Comprendo a quienes tienen dudas honestas con respecto a la legalización del aborto: yo misma me siento cerca de la iglesia a la que le duelen los pobres, dice Malena Galmarini. Pero este no es un problema de convicciones personales sino un problema de política pública. Y si el Congreso no está a la altura de su tiempo, serán las mujeres las protagonistas reales del cambio, con o sin su apoyo.



Como mujer, peronista y militante social cercana a la iglesia de los pobres, no estoy a favor del aborto. Ninguna mujer lo está en sentido estricto. El aborto es una tragedia de carácter individual, y como tal debemos desalentarlo. Pero la penalización no es el camino. Es una falta de respeto a las mujeres plantear eso, y una exhibición anacrónica de misoginia.

 

Como feminista, peronista y dirigente cercana a la iglesia tercermundista pienso que es un deber votar a favor de la despenalización del aborto, sin que eso impida ir mucho más allá en materia de derechos de las mujeres. Espero poder abarcar con argumentos estas tres motivaciones.

 

Debemos reconocer que el debate exhibió una aparente grieta, como en tantas cosas en nuestro país. Hay una dificultad en entender la mirada del otro y eso se reflejó en la polarización -falaz a mi juicio- entre los “provida” y los “proaborto”.

 

Por un lado, vimos que algunos consideran inmoral el aborto y defienden su penalización. Por otro están quienes creen que es un derecho de la mujer que debería ser libre y en consecuencia despenalizado.

 

También hay un espacio de encuentro entre quienes, más allá de su opinión individual, entendemos que la penalización es injusta por su carácter selectivo y revictimizante. Muchos legisladores revisaron su postura al advertir esto.

 

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Hay que ser provida de todas las vidas, y hay que defender la dignidad de la vida, y eso implica partir de los derechos individuales para llegar a una accesibilidad plena de los derechos sociales.

 

Comprendo a quienes tienen dudas honestas, ya que yo misma me siento cerca de la iglesia a la que le duelen los pobres, que se cuestiona las causas de la miseria y trabaja socialmente. De la iglesia que no excluye, que perdona y acepta la diversidad. Que es capaz de revisar sus antiguas posturas estigmatizantes.

 

Por último, más allá de todo, debemos vivir como un hito de nuestra democracia que este tema clave sea debatido en el ámbito propio que es el Congreso y no ser decidido por tres contra dos en un tribunal.


 

Este no es un problema de convicciones personales sino un problema de política pública, tanto en su faceta penal como en la más relevante de salud pública. Es un problema político que exige de nuestros representantes respuestas políticas que permitan incluir en la legalidad a la mayor cantidad de miradas, y no imponer a la totalidad una determinada postura moral o religiosa.

 

Por eso el voto de diputados y diputadas no es de su propiedad. Ellos son mandatarios de las millones de mujeres a las que representan y son las principales interesadas en sacar este tema del closet. Este compromiso es aún más grande para las legisladoras por haber sido beneficiarias del voto y del cupo femenino y portadoras de una voz todavía sub-representada.

 

Hoy miles de mujeres mueren en abortos clandestinos: conservar así el estado de las cosas no está a favor de la vida. Y requiere un cambio urgente. No podemos desentendernos de los efectos y consecuencias de las leyes y eso solo justifica la existencia del debate.

 

Con la despenalización sola no alcanza, es verdad. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que pasar de la perspectiva integral de derechos a las leyes, y de las buenas leyes a políticas, programas y acciones que prevengan, eduquen y acompañen. Pero quienes obstaculizaron la prevención no pueden hablar justo ahora.

 

Nunca se trató de un problema de penalización o despenalización. Ayer, hoy y siempre fue un problema de educación, de libertad y de acceso a los recursos de salud. Y lo que falló hasta ahora es una política integral de prevención de embarazos no deseados, salud sexual y reproductiva. Por eso plasmar la presencia estatal revictimizando es para mí la verdadera inmoralidad.


 

Desde la perspectiva social nos enfrentamos a una injusticia mayor. El peso de la prohibición golpea solamente a quienes no tienen recursos culturales y económicos para saltear la ley. Y la dificultad del acceso a los recursos de salud también golpea a las más pobres. Y esa es una preocupación netamente peronista. Hay que hacer algo, y no puede ser otro que el Estado el protagonista.

 

El peronismo es una doctrina social y cristiana. Pero nunca le tembló el pulso para separar a la iglesia del Estado. Este es uno de esos casos -como la patria potestad compartida, el divorcio o el matrimonio igualitario- donde no puede proyectarse la opinión personal a la moral pública.

 

Y por supuesto que el Estado tiene mucho más que hacer que garantizar el aborto seguro y gratuito, también tiene la obligación de acompañar a las mujeres que quieren ser madres asegurando el acceso a los derechos económicos y sociales.


 

Los derechos de las mujeres siempre se obtuvieron por derrame. Tuvimos que luchar cada conquista palo y palo. ¡No hay que olvidarse! Y luego, debemos recordar que la igualdad formal no garantiza la igualdad real.

 

Todavía vemos que la legislación y su práctica conserva un sesgo machista. Aún cuando se fundamenta en una aparentemente objetividad, es injusta. Pedimos prisión para la mujer que no quiere ser madre, pero no para el padre que abandona y no atiende sus deberes parentales. Acá vemos que la ilegalidad no es pareja y sostiene prácticas regresivas.

 

 

¿No es una locura que un violador tenga más derechos -probation, prisión en suspenso, condena condicional- que una adolescente que tal vez se dañó más a sí misma que a la moral pública? ¿No es inmoral que una chica violada deba llevar a término un embarazo en nombre del Estado que no pudo protegerla? ¿No es hipócrita que quienes defienden la penalización no denunciarían a sus hijas? Y en una democracia, si una ley no es justa para nuestras hijas, no debe promoverse para las hijas de los demás.


 

En estos momentos históricos en los que las mujeres avanzamos por la igualdad real de derechos se resignifica la vigencia de Eva Duarte, que nos advertía que “de nada vale un movimiento feminista sin justicia social”. Si Evita viviera apoyaría esta lucha por la despenalización de las mujeres, no tengo ninguna duda. Estaría por el “Ni una menos”, por ninguna mujer muerta ni por abortos clandestinos, ni por violencia, ni por desigualdad. Y tendría, igual que nosotras, una postura comprensiva pero inflexible, no solo porque luchar no es para tibios, sino porque llevaba ese sentimiento de indignación permanente frente a la injusticia.

 

Igualmente, si nuestros políticos no están a la altura de su tiempo, serán las mujeres las protagonistas reales del cambio, con o sin su apoyo. El tema ya está instalado en la sociedad, en las escuelas, en los barrios. Podrán demorar el debate pero no detener el curso irreversible de la hora de igualdad de las mujeres.


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