El cuarto sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una recorrida abierta al público en compañía de invitados especiales. Sebastián Lacunza, director del Buenos Aires Herald, participó de la actividad que estuvo dedicada a recordar la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1979. Horacio Verbitsky y funcionarios del actual gobierno compartieron una actividad en la que las reflexiones sobre el pasado se cruzaron con las tensiones actuales acerca del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.



A 45 minutos del inicio de la “visita de las cinco” del cuarto sábado de septiembre, invitados especiales y organizadores se van juntando en una de las salas del Casino de Oficiales de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy el principal sitio de Memoria de la Argentina. Bajo los árboles y a unos cincuenta metros de avenida del Libertador, aguardan unos 250 visitantes. La jornada dedicada a recordar la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1979 será guiada por el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, y por el exfuncionario de la Organización de Estados Americanos y actual secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.

 

La agencia oficial Télam le había agregado pimienta a un encuentro de por sí picante. El jueves 22 de septiembre, dos días antes de la cita, despachó un cable bajo el título “Avruj recibirá a Verbitsky el sábado en el sitio de la Memoria”. El medio estatal explicitó su objetivo: si el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, era el anfitrión del encuentro, el macrismo no jugaba de visitante en el excampo de concentración en el que desaparecieron unas cinco mil personas y sobrevivieron decenas, y que el gobierno de Néstor Kirchner desapoderó de la Armada en 2004 para entregarlo a los organismos.

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A medida que se puebla la habitación ubicada en el extremo noroeste de la planta baja del casino, se va formando un círculo irregular que deja al columnista de Página/12 en el centro. Aprovecha Verbitsky para rememorar el cable de la agencia estatal.

 

—¿Vendrá Avruj? Télam dijo que venía. Si no, puede mandar a alguno de sus voceros.

 

Prevalece, no obstante, un clima de respeto y satisfacción por el encuentro. Todos parecen celebrar íntimamente la posibildad de estar allí reunidos, a minutos de recorrer el campo de concentración inaugurado en mayo de 2015 como Sitio de Memoria, y con los genocidas en la cárcel.

 

Avruj, Cantón y Verbitsky se habían visto las caras en abril de 2016, en Washington, cuando el CELS, radios comunitarias y la red de carreras de comunicación social lograron la convocatoria a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en protesta por las modificaciones a través de decretos de la legislación audiovisual sancionada en 2009. Verbitsky encabezó la delegación reclamante mientras que Cantón (exsecretario ejecutivo de la CIDH 2001-2012) y Avruj (exdirector ejecutivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina 1997-2007) formaron parte de la defensa enviada por Mauricio Macri. Cita agria para un gobierno que procuraba sacar chapa de antichavista, respetuoso de las formalidades democráticas.

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Llega Cantón. Saludo cordial, como viejo conocido de Verbitsky.  “Lo que no sabés es que yo propuse que te convocaran”, le dice Verbitsky. “No sabía, muchas gracias”.  Se acerca la hora, Avruj no llega. Algún síntoma de impaciencia. Llega Avruj.

 

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Agradable tarde de primavera musicalizada por los pajaritos y el rugir que llega desde avenida Libertador. Entre el público que aguarda a las puertas del edificio hay gente de a pie y rostros vinculados a la causa de los derechos humanos: los sobrevivientes Alfredo Ayala  (“Mantecol”), Luis Gómez y Alejandro Clara; Mercedes, una de las hijas del fundador del CELS, Emilio Mignone (impulsor clave de la visita de la CIDH); Olivier de Frouville, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas;  el jurista Julio Maier; el Padre de Plaza de Mayo Marcos Weinstein; Gastón Chillier, del CELS; el cineasta Coco Blaustein; y el economista Eduardo Basualdo.

 

Avruj no la tiene fácil. La fuerza política con la que convive, el PRO, alberga en los márgenes tanto opiniones de quienes reclaman impunidad pura y dura o la más vergonzante teoría de los dos demonios, como de aquellos que bregan por la continuidad de los juicios y que incluso fueron víctimas de la dictadura. Pero el mainstream del partido de Macri se mira en el espejo de su líder: el abordaje de la dictadura transita entre el desinterés y el fastidio. Antes de diciembre de 2015, el excampo de concentración de la Esma era para el macrismo un territorio inexplorado, sospechosa sede del “curro de los derechos humanos”. El pasado, pisado, Diálogo. Consenso. Futuro. 

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Pero Avruj sabe leer de qué se trata y lo demuestra en la visita. Habla de “terrorismo de Estado”, sostiene que “Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado”. Sabe que lo están esperando, por lo que su discurso no exhibe fisuras. Términos como “justicia para ambos lados”, “guerra sucia”, “memoria completa” y “reconciliación” no forman parte de su léxico, salvo cuando se ve forzado a aclarar lo que quiso decir algún colega del gobierno poco enterado.

 

Verbitsky deja la ironía de lado y denota su objetivo: “Este lugar es un testimonio permanente para que el compromiso del Nunca Más se arraigue con profunidad y definitivamente en el conjunto de la sociedad”. Con el público como testigo, Verbitsky, “El Perro”, denuncia que el Ministerio de Seguridad quiere dar un uso operativo a “la Escuela de Infantería de Marina que estaba junto al faro de Mar del Plata, un centro de exterminio similar a la Esma”. Con un prendedor de un simpático pichicho en la solapa, el periodista manifiesta la convicción de que ambos funcionarios “van a tomar el tema como propio y van a hacer las gestiones para que este atropello monstruoso no se concrete”. Hace entrega solemne a Avruj y Cantón de la denuncia escrita. “Ya nos ocupamos el viernes”, le aclaran al unísono los secretarios de Derechos Humanos. La malveresación del sitio de la Memoria de Mar del Plata no tendrá lugar.

 

En su función en la OEA, Cantón cumpió durante más de una década un rol clave para que el sistema interamericano se transformara en un recurso de última instancia ante Estados latinoamericanos (casi todos con gobernantes electos por voto popular) que pretendían sellar la impunidad. La Comisión y la Corte de Derechos Humanos dejaron claro que leyes de amnistía — explícitas o camufladas — dejaban a los países en situación de ilegalidad.

 

Etapa superada en Washington, Cantón primero sorprendió en 2013 al pasar a integrar los equipos de Sergio Massa, y en 2015 sorprendió a Massa (o no tanto) al ser designado secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal. Así como el candidato presidencial del Frente Renovador había puesto incómodo a Cantón con la propuesta de involucrar a las Fuerzas Armadas en “el combate al narcotráfico”, Vidal le puso como contraparte para controlar los abusos policiales a Cristian Ritondo, admirador de la gestión de su antecesor sciolista en el Ministerio de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, un compañero peronista que duerme destapado bajo la sombra de la maldita policía. Política de Estado.

 

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Las de las cinco de la tarde son visitas especiales, que tienen lugar el cuarto sábado de cada mes. En este caso, se conmemora a la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, inspeccionó campos de concentración y se entrevistó con Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros represores; jueces; familiares de víctimas; expresidentes; dueños de medios; y dirigentes políticos, universitarios, religiosos y sociales.

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La delegación de 1979, compuesta por unos 20 funcionarios presididos por el venezolano Andrés Aguilar, también recogió el testimonio del docente Alfredo Bravo y del editor periodístico Jacobo Timerman, cuyos secuestros habían alcanzado repercusión internacional. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Rawson, Resistencia, Magdalena y La Plata fueron algunas de las ciudades en las que se repartieron los inspectores de la Comisión.

 

En tiempos de dictaduras militares en el Cono Sur y gran parte de Latinoamérica, la visita de la CIDH resultó una singularidad histórica. Fue, en cierta medida, obra de la primavera carterista. El presidente demócrata James Carter había asumido en enero de 1977. Designó a una secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, que fue mucho más allá de lo que la línea regular del Departamento de Estado aconsejaba, al transformarse en una denunciante implacable del régimen militar.

 

Dice Cantón en la primera parada, luego de una notable presentación audiovisual sobre las paredes de una sala: “La que más esfuerzos hizo fue Patricia Derian, que falleció hace poco. Es la que va al Congreso de EE.UU. y frente a muchos senadores republicanos plantea las políticas de derechos humanos del gobierno de Carter”.

 

La negociación para autorizar la misión duró meses mientras en la sede de la CIDH en Washington se acumulaban denuncias por desapariciones. Cantón muestra imágenes de un registro burocrático que estremece. Hacia 1973, domina el nombre “Chile” con letra manuscrita, pero a partir de 1976, la palabra “Argentina” gana una frecuencia abrumadora.

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La dictadura hizo de todo para esconder la maquinaria del terror ante la mirada extranjera: falsificó historias de niños “abandonados por terroristas” que publicaron las revistas de Editorial Atlántida, denunció una “campaña antiargentina” en complicidad con estrellas mediáticas, y hasta reformó la arquitectura del Casino de Oficiales de la Esma.

 

“Un prisionero, Domingo Maggio, se escapó y durante el poco tiempo que estuvo en libertad — luego fue recapturado y asesinado — pudo dibujar planos detallados de las instalaciones que fueron enviados por correspondencia a embajadas, organismos, medios de comunicación, y ésa es la razón por la cual los marinos decidieron modificar la estructura, para desacreditar las denuncias”, explica Verbitsky.

 

En el Hall de planta baja, segunda parada de la visita, se observan rastros de lo que fue un hueco de un ascensor y una escalera redireccionada.

 

Arquitectos, religiosos y comensales en almuerzos televisados no fueron suficientes para tapar el sol. La sede de la OEA en Avenida de Mayo 760, a dos cuadras de Plaza de Mayo, o el hotel Crillón en Córdoba atrajeron a cientos de personas que formaron largas colas en la vereda. En 14 días, la CIDH recibió más de 5500 denuncias por violaciones a los derechos humanos.

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Un antes y un después para la dictadura pero también para la CIDH, que por entonces llevaba dos décadas de funcionamiento. “La Comisión tomó conocimiento del poder que tenía; de todo lo que podría hacer ante las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo”, reflexiona Cantón.

 

El informe final de la visita fue emitido el 14 de diciembre de 1979:

 

“En la República Argentina se cometieron, durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979—, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

 

Verbitsky es autor de El Silencio (2005), libro que alude a una isla del delta del Tigre perteneciente a la Iglesia Católica y que fue adquirida por Jorge Radice, encargado de negocios inmobiliarios de la Esma. El predio fue utilizado en un primer momento para esconder, mientras durara la visita de la CIDH, a unos sesenta detenidos que todavía estaban alojados en konzentrationslager de avenida Libertador. De los sesenta, algunos desaparecieron y otros, como Alfredo “Mantecol” Ayala, sobrevivieron.

 

Este militante del Movimiento Nacional Villero Peronista trabajaba en villas de la zona norte del Gran Buenos Aires. Capturado en septiembre de 1977, los represores de la Esma lo tomaron como mano de obra esclava. Lo llevaban a las 6 de la mañana para pasarlo a buscar doce horas más tarde. “Un día no vinieron (a un taller de un tío de Rádice, a fines de 1979) y me fui a mi casa”, explica “Mantecol” Ayala ante un pequeño grupo que lo rodea. Recapturado semanas más tarde, lo enviaron a trabajar con la madera en El Silencio. Corría 1980 y, nuevamente a la deriva, volvió a escapar. Sobrevivió y lo cuenta.

 

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El Sitio de Memoria de la Esma comenzó una nueva etapa en 2015, luego de una intervención que buscó preservar la estructura. Durante muchos años, una vez en manos de los organismos de derechos humanos, el Casino de Oficiales de la Esma fue un lugar despojado, con piso y paredes desnudas.

 

La transformación encarada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no fue ajena a un intenso debate. Integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) encabezaron la oposición al cambio hacia lo que definieron como un “museo” o un centro multimedia que desnaturalizaría la memoria histórica y la prueba judicial allí contenida.

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El proyecto, no obstante, contó con el impulso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, otros sobrevivientes y la mayoría de los organismos de derechos humanos. Las intervenciones en general consisten en video mapping, reproducción de cartas enviadas por detenidos y otros documentos históricos, artículos de la prensa y reproducción de grabaciones.

 

Aunque a la difusión del Sitio de la Memoria le vendría bien más apoyo estatal, el número de visitas ha venido creciendo hasta alcanzar las 55.000 anuales, con guías disponibles en varios idiomas.

 

Cuatro plantas, un sótano y un altillo completan el edificio. El espacio común albergó habitaciones para marinos (primer y segundo piso), salas de tortura, almacenes de muebles robados a los secuestrados, las oficinas de los Jorges (“el Tigre” Acosta, Vildoza, Perrén y Radice), talleres de trabajo forzado, Capucha (tercer piso, donde alojaban engrillados a los detenidos), lugares de nacimientos de bebés a ser robados y Capuchita (el altillo, también para detenidos).

 

En ese espacio común que compartían los marinos hospedados, los oficinistas-secuestradores y los desaparecidos, el director de la ESMA entre 1976 y 1979, Rubén Chamorro, eligió vivir con su familia.  A su casa, en la planta baja del edificio, fue invitada a almorzar Andrea Krichmar, amiga de Berenice Chamorro. La niña Krichmar vio atrocidades y, unos ocho años más tarde, la joven Krichmar las detalló en el Juicio a las Juntas.

 

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Terminada la impecable explicación de María Emilia Giordano (estudiante universitaria, hija de perseguidos políticos) en el Hall, donde se produjeron las principales reformas edilicias, la concurrencia sube las escaleras y se dispersa una media hora entre Capucha y Capuchita. Verbitsky, Cantón y víctimas de la dictadura se prestan a diálogos de grupo en grupo.

 

Algunos se detienen a leer testimonios judiciales, como el de Silvia Labayrú, secuestrada entre el 21 de diciembre de 1976 y el 16 de junio de 1978. Habla sobre Vera, su hija nacida en la Esma, “una personita sometida a un trato inhumano. Trajeron de Capuchita a un señor que era pediatra y llevaba meses tirado en las colchonetas; era un cadáver tirado, todo sucio, con la capucha y los grilletes. Era paraguayo, luego supe que se llamaba Alcides Fernández; lo digo muy especialmente porque nunca olvidaré la mirada de ternura de ese señor que era un muerto en vida, que se ocupó de  mirar y reconocer a un bebé que acababa de nacer”.

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Hacia el extremo noreste de Capucha suena el tecleo de máquinas de escribir. Era un lugar de producción de acciones de Inteligencia. La notable intervención museográfica, en este caso, eligió los recortes de los diarios. “Abatieron a Norma Esther Arrostito” (falso), “Habla la madre de un subversivo” (falso). Esta nota fue publicada el 9 del septiembre de 1979, en plena visita de la misión de la CIDH. La supuesta madre enojada con su hijo era Telma Jara de Cabezas, por entonces alojada en El Silencio, quien luego prestaría testimonio en la causa 13, en 1985.

 

En medio de títulos plasmados en paneles, varios visitantes se acercan a reivindicar la actuación del Buenos Aires Herald, el diario que yo por entonces dirigía y que cerraría como tal un mes más tarde, para transformarse en un semanario. El archivo de ese periódico da cuenta de cómo su director, Robert Cox, rompió con lo esperable. Al comenzar a denunciar las desapariciones en forma consistente en 1977, se enfrentó no sólo a los represores sino también a colegas, su entorno social e, incluso, muchos de sus lectores.

 

Antes de bajar a la Casa del Almirante que ocupó Chamorro, una defensora pública del departamento judicial de Lomas de Zamora que pide reserva de identidad brinda un diagnóstico sobre la mano dura y los casos de venganza por mano propia de nuestros días, temas presentes en el Herald de los últimos años. “Cuando la palabra pública se corre de los derechos, ocurre que la gente se arma y se produce un desastre de muertes y golpeados en los barrios. Es el lugar del no derecho. Cuando Cristina (Kirchner) cuestionó la ‘puerta giratoria’ y (el exsecretario de Seguridad Sergio) Berni a los inmigrantes (‘estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a delinquir amparados por la laxitud judicial’, 28 de octubre de 2014) no sabés lo que fue, y estos dos meses, cuando la ministra (Patricia Bullrich) y el Presidente  dijeron que un victimario era la víctima (un carnicero asaltado en Zárate que persiguió, atropelló, apaleó y mató a un delincuente) fue el acabose; los policías se sienten legitimados”.

 

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El grupo se congrega otra vez en el sótano. Silencio. Es el sector más triste. En este playón funcionaban espacios de trabajo forzado y salas de tortura pero, además, era la última escala antes del traslado a los Vuelos de la Muerte. 

 

Verbitsky da cuenta del encuentro casual, en 1994, con el represor Adolfo Scilingo, un marino que participaba de los vuelos. Preso de su conciencia, su odio y su resentimiento hacia los altos mandos, Scilingo brindó detalles del mecanismo de desaparición más utilizado: tras ser torturados, los detenidos eran arrojados desde aviones al Río de la Plata y el Mar Argentino.

 

El testimonio de Scilingo fue un hito en el proceso de Memoria y Justicia. “Hasta entonces, había dos versiones. Por un lado, la de los jueces, las víctimas y los testigos, y por el otro,  la de los represores, que era contradictoria porque negaban lo sucedido y al mismo tiempo decían que era lo que había que hacer. A partir de la confesión de Scilingo, los hechos que ocurrieron están fuera de discusión”.

 

Por entonces, en Argentina todavía regían las leyes de impunidad. Scilingo terminó juzgado en España y condenado a 1.084 años por su complicidad con 255 secuestros. La prueba original en su contra resultó su propio testimonio, al que luego intentó negar.

 

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Anochece. El grupo sube al Salón Dorado, un ámbito diseñado para galas de los marinos que durante la dictadura funcionó como central de planificación logística de desapariciones y administración de bienes de los desaparecidos.

 

Prevalece el único ánimo posible. Vilma tiene una farmacia en Olivos. “Nunca me había animado a venir. Me enteré muy tarde de lo que había pasado. Festejé el Mundial y me puse mi chip personal a mis 17 años. No me dio la energía; me preguntaba ¿por qué Francia habla mal de nosotros? Cuando me enteré, hice un curso intensivo de todo; acudí a Madres y Abuelas, me interioricé de la historia de todos los nietos”

 

—En tu entorno social encontrás otras miradas como la tuya.

—No, y en el barrio donde estoy, menos. Para mis amistades de toda la vida, soy un bicho raro.

 

Más imágenes se proyectan sobre las paredes. Disponen sillas para cuatro Madres de Plaza de Mayo: Laura Conte, Clara Weinstein, Carmen Lareu e Hilda Micucci.

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En 1974, Alejandra Naftal, a sus 14 años, había participado del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. A sus 17, el 9 de mayo de 1978, un grupo de tareas la secuestró de su vivienda en el barrio de Paternal. Fue torturada durante dos meses y medio en El Vesubio y luego trasladada a otros centros clandestinos, hasta que fue liberada en noviembre del mismo año.

 

Naftal es museóloga y curadora. Trabajó en el archivo oral de Memoria Abierta y hoy dirige el Sitio de Memoria Esma. Fue designada allí por el gobierno anterior y confirmada por el actual. Su permanencia en el cargo es un emergente de una política de Estado, en un país en el que no abundan.

 

Cerca del cierre, Cantón: “Argentina es reconocida en el mundo porque no sólo tuvimos el Juicio a las Juntas en 1985, con Raúl Alfonsín, — fue el único país en la historia en el que un gobierno democrático llevó ante los tribunales a una dictadura recién concluida — sino que después se inició el proceso de justicia bajo el gobierno del presidente Kirchner. El país tuvo una comisión por la verdad y juicios regulares a todos los militares, no existe otro país con este antecedente”.

 

Verbitsky: “Siempre dicen que (Néstor Kirchner) nos usó. Decimos que sí. Y le agradecemos que nos haya usado. Ojalá otros nos hubiesen usado también, nos hubiese encantado, pero nadie quiso hacerlo de esa manera”. “Un gobierno (el de Macri) que tiene muy poca afinidad con todas estas temáticas y que ha planteado cosas que son antagónicas, sin embargo tiene que reconocer todo esto. Y esto no es porque al Presidente le guste sino porque la sociedad lo exige”.

 

¿Por qué lo exige la sociedad argentina y no otras que han padecido el terrorismo de Estado? Verbitsky: “Hay varias opiniones. La mía es que la sociedad argentina ya era muy organizada antes de la dictadura; mucho más que otras de la región, con una historia de lucha política, sindical y estudiantil muy marcada. Otra razón es el hecho de que una porción significativa de las víctimas fueron personas de clases medias, blancas, si bien el mayor número fueron trabajadores y obreros. A diferencia de lo que ocurre en Perú, donde hubo muchas más vícitmas, pero indios. No había una empatía, capacidad y movilización en el reclamo como hubo en Argentina”.

 

Cantón apela a un ejemplo sobre la resistencia pacífica, humilde y decidida por parte de las víctimas. Lee el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires una carta dirigida al presidente de la CIDH con fecha 30 de octubre de 1978:

 

“Soy una madre argentina que suplico datos del paradero de mi hijo, Alberto, argentino, soltero, 32 años; que fue secuestrado de su domicilio de calle Colón, en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, el 21 de junio e 1976, a las 2,30 horas.

Después de haber golpeado no sé si 20.000 o 30.000 puertas para saber algo, siempre con resultado negativo, recurro a usted para rogarle, con las pocas fuerzas que me quedan, que pueda informarme algo; cualquier cosa referente a él, pues mi vida no tiene sentdio. Es terrible como un desgarro, una herida que sangra desde hace más de dos años y que  sólo la llegada de mi hijo sano y salvo la podré curar.

Si usted tiene familia, si tiene hijos, si los ama, podrá comprender en parte mi dolor.

Ruego a Dios todopoderoso y a usted que pueda hacer algo por mi hijo. Tengo fe.

Agradecida infinitamente”.

 

Alejandra Naftal resalta la presencia de las Madres Conte, Weinstein, Lareu y Micucci. Al cabo de tres horas, surge el aplauso más cerrado de la jornada. Las Madres, Ellas, después de todo lo vivido, todavía se sonrojan. Hacen gestos para calmar tanta efusividad.


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