Micaela Ortega tenía 12 años y vivía en Bahía Blanca. Tomaba clases de patín e iba al colegio católico Marina Coppa. El sábado 23 de abril se fue de su casa, engañada por un hombre, con libertad condicional, que se hacía pasar por una nena en Facebook. Un mes después, el femicida confesó y encontraron el cuerpo en un descampado. La ciudad, un pago chico que crece año tras año, se movilizó consternada. Y para muchos, la culpa fue de las redes sociales, de la madre, y hasta de la propia víctima.



Fotos:  Gentileza diario La Nueva de Bahía Blanca.

 

Bahía Blanca, para sus vecinos, era un pago chico: una adolescente en los años noventa podía ir en bicicleta con una guitarra colgada en la espalda desde el Colegio Nacional, a una cuadra de la plaza donde ayer se manifestaron 2000 personas por un femicidio, a tomar clases de música en el club universitario, frente al Parque de Mayo, en el norte, y a la salida pedalear hasta la “República” de Villa Mitre. Si se desviaba por la calle Parchape podía seguir hasta Ingeniero White, ese puerto barroso colonizado por cangrejos y petroquímicos que los porteños creen que es playa, y luego volver a su casa, frente a la estación Sur, de trenes, hoy casi paralizada, a la noche.

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Bahía Blanca, una ciudad de las tantas otras argentinas que no se asume pueblo aunque a veces sus costumbres permanezcan como en las de una comunidad pequeña. Aunque hace mucho los suburbios crecen, y la palabra “gran” antecede a su nombre para indicar su expansión, como pasa con “el gran Mar del Plata”, entre otras.

 

Cuando Roberto Payró, escritor y fundador del extinto diario La Tribuna, escribió unos cuentos agrupados en “Pago chico”. La ciudad era, como solían decir los no bahienses, una “chacra asfaltada”. Aunque ya son casi 400 mil habitantes, aquel espíritu de pago chico se conserva entre sus habitantes: la sensación de que al caminar por las calles, todos se conocen o son conocidos de un conocido.

 

Y si algún rostro no es familiar quizás sea porque viene de los barrios más nuevos y alejados o porque es de otra ciudad y está de paso.

 

Nunca se sabrá qué pensó Micaela Ortega, de 12 años, cuando se encontró con Jonathan Luna, de 26.


El 23 de abril desapareció Micaela, una nena de 12 años, alumna del colegio católico Marina Coppa, una escuela salesiana, con una cuota subvencionada que permitía que acudan a él los chicos de la clase trabajadora. Micaela también iba a patín y aún cobijaba a una muñeca en su cuarto.

 

Los padres denunciaron enseguida su desaparición. Cuando fueron a despertarla esa mañana, ya no estaba.

 

Insistieron y les tomaron la denuncia: no les pasó lo que suele ocurrir cuando se acude a las comisarías a notificar una desaparición. Esta vez no pidieron que esperasen 48 horas. La cultura policial aún padece de una grave inadaptación. A un año de la masiva marcha Ni Una Menos, y con un índice de una mujer asesinada cada 30 horas en el país, se considera a la violencia de género como un problema doméstico, intrafamiliar.

 

A las semanas de la desaparición de Micaela, aún en un clima de ciudad convulsionada, de pedidos de los alumnos de la escuela y vecinos, Jesús Maldonado, padre de una nena de 13 años que fue perseguida por un hombre mientras iba camino a la escuela, fue a contar el hecho a la comisaría. No le tomaron la denuncia, porque ese término implica acusar a alguien de un delito. Le dijeron: si la nena no sufrió agresión física (ella corrió y se escondió en un nicho de gas para salvarse) no podemos hacer nada. Lo que hubiera correspondido es que se dejara constancia, se ofreciera custodia, se abriera una investigación. Aunque no haya un delito concreto, la policía es responsable de la seguridad ciudadana. El padre de la nena contó la situación a los medios. ¿Es necesario esperar a que mi nena la agredan para que hagan algo?. El hombre, abrumado, volvió a poner el lamentable tema de la justicia por mano propia en la discusión pública.

 

Cuando se supo que el asesino de Micaela confesó el crimen y señaló dónde estaba el cuerpo, 50 vecinos incendiaron la casilla del barrio El Saladero de Ingeniero White donde vivía. Los dos policías que la custodiaban no pudieron frenarlos.


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La misma mañana de sábado en que desapareció, en el registro de las cámaras de seguridad se ve a Jonathan Luna de espaldas. Al lado suyo camina Micaela; carga una mochila rosa; de fondo, la rotonda de la calle Bolivia al 1200, casi llegando al canal Maldonado, un hilo de agua turbia que rodea esa parte de la ciudad. Cuando la novia de Luna vio el video lo reconoció por su forma de caminar y se lo recriminó por teléfono. No avisó a la policía.

 

Mujeres y niñas vistas con vida por última vez bajo el filtro gris, mirada neutra, de una cámara de seguridad; la repetición ha creado un género funesto. Ángeles Rawson, Melina Romero y tantas más.

 

Luna gozaba del régimen de salidas transitorias en Río Negro desde 2014. Pero nunca volvió a presentarse ante las autoridades. Se intuye que en los próximos días, la carga será puesta en el derecho a la libertad condicional. Vale la pena hacerse una pregunta previa: ¿Cómo es posible que no se cruzaran los datos entre la Provincia de Buenos Aires y la de Río Negro sobre las personas con pedido de captura cuando una nena de 12 años estaba en peligro de muerte?


 

La madre de Micaela dijo desde el primer momento: busquen con quién habló por el chat de Facebook. ¿Cómo es posible que 34 días después recién pudieran acceder a su cuenta?

 

A partir de aquel diálogo llegaron a Jonathan Luna; días antes había realizado una pesquisa en su casa sin encontrar nada. Después de ver la conversación, con una orden de la jueza, hicieron un allanamiento y descubrieron la mochila de Micaela.

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Aunque no siguió el caso en detalle, el Fiscal de Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, dice que hay protocolos para requerir información de chats. Esas solicitudes se hacen mediante un exhorto (es decir, con un pedido de un juez), suelen ser algo engorrosas, e implican presentar documentos en castellano e inglés. Sin embargo, ya en esta vía oficial hay formas de darle carácter de emergencia al pedido, cuando hay riesgo de vida. Al mismo tiempo, la empresa Facebook –como también Yahoo, Hotmail, Gmail, Twitter- puede ser contactada directamente tal como figura en el “Law enforcemtent guidelines”; se la interpela para que actúe con carácter de emergencia.

 

La pregunta es porqué hubo que esperar la respuesta de la empresa norteamericana que se rige por la ley de aquel país. Y por qué, habiendo en la ciudad ingenieros informáticos de la Universidad Nacional del Sur y de la UTN, no se realizó un hackeo, no se entró por la fuerza. ¿Qué pasó en el caso de Micaela? ¿Por qué demoró tanto?


 

Con sus camperas verdes de nylon brilloso con letras bordadas las compañeras de patín, sus compañeros de colegio y sus padres, encabezaron la marcha. Las anteriores, durante la búsqueda, sumaron 200 personas; la movilización espontánea del sábado a la noche, cuando se conoció la noticia sumó 300. El domingo fueron 2000 quienes caminaron desde San Martín y Sarmiento, la esquina de la plaza, y pasaron por la Catedral, donde se detuvieron a rezar un padre nuestro. A diez pasos, el edificio de La Nueva Provincia. Consignas del #NiUnaMenos, y carteles a mano. Acompañaron y hablaron por el megáfono, la madre de Claudia Daiana Mendez, asesinada en 2004, y Lorena Zerneri, madre de la chica de 16 años que murió en el Parque de Mayo.  

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La presencia de organizaciones fue minoritaria. Nadie recuerda una marcha de tal convocatoria en la ciudad en el último tiempo. Un chico pidió un marcador para escribir sobre la hoja en blanco que trajo: “Que nuestras vidas no terminen a los 12”. Micaela está muerta; la encontraron cerca de la planta de TGS, en un descampado cerca de Cerri, partido de Bahía Blanca, el pueblo próspero en tiempos de la CAP. En una hora se sabrá: fue estrangulada con una remera. Y su rostro, desfigurado. El secretario de Seguridad dice que sin la confesión del ahora imputado hubiera sido imposible encontrar el cuerpo. 


 

El domingo a la noche Canal 9 Bahía Blanca emite un especial con la cronología del caso desde la desaparición hasta la última marcha. Cuando terminó la manifestación –eso no lo pasaron en la tele-, un padre de una compañera de Micaela repetía que la familia necesitaba compañía pero no disturbios. Sobrevuela el fantasma de Katherine Moscoso; la chica desparecida en Monte Hermoso el año pasado. El día en que encontraron su cadáver en las dunas, otra vez una chica en un descampado, tirada, un grupo de personas atacó al sospechoso hasta matarlo. Y luego incendiaron la comisaría, la municipalidad y otros edificios públicos. La muerte de Micaela atraviesa las conversaciones de toda la ciudad, en cada barrio, en las escuelas, en los negocios; unifica edades y diferencias culturales.


 

A la marcha se fueron sumando personas que pasaban por ahí. Algunos charlabamos de Jonathan y su libertad condicional. Horas más tarde se sabrá que Luna usaba varios perfiles de Facebook y contactaba niñas haciéndose pasar por una nena de la misma edad.  Así engañó a Micaela: le dijo que fuera a su casa, pero que un primo la pasaría a buscar.


 

Una chica de 28 años cuidaba a una mujer en silla de ruedas; la había sacado “a pasear” sobre la calle San Martín. Juntas vieron pasar la marcha. Su suegra vive en el barrio El Saladero de Ingeniero White donde Luna tenía su casilla de chapa. Dice que por eso, ella sabe todo del caso. Si ahondamos, en realidad termina reproduciendo lo que dicen los medios. Dice que le da mucha pena, pero también que “ella se lo buscó”, por hablar con extraños por Facebook.

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El secretario de Seguridad dijo días antes que los asaltos y robos se producían porque la mayor parte de la policía estaba dedicada a buscar a Micaela. En un canal bahiense le preguntan a la madre de Micaela sobre la cuestión. Ella cuenta que habló con la gobernadora María Eugenia Vidal y que considera que la policía está haciendo su trabajo.


 

El especial de Canal 9 termina con la imagen de unos pocos que tiran piedras contra la Municipalidad. La marcha, en aquel momento, seguía por la Avenida Colón en dirección al colegio La Piedad donde se celebraría una misa. Pero el especial no habla de femicidio. Tampoco lo hacen la mayoría de los medios locales. En La Nueva, ex “La Nueva Provincia” la volanta sobre la última marcha dice “malditas redes sociales”, aunque en días previos mencionan el término en el cuerpo de algunas notas. En otros portales, y en la televisión, la palabra parece censurada. Tampoco habla de femicidio el intendente, Héctor Gay, quien no apareció en ninguna marcha, ningún allanamiento, pero emitió un comunicado. El periodista bahiense Joaquín Baridon posteó en su tuiter:

 

 

 

 

Un portal local publicó la supuesta carta que dejó la nena antes de ser engañada y partir de su casa. Así violó los derechos a la intimidad de la menor y la familia y, de paso, habilitaba material para aquellos que buscan culpabilizar a la víctima. En el texto, dice dos veces que se consideraba una “mala hija” y que había probado marihuana. Por lo bajo se genera un colchón de significado que niega lo evidente, lo disfraza, genera el falso alivio de buscar un chivo expiatorio y no mirar más, no someterse a la incomodidad del sentido social, lo compartido, la cultura en que vivimos.

 

La culpa, entonces, es de las redes sociales. De la libertad condicional. Y de la madre. Y de la nena.


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