La idea de combatir a los migrantes con cárcel o expulsiones no es original. Hoy, como siempre, estas ideas van de la mano de un vocabulario bélico o de purificación que no escudriña la nacionalidad: están los puros y están los malvados. Pero si el malvado es extranjero, se le aplica una regla distinta que al malvado nacional porque, al final, lo que define es la sangre, la xenofobia. En esta crónica Anfibia, la especialista María Inés Pacecca y la cronista Ana Fornaro siguieron a dirigentes migrantes en Argentina, rastrearon sus trayectorias, y cómo luchan ante el peligroso panorama que provoca el nuevo DNU del gobierno.



 FOTO: Vicky Polak

 

Afuera se cae el mundo con la última tormenta del verano. Adentro, en el local de Once donde funciona la sede de la Red Patria Migrante, unas cuarenta personas de acentos y culturas diferentes intentan ponerse de acuerdo. Son de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Hay colombianos y venezolanos. Hay argentinos, también. Los últimos en llegar están empapados, de pie. Pero hay orden, aunque haya urgencia. En esta asamblea, militantes independientes y referentes de organizaciones tienen que decidir qué acciones llevarán a cabo en marzo, mes de reactivación legislativa y de múltiples movilizaciones sociales. Deben dar batalla contra la última cruzada anti-inmigratoria del Gobierno argentino: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU Nº 70/2017) publicado en el Boletín Oficial a fines de enero.

 

Sin necesidad y sin urgencia, pero con muchas ganas de “poner en su lugar” a todas las personas que llegaron en la última década (especialmente a las latinoamericanas), el Poder Ejecutivo reformó la Ley de Migraciones de modo tal que prácticamente cualquier extranjero podrá ser deportado por cualquier minucia. A partir de este decreto, alcanza con el procesamiento o condena no firme, incluso en casos donde corresponderían penas entre 1 mes y menos de 3 años y que suelen ser excarcelables, como por ejemplo el “atentado y resistencia a la autoridad”. Casi ninguna persona argentina iría presa por un delito tal, pero un migrante incluso si es documentado, con familia, con arraigo, con toda su vida en el país, podrá ser deportado casi sin excepción. El DNU establece también un procedimiento de expulsión sumarísimo que generaliza la detención y dificulta el acceso a la defensa pública. En síntesis: para los argentinos, justicia; para los extranjeros, expulsión express.

 

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—Me preocupa la falta de información sobre el DNU. Creo que tenemos que hacer una pedagogía en nuestras comunidades.

—Si hacemos marchas no tienen que estar politizadas. Y hay que convocar a la mayor cantidad de argentinos posibles.

—¿Cómo que no tienen que estar politizadas? Quizás no de partidos, pero nosotros somos militantes políticos, compañera.

—En las movilizaciones tenemos que tener cuidado con la policía y las contravenciones. Ahora todos corremos riesgos.

—¿Qué tan loca es la idea de parar?- Un paro demostraría todo lo que los migrantes aportamos a esta economía

 

Quienes hablan han sido, en su mayoría, protagonistas de la lucha para los derechos de los migrantes de los últimos veinte años. Hacia el cambio de milenio, tras décadas de persecución y abusos, las asociaciones de migrantes comenzaron a ampliarse y fortalecerse. Se plantó presencia en audiencias públicas, hubo organización territorial, se logró articular voces disímiles y a veces contradictorias para participar de los debates. Estas personas, que transformaron la  vulneración de derechos y el desarraigo en trayectorias políticas, hoy se preguntan: ¿cómo comunicar a migrantes y argentinos los peligros del nuevo decreto? ¿Cómo hacer entender a la sociedad que no se trata de separar entre supuestos “migrantes buenos” y supuestos “migrantes malos”? ¿Cómo hacer llegar el mensaje de que ahora mismo nadie está a salvo?

 

Y allí deciden: organizar una movilización el 1ero de marzo – día de la apertura de las sesiones del Congreso- cortando el cruce de Corrientes y Callao, en pleno centro porteño. Pero también acompañar las distintas movilizaciones populares con una columna unificada: el 8 de marzo al Paro Internacional de Mujeres y el 24 de marzo a la marcha por la Memoria. El objetivo es visibilizar al colectivo hasta llegar a la acción más ambiciosa: el paro general migrante del 30 de marzo, fecha aniversario de la tragedia de la calle Luis Viale, que acompañará el paro nacional convocado por la CTA.

 

Once años atrás, una joven embarazada, un adolescente y cuatro niños de entre 10 y 3 años -todos de nacionalidad boliviana- murieron en el incendio de un taller textil en el barrio de Caballito. Ese día marcó un antes y un después para la comunidad boliviana pero también para todo el colectivo migrante. El incendio de la calle Luis Viale dejó en evidencia la explotación laboral y precarización vital de los migrantes latinoamericanos en Argentina. Y apuró la salida del Plan Patria Grande,  un programa de regularización de migrantes ciudadanos del Mercosur lanzado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Ese plan implementaba por primera vez, y de manera masiva, el criterio de radicación expresado en la Ley de Migraciones sancionada en 2003, que permitió que en poco más de diez años se documentara casi un millón de personas. Hoy esas conquistas están siendo jaqueadas y la militancia migrante vuelve a verse en las calles. Los referentes de las comunidades, verdaderos cuadros políticos, llaman a la acción.

 


 

 

 

Cuando Juan Vázquez llegó de La Paz tenía ocho años. Era 1990 y con su madre recién pudieron atravesar la frontera al tercer intento. Ya habían vendido el título de la casa en que vivían, su único capital, por 300 dólares. En Buenos Aires los esperaba el padre de Juan, que trabajaba y vivía en un taller de costura en Floresta. En los ’90 regía la Ley Videla y conseguir papeles era casi una utopía. Los primeros tiempos durmieron todos en un pasillo: el lugar no estaba preparado para recibirlos. A la semana Juan empezaba la escuela pero no tenía nada, ni guardapolvo, ni útiles ni la más mínima idea a lo que se enfrentaba.

 

Ahora, sentado en una de las habitaciones de la Casona de Flores, un espacio que reúne a varias organizaciones sociales de la zona, entre ellas Simbiosis Cultural, el colectivo que fundó junto a su compañera Delia Colque, Juan recuerda:

 

—Era una escuela chica y yo era el diferente. Era el morocho, tenía acento raro. Además vivía dos vidas separadas. Estaba en un gueto adentro del taller y afuera trataba de mimetizarme. No le contaba a nadie que vivía ahí. En los talleres el tiempo pasa de otra manera. El migrante tiene que resolver tres cosas importantes: techo, comida y trabajo. Y el taller te da eso, en condiciones de mierda pero te lo da. Y te da un grupo de contención, que son tus compañeros y familia.

 

La organización donde milita Juan se formó justo después del incendio de Luis Viaje y arrancó con un ciclo de cine en una plaza donde se debatía política a través de la cultura. Después de varias acciones, hoy formaron una cooperativa de trabajo textil con más de 60 personas.

 

—Lo de Luis Viale fue un golpe y un clic. Porque hasta ese momento yo, y muchos de mis compañeros, teníamos naturalizado el trabajo en los talleres. Era parte de nuestra historia y de nuestra vida.

 

Incluso los padres de Juan, que habían empezado como costureros, progresaron, y siguieron el oficio manejando un taller. Una evolución bastante frecuente pero donde se termina reproduciendo las condiciones de explotación.

 

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Juan cuenta que después del incendio de Viale la comunidad boliviana quedó muy divida. Había dos voces fuertes: quienes condenaban los talleres y quienes los defendían diciendo que eran las únicas fuentes de trabajo. A la organización no le convencía ninguna de las dos.

 

—Nos preguntábamos: de todos los costureros ¿quiénes realmente quieren dedicarse a eso? Y quiénes no quieran hacerlo ¿qué otras alternativas tienen?

 

Antes de fundar Simbiosis Cultural, Juan había empezado a militar en el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y había tenido su primera gran fractura identitaria: volver a Bolivia. Allí se dio cuenta de que “lo boliviano” podía ser algo bien diferente a lo que él conocía de acá. Y volvió a Buenos Aires con la necesidad de militar con la comunidad boliviana pero desde otro lugar, desarticulando lugares comunes.

 

—Nosotros en Simbiosis Cultural nos definimos como bolitas. Le sacamos la parte peyorativa y la invertimos. No te hacemos de bolivianos, no te vamos a bailar el tinku. Somos más jodidos porque no nos encasillan fácilmente.

 

El tercer clic de Juan fue en diciembre de 2010, cuando la Policía Federal y la Metropolitana intentaron desalojar a varias familias de migrantes (en especial, paraguayos y bolivianos) que habían ocupado algunos sectores del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. La represión y los enfrentamientos entre vecinos de la zona dejaron un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos y las tomas se fueron replicando en varios puntos de la ciudad.

 

—Por la reacción xenófoba de los vecinos de la zona y de la población en general, sacamos en claro que para la mayoría el migrante no forma parte, es un visitante que se tiene que portar bien y agachar la cabeza. Por eso en la convocatoria al paro del 30 de marzo hablamos de romper con esa idea de visitante. No somos visitantes. Somos parte de la vida y de la fuerza de trabajo de este país.

Juan termina de hablar entre el apuro y el llanto de la bebé de una compañera de Simbiosis que se acercó a la Casona para trabajar. Hay que terminar de hacer los carteles para la primera movilización de un mes muy cargado.

 

 


 

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A las diez de la mañana del 1ero de marzo, el sol pega muy fuerte y decenas de militantes de diferentes organizaciones ya están reunidos en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao. Van a marchar hacia el Congreso para visibilizar su demanda: “Anulación del decreto anti-inmigrante”. Pero esa proclama, inscrita en la gran bandera común, no podrá avanzar. Lo impiden unos veinte policías de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que forman una barrera humana sobre Callao. Media hora después, las decenas de personas se transforman en centenares, en su gran mayoría latinoamericanos. En una esquina, frente a dos agentes de la PSA de civil, el dueño de un kiosco de diarios y revistas observa la escena. Frente a la pregunta de si está al tanto sobre lo que está pasando responde con monosílabos. Tiene los ojos muy claros y un acento extranjero. Cuando se le repregunta si conoce el DNU y cómo afectará éste a los migrantes guarda silencio. A su lado, su esposa, también rubia, habla por celular pero interrumpe la conversación.

—Nosotros no opinamos. Venimos de muy lejos. De Ucrania. De más lejos que ellos. No queremos tener problemas.

 

La aglomeración de gente llama a los curiosos. Muchos “nacionales” se acercan para ver qué está pasando. La gran mayoría piensa que es uno de los tantos piquetes de los últimos meses; las banderas del Partido Obrero prestan a confusión.

Ezequiel y Marina miran los carteles que dicen “Migrar no es delito” y responden con la palabra “narcotráfico”. Pero también cuentan que sus abuelos vinieron de Italia. Luego dicen que podría haber más controles en las fronteras. Pero tampoco están muy convencidos de que eso solucione algo. El mismo vaivén discursivo tiene Alberto, un hombre de 40 años que mira la manifestación recostado contra la puerta de una pizzería.

 

—Quizás haya demasiados migrantes. Aunque en realidad los paraguayos y los bolivianos siempre hicieron los trabajos que nosotros no queríamos hacer. Pero no estoy de acuerdo con que tengan planes y jubilaciones, porque eso tiene que ser prioridad para los argentinos. Pero tampoco quiero que esto del decreto sea como Trumpechando a los mexicanos. Ningún gobierno puede hacerle eso a la gente.

 

Luis y Rodrigo, parte de la agrupación de “Skinheads anti-racistas”, son algunos de los argentinos que acompañan la movilización. Reunidos en torno al club social y deportivo “La cultura de barrio”, estos jóvenes reivindican los orígenes obreros y jamaiquinos de los skinheads en Inglaterra. No tienen nada que ver con los skinheadsxenófobos que salen en los medios. A esos les dicen “los fachos”, contra ellos se enfrentaban- muchas veces en peleas callejeras- en los ’90 y ya entrado el nuevo milenio.  Por esos años la xenofobia era fogueada desde los discursos políticos y desde la prensa:

 

“A diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de las capitales de Europa. Llegaron de Bolivia, Perú, Paraguay. Son el sueño hecho realidad de los ideólogos de la izquierda setentista”, dice en abril de 2000 el periodista Luis Pazos en una nota, célebre por su tendenciosidad, ya en aquel momento, titulada “La invasión silenciosa”.

 

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Publicada en La Primera, la revista del empresario Daniel Hadad, habla de la “promiscuidad”, “suciedad” y “violencia” de los vecinos latinoamericanos, una muestra emblemática de las razzias mediáticas que proliferaron en aquellos años, justamente en un momento que el país tenía la cantidad más baja de migrantes de todo el siglo XX: 1.500.000.

 

En aquel entonces, las escuelas no daban los certificados de fin de estudios a los chicos migrantes porque no tenían DNI; los hospitales negaban remedios o tratamientos. Los operativos policiales de control de documentación en las estaciones de trenes y en las calles eran una fuente de “recaudación” para las comisarías. Los asaltos, torturas y aprietes a los quinteros bolivianos de Escobar mostraban los puntos en común entre la xenofobia y el negocio inmobiliario.

 

El discurso de los “inmigrantes vienen a sacarnos el trabajo a los argentinos” era un lugar tan común que fue una de las frases pronunciada ese trágico 10 de enero de 2001 cuando, al grito de “boliviana de mierda”, Marcelina Meneses y su hijode diez meses fueron arrojados a las vías del tren en la estación Avellaneda. Murieron los dos.

 

—Estamos acá porque no queremos volver a la época negra de hace veinte años- dice Judith, de 30 años, desde el cordón de la calle Corrientes.

 

Cuando el sol se vuelve insoportable, Judith busca la sombra junto a compañeras y vecinas de la Villa 31. Algunas, como ella, fueron a la movilización con sus hijos chicos y bebés en carritos. Casi todas, como ella, forman parte de organizaciones de mujeres que nacieron después de la muerte de Marcelina Meneses y construyeron una voz propia, representativa y colectiva que late en la amalgama entre el género y la migración.

 


 

Desde su pequeña oficina del microcentro, tras cruzar una puerta de vidrio craquelado con su nombre impreso, Zulema Montero dice que no da abasto, que en los últimos dos meses no paran de recibir casos, que son días de urgencia y desasosiego, que está agotada. Pero no va a parar. No puede parar.

 

Esta abogada boliviana, presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna(“ayudémonos”, en quechua), es una de las referentes que trabaja con perspectiva de género y alerta sobre las consecuencias que el DNU tendrá para las migrantes mujeres, entre ellas la separación de sus hijos nacidos en Argentina y las divisiones familiares.

 

Aunque su experiencia migratoria fue diferente que la de la mayoría de sus compatriotas, Zulema sabe de familias divididas por los desplazamientos en busca de un futuro mejor. Durante nueve años vivió separada de su marido, que había venido a hacer la residencia médica a Buenos Aires. Ella se quedó en Sucre con sus dos hijas y se reunían solamente durante las vacaciones. Tenía mucho trabajo como abogada de derechos humanos y dejarlo todo para venir a Argentina no era una decisión fácil. Pero la separación familiar se hizo insoportable y en pleno 2001, cuando el país estallaba, desmontó su vida boliviana y se reunió con su marido.

 

A pesar de que había venido con un poco de dinero y su situación no era tan límite como la de su entorno, apenas al llegar se dio de bruces con la discriminación y el racismo: desde su primera experiencia en Migraciones hasta cuando se acercó a la Facultad de Derecho para preguntar por la reválida del título.

 

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—De muy mala manera me dijeron que tenía que hacer toda la carrera de vuelta, que en España con los argentinos que migraban era así y que entonces acá era así.

 

Desorientada por el cambio y el desarraigo, sin poder dedicarse a lo suyo, Zulema se empezó a enfermar. No estaba acostumbrada a ser solo ama de casa. Le dolía el cuerpo y no sabía qué hacer. Empezó a dar vueltas por centros médicos esperando que le dieran una diagnóstico a su malestar pero la respuesta vino por parte de una psicóloga del Centro Odontológico.

 

—¿Usted a qué se dedica?- le preguntó la psicóloga.

—Yo soy abogada.

—A usted lo que le pasa es que tiene que retomar su carrera.

 

Hasta ese entonces Zulema no le había dicho a nadie que era abogada, porque nadie le preguntaba. Para el sistema era una migrante. Y nada más.

 

Zulema empezó a militar en lo social desde que estaba en el secundario. Creció viendo la dureza de las condiciones de vida de los trabajadores sin tierra. Su padre era un terrateniente y desde chica ella no podía soportar el maltrato que ejercía. Cuando va para atrás en su historia, esta mujer que habla con determinación y lidia día a día con situaciones extremas, se quiebra.

 

—Sufría mucho viendo tan de cerca la explotación, la injusticia. Cuando mi padre lo perdió todo, como le pasó a muchos terratenientes con la crisis de las cosechas, laque salió a trabajar fue mi madre. Ella venía de una familia muy pobre, durante mucho tiempo fue analfabeta. Pero se puso todo al hombro, como muchas mujeres bolivianas. Salía a vender lo que pudiera y con eso nos mantuvo.

 

Su padre no quería que estudiara abogacía porque era una carrera muy cara, había que comprar los libros y además “como mujer nadie le iba a hacer caso”. Pero ella desobedeció, consiguió todo el material en fotocopias y además hizo secretariado, para poder trabajar enseguida. Desde ese momento comenzó a militar en la ONG Asamblea por los Derechos Humanos y a trabajar con los sin tierra, movimientos sociales que prepararon la llegada de Evo Morales a la presidencia.

 

Zulema vuelve a esa charla con la psicóloga. Ese día se dio cuenta de lo importante que era la escucha para los migrantes recién llegados y la posibilidad de poner en palabras lo que estaban atravesando.Desde ese momento se volcó al trabajo social en su comunidad de Liniers y fue una de las fundadoras, junto a Reina Torres, la cuñada de Marcelina, del Centro Integral “Marcelina Meneses”, una asociación civil con sede en Ezpeleta (provincia de Buenos Aires).Brinda asesoramiento legal a mujeres y las ayuda en casos de violencia. Junto a sus compañeras marcharon el 8 de marzo, integrando la columna de mujeres migrantes del Paro Internacional de Mujeres.

—Las mujeres migrantes estamos doblemente desamparadas y explotadas laboralmente. Por eso es tan importante visibilizarnos como tales- finaliza Zulema, antes de salir corriendo hacia Villa Celina, donde la espera la cuarta actividad del día, en pleno carnaval boliviano.

 


No quiere decir su nombre ni el de la empresa que la emplea. Prefiere no salir en la foto. Pero está ahí, ubicada entre la bandera del Frente Patria Migrante y la que dice “Ni una migrante menos”, preparándose para el 8 de marzo. Llegó sola a Argentina desde República Dominicana en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos. Ellos se quedaron en su país y reciben todos los meses más de la mitad del sueldo de su madre.

 

—Mi vida aquí es una lucha día a día. Hace tres años que me vine pero ahora todo está mucho más complicado para los migrantes y para todo el mundo. Hasta se pone difícil enviarle dinero a mis hijos. A veces pienso en irme pero creo que hay que seguir peleando. Por eso participo de esta marcha, porque para las mujeres solas es todo más difícil.

 

La columna de mujeres migrantes avanza por Avenida de Mayo cantando “somos las migrantes que venimos a parar/el migrar no es delito/el migrar es un derecho que hay que respetar” entre carteles con diferentes consignas. Algunas hablan del DNU, otras de violencia de género, otras del derecho al trabajo.Hay mujeres de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, pero también de España, de Venezuela, de Senegal. Marchan por las suyas o integran organizaciones como AMUMRA (Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina), quienes reparten folletos donde reivindican el trabajo de muchas mujeres bajo el lema “ni mucamas ni sirvientas, trabajadoras de casas particulares”. Las activistas de AMUMRA van vestidas con chalecos bordó y explican el nuevo decreto macrista a quienes se les acercan. Entre ellas está la fundadora y presidenta de la organización, Natividad Obeso, quien migró sola desde Perú huyendo del terrorismo de su país. Recién cinco años después pudo traer a sus hijos y en 2001 fundó la Asociación.

 

Las columnas de mujeres migrantes ya son una tradición en las marchas. En la década de 1960, la feminización de las corrientes migratorias se convirtió en una clara tendencia a nivel mundial. Pero hasta entonces, la decisión de migrar y la migración en sí eran consideradas dominios básicamente masculinos. Las mujeres no migraban de forma autónoma sino en tanto hijas o cónyuges de un migrante masculino principal.

 

Sin embargo, cuando comienzan a ser más que los varones -migrando también a edades más tempranas-, queda claro que ciertos supuestos de los roles de género deben ser revisados. En Argentina, el 54% de la población migratoria latinoamericana está conformada por mujeres.

 


 

 

Lourdes Rivadeneyra no para de recibir gente en su oficina en el local de Once. El mismo lugar donde, a fines de febrero, se realizó la asamblea para decidir las acciones a seguir tras el DNU macrista. Esta activista peruana -coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina y referente de Patria Migrante, el brazo más político de la asociación—cuentaque en los últimos meses le han llegado muchísimas denuncias y la xenofobia es palpable en la calle. “Con la cárcel para migrantes y el DNU hubo algo que se desató en la sociedad”.

 

Quien trabajaba en un banco y como profesora de danza folklórica llegó al país hace 24 años para visitar a sus hermanas (se iba a quedar un mes) y terminó sin volver a su Callao natal durante una década.En esa época venirse a Argentina para los peruanos era como irse a Europa, cuenta.

 

—Te decían: cien pesos valen cien dólares y hay mucho trabajo. Y sí, había: lo que no había eran papeles y por lo tanto había explotación. Y tampoco se hablaba de la persecución policial, de las razzias, de los migrantes que desaparecían.

 

Para no gastarse los ahorros, consiguió un trabajo como vendedora en una tienda en el barrio de Once y fue ahí donde empezó, quien estaba supuestamente como turista,a identificarse como migrante y ver a sus pares. Salía de trabajar, cruzaba la Plaza Miserere y se encontraba frente a frente con compatriotas que leían y escribían cartas entre lágrimas. Le contaban que extrañaban a sus hijos pero ninguna quería volver. Migrar solas había significado, muchas veces, romper con sus familias, enfrentarse a todos los prejuicios.

 

—Al irse las tildaban de putas, de cualquier cosa. Y también están las compañeras trans, que aunque acá la pasan muy mal, allá no vuelven ni locas.

 

Ella también la estaba pasando mal. Durante los primeros tiempos iba y volvía de sus trabajos llorando. El desarraigo, el no tener papeles, el tener que agachar la cabeza permanentemente la iba desgastando poco a poco. Pero al igual que sus compatriotas tampoco quería retornar.

 

Atravesada por sus vivencias cotidianas y después de que una amiga la llevara a a la villa 1.11.14, Lourdes empezó a sentir la necesidad de organizarse y armar una red de contención para pelear por sus derechos. Eran principios de los 2000, la persecución policial estaba a la orden del día y había compañeros que a diario desaparecían del mapa sin dejar rastros. Ella, con su grupo de compañeros, salían a buscarlos por la ciudad. Así llegaron una noche a un hospital tras las pistas de un compañero que nunca había vuelto a su casa del trabajo. Después de que nadie las quisiera atender, un enfermero que fumaba en la puerta del edificio les dijo:

 

—Pregunten en la morgue por los NN.

 

Y ahí encontraron a su compatriota. Le había sacado todos los órganos.

 

Lourdes reconstruye esas escenas pasadas y le tiembla la voz. Habla de esos años cuando la policía detenía a migrantes por portación de cara y,al no tener  documentos, los metían en el patrullero bajo la inquietante frase:  “vení que te voy a llevar a conocer Argentina”. A veces aparecían en calabozos, otras no.

 

—Con las políticas anti-inmigratorias de este gobierno se está volviendo rápidamente a donde estábamos antes. La única respuesta a eso es la organización política. Y el paro general va en ese sentido.Y seguir militando por el voto de migrantes a nivel nacional. Ahí sí nos escucharían.

 

Antes de terminar la charla, Lourdes quiere agregar algo: la frase policial “vení que te voy a llevar a conocer Argentina” se empezó a escuchar otra vez.

 


 

Antes del DNU fue la cárcel. En agosto de 2016, la Dirección Nacional de Migraciones informó que acondicionaría un inmueble (cedido por la Ciudad) para que funcionara como “centro de retención” de personas prontas a ser expulsadas por infracciones a la Ley de Migraciones. Esta iniciativa era parte de la “optimización de los recursos del Estado para combatir la irregularidad migratoria”. La idea de combatir a los migrantes —irregulares o no— con cárcel y/o expulsiones no es nada original. Hoy, como siempre, estas ideas van de la mano de un vocabulario bélico, higienista o de purificación que no escudriña la nacionalidad (sería un acto de xenofobia demasiado evidente) sino el alma: están los puros y están los malvados. Pero si el malvado es extranjero, se le aplica una regla distinta que al malvado nacional, porque finalmente, lo que define es la nacionalidad, la sangre, la xenofobia.

 

 

Salomón Ramírez Santacruz vino de la localidad paraguaya de Villarrica en la década de 1970, cuando era un adolescente. Desde la pequeña zapatería familiar que inició su padre en Lanús hasta la fábrica de zapatos que llevan adelante él y sus hermanos, ha visto enormes cambios: económicos, políticos y sociales. Cambios que también moldearon a la propia comunidad paraguaya y al Club Atlético Deportivo Paraguayo.

 

Sentado en la cantina del Deportivo Paraguayo, Salomón, presidente de la asociación y referente de su comunidad hace cuatro décadas,muestraun comunicado de prensa que acaban de sacar desde la Federación Paraguaya y dice con preocupación:

—Parece mentira que estemos volviendo a foja cero.

 

El Club fue uno de los ámbitos desde donde los residentes paraguayos discutieron de forma sistemática y a ambos lados de la frontera, las políticas que los atañen. A fines de los años 90 trabajaron para que el Legislativo de Paraguay frenara un convenio bilateral que establecía draconianas (e incumplibles) condiciones de regularización para los paraguayos en Argentina. 

 

Años después, cuando se implementó el Programa Patria Grande, el Centro Polideportivo que el Club tiene en el Partido de La Matanza se involucró de lleno en el proceso de regularización. Los sábados y domingos unos 12.000 migrantes llevaron allí sus papeles para iniciar el trámite de documentación.

 

—Para nuestra comunidad recién se pudo respirar un poco a partir del Patria Grande. Yo participé junto a otras organizaciones en las Audiencias Públicas, que fueron muy importantes porque por primera vez nos convocaban a los migrantes a opinar.

 

En los espaciosde debate y negociación generados en los últimos años quedó claro que para hablar de migración hay que dialogar (o confrontar) con el Estado, y que no hay forma de pensar la inmigración sin pensar la política. En eso concuerdan Juan, Salomón, Lourdes y Zulema, quienes con sus vidas y militancias recorren el arco que va desde fines de los 90 hasta ahora.

 

Ellos saben, mejor que nadie, que la distinción entre “migrantes buenos” y “migrantes malos” es una manera de llevar toda la discusión – y cargar todas las tintas- en cómo son los migrantes-como si fueran de alguna manera en particular. Si lo que se discute es eso, es claro que no hace falta discutir otras cosas. Esa es la esencia del chivo expiatorio: con su muerte se expían todas las culpas, con su deportación se acaban todos los males.

 

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El reclamo por el DNU llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 20 de marzo realizó una asamblea de oficio en Washington y alertó sobre el “retroceso” de los políticas migratorias de Argentina. El paro general convocado para el jueves  30 logró la adhesión de diferentes sectores (como el ladrillero, textil, trabajo de casas particulares, hortícola) y de muchas comunidades de migrantes, no sólo latinoamericanas. A su vez, desde las organizaciones se logró el respaldo de diputados del Frente Para la Victoria, Frente de Izquierda, Peronismo para la Victoria y del Partido Obrero.

 

Los testimonios, las historias y las experiencias de quienes lucharon y siguen luchando por sus derechos no dejan dudas: hablar de in/migrantes es hablar de nacionales (de argentinos y argentinas en este caso) y hablar de in/migración es hablar del Estado. Y hablar del Estado es hablar de política.

 

Entonces, volviendo a la pregunta de esa primera asamblea en el barrio Once ¿Qué tan loca es la idea de parar?


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