En Malvinas, el Loligo está gestionado por boxes. Los barcos tienen que reportar diariamente sus capturas, luego esa cuadrícula la cierra y los mandan a otra. Si la temporada es buena, pescan más, si la temporada es mala, pues pescan menos.
Para la gestión del calamar Illex, en cambio, el sistema olímpico rige de forma absoluta. Documentos internos del Comité de Pesca del gobierno isleño registran esa preocupación: gestionan el stock prácticamente a ciegas. Responsabilizan al gobierno argentino por negarse a hacer evaluaciones conjuntas. De las 44 temporadas de pesca de las que hay registro —dos campañas por año, desde el año 2004—, 20 fueron abortadas prematuramente o sufrieron cierres parciales porque se acercaban riesgosamente al escapement threshold, un umbral de escape estipulado en 10,000 toneladas de calamar que deben quedar en el agua al final de cada campaña para asegurar la reproducción de la especie. Las medidas que el gobierno presenta como acciones de previsión responsable son también el síntoma de un esfuerzo pesquero que la mitad de las veces ha llevado el recurso hasta el límite mínimo de la supervivencia.
En la segunda temporada de 2024, con una biomasa estimada en 13,679 toneladas —la más baja desde 2006—, por primera vez en la historia los barcos no pudieron salir a pescar.
En 2025, la primera zafra del año fue aceptable, pero la invernal fue clausurada antes de lo previsto por el tamaño demasiado pequeño y la cantidad demasiado baja de las capturas. En la última marea, la de 2026, la campaña fue suspendida el 12 de agosto, volvió a habilitarse el 24 y se cerró definitivamente tres días después. Ese escenario tan inestable, según trascendió en algunos medios especializados, puso en pausa en Vigo algunos proyectos de inversión.
—No hay explicación económica para eso —concluye el doctor—. Al contrario. Para pescar 150 toneladas un puñado de días por temporada, los barcos tienen que ser enormes, las tripulaciones de unas 80 personas, y para congelar todo ese pescado los marineros deben pasar un día y medio sin dormir.
—¿Eso sigue ocurriendo?
—La gente que nunca ha estado en un barco de pesca cree en esas ideas románticas que ve en la televisión, del pescador sensible hacia el mar, que ve la puesta del sol y las gaviotas volando, piensa en el futuro de los peces y en el mar azul. Es estúpido. Somos seres humanos. En lo único que piensan es en el dinero.
El doctor deja un silencio premeditado antes de contestar:
—Respuesta fácil. Ganar suficiente dinero en diez años para marcharme de aquí del barco y poner un negocio en tierra. ¿Y qué querrías para tu hijo? Que sea abogado, que sea ingeniero, que sea médico.
—Que no sea marinero.
—Por supuesto.
Abril de 2026, Islas Malvinas. Los náufragos de Piura.
El Lookout Lodge se alza en la parte alta de Puerto Argentino, sobre la ruta que conecta el pueblo con la base de Mount Pleasant y avanza paralela a Ross Road, la avenida que recorre el ancho de la bahía. Sus salones siempre vacíos, le dan un aura lyncheana al hotel: la posada de Twin Peaks. Sus empleados aparecen de pronto y se desvanecen por horas enteras, incluyendo a Valeska, la amable recepcionista chilena. Uno o dos huéspedes pasan caminando y no se dejan ver más que una vez. El hotel parece deshabitado y las pocas personas que lo transitan, los fantasmas de un set. Al final de una larga mesa de madera, en el centro del enorme comedor vacío, un joven morocho y petiso revuelve una pechuga de pollo con verduras, casi sin probarla.
—Ese capitán es una mierda.
Alberto sostiene la mirada clavada en el plato. En la televisión, un presentador inglés habla sobre las elecciones presidenciales en su país, Perú, en las que Keiko Fujimori parece haberse impuesto por una luz de ventaja. Alberto no parece demasiado interesado. Solo quiere que Pescapuerta le pague lo que le quedó debiendo de sus extras, y le consign un ticket de avión para volver con su familia antes del fin de la marea, prevista dentro de 15 días. Las carambolas del azar nos harán coincidir en el vuelo cuando salgamos de las islas en unos días: Alberto, Iván, James Wallace, los ex combatientes, yo. Algunos pasajeros más. No muchos. Ahora Alberto está preocupado. señala su torso, hundido bajo el abrigo: dice que está flaco. Flaco, repite.
—No me creen. Piensan que uno los engaña para poder volver a casa. Pero, ¿qué hago aquí dos semanas sin trabajar? Yo tengo familia, tengo dos hijos —dice amargado.
Hace cuatro días, cuando estaba trabajando en la factoría del buque Falcon —75 metros de eslora de longitud y un ancho de 14 metros de manga—, Alberto comenzó a sentir un dolor muy intenso en el abdomen, una sensación de “llenamiento” y una “pulsación en el ombligo”. La punzada le impedía trabajar y no le dejaba comer, así que se recluyó en el carrito, como le dicen al camarote. Un médico que lo atendió por videollamada desde España le recetó unas pastillas analgésicas —las mismas que toman para todo— que le entregó un oficial. Después de cuatro días sin mejoras, el 13 de abril el capitán desembarcó y lo dejó en el Lookout Lodge. Le devolvió su pasaporte, su libreta y su certificado de formación en seguridad (STCW), un documento indispensable para embarcar. Alberto supuso que significaba que no lo volverían a emplear. Desde entonces está en un limbo, lidiando con la agencia de contrataciones de Lima que intermedia con los pescadores peruanos: ya no cobra su salario ni termina de saber cómo está de salud.
—Imagínate, dos semanas me faltaban para terminar mi marea e irme para Perú. El capitán me dice: “Ándate tú para tu casa, para que te chequeen”. Pero yo le dije bien claro: “Capitán, usted me está mandando, el que renuncia no soy yo”.
Alberto empezó a trabajar los primeros días del año. Viajó de Piura a Lima el 4 de enero, se subió a un avión a Madrid, y de ahí en tren hasta Vigo. Después de tres días de acondicionar el buque Falcon —registrado a nombre de la sociedad mixta Petrel Fishing Company, formada por Pescapuerta y Fortuna—, partió hacia el Atlántico Sur.
Alberto cuenta que antes de llegar a Malvinas hubo una parada técnica que suelen hacer la mayoría de los arrastreros españoles: pasaron 20 días pescando la “pota” —el calamar Illex- en la milla 201, justo fuera del límite de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, a 200 millas náuticas de la línea de costa de la Patagonia. Pescapuerta captura el calamar a uno y otro lado de la milla 200: desde el límite hacia el continente, a través de sus filiales argentinas —Estrella Patagónica, Ancofrig—, y mediante su compañía mixta en aguas internacionales, de paso hacia las islas Malvinas. La mayor parte de las ganancias confluyen en la cuenta bancaria de la familia Puerta, en Vigo.
Ahí abajo, la noche y el día se mezclan, se disuelven en un tiempo sin bordes en el que la rutina se reduce a cumplir la jornada y administrar el tiempo restante para comer, bañarse, hablar con la familia, mirar una película o las redes sociales, y finalmente dormir: porque la rueda no se detiene en los cuatro meses que dura la temporada. Si alguno se queda dormido el contramaestre va al camarote a gritar contra la puerta. Los descansos a veces duran menos: cuando los túneles de congelado están llenos se implementa el “retén”, en el que la guardia saliente debe quedarse una hora más para empacar y dejar espacio a la que los reemplaza. Hay cámaras en el parque de pesca; si los oficiales ven lentitud o que no se escoge bien el pescado, los apuran a los gritos por los parlantes.
Si el ritmo frenético los supera, los marineros tienen sus trucos:
—Cuando hay mucho pescado y no hacemos a tiempo lo peinamos —confiesa Alberto—: colocamos el calamar del tamaño correcto, póngale 3 o 4 arriba de la bandeja, y abajo va todo mezclado.
En la faena del calamar, los pescadores casi nunca son marineros. Son obreros sobreexplotados en factorías flotantes. Los mares tempestuosos sacuden las fábricas donde trabajan doce horas como balancines, una y otra vez, de acá para allá. Aunque la mayoría de los compañeros de Alberto son paisanos de Piura o de Lima, también hay filipinos, indonesios y senegaleses. En el Falcon son unos cincuenta. Solo el cocinero, el contramaestre, el oficial de pesca, el jefe de máquinas y el capitán del barco son españoles.
La mañana siguiente a su llegada al Lookout Lodge, Alberto amanece con dolor. Un empleado de la empresa Fortuna lo pasa a buscar en una camioneta VAN para llevarlo al médico. La comunicación es imposible: el agente solo habla en inglés y Alberto solo habla castellano. Con la ayuda de una enfermera bilingüe, se entera que no le encuentran nada en los análisis de sangre ni en la ecografía. Le dan otras dos pastillas: un antiácido con cada comida y una genérica de ingesta diaria.
Dos días después de Alberto llega Iván, su compañero del Falcon. Se ubica en la habitación de enfrente. Dice que viene a los barcos para ayudar con lo que gana a sus padres, que mantienen una pequeña chacra en Sechura, cerca de Piura. Pero ahora ya no puede. Un cabestrillo le sostiene el brazo izquierdo. Se saca la venda para mostrar los dedos: siente que tiene que dar pruebas. Y luego cuenta el accidente.
Era su primera marea. Iván trabajaba en cubierta. Estaba con tres compañeros subiendo la red al barco. La tensión por el peso de la carga rompió la cadena que sostenía la herradura, que salió eyectada y le dio de lleno en la mano. Los otros tres también se lastimaron. Al contramaestre le salía sangre de la cabeza.
—Yo lo que sentí fue el impacto y ya de ahí no sentía el brazo, estaba como dormido.
Los dedos se le pusieron gordos y morados como chistorras. El tratamiento fue igual al de Alberto: una videollamada desde España y pastillas para el dolor. Mañana pasará otro agente de Fortuna a buscarlo, en la salita le recetarán un antiinflamatorio sin hacerle radiografías. Y le dirán que no tiene nada.
Abril de 2026, Islas Malvinas. Las respuestas.
Alberto e Iván son parte de las tripulaciones formadas por pescadores de países del sur global que trabajan para las flotas industriales de altamar. La faena en la cubierta de un barco pesquero no solo es una de las labores más sacrificadas, también una de las más peligrosas del planeta. Mueren cien mil personas al año en el negocio de la pesca, según una investigación de 2022 de la FISH Safety Foundation (FSF). No existen datos de organismos multilaterales consolidados posteriormente. Un Hiroshima cada 31 de diciembre.
Las muertes afectan especialmente a los pescadores de bajos ingresos, y entre las causas que más inciden se cuentan las condiciones laborales peligrosas y los buques inseguros.
En 2007, tratando de parar esta hemorragia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promulgó el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca, estableciendo una serie de derechos básicos para los pescadores de buques comerciales. Lo ratificaron 27 países en 2017. Entre muchas cosas que establece el tratado, hay una esencial en sus artículos 13 y 14 que determina las demás: el descanso no puede ser menor a 10 horas diarias. Argentina es el único país latinoamericano que lo firmó, en 2011; el Reino Unido se adhirió en 2019 y España en 2023. Los territorios de ultramar deben hacer su propia adhesión, no alcanza con que lo haga la metrópoli.
En enero de 2025 y en julio de 2026, los legisladores isleños anunciaron que la Autoridad Marítima (FIMA) estaba trabajando con el Equipo de Redacción Legislativa para asegurar que la legislación local “esté en su lugar”. Supuestamente, eso habilitaría al gobierno a hacer una solicitud formal al Reino Unido para que extienda el convenio. Todavía no hay novedades.
Mientras en los despachos legislativos de las islas se dilatan los compromisos con las tripulaciones, las decisiones sobre el caladero de Malvinas siguen dirimiéndose, casi siempre, en dos oficinas con vista al mar ubicadas sobre avenida Ross Road.
La primera es la sede de la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Malvinas (FIFCA), montada en uno de los dos caserones de las Jubilee Villas, construcciones de estilo victoriano con techos de chapa verde y ladrillos a la vista. Fueron traídos especialmente de Londres, en 1887, para celebrar con la construcción de estas casas el Jubileo de Oro de la Reina Victoria. En el patio delantero, desafiando el viento hostil, hay unas rosas de jardín, dedaleras y lupinos dispuestos en canteros prolijos. Adentro, en una sala de reuniones con fotos de barcos arrastreros espera John Barton, el Presidente de la FIFCA (Falkland Islands Fishing Companies Association), la cámara que defiende los intereses de las empresas pesqueras locales:
—Las empresas han implementado muchas medidas para intentar mejorar las condiciones de los pescadores —dice Barton.
Barton es, sin dudas, uno de los hombres que más conoce el rubro: comandó la Dirección de Pesca durante tres décadas, donde asumió después de formarse en biología marina entre Gales y Escocia. Reconoce graves problemas de maltrato en el pasado, pero no duda en asegurar que el sistema ha cambiado la situación. Barton tiene la piel rosada, un pelo canoso y fino, y ojos claros bajo unos anteojos de marco muy fino:
—Estoy seguro de que en el Atlántico sudoccidental en general, ya sabés, en alta mar, sigue habiendo problemas—asegura—. Pero para los barcos que operan hoy dentro de las islas, la actividad está muy estrechamente controlada.
Cuando habla sobre las condiciones de vida a bordo, Barton mide cada palabra. Habla un poco de español, porque terminó la secundaria en Montevideo, pero prefiere el inglés.
—A cada tripulante se le entrega una tarjeta de contacto con nuestros detalles de WhatsApp —asegura Barton—. Si quieren quejarse de cualquier cosa que esté pasando, pueden hablar con nosotros e intentaremos solucionar el problema.
Hay un detalle. No sería tan fácil para Alberto e Iván pedir ayuda a la asociación que Barton representa: en 2022 asumió como gerente y director de operaciones pesqueras de Atlantic Catch Ltd, una compañía radicada en Taiwan que gestiona la pesca de calamar Illex —un sistema olímpico— y pertenece íntegramente al Grupo Fortuna. Ahora, Barton es empleado de Wallace.
La otra oficina, acaso con la misma importancia, está a unas quince cuadras de caminata por la costanera. El Secretariat es un edificio macizo y simétrico de dos plantas, bastante anodino, con paredes gruesas para aislar las oficinas del viento constante. Desde el despacho de Andrea Clausen, Directora Ejecutiva del gobierno isleño y autoridad máxima debajo del gobernador Colin Reynolds, se ve la explanada del llamado Monumento a la Liberación, un cenotafio de piedra con una estatua de bronce. Y un poco más lejos, sobre un pedestal, el busto de Margaret Thatcher.
—Cobrar tarifas a las flotas por pescar cambió todo de la noche a la mañana: hoy en día es la piedra angular de nuestra economía— reconoce Clausen.
Es una mujer petisa y afable, con la cara redonda y pelo corto, blanco y muy cuidado. Asume una actitud profesoral que no transmite arrogancia.
—Rastreamos a todos los barcos, sabemos lo que hacen. Durante la temporada, nuestro patrullero de pesca se acerca y los inspectores abordan para verificar que cumplan con todo lo prometido al entrar a puerto. Hoy la gente de mar sabe que somos bastante estrictos y no toleramos que se andan con rodeos, porque el gobierno debe ser, ante todo, un regulador.
Le pregunto por el Falcon, el buque del que han bajado a Alberto e Iván. Responde que está bajo la bandera de las islas, que por eso les rigen reglas del estado de abanderamiento, que deberían ser muy estrictas.
—Los marineros del buque Falcon cuentan que la jornada laboral es de doce horas horas, dormían cinco o seis y después volvían a trabajar doce. ¿Usted cree que esos estándares son correctos?
—No estoy familiarizada con el detalle exacto de esas condiciones de trabajo. Si trabajar, de lo que sea, en turnos de 12 horas con un tiempo de descanso entra dentro de esas condiciones, entonces está bien. Si no es así, no está bien. No sé la respuesta a esa pregunta.