El documental “Borrando a papá” pone la narrativa de sus protagonistas varones, padres alejados por orden judicial de sus hijos, en el contexto cultural de los prejuicios de género que minimizan la violencia de los hombres hacia las mujeres, niñas y niños. Con datos y cifras, Claudia Hasanbegovic, abogada y profesora de la Maestría y Especialización en Estudios de la Familia de la UNSAM, desmitifica los argumentos de una película que tuvo limitada exhibición en cines por la resolución de un juez pero amplia difusión y debate en la web.



Buenos hombres, buenos muchachos “que quieren ser padres y no los dejan”, que se sienten tratados como cajeros automáticos: solo tienen derechos si dan dinero a mano llena. Malas madres que le dicen a sus hijos: “mirá a papá porque es la última vez que lo vas a ver”. Pobres hombres a los que no se les toman las denuncias cuando intentan ejercer sus derechos en la comisaría o en la Oficina de Violencia Doméstica. Padres que son discriminados en los juzgados “por ser varones”.

 

Borrando a Papá es la historia de ‘seis varones’ que se presentan como víctimas de medidas de protección adoptadas por el Poder Judicial ante la violencia familiar. Se sienten víctimas por haber sido privados por un/a juez/a de la crianza de sus hijos/as. Muchos de ellos están al borde de las lágrimas mientras hablan frente a la cámara. Lucen inocentes, angelicales. La Justicia, la gran responsable de tanta injusticia, parece actuar de esa manera “porque promueve la industria de la obstrucción de vínculos familiares”, “porque genera trabajo para muchos profesionales”, según de Ginger Gentil, co-directora del documental. Ella tampoco brinda ni un solo dato objetivo: mientras enarbola esos seis casos como prueba de semejante acusación, solo agrega que esas historias “son la punta del iceberg”.

 

Ginger está en pareja con el productor de la película, Gabriel Balanovsky, quien en 2001 se llevó por la fuerza a su hija Anita, de 5 años de edad. La ocultó y la mantuvo separada de su madre por más de un año, hasta que la “malvada justicia” lo encontró, condenó, encarceló y devolvió la niña a su hogar. Tiempo atrás, Balanovsky presentó esta obstrucción de contacto como una victimización: estuve poco más de un año preso porque me acusaron de secuestrarla“. Jamás la concibió como la sanción legal correspondiente por un delito que, como tanto pregonan en el documental Borrando a Papá, sería el más comúnmente infligido por las ex parejas a estos varones. Pobres varones, todos ellos, que han sido denunciados por haber infligido violencia hacia su ex pareja y/o sus [email protected], que han sido investigados, y hallados culpables. En muchos casos, el poder judicial les otorgó regímenes de visitas. Pero eso no alcanza: el derecho como padres que los varones violentos creen tener es el acceso irrestricto a sus [email protected] Por ello es que atacan también a los profesionales, abogadas, psicólogas, peritos, jueces, defensores, que intervinieron en la suspensión de las visitas o en la medida cautelar de alejamiento.

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¿Qué piden, entonces, estos padres de “Borrando a Papá”? ¿Que se aplique la ley de impedimento de contacto a las madres obstructoras pero no a los padres obstructores? ¿Se sienten discriminados cuando su ‘derecho’ a hacer con sus hijos/as lo que les de la gana es desafiado?

 

Propongo en este artículo que Borrando a Papá forma parte de la campaña de contra movimiento o ‘backlash’ de los grupos pro derechos de los padres ‘alejados’ de sus hijos/as en Argentina. Si el feminismo y distintos movimientos de mujeres han logrado desde los años ’70 descorrer el velo de lo que pasaba puertas adentro del hogar y denunciar la violencia doméstica y el abuso sexual infantil (ASI), el ‘backlash’ busca justamente acallarlo, y volver ‘las cosas a su lugar’: silenciar a las víctimas, y maniatar a los jueces/zas, abogados/as,  y defensores/as de niños/as. “Borrando a Papá”, de recibir aceptación en el público, podría ser presentada en juicio como ‘prueba’ de la “verdad” de estos padres y otros padres en casos similares.

 

No es menor que todos los protagonistas compartan una característica común: están ‘convencidos’ de que se ejerció una injusticia contra ellos. Los varones que ejercen violencia contra sus parejas e hijos/as, lo hacen desde la profunda convicción de estar ejerciendo un derecho; el derecho del pater familia a controlar y disciplinar a sus inferiores (Bancroft, 1998; Bancroft y Sullivan, 2002; Zorza, 1998, etc.). Por limitaciones de espacio no analizaré todos los puntos que sugiere el documental, pero considero importante detenerme en los siguientes:

 

1. Los papás son buenos –y pacíficos- varones que quieren ejercer su paternidad, y no los dejan.

 

2. La Justicia ‘discrimina a los varones por ser varones’.

 

3. Las medidas cautelares de alejamiento se aplican “solamente con la denuncia de la mujer” –sin ningún tipo de prueba.

 

4. La Justicia actúa en contra de los varones para propulsar ‘la industria de la obstrucción del contacto’.

 

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MITO 1: “Los papás son buenos y pacíficos”

 

“Borrando a papá” pone la narrativa de sus seis protagonistas -todos varones-padres-alejados-por orden judicial de sus hijos- en el contexto cultural de los prejuicios de género que ensalzan lo masculino, desvalorizan lo femenino, y minimizan la violencia masculina hacia las mujeres, niñas y niños. Al omitir contar los hechos particulares de cada una de las historias que los llevaron a su situación actual, buscan construir ‘una nueva realidad cuyo contenido es exclusivamente su versión de la historia’. Aquellas personas que no han sufrido violencia ni tienen contacto con niños/as víctimas de ASI pueden recibir ese discurso como lógico y ‘razonable’. Sin embargo, la primera mentira de Borrando a Papá es el ocultamiento de la violencia ejercida por sus protagonistas y productor a sus familias.

 

Dado que en Borrando a Papá las cifras y los estudios “brillan por su ausencia” veamos qué dicen las estadísticas basadas en investigaciones empíricas. En la CABA, según Eva Giberti, directora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia de la Nación, “Abusan (a los niñ@s y adolescentes) los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores y los compañeros de las madres que cumplen función paterna”. En 2013, el Programa atendió 581 víctimas, en 2012, 540 víctimas, y en 2011, 485 víctimas. En todos los años, la gran mayoría de las víctimas era de sexo femenino y los victimarios, varones adultos de la familia. (Página 12, 12/11/2014).

 

Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba en la prisión de Córdoba capital (Yesuron, 2013) determinó que sobre 44 presos cumpliendo condenas por Delitos contra la Integridad Sexual, el 88% de las víctimas eran mujeres, y de éstas el 80% menores de edad y familiares (hijas o hijastras). Mediante la batería de tests psicológicos que se les aplicó se descartó la existencia de psicopatologías en esos condenados. La autora de dicha investigación en persona me comentó que en las entrevistas con los estudiados surgió con mucha fuerza el convencimiento de los mismos de su “legitimidad” de lo que habían hecho: no presentaban arrepentimiento.

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Los estudios internacionales señalan que entre el 62% y el 90% de los incidentes de violencia de género [email protected] niñ@s están presentes (Save the Children España, 2011). Aún cuando no hayan sufrido violencia directa, presentan los mismos síntomas que [email protected] niñ@s golpeados físicamente (Women´s Aid, 2009; Bancroft y Silverman, 2002). Entre un 50 y 60% de todos los homicidios de niñ@s son cometidos por los padres (varones) mientras conviven, o durante las visitas, una vez separados de sus madres (Unicef, 1997). [email protected] niñ@s en hogares donde el varón agrede a la mamá tienen más posibilidades de ser víctimas de ASI (Bancroft y Sullivan, 2002; Tarr, 2003), no recibir los alimentos que precisan para su desarrollo (Isdemu, 2010; Hasanbegovic, 2013) o resultar lesionados luego de la separación durante las visitas.

 

MITO 2: “La justicia discrimina a los varones por ser varones”.

 

 

El Informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA (2007), Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, concluyó que la impunidad es prácticamente absoluta para la violencia contra la mujer. El motivo: la persistencia de estereotipos de género en contra de la mujer, que hace que los/as operadores jurídicos desconfíen de los dichos de las mujeres, no brinden garantías de protección ni a ellas ni a sus testigos, o profesionales que las acompañan, no realicen monitoreo y seguimiento de las órdenes de protección; además de contar con falta de sensibilidad y desconocimiento sobre la violencia hacia la mujer.

 

En nuestro país existen varios trabajos empíricos que dieron cuenta de la discriminación ‘en contra’ de las mujeres y madres presentes en los Juzgados Nacionales tanto de Familia como Penales, donde se identificó que los varones que se presentan en tribunales son vistos como ciudadanos decentes que reclaman sus derechos en tanto que las mujeres que hacen lo mismo, son vistas como histéricas sin derechos (Motta, Cristina y Rodríguez, Marcela, 2000, Mujer y Justicia: el Caso Argentino). El patrón de archivo y no investigación de las denuncias formuladas por las mujeres por violencia masculina en la pareja fue identificado por Fernández Ramírez (2003, El Tratamiento de la “violencia doméstica” en la Justicia ordinaria de la Capital Federal), quien halló que ante el igual delito se archivaron el 90% de las causas por Violencia Doméstica y tan solo el 10% de las causas que no lo eran. La misma OVD, en su primer año de funcionamiento, registró que el 89% de todas las denuncias por violencia doméstica remitidas a la justicia Penal habían sido archivadas, sin haber ser investigados los hechos (Elena Highton, 5/11/2009 www.csjn.gov.ar). Si además tenemos en cuenta que el 92% de las personas afectadas son mujeres, niñas y niños (79% mujeres adultas y niñas, y 12% de niños) y sólo el 8% son varones adultos; y que el 85% de las personas denunciadas son varones adultos –conforme las estadísticas de 41.000 casos atendidos desde 15/9/2008 a Septiembre 2013–, vemos que “Borrando a Papá” también miente respecto a este punto y que las mujeres, niñas y niños no gozan de tratamiento favorable en la Justicia ‘por el solo hecho de ser mujeres’.

 

Muchas veces los varones agresores aducen que “la falta de condena penal es prueba de su inocencia”. Las cifras mencionadas, como también el estudio de la Defensoría General de la Nación, Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales (Ascencio y [email protected], 2010), marcan que los estereotipos de género misóginos están tan arraigados en ese fuero que las mujeres víctimas de violencia pocas veces obtienen justicia por esos delitos. Este panorama es especialmente grave si tenemos en cuenta que las mujeres forman parte de entre el 78 y el 83% de todas las víctimas de delitos contra las personas, según las cifras provistas por el Ministerio de Justicia de la Nación a la CIDH (Anexo informe CIDH, 2007).

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En el fuero de Familia hallamos, sobre 90 procesos judiciales, un patrón de discriminación hacia mujeres y sus hijos/as cuando las mismas pedían cuotas alimentarias provisorias en el contexto de una denuncia por violencia con riesgo de vida para éstas (Hasanbegovic et. al, Varones Violentos/Estado Irresponsable). La Oficina de la Mujer fue creada por la Corte Suprema para erosionar y erradicar los estereotipos de género en las decisiones judiciales en todo el Poder Judicial del país, a fin de garantizar el acceso a justicia de todas y todos.

 

MITO 3: “Sólo con la denuncia te dictan la orden de no acercamiento”

 

En la Justicia Nacional no alcanza con una simple denuncia para dictar las medidas cautelares, sino que requieren de un informe de evaluación de riesgo y otras evidencias. En la OVD de la Corte, se le toma denuncia a todas las personas que se presentan y un equipo interdisciplinario les realiza una evaluación de riesgo, que identifica si del relato se desprende una situación de violencia familiar o violencia de género. Y si ésta existe, cuál es el riesgo en el que se encuentra la persona afectada.

Si la denunciante presenta también lesiones, una médica la examina, toma fotos de las mismas, y elabora un informe forense. Esta información, que es de público conocimiento, me consta personalmente por haber coordinado un equipo de atención en la misma Corte entre el 2008 y 2009.

 

MITO 4: “La industria de la obstrucción del contacto”

 

Cuando se persigue justificar lo injustificable se recurre a la mentira. “Borrando a Papá” señala la violación al artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN): el derecho de todo niño a mantener contacto con ambos progenitores. Este derecho es mencionado a medias, ya que dicho principio, como el texto del mismo artículo dice, no es cumplido cuando se deba proteger el “mayor interés del niño”. Es decir, cuando el niño/a pueda estar en peligro al mantener el contacto con su/s padre/s. El artículo 19 de la CDN obliga a los Estados a proteger a [email protected] niñ@s “de todo tipo de maltrato, incluyendo el abuso sexual, aún estando bajo la guarda y custodia de sus padres”. Los protagonistas de “Borrando a Papá” intentan tergiversar el buen accionar de algunos juzgados en frenar las agresiones hacia [email protected] niñ@s y sus madres, y los presentan como actos de “injusticia” de funcionarios que discriminan a los varones “a favor de las mujeres”. Pero van más allá: dicen que este accionar tiene una agenda oculta: fomentar una ‘supuesta industria de obstrucción de contacto.

 

Tal vez por ser yo misma abogada en ejercicio de la profesión, y haber investigado en mi tesis doctoral sobre el tema, es que tanto me molesta esta mentira. Son numerosos los estudios (Bancroft, 1998, Bancroft y Silverman, 2002; Zorza,1998; Jaffe, Lemon y Poisson, 2002; Jaffe, Crooks y Poisson, 2003; National Council of Juvenile and Family Court Judges, Synergy, 2008; Przekop, 2011) que señalan que los varones violentos continúan la violencia contra sus ex parejas y sus hijos/as una vez separados, entre otras tácticas, extenuándoles económica y emocionalmente mediante una constante presentación de demandas judiciales y denuncias sin fundamento, incidencias, apelaciones y recursos. En la ciudad de Buenos Aires, el 90% de las mujeres sin techo quedaron en esta situación debido a la violencia de género (Hasanbegovic et. al, en prensa).

 

En nuestro país, representar a mujeres y niños/a víctimas de violencia de género como [email protected] particulares es una tarea riesgosa, emocionalmente extenuante y que por la alta litigiosidad del agresor, hace de la tarea un trabajo oneroso por la cantidad de horas que se deben invertir en contestar las incidencias, apelaciones y recursos, y demás frentes de batalla legal que abren, una y otra vez, los agresores. Si a eso sumamos que es común que [email protected] profesionales suframos amenazas de muerte, campañas ‘anónimas’ de desprestigio, nos roben nuestros vehículos o le tiren bombas Molotov a nuestras oficinas (como documenté en mi tesis doctoral On Love and the State: Argentina and Cuban´s responses to domestic violence, 2004), entendemos por qué es tan difícil para las mujeres obtener patrocinio jurídico especializado para que las acompañen, no solo en la denuncia por violencia, sino a lo largo de todas las demandas e incidencias que están en riesgo de enfrentar al separarse de un varón agresor.

 

¿De qué industria de la obstrucción de contacto habla Borrando a Papá? Las mujeres que buscan frenar judicialmente la violencia de sus agresores se encuentran con el gran costo de hacer valer sus derechos, impuesto por el mismo agresor, porque manipula los procedimientos legales, utilizando los pleitos como campo de batalla para continuar ejerciendo control y violencia hacia su ex pareja (Przekop, 2011). 

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¿Y el rol de las otras Mujeres?

 

Deseo cerrar este artículo con un interrogante y punta para otra investigación: cuál es el rol de las “otras” mujeres, aquellas que aparecen en público para “dar fe” de que sus hijos o sus parejas nunca fueron violentos, son buenos hombres, no son agresivos, o simplemente, merecen otra oportunidad. Me refiero a la co-directora de “Borrando a Papá”, Ginger Gentile, actual pareja del productor del documental; a la madre de otro de los protagonistas, que aparece en un video subido al sitio web. ¿Qué pasa con las esposas del portero procesado por el feminicidio de Ángeles Rawson; de la del pai imputado por el feminicidio de Melina; de las actuales esposas de Barreda, el condenado por el cuádruple crimen de todas las mujeres de su familia más cercana; y de Fabián Tablado, el condenado por asesinar a su novia Carolina Aló?

 

Estas mujeres son utilizadas por los varones violentos para demostrar que ellos son inocentes. Como sostiene Lundy Bancroft (1998) “los varones violentos son capaces de controlarse respecto de otras parejas, y esto sucede generalmente durante los procesos judiciales. De esta forma, las nuevas parejas, cuando defienden a estos señores en los tribunales, lo hacen ‘en base a su experiencia con los mismos’”. Según ese autor, más tarde o más temprano, ellas mismas comprobarán la violencia de estos varones. Sin embargo, hay otras mujeres que aparecen ante los ojos del público como traicionando a sus congéneres. Estas son un eje fundamental en el patriarcado, tal como nos lo cuenta Gerda Lerner, en La Creación del Patriarcado (1990). Son ellas quienes aparecen reivindicando el lugar tradicionalmente asignado a las mujeres dentro de dicho sistema, y juzgando a aquellas mujeres que se atreven a desafiarlo. 

La participación de estas ‘otras’ mujeres en la justificación de la violencia de género y la manipulación de los varones violentos será el objeto de una de mis próximas investigaciones.

Imágenes: Borrando a Papá


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